INTRODUCCIÓN

La definición de intrusismo, Ejercicio de actividades profesionales por personas no autorizadas para ello. Puede constituir delito¹,ayuda a comprender la frecuente relación de las profesiones sanitarias con esta actividad ilícita. El Estado defiende el bien público garantizando el registro de las titulaciones necesarias para dedicarse a una profesión. La presentación y validación de un título es obligatorio para poder inscribirse en un Colegio Profesional, actuando estas entidades como reguladoras en colaboración con instancias judiciales. Estamos ante un delito que afecta a la Administración que tramita los títulos que habilitan el ejercicio profesional, a los ciudadanos amparados por el Estado, a los intereses de los Colegios Profesionales e intereses del resto de profesionales²-⁴.

El intrusismo está tipificado como delito en el Código Penal español de 1995, en el Libro II, Capítulo V, artículo 403⁵, De la usurpación de funciones públicas y del intrusismo.

Está relacionado con el delito de actuación independientemente de su resultado; con el delito de estafa al darse un intercambio económico por un servicio; con el delito de falsedad documental cuando se falsifica el título obligatorio para el ejercicio de una profesión y con un delito de lesiones que pudiera llegar a ser incluso un delito de homicidio²,³.

La titulación universitaria en Odontología que data de 1901⁶ ha sido ejercida en muchas ocasiones por empíricos con escasa formación científica, siendo las clases sociales más desfavorecidas el caldo de cultivo de charlatanes, barberos y curanderos. Han sido numerosas las normas legislativas que han tratado de erradicar el intrusismo desde finales del siglo XIX hasta la actualidad⁷-¹⁰. La Ley 10/1986¹¹ regula las profesiones sanitarias, entre otras, la de odontólogo y estomatólogo, la de protésico dental y crea la profesión de higienista dental, diferenciando el ámbito de actuación de cada uno. Paralelamente se configuran los requerimientos básicos de los establecimientos de salud dental, se acuerdan las relaciones entre las profesiones del sector dental y se establece el coste de los servicios.

El artículo 403 del Código Penal de 1995 se modifica el año 2015¹², incrementado la pena por ejercer actos propios de una profesión sin el correspondiente título expedido o reconocido en España, de seis meses a dos años de prisión, añadiendo como agravante la publicidad de servicios.

Los Colegios de Odontólogos y el Consejo General aprueban sus Estatutos en 1998. El artículo 8 del Título I, Capítulo III¹³, Fines y competencias, señala como deber del colegiado:

Perseguir y denunciar el intrusismo y la ilegalidad dentro de la profesión, así como informar públicamente de cuantas acusaciones puedan ser engañosas para la población o se aprovechen de la buena fe de los usuarios.

El artículo 19 del Título II, Capítulo III¹⁴, Prohibiciones a los colegiados, no permite el encubrimiento del intruso ni el ejercicio en establecimientos donde existan prácticas ilegales.

El año 2003 se determinan las bases generales para autorizar establecimientos sanitarios, siendo las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia las que emitirán permiso de apertura y puesta en funcionamiento de estos centros¹⁵.

La Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias¹⁶ regula el ejercicio por cuenta propia o ajena, la formación y los actos propios de cada profesión. Son requisitos obligatorios estar en posesión de titulación oficial, el cumplimiento de las obligaciones deontológicas y la colegiación obligatoria.

El objetivo de este trabajo es conocer la situación del delito de intrusismo en Odontología en la Comunidad Autónoma de Cataluña entre 1995 y 2020, analizando las sentencias judiciales existentes al respecto.

MATERIAL Y MÉTODOS

Hemos realizado un estudio descriptivo/retrospectivo de las sentencias judiciales dictadas sobre intrusismo en Odontología en la Comunidad Autónoma de Cataluña en el período 1995-2020. Hemos utilizado los buscadores “Centro de Documentación del Consejo General del Poder Judicial” (CENDOJ) y “Westlaw de Aranzadi”. Los términos utilizados en la búsqueda han sido: intrusismo, odontólogo, estomatólogo, Barcelona, Lérida, Girona, Tarragona, Cataluña.

Tras una primera lectura de compresión y una segunda lectura de análisis de cada resolución judicial estudiamos estas variables:

RESULTADOS

El resultado de la búsqueda ha sido idéntica en ambas bases de sentencias judiciales.

DISCUSIÓN

El delito de intrusismo y la lucha de las profesiones sanitarias para su erradicación ha sido una seña de identidad desde los albores de la propia actividad sanitaria. Es evidente que continúa siendo un problema grave con consecuencias para la salud⁷-⁹. Su naturaleza fuera de la legalidad reside en la apropiación irregular de competencias profesionales³.

El intrusismo puede ser considerado desde tres aspectos: clínico, jurídico y bioético. Los actos clínicos odontológicos se determinan con la norma UNE³¹. El conocimiento de los actos propios de una profesión por parte de operadores jurídicos es primordial.

En Odontología se cometerá jurídicamente el delito de tipo principal, puesto que es necesario estar en posesión de un título académico universitario⁵.

En el aspecto bioético se valora la relación médico-paciente, ampliándolo a la relación odontólogo-paciente. Durante siglos ha sido una relación asimétrica sin tener en cuenta la autonomía del paciente y sus derechos. Actualmente se busca un equilibrio teniendo en cuenta la justicia social y los principios inherentes a los pacientes. El delito de intrusismo atenta no solo contra el individuo sino que también es una agresión y una ofensa hacia la sociedad, además de a la profesión invadida. A pesar de que pudiera haber acciones que el intruso las realice con destreza y el paciente obtuviera satisfacción generalmente por un menor coste del servicio, el delito se sigue cometiendo y se declara consumado.

Se necesitan varios elementos para tipificar el delito de intrusisnmo. En primer lugar, se deben realizar actos propios de una profesión sin poseer el título académico específico. En segundo lugar, debe vulnerarse la propia normativa de la profesión afectada. En tercer lugar, el sujeto que comete intrusismo debe tener conciencia y una voluntad clara para infringir las normas que rigen las profesiones y por último, debe aceptar de forma verbal o escrita que está invadiendo una profesión para la que no está preparado. Se trata de un delito de tipo doloso, no está considerada la forma imprudente. Añadiremos que si como consecuencia de un acto hubiera lesiones en el enfermo y en caso de que se cobraran honorarios estaremos ante un delito fraudulento, a pesar de que las tarifas del intruso habitualmente suelen ser inferiores a las retribuciones de los titulados que ejercen dentro de la legalidad²,³.

Cuando se incumplan los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones establecidas en las normativas y reglamentos sanitarios, el control administrativo responderá regulando las infracciones administrativas y no serán consideradas como intrusismo profesional³,⁷.

En el presente trabajo al igual que en el estudio de Rodríguez Menacho⁷ las sentencias son mayoritarias frente a los autos, probablemente debido a que en las bases de datos utilizadas las sentencias son predominantes frente a los autos por ser consideradas de mayor interés judicial³².

El año de emisión de las sentencias se mantiene bastante estable en los últimos veinte años. Coincidimos con Rodríguez Menacho⁷ en que la mayoría de las sentencias proceden de las Audiencias Provinciales, por la dificultad de búsqueda de sentencias de los Juzgados de Primera y la predominancia de sentencias de Audiencias Provinciales en las bases de datos jurídicas18. No ha habido sentencias ni autos en las provincias de Lérida y Tarragona. La mayor parte de las sentencias han sido emitidas por la Audiencia Provincial de Barcelona, seguido de la Audiencia Provincial de Girona. Cataluña ocupa el segundo lugar en el ranking de este tipo de sentencias a nivel estatatal con Andalucía en el primer puesto, Castilla y León, Canarias y Madrid en tercer, cuarto y quinto puesto, respectivamente⁷.

En nuestro estudio todas las sentencias son resultado de recursos de apelación de sentencias anteriores emitidas por Juzgados de Primera Instancia de lo Penal presentados por querellados y querellantes en función de los intereses de cada uno. Los demandantes son tanto víctimas de prácticas de intrusismo como también el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña, con una participación del 57.14 %, similar al resto de los Colegios, 57.95 %⁷.

Al igual que en el estudio de Rodríguez Menacho⁷ la profesión más habitual en prácticas intrusistas es protésico dental, seguido por odontólogos sin título homologado. La profesión de protésico dental salta los límites competenciales invadiendo el terreno de una profesión “limítrofe”.

Se corresponde la polivalencia de los intrusos en los tratamientos odontológicos realizados con el estudio de Rodríguez Menacho⁷ donde el 61.59% de los acusados también realizan todo tipo de tratamientos.

La figura del colaborador necesario, encubridor del delito, está presente en la mayoría de las sentencias. Suelen ser odontólogos y estomatólogos dueños de clínicas dentales donde se ejerce el intrusismo.

Destacamos la dificultad para probar la culpabilidad de un presunto intruso que ante la falta de pruebas puede salir absuelto como se aprecia en dos sentencias. Las víctimas muchas veces no quieren declarar, lo que no permite añadir pruebas a la instrucción. Los detectives privados juegan un gran papel en la recogida de pruebas y es un elemento utilizado con frecuencia por los Colegios profesionales.

La sanción económica es la pena impuesta mayoritariamente, por el sistema de días-multa. La cuota diaria tendrá un mínimo de dos euros y un máximo de cuatrocientos euros, siguiendo una modificación del año 201033. En ninguna sentencia se dicta una inhabilitación especial para poder ejercer una profesión u oficio.

Los informes periciales son fundamentales en la instrucción para demostrar las lesiones producidas y establecer la indemnización correspondiente.

CONCLUSIONES

Las resoluciones judiciales han sido condenatorias en su mayoría, lo cual nos reafirma en el papel del sistema judicial. Ahora bien, las penas impuestas son muy bajas cuantitativa y cualitativamente, no cumpliendo un papel disuasorio. El papel activo de los Colegios Oficiales de Dentistas para perseguir este delito es innegable. Es importante educar a la población, enseñar a detectar este problema y a denunciarlo mostrándoles las consecuencias negativas que puede tener para la salud.