Introducción

La mayoría de los países europeos disponen de una legislación común sobre la interrupción de la gestación, la cual incluye una cláusula sobre la objeción de conciencia profesional exclusivamente para el aborto^1-2; sin embargo, se echa en falta un marco regulatorio que salvaguarde adecuadamente los derechos de las gestantes¹.

En el caso español, el derecho del personal sanitario a objetar en conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) está reconocido en la legislación según el artículo 19.2 de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo^{3 4-5}. Dicha regulación parece llevar a una confrontación entre el derecho del personal sanitario directamente implicado en la IVE a objetar en conciencia esta práctica sanitaria y el de las mujeres embarazadas a tener acceso a esa prestación sanitaria y a que esta se les practique dentro del sistema público de salud.

Si bien la propia ley establece que el ejercicio de la objeción de conciencia no puede menoscabar el acceso a la IVE (artículo 19.2)³, fundamento que en teoría parece constituir un ejemplo del «sistema de protección bilateral de ambos bienes» en conflicto, tal como plantea parte de la literatura científica consultada sobre el tema⁴,⁶, dicho principio no se está aplicando en la práctica y con frecuencia se producen conflictos con los consiguientes perjuicios para las embarazadas, entre los que se encuentran la demora en la prestación y el consiguiente riesgo para la salud de las gestantes².

Estos conflictos se manifiestan de forma clara en Galicia, donde la falta de capital humano no objetor ha provocado en diversas ocasiones que las gestantes fuesen derivadas -en función de la fase de gestación- a centros privados, incluso fuera de Galicia^{7 8 9 10-11}, siendo algunos de los casos muy controvertidos y difundidos a través de los medios de comunicación. El ejemplo reciente de mayor resonancia, por sus consecuencias, fue el que dio lugar a la Sentencia número 217/2016 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Lugo⁸,^{12 13 14-15}. Gestionar el acceso a la IVE cuando se produce una declaración de objeción de conciencia a esta práctica es competencia de la Administración, y la mala gestión de esta obligación es considerada a menudo como una actuación negligente¹⁶.

Las decisiones reproductivas son muy personales³y complejas, y acaban manifestándose como una de las decisiones más importantes para quien tiene que tomarlas, ya que cualquiera que sea la decisión tomada condiciona la vida futura de la persona¹⁷. Si la mujer decide poner fin a la gestación, cualquier demora en su deseo implica agravar su angustia emocional². Por ello, en cuanto a los derechos reproductivos, se espera del Estado que acate las decisiones reproductivas tomadas en la esfera personal y privada, y que ofrezca la información necesaria y ponga a disposición de las gestantes los recursos necesarios para hacer efectivas dichas decisiones⁴; máxime cuando el artículo 14 de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, facilita la autonomía de la mujer embarazada para decidir si desea o no seguir adelante con su estado de gestación, puesto que le permite poner fin a su embarazo a petición propia dentro de las primeras 14 semanas de gestación si cumple los requisitos fijados en ese mismo artículo³. La modificación normativa introducida por la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre^18-19, supone que las mujeres menores de edad y las mujeres con capacidad modificada judicialmente necesitan acompañar su voluntad de poner fin a su gestación con el consentimiento expreso de sus representantes legales, y los conflictos que puedan surgir se resolverán según lo dispuesto en el Código Civil^18-19.

La objeción de conciencia a la IVE -encuadrada dentro de la objeción de conciencia tradicional o negativa²⁰- acaba siendo un instrumento útil para eludir la responsabilidad de los/las profesionales ante su incapacidad de dejar sus convicciones al margen del ejercicio de su profesión dentro de la función pública, al negarse a realizar determinadas prácticas sanitarias como la IVE y sin que este hecho pueda calificarse como fallo en el servicio público^2,21.

De hecho, a veces se propone, como tesis de justificación, que los motivos que fundamentan la objeción de conciencia a la IVE solicitada por el personal médico en la sanidad pública deberían ser relevantes y evaluados por el Estado²². E incluso se opina que en ciertos países la objeción de conciencia al aborto puede actuar como estrategia², ²³, política o institucional, para obstruir la interrupción del embarazo mediante la permisibilidad de determinadas barreras que entorpecen el acceso a esta prestación sanitaria²⁴.

Por todo lo anterior, el objetivo del presente artículo es describir los conocimientos y las actitudes frente a la objeción de conciencia a la IVE en el alumnado de medicina. Para ello, se preguntó a los/las estudiantes por sus conocimientos sobre la objeción de conciencia sanitaria, si una vez incorporados/as al ejercicio profesional en áreas relacionadas con la IVE estarían dispuestos/as a ejercer ese derecho, y si considerarían pertinente extender dicha objeción a otro personal sanitario.

Método

Se utilizó un enfoque cuantitativo consistente en la realización de una encuesta al alumnado de segundo y quinto curso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, método ampliamente utilizado para recabar este tipo de información^25-26.

Dicha encuesta constaba de un cuestionario (véase la tabla I del Apéndice online) de 18 preguntas (tres de ellas eran preguntas filtro) y se garantizaba en todo caso el anonimato de las personas encuestadas.

El cuestionario fue elaborado por el equipo investigador siguiendo tres ejes: la finalidad de la investigación, las características del público diana y los objetivos del tema a tratar. Inicialmente se probó con un grupo de 10 personas para verificar el grado de comprensión y la oportunidad de las preguntas filtro, y una vez hechas las revisiones pertinentes se procedió a su aplicación al conjunto de la muestra.

Se eligió el quinto curso por tratarse del alumnado que estaba a punto de concluir sus estudios y podría pasar en breve a ejercer su labor profesional; la elección del segundo curso obedece al intento de contrastar si un mayor nivel formativo, junto con un mayor desarrollo biológico y una mayor madurez intelectual, podían suponer que se reportaran respuestas diferentes al cuestionario.

La encuesta se llevó a cabo durante el mes de mayo del curso 2017-2018 en las aulas universitarias y participó el 100% del alumnado presente ese día: 139 personas de segundo curso y 211 de quinto curso, siendo el alumnado inscrito 448 y 464 personas, respectivamente.

La edad media de las personas entrevistadas fue de 20,06 años para el alumnado de segundo curso y 22,87 años para el de quinto curso, con un rango de edad de 18 a 27 años en segundo curso y de 21 a 31 en quinto curso. Las características demográficas de los/las participantes se muestran en la Tabla 1.

Los datos obtenidos de la encuesta se explotaron estadísticamente utilizando análisis de frecuencias, tablas de contingencia, la prueba de ji al cuadrado de Pearson y el estadístico exacto de Fisher.

Dado que no se investiga con personas ni animales, no fue necesario solicitar autorización a los comités de investigación. Tanto a la institución (Universidad de Santiago de Compostela) como al alumnado encuestado se les solicitó su consentimiento tras informarles de los objetivos y el alcance del estudio.

Resultados

Discusión

El potencial relevo generacional del personal sanitario muestra un bajo conocimiento de la objeción de conciencia en la práctica médica, pero no le es desconocida la regulación de la objeción de conciencia a la IVE, lo cual puede deberse a que se trate de una intervención sanitaria que aglutina sobre ella amplios dilemas morales. Se observa también que en el colectivo encuestado predomina un apoyo a reconocer el derecho a objetar cualquier práctica sanitaria, y no es despreciable la proporción de alumnado que no extrapolaría este derecho a otros colectivos del ámbito sanitario. Así, creen que las oficinas de farmacia tienen la obligación de disponer y dispensar la denominada «píldora del día siguiente», algo que está en entredicho, tal como recoge la STC 145/2015, de 25 de junio, en el caso de un farmacéutico²⁷,²⁸. Este tipo de objeción de conciencia también puede generar una desigualdad en el acceso a este fármaco y perjuicios para las mujeres que lo soliciten y puedan verse obligadas a desplazarse para obtenerlo lo antes posible, puesto que está en juego una franja muy corta de tiempo para que no se reduzcan los efectos de este medicamento²,²⁹. Las respuestas facilitadas pueden mostrar cierto grado de incoherencia al reservarse para sí unos derechos que no desean hacer extensibles a otros colectivos del ámbito de la salud.

Como puede observarse, los resultados obtenidos en la encuesta no difieren mucho de los de otros estudios recientes sobre el mismo tema, tanto en lo que se refiere a la extensión del derecho de objeción del personal médico en caso del aborto²⁶como a la extensión de dicho derecho a otras prácticas sanitarias²⁵.

No obstante, este estudio evidencia que una mayoría del futuro personal médico no ejercería la objeción pese a declararse defensor de este derecho, mientras que un cierto porcentaje sí lo haría o se declara indeciso. A una buena parte del colectivo no le supondría ningún menoscabo tener que inscribirse en un registro público de objeción de conciencia a la IVE, siempre que sea anónimo, mientras que un menor número defiende un registro nominativo. La regulación del registro de objeción es un aspecto no exento de controversia, como ocurrió con la Ley Foral de Navarra 16/2010, de 8 de noviembre, por la que se crea el registro de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, ante la cual una cincuentena de diputados/as del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados promovieron recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional^{5 30}; recurso que ha sido estimado solo parcialmente y se ha declarado nulo solo un inciso del artículo 5 de dicha ley.

Respecto a la variable sexo, dado que el tema de la IVE es muy relevante para el sistema sexo-género, habría sido interesante disponer de más información para introducir en el análisis la perspectiva de género. Somos conscientes de que tanto ellos como ellas no son neutros respecto al género al tener que tomar una decisión sobre la IVE, sino que sus decisiones estarán enmarcadas dentro de sus aprendizajes y experiencias de género³¹.

La mujer se enfrenta a la IVE desde una doble perspectiva: como potencial usuaria y proveedora de esa práctica sanitaria, y sabiendo que la decisión final recae sobre ella, bien porque el varón se desentiende al creer que el embarazo es algo que ocurre en el cuerpo de la mujer y que ella es la que debe decidir, o bien por no asumir las responsabilidades que la decisión conlleva, mientras que la mujer deberá tomar las decisiones dentro del rol de género que ella tenga asumido en ese contexto³¹.

Si se analizan por separado las respuestas del alumnado de segundo y quinto curso, se observa que las personas más jóvenes muestran un mayor conocimiento de la regulación (hecho que podría deberse a que la asignatura que aborda este tema está programada en el segundo curso del plan de estudios), establecen diferencias entre la objeción a la IVE y a otras prácticas sanitarias y se declaran menos proclives a objetar, excepto en los embarazos más avanzados. Esto puede explicarse por un cierto cambio de valores del alumnado más joven, o también porque este alumnado todavía no dispone de la información que atesora el de quinto curso.

Este estudio tiene algunas limitaciones metodológicas, como la conveniencia de ampliar la muestra al conjunto del alumnado de la Universidad de Santiago de Compostela que se halla cursando el Grado de Medicina, o de tomar una muestra de diferentes universidades de España o de Europa, e incluso podría buscarse una mayor precisión predictiva si la muestra estuviera compuesta exclusivamente por el alumnado con intención de dedicarse a la especialidad de ginecología y obstetricia.

Con los datos obtenidos puede considerarse que el estudio posee validez interna y validez externa por lo que respecta a Galicia, en tanto que el método utilizado y la muestra encuestada tienen validez muestral. No obstante, extrapolar dichos resultados al ámbito estatal podría requerir una muestra mayor, que recogiera datos de otras comunidades autónomas, lo que facilitaría dicha extrapolación y además aportaría mayor fiabilidad a las predicciones.

Del mismo modo, el estudio se hubiese enriquecido al incorporar las opiniones del personal médico con desempeño actual en la sanidad pública, así como de las propias gestantes a las que se hubiese denegado la IVE en la sanidad pública, y también si fuera posible analizar con mayor detalle la perspectiva de género.

Las anteriores limitaciones podrían convertirse en futuras líneas de investigación que permitirían conocer la opinión directa de las partes afectadas por esta confrontación de derechos reconocidos por la misma ley. Del mismo modo, podría ampliarse la investigación con un enfoque comparado de ámbito nacional e internacional.