1. Introducción

El derecho chileno no acepta hoy en día la posición de que los animales puedan ser tratados de cualquier forma. En este sentido, existen ciertos límites que la normativa reconoce y regula. Sin embargo, subsiste la duda acerca de los fundamentos u objetivos que se buscan con esta legislación. Para contribuir a aclarar este problema, nosotros vamos a sostener que nuestro ordenamiento se estructura en torno a un principio, el cual sirve de inspiración para sus normas, como parámetro de interpretación e integración del derecho vigente, y como argumento para avanzar hacia su mejora y perfeccionamiento. En este sentido, nuestro trabajo estará dividido en seis secciones. En la primera, sostendremos que el derecho puede adoptar dos aproximaciones distintas con respecto al problema de los animales. Esto nos servirá para comprender mejor el tránsito que ha experimentado el ordenamiento chileno, el cual ha pasado desde un enfoque puramente propietario, hacia otro más centrado en el bienestar animal (si bien de forma incipiente). En las secciones dos a seis, fundamentaremos la existencia del principio de bienestar animal, centrándonos en sus principales manifestaciones, contenido, estructura y funciones. Finalizaremos el trabajo con algunas conclusiones generales.

2. Los animales y el derecho: dos enfoques

El derecho puede adoptar dos aproximaciones distintas con respecto al problema de los animales (^{De Grazia, 2002}, 14; ^{Mañalich, 2018}, 328). En este sentido, podemos hablar de un enfoque propietario, o bien, de otro bienestarista^1.

Para el enfoque indirecto o propietario, los intereses de los animales cuentan moralmente, pero solo como una de las formas entre las cuales podemos cumplir con nuestros deberes hacia la humanidad. En este sentido, autores como Kant o Carruthers, parten de la base que solo los agentes morales tienen la capacidad para poder autodeterminarse. Esto se explica, debido a que solo estos sujetos pueden comprender el sentido de sus actos, y conducirse en conformidad con el deber (^{Kant, 2007}, 48). A partir de lo anterior, concluyen que los animales solo son un medio puesto al servicio de los intereses humanos. El fundamento de esta afirmación descansa en que los animales no tienen la capacidad para razonar y para poder formular juicios morales, en otras palabras, no se pueden autodeterminar (^{Carruthers, 1995}, 171). Bajo este enfoque, los animales constituyen cosas susceptibles de ser adquiridas y transferidas tanto por acto entre vivos como por causa de muerte. En este punto debemos tener presente algunos aspectos que resultan relevantes. En efecto, al ser cosas, los animales son concebidos como bienes que existen de modo separado de otras cosas, de manera que pueden ser objeto de uso, posesión y goce por las personas, y ser transferidos a otros sin que pierdan su identidad (^{MacCormick, 2011}, 175). El segundo aspecto está dado por el hecho que las reglas que definen el estatuto jurídico de los animales, tienen una naturaleza constitutiva, puesto que regulan una actividad o una realidad lógicamente dependiente de las mismas reglas que la establecen. En efecto, la circunstancia de que los animales sean considerados objeto de propiedad, y, por tanto, cosas, está condicionada por la existencia de un conjunto de reglas de naturaleza convencional que no se limitan simplemente a regular una realidad que existe con independencia de estas, sino que crean una nueva categoría jurídica lógicamente independiente de los hechos que subyacen a la realidad que disciplina. Por otro lado, que una persona tenga un derecho real sobre un animal, como puede ser por ejemplo un derecho de propiedad, implica por definición que esta tiene, en términos hohfeldianos, una inmunidad frente a la toma de posesión unilateral del animal por parte de un tercero o de la autoridad (^{Hohfeld, 2009}, 87). Como vemos, este enfoque se construye sobre la idea relativa a que, a diferencia del ser humano, los animales pertenecerían simplemente de la naturaleza, sometidos por entero a las leyes físicas, al instinto y, por ende, al dominio privado (^{Henriquez, 2014}, 112). Dentro de este contexto, es muy difícil pensar a los animales como sujetos de derecho, o como una categoría jurídica distinta a la de cosa.

Para el enfoque bienestarista, el criterio de la sintiencia o capacidad de sentir es moralmente relevante, en la medida en que constituye la base de la igualdad y de la moralidad. En virtud de este criterio, sería moralmente incorrecto cualquier acto que cause sufrimiento a cualquier ser sintiente si no es por una razón justificada. En este orden de ideas, animales y humanos serían iguales al menos en un aspecto: su capacidad para sentir placer y dolor. Así, la sintiencia capacitaría a los animales para ser sujetos de consideración moral (^{Singer, 2018}, 22). Sin embargo, y esto es muy relevante, el enfoque en estudio no apoya directamente que los animales deban ser considerados como portadores de derechos en un sentido fuerte. En efecto, el bienestarismo solo asume que el derecho debe preocuparse por mejorar sus condiciones de existencia, y de evitar que estos sufran daños innecesarios, reconociendo que sus intereses pueden quedar pospuestos en aras de criterios de eficiencia económica o social (^{Chible, 2016}, 395).

3. El principio de protección del bienestar animal en el derecho chileno

El derecho animal chileno presenta dos características que dificultan su estudio: a) dispersión normativa; y b) carácter estatutario de su regulación. En relación con el primer punto, las normas que regulan la situación de los animales no pertenecen a un solo cuerpo normativo o a una sola rama del derecho (^{Montes, 2018}, 4). Por el contrario, además de las normas propias del derecho privado, también encontramos disposiciones referidas a los animales en el derecho penal, en el derecho administrativo, en el derecho medioambiental y en el derecho sanitario, entre otros. A su vez, esta legislación no es uniforme, dado que está conformada por distintos estratos normativos, los cuales, además, son sucesivos en el tiempo. De este modo, nos encontramos con diferentes categorías dogmáticas -mascota, animal destinado al beneficio o consumo humano, animal destinado a la experimentación, animal silvestre, especie dañina, entre otras- las cuales se encuentran repartidas entre variados cuerpos normativos. Por último, el legislador establece respecto de cada una de estas especies, un sistema de protección más o menos gradual y diferenciado, el cual obedece a objetivos y a presupuestos jurídicos y morales particulares y contradictorios.

Sin embargo, y a pesar de esta diversidad, ¿es posible encontrar algún elemento, que sea común a toda esta legislación? Nosotros creemos que sí. En este sentido, sostenemos que en el derecho chileno existe un principio, al cual llamamos principio de protección del bienestar animal, que sirve de inspiración a la generalidad de la legislación en esta materia, que fundamenta y justifica sus normas, y que orienta su vigencia y la labor de los distintos operadores jurídicos.

4. Características

En general, los principios constituyen razones para la acción, es decir, argumentos a favor o en contra de determinadas decisiones normativas o judiciales, pero que, al no tener el carácter de definitivas, bien pueden ser desplazadas por la concurrencia de otros principios o conjunto de principios, en función de la naturaleza del caso respecto del cual se aplican (^{Alexy, 2008}, 80). Así, "los principios no imponen una acción conforme con el supuesto normativo, como ocurre con las reglas, sino que [representan] una toma de posición conforme con su ethos en todas las no precisadas ni predecibles eventualidades concretas de la vida en las que se puede plantear, precisamente, una cuestión de principio" (^{Zagreblesky, 2011}, 118). De esta forma, los principios juegan un rol muy importante, toda vez que permiten fundar distintos tipos de enunciados o proposiciones normativas (^{Guzmán, 2014}, 27). De mismo modo, también abren la vía para poder entender el derecho, no como un conjunto de normas aisladas, sino como un sistema que persigue ciertos propósitos más o menos determinados, que informan cada una de sus disposiciones.

Ahora bien, el término principio puede entenderse en tres sentidos distintos: a) Como normas generales implícitas que los juristas obtienen de normas menos generales; b) Como principios decisorios que los juristas del common law obtienen de decisiones particulares; c) Como principios fundamentales, generalmente consagrados en documentos constitucionales. De acuerdo con esta tipología, el estándar en comento constituye un ejemplo de la primera clase, esto es, de aquellos que la doctrina conoce como principios generales del derecho. Así, y al igual que muchos principios de este tipo, este presenta a lo menos tres características relevantes: a) No se encuentra formulado en ninguna disposición de forma expresa. Se trata, por tanto, de un principio implícito; b) Se obtiene por inducción, es decir, a partir de normas particulares y concretas que integran el derecho positivo; c) Estructura y fundamenta el sistema de fuentes en relación con un área determinada. En lo que sigue, procederemos a desarrollar estos aspectos.

5. Fundamento

El primer paso para fundar su existencia, consiste en distinguir entre los elementos accidentales presentes en los distintos supuestos de hecho relacionados con la normativa animal, de los que se hará abstracción, y los elementos esenciales comunes a dicha legislación, para a partir de estos últimos, construir el supuesto de hecho general que constituirá el contenido prescriptivo del principio (^{Guastini, 2018}, 354).

Veamos un ejemplo. La Ley N° 21.020, define tenencia responsable de mascotas en los siguientes términos: "conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando decide aceptar y mantener una mascota o animal de compañía, y que consiste, entre otras, en registrarlo ante la autoridad competente cuando corresponda, proporcionarle alimento, albergue y buen trato, brindarle los cuidados veterinarios indispensables para su bienestar y no someterlo a sufrimientos a lo largo de su vida" (art. 2 N° 7). Por otro lado, la Ley de Caza dispone que los centros de exhibición de animales: "deberán cumplir con requisitos mínimos de superficie, seguridad, equipamiento y operación, destinados a (...) brindar a cada especie animal un hábitat acorde con sus necesidades fisiológicas, en resguardo de su salud y bienestar" (art. 18). Así mismo, la Ley N° 20.380 establece que: "El transporte de animales deberá efectuarse en condiciones que eviten el maltrato o grave deterioro de su salud, adoptándose al efecto las medidas adecuadas según la especie, categoría animal y medio de transporte de que se trate" (art. 4).

Como se aprecia, estas normas se refieren a tres supuestos de hecho distintos: la situación de las mascotas; la situación de los animales que se encuentran en circos o parques zoológicos; y la situación de los animales durante su transporte. Para identificar el principio en estudio, debemos separar los elementos accidentales de aquellos que son comunes a los tres casos. Los primeros, se vinculan con el carácter, el contenido, la condición de aplicación o el sujeto sobre el cual se impone el deber respectivo, aspectos respecto de los cuales observamos una gran variación. El punto que tienen en común estas normas, sin embargo, está dado por lo siguiente: en cada uno de estos casos, el ordenamiento parte de la base que los animales son seres sensibles, y que, por tanto, deben ser objeto de protección y cuidado. Este supuesto de hecho no comprende los elementos accidentales que caracterizan a cada norma en particular, sino que identifica un principio general, anterior y abstracto, que les sirve de fundamento, y que, además, permite dar sentido a la práctica legislativa y jurisprudencial correspondiente.

En segundo lugar, también podemos recurrir al estudio de la intención del legislador. Esta estrategia consiste en indagar en la ratio o finalidad de la norma. En principio, puede parecer una conjetura discrecional, después de todo, es raro que una norma responda a un objetivo único y bien definido (^{Guastini, 2018}, 358). Además, en el proceso de formación de la ley participan actores diversos, lo cual hace muy difícil determinar con precisión cual es la verdadera voluntad del legislador (^{Tarello, 2015}, 213). Sin embargo, en la práctica, y más allá de estas consideraciones, cuando nos preguntamos qué es lo que el legislador quiere alcanzar con una determinada normativa, generalmente encontramos que ciertos propósitos se muestran con claridad en el lenguaje que utiliza (^{Marmor, 2001}, 213). Es el caso de la Ley N° 20.380. En efecto, su art.1° señala explícitamente: "Esta ley establece normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales, como seres vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado y evitarles sufrimientos innecesarios". Esta normativa surgió a raíz de una moción que presentaron un grupo de parlamentarios, los cuales buscaban precisamente: "fijar un marco jurídico para la protección de los animales, permitiendo una adecuada fiscalización en materias de prevención y maltrato de estos, teniendo siempre presente su bienestar" (^{Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2018}, 3).

Algo similar ocurre en el supuesto de la Ley Nº 21.020. En este caso, el proyecto que dio lugar a su tramitación, pretendía hacerse cargo, en un comienzo, solo del problema que suponía no tener una legislación específica referida a los daños generados por mascotas o animales potencialmente peligrosos (^{Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2018}, 3). Sin embargo, durante su discusión, y por medio de una serie de indicaciones sustitutivas, se fueron agregando un conjunto de disposiciones adicionales, las cuales buscaban proteger los intereses de los animales considerados como seres sintientes (^{Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2018}, 33). Hoy en día, dichos propósitos aparecen concretados en su art. 1°, cuando expresa con total claridad: "Esta ley tiene por objeto establecer normas destinadas a: (...) Proteger la salud y el bienestar animal mediante la tenencia responsable".

En estos casos, el objetivo que busca el legislador resulta evidente, garantizar el bienestar del animal. Para alcanzar esta finalidad, en el supuesto de la Ley N° 20.380, se establecieron infracciones a las normas que pretendían evitar el maltrato y el deterioro de su salud en distintos espacios , además de autorizar el retiro de animales respecto de aquel que los tenga a su cargo cuando se produzcan situaciones de crueldad o maltrato y disponer el tratamiento veterinario que corresponda en estos casos, todo a costa del imputado (art. 12). Este último aspecto claramente entra en pugna con la lógica propietaria.

En el segundo supuesto, esto es, a propósito de la ley sobre tenencia responsable, se introdujeron modificaciones que aumentaron algunos de estos estándares de protección (^{Chible, 2018}, 279). Así, por ejemplo, el legislador modificó el sistema de graduación de las penas del delito de maltrato animal, creó la pena de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales y prohibió las peleas de animales organizadas como espectáculo (art.11).

En el mismo sentido, se dispuso que las municipalidades no podían utilizar métodos que admitieran el sacrificio como sistema de control de la población animal (art. 7).

De esta manera, resulta claro que nuestro legislador persigue ciertos propósitos en relación con los animales, generalmente asociados con la necesidad de proteger sus intereses, si bien con variaciones importantes dependiendo del área sobre la cual recaiga la regulación. En este sentido, creemos que no es posible poner en duda estos objetivos, sin desconocer al mismo tiempo el lenguaje que utiliza el legislador para transmitir su mensaje normativo, lo cual sería contradictorio (^{Marmor, 2001}, 213).

Finalmente, el principio en estudio también guarda armonía con la historia y la evolución que ha experimentado nuestro derecho en esta materia. En efecto, de acuerdo con la propuesta que formula ^{Montes (Montes, 2018}) , esta legislación se puede ordenar en base a tres etapas bien diferenciadas: 1) Etapa de sanidad animal (1954-1992): en esta época el foco de la regulación se caracteriza por la necesidad de proteger la salud de los animales, pero no con el objetivo de garantizar sus intereses, sino que con el propósito de fomentar la producción ganadera o industrial; 2) Etapa de bienestar animal (1992-2009): en esta segunda etapa, el legislador dicta una serie de disposiciones que buscan evitar el sufrimiento innecesario de los animales. En particular, se introducen normas que pretenden mejorar las condiciones en las cuales viven, regulando aspectos relacionadas con su estado físico, emocional y conductual, o estableciendo medidas más estrictas para evitar su sufrimiento innecesario, y 3) Etapa de protección de los animales como seres sensibles (2009-actualidad): en este periodo nos encontramos con la existencia de diversas disposiciones que establecen mejores estándares de protección. Así, por ejemplo, se incorpora el concepto de tenencia responsable, se aumentan las penas en caso de abandono o maltrato, y se establecen normas más específicas de bienestar aplicables a las distintas actividades que involucran animales.

La comprensión de esta evolución resulta clave para los efectos de nuestra investigación, puesto que revela la existencia de un proceso de cambios normativos, que si bien con vaivenes y retrocesos, han permitido avanzar de manera progresiva desde un enfoque puramente propietario, hacia otro en el cual los intereses de los animales, son los que fundan y motivan las respectivas modificaciones legales. En definitiva, estas distintas etapas, tal como las identifica la autora citada, dan cuenta de la emergencia del principio en estudio².

6. Manifestaciones del principio de protección animal

Siguiendo la propuesta de Montes, creemos que son variadas las normas que acogen este principio, y, además, en muy diversos ámbitos (^{Montes, 2018}). Así, por ejemplo, la Ley N° 21.380 dispone que el dueño o tenedor de una mascota o animal de compañía, debe proporcionarle alimento, albergue y brindarle todos los cuidados veterinarios indispensables para su bienestar (art. 2 N° 7). También, tiene la obligación de no someter al animal a sufrimientos a lo largo de su vida. Igualmente, debe registrarlo ante la autoridad, mantenerlo en su domicilio o residencia (art. 10) y no abandonarlo (art. 12). Desde un punto de vista jurídico, esta normativa se encuentra claramente inspirada en una lógica bienestarista, dado que razona en base a la idea que las mascotas o animales de compañía son seres sensibles, cuyos intereses cuentan y son valiosos.

A diferencia de lo que sucede con las mascotas, los animales que se utilizan para el consumo humano, están sujetos a una regulación que no busca directamente su protección, sino que justamente, su utilización para satisfacer ciertos fines humanos. Esta legislación hunde sus raíces en presupuestos morales de tipo kantiano, manifestándose en el plano jurídico, en el hecho que el legislador adopta respecto de ellas un enfoque puramente propietario. Así, por ejemplo, esta normativa establece normas relativas a la sanidad animal con el objetivo de fomentar la industria ganadera nacional, la protección de las personas contra la propagación de ciertas enfermedades y el resguardo del interés económico de los productores (^{Montes, 2018}, 11). En todos estos casos, se establecen limitaciones al derecho de propiedad de los dueños de estos animales, pero no fundadas en el interés de estos últimos, sino que, en razones de maximización económica, o bien de tipo sanitario³.

Sin embargo, en los últimos años y de forma paulatina, se han ido incorporando algunas exigencias, las cuales, al menos en principio, pueden ser vistas como basadas en el carácter sintiente de los animales (^{Montes, 2018}, 32). Así, por ejemplo, el legislador establece que los mataderos deben disponer de procedimientos técnicos que atenúen el sufrimiento de los animales (Ley N° 19.162, art. 2) (^{Montes, 2018} 32), que lo vehículos terrestres destinados al transporte de ganado y carne bovina, contengan ciertos elementos que eviten que los animales se hagan daño o que sufran de manera innecesaria, tales como una altura mínima, ventilación, paredes lisas, entre otros (Decreto N° 240, art. 4) (^{Montes, 2018} 34), que los lugares destinados a la agricultura orgánica garanticen condiciones adecuadas que permitan a los animales mantener una buena conformación física y expresar los aspectos básicos de su comportamiento innato (Decreto N° 2, art. 1) (^{Montes, 2018} 83), y que los establecimientos industriales cuenten con instalaciones que estén diseñadas para evitar agitación, lesiones, dolor, angustia o sufrimientos innecesarios de los animales (Decreto N° 28, art. 3) (^{Montes, 2018} 74), entre otras. Esto demuestra que, si bien estamos en presencia de un marco regulatorio que conserva un enfoque esencialmente propietario (^{Montes, 2018} 5), el mismo también ha ido avanzando en el sentido de ir incorporando elementos inspirados de manera progresiva en la necesidad de proteger el bienestar animal (^{Montes, 2018} 7).

Otro ejemplo, lo encontramos en la Ley N° 20.380 sobre protección de animales. La relevancia de esta ley descansa, por un lado, en que representa el primer cuerpo legal que se dicta en Chile, que reconoce expresamente a los animales como seres sensibles (^{Montes, 2018}, 54), pero también, en que recoge de forma clara un deber general de protección hacia los animales (arts. 1° y 3°). En este sentido, dicho deber abarca los siguientes aspectos: a) Los seres humanos tienen el deber de darles un trato adecuado; b) Este deber importa la obligación de no causarles sufrimientos innecesarios; c) Supone que quien tiene un animal a cualquier título, se encuentra en la obligación de satisfacer sus necesidades básicas; d) Abarca la prohibición de restringir de forma innecesaria, la libertad de movimiento del animal. Desde un punto de vista jurídico, esta normativa se basa en un enfoque claramente bienestarista, mientras que, en el plano moral, asume una mirada esencialmente singeriana.

Por otro lado, también constituye una clara manifestación del principio en comento, el delito de maltrato animal, tipificado en el art. 291 bis del Código Penal. En efecto, el injusto del comportamiento que establece esta disposición, no se identifica con la puesta en peligro de los sentimientos humanos que sirvieron para propiciar la tipificación de esta figura, sino con el sufrimiento ocasionado al animal de forma injustificada (^{Hava, 2011}, 291). Es ese sufrimiento lo que pretende evitar la regulación penal, no cualquier muerte o lesión del animal, puesto que la sociedad valora a los animales como bienes jurídicos dignos de protección, de manera que los tutela frente a las agresiones que considera más graves. Como indica Leiva, podemos ver que existe una clara tendencia hacia considerar que el bien jurídico protegido por este tipo penal, consiste en la protección de la integridad física y psíquica de los animales (Leiva, 2018, 420)

Igualmente, el art. 18 de la Ley de Caza contiene una referencia explícita al deber de asegurar el bienestar de los animales, cuando señala que los cotos de caza, criaderos y los centros de reproducción o de rehabilitación animal, deberán cumplir con requisitos mínimos de espacio y condiciones de hábitat para resguardar su salud y bienestar (^{Montes, 2018}, 40). Algo similar ocurre en el caso de la acuicultura, dado que la ley general de pesca establece el deber de contemplar normas y procedimientos que resguarden el bienestar animal y que eviten su sufrimiento innecesario (art. 13 letra f) (^{Montes, 2018} 31).

Por último, en materia de experimentación con animales, también encontramos algunas normas que concretan el principio de protección. Así, por ejemplo, de acuerdo con la Ley N° 20.380, en esta materia se deben satisfacer tres estándares básicos: uno referido a quien realiza los experimentos; otro a la forma en cómo deben llevarse a cabo; y otro al lugar donde se realizan: a) El experimento solo se podrá llevar cabo por personal calificado (art. 7°); b) El personal calificado debe evitar al máximo el padecimiento del animal (art. 7°); c) Los bioterios deberán contar con instalaciones adecuadas. Estas instalaciones deberán adecuarse a la especie o características del animal para evitar el maltrato y el deterioro de su salud (art. 7°). Si bien esta normativa presenta algunas falencias, siendo una de estas, la falta de reconocimiento del principio de las 3R (Reducción, Refinamiento y Reemplazo), su propósito es claro, a saber, establecer un marco regulativo que permita evitar que este tipo de animales sean sometidos a sufrimientos innecesarios (^{Mezzanno, 2014}, 90).

7. Contenido y funciones

El principio en estudio presenta un contenido prescriptivo más o menos complejo, el cual se articula en dos niveles claramente diferenciados: el primero, respecto de los poderes públicos, y el segundo, en relación con los particulares. En lo que toca al primer nivel, este principio supone el deber de la administración de aumentar de manera progresiva los estándares de protección respecto de los animales y de no eliminar aquellas medidas actualmente vigentes que vayan en su beneficio⁴. Por otro lado, en lo referente al segundo aspecto, el principio en comento abarca la obligación que asume toda persona que tenga un animal, de asumir un cierto estándar de conducta, calificado jurídicamente como un deber. Este mandato genera obligaciones negativas, como sucede con el deber de no dañar a un animal de forma injustificada, pero también positivas, como es el caso de la obligación de proveer de espacio, agua y alimentación suficiente, disponer de protección contra los elementos, o introducir medidas de enriquecimiento ambiental, entre otras (^{Donaldson, Kymlicka, 2018}, 21). En relación con estas obligaciones, y a fin de asegurar su vigencia práctica, el principio de protección puede ser utilizado de cinco modos distintos, tanto por el intérprete, como también, por los órganos jurisdiccionales:

8. Conclusiones

En este artículo hemos llegado a las siguientes conclusiones: