Belén llegó una madrugada al Hospital Avellaneda de Tucumán ―Argentina― con dolores abdominales y luego de dos horas de encontrarse hospitalizada con el diagnóstico de "abdomen agudo", tuvo un aborto espontáneo según indica su historia clínica.

Ante aquel evento obstétrico adverso fue ingresada al Servicio de Ginecología para que le practicaran un legrado y al despertar de la anestesia se encontraba rodeada de efectivos de la policía. Había sido acusada por el equipo de salud que la atendió de haberse provocado un "aborto". Acto seguido intervino personal del Poder Judicial y luego de cinco días de internación, le dieron de alta médica para enviarla directamente al Penal Santa Ester, donde fue alojada durante casi 900 días hasta que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó su encarcelamiento preventivo.

Belén recuperó su libertad y luego fue absuelta por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Pero el remolino social que provocó el caso Belén y la potencia de un movimiento feminista de múltiples vertientes pero alineado en esta demanda de autonomía y libertad reproductiva fue una piedra de toque para lo que ahora ocurre en Argentina, que es la apertura formal de la instancia de discusión parlamentaria para la despenalización y legalización del aborto voluntario dentro de las primeras 14 semanas.

Sin dudas el caso Belén fue paradigmático en el país por varias razones. En primer lugar porque puso al descubierto que el Sistema Penitenciario local tenía una joven presa por aborto, pese a que es usual escuchar que no es una figura penal que en los hechos se utilice para criminalizar a las mujeres abortantes. En segundo lugar, porque logró aglutinar bajo una misma consigna de lucha "Libertad para Belén" a activistas de todo el arco político local y así potenciar ―con proyección internacional― un pedido de justicia reproductiva con fuerte raíz de género. En tercer lugar, porque obtuvo varios pronunciamientos de Organismos de Derechos Humanos -Comité contra la Tortura, Comité CEDAW y Comité de DDHH de la ONU- que recomendaban su libertad, pero además que cuestionaban la violencia institucional sufrida y hasta la vigencia de la criminalización del aborto como una asunto estrechamente vinculado al caso.

¿Cuántas mujeres hay, como Belén, que no conocemos? En la región de América Latina y el Caribe, temas que involucran reproducción y maternidad en una comunidad con fuerte identificación con los valores occidentales y cristianos no son fáciles de abordar en el contexto latinoamericano, marcados por un histórico maridaje entre el Estado y la Iglesia Católica. Las posibilidades de debates plurales en los órganos políticos de decisión se empañan aún más. Los casos judiciales, como el caso Belén o los de "las 17" han permitido sacar el aborto del closet social y habilitar el debate mediático que ha forzado a su vez el debate parlamentario.

La disputa religiosa en torno al aborto confundió los términos del debate político en los últimos años en América Latina. Es que en nuestro imaginario social el deseo de no maternar se encuentra inscripto como "crimen" en cualquier caso y el desplazamiento de la discusión política desde el terreno de las libertades básicas hacia el de la "cultura de la muerte"¹ ha sido parte de una estrategia política cuidadosamente diseñada en América Latina luego del advenimiento de la democracia² precisamente para expropiar el discurso de los derechos humanos y polarizar indebidamente una discusión en términos de opuestos performarteados a partir de la autonomización del feto más allá de toda viabilidad y al margen de la persona que gesta.

El aborto es contra cultural para estos sectores fundamentalistas que se niegan a reconocer ciudadanía plena en quienes tiene la capacidad biológica de gestar, sean mujeres o varones trans. Un varón que gesta es difícil de ubicar en las categorías que la ciencia suele ordenar inexorablemente nuestras vidas. Pero una mujer que decide poner fin a su embarazo subvierte el orden que asocia mecánicamente la maternidad a lo femenino. Una mujer que decide abortar evidencia que sexualidad y reproducción no es un binomio necesario. Una mujer que decide abortar trasciende su "naturaleza" e impone otra visión posible de sí misma definida desde la propia voluntad. Una mujer que aborta se sale de los cánones de "normalidad" que están pre-figurados en los roles de género y por ello, interpela. Una mujer que aborta pone en jaque la heterosexualidad como regla social. Una mujer que decide abortar desafía con su sola existencia un mandato cultural, religioso y moral que nos identifica "naturalmente" en un orden patriarcal que se sirve de la reproducción y del trabajo doméstico para funcionar. Pero el divorcio, el reconocimiento de la identidad de género y la posibilidad de matrimonio igualitario también fueron "contraculturales" hasta que se volvieron una opción legal.

Es recurrente la presencia en el debate informativo de argumentos que, apelando al discurso de la ciencia, encubren en realidad la defensa de dogmas religiosos o posiciones morales que no resultan del todo acorde a una bioética laica. También es fácil advertir la forma en que los adelantos tecnológicos ―v. gr estudios de imágenes y dispositivos auditivos afines― son usados para dotar a la vida intrauterina de una autonomía o personalidad moral que no tiene en ciertas etapas gestacionales. Lo mismo ocurre con la forma de trastocar el lenguaje científico y unificar aquello que la embriología diferencia: huevo, cigoto, embrión, mórula, blastocito o feto, es común sean utilizados bajo el término "bebé", "hijo" o "niño" con el mismo objetivo.

Afortunadamente el 10 de abril de 2018 se abrieron Sesiones Informativas en un Pleno de Comisiones del Parlamento argentino donde se escuchan todos los martes y jueves posiciones a favor y en contra del reconocimiento del derecho a abortar. Las sesiones en comisiones darán lugar a la posibilidad de debatir, por primera vez desde la recuperación democrática, en el Congreso de la Nación.

Este debate es resultado de una larga lucha política por el aborto legal que, visibilizada por los casos judiciales, logró abrirse camino en la opinión pública. Argentina se caracteriza por una sólida y organizada militancia por la legalización del aborto que, desde el año 2006, se ha organizado en torno de La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Campaña nuclea en Argentina más de 300 organizaciones sociales, feministas, de mujeres, de derechos humanos, de la diversidad y personas auto-convocadas que presentan cada 2 años un proyecto de ley para lograr que el derecho a interrumpir un embarazo por voluntad de la persona gestante sea finalmente reconocido por la ley. Jamás, hasta este año, había logrado vencer los obstáculos institucionales provenientes de los gobiernos de turno e ingresar a la Agenda Política.

Los obstáculos son aún muchos. El uso de la objeción de conciencia, aunque velado, aparece en 10 de los 11 proyectos de ley presentados. A esto debe agregarse que en julio de 2017 el Gobierno Nacional presentó un proyecto que bajo el título "Libertad Religiosa" introduce la regulación de la objeción de conciencia en términos inexplicablemente amplios, que confrontan la propia creación jurisprudencial local que sobre el tema venía construyéndose y contrarían el sustrato de la misma herramienta al contemplar la objeción institucional. Este tema deparará grandes desafíos en la implementación de las políticas públicas tendientes a asegurar esta prestación, de aprobarse en el Congreso la reforma legislativa del Código Penal. Uruguay está sabiendo ya de este recurso político disfrazado de preservación de libertad.

La política criminal no puede continuar normalizando cuerpos y formateando los planes de vida de la población bajo amenaza de cárcel. El movimiento de mujeres repite hasta el cansancio que "legalizar el aborto es una deuda de la democracia argentina con las mujeres de nuestro país". Valga la aclaración de que esa deuda se salda aprobando el aborto legal, garantizándolo en todos los subsectores de salud y no solo habilitando el debate parlamentario.