Hace pocas semanas sufrió un bombardeo el hospital Al Quds de Alepo (Siria), donde murió Mohammed Wasim Moaz, el último pediatra que quedaba en la zona controlada por los grupos armados. Mucho antes, en marzo del 2011, se iniciaba el conflicto armado en el país tras responder el gobierno con una represión sangrienta a las protestas del pueblo que reclamaba derechos y libertades. Cinco años después, el país sigue sumido en una guerra donde los más afectados son niños, niñas y adolescentes, no solo porque se vulnera su derecho a la vida al ser blanco de bombardeos, sino también porque las consecuencias del conflicto (insalubridad, pobreza y desplazamiento) atentan contra su derecho a un ambiente adecuado para su desarrollo, a la salud, a la educación y a la protección en caso de necesitar refugio.

Una de las consecuencias más alarmantes ha sido la reaparición de enfermedades como la polio -de la que hubo un brote en 2013- y el sarampión por falta de acceso a la vacunación, y el aumento de la morbilidad por desnutrición, y por enfermedades asociadas a la dificultad de acceso al agua potable (cólera y hepatitis A), sin contar las secuelas emocionales y mentales derivadas de la guerra y los desplazamientos forzados.

Durante estos cinco años, las fuerzas armadas del gobierno han utilizado como táctica de guerra el ataque indiscriminado con armas prohibidas en zonas controladas por grupos armados, matando e hiriendo a civiles, entre ellos numerosos menores. También han forzado situaciones de asedio, impidiendo el acceso a la ayuda humanitaria, al suministro de agua y alimentos, a la atención médica y a los servicios básicos, además de lanzar bombardeos y usar francotiradores, sometiendo a menores y familias a una lucha continuada por la supervivencia (Fig. 1).

Figura 1 Efectos de la guerra en Alepo, Siria, septiembre de 2014 (Amnesty International^(c), Mujahid Abu al-Joud).  

Los grupos armados también han perpetrado ataques y cometido homicidios ilegítimos. En zonas controladas por el Estado Islámico se llevaron a cabo ejecuciones públicas en las que se incluyeron adolescentes de 15 años. Condenaban a las víctimas y las mataban a tiros o decapitaban delante de multitudes en las que había menores de edad. Las fuerzas del Estado Islámico también secuestraron a más de 150 niños kurdos, sometiendo a algunos a tortura.

Amnistía Internacional no ha dejado de denunciar la situación de la población civil en Siria, víctima de ataques indiscriminados ejecutados por todas las partes (ejército sirio, grupos armados, coalición internacional y fuerzas armadas rusas) que han producido hasta la fecha miles de muertes y heridos civiles, entre ellos muchos menores. Entre 2011 y 2013 más de 10 000 perdieron la vida¹. En agosto de 2015, el Estado Islámico produjo lesiones a más de 50 civiles y provocó la muerte de un bebé en Marea, ciudad de la gobernación de Alepo, al utilizar agentes químicos con morteros y artillería².

De entre los peores crímenes contra la población infantil está su utilización en el conflicto armado. La ONU verificó en 2014 que todas las partes secuestraron a más de 460 menores de edad³. Niños, niñas y adolescentes aseguran que les animan unirse a grupos armados ofreciéndoles regalos y salarios de hasta 400 dólares al mes⁴. Ese mismo año, UNICEF denunció el ingreso a filas de niños y niñas con siete años. Durante el reclutamiento reciben entrenamiento militar, cuidan a heridos, son ubicados en primera línea de combate y utilizados como verdugos o francotiradores⁵.

Las consecuencias que la guerra produce en la salud infantil no solo se relacionan con la presencia de enfermedades emergentes, sino también con la ausencia de unas condiciones sanitarias adecuadas. Más del 70% de los menores carecen de acceso al agua⁶.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) también advierte de la mala cobertura sanitaria por falta de pediatras y de atención psicosocial y psiquiátrica a las víctimas infantiles de este conflicto. Más de 14 millones de niños sufren consecuencias en su salud física y mental en un clima de agresiones constantes, en permanente convivencia con la violencia, además de sufrir pérdidas materiales y familiares e inseguridad.

La pobreza y condiciones de lucha por la supervivencia colocan a una generación de niños y niñas sirios en una situación de duelo permanente no resuelto bajo ataques armados, en arriesgados desplazamientos o ante fronteras cerradas. Algunos menores se han quedado atrapados en campamentos de refugiados, sobreviviendo en condiciones muy difíciles.

Especialmente trágica es la situación de mujeres y niñas expuestas a explotación y violencia sexual, y la de las personas en situación de mayor vulnerabilidad como, por ejemplo, las que tienen alguna discapacidad. Todas ellas han visto cercenada la vida que llevaban y se enfrentan a abusos y violaciones de sus derechos que nunca hubieran imaginado. Por no hablar de las miles de familias que se han roto y que encima sufren rechazo en los países que deberían ofrecerles una acogida digna (Fig. 2). Son más que personas en riesgo bajo ataques armados, son más que personas desplazadas o refugiadas: son niñas y niños con derecho a una protección especial de acuerdo a la normativa internacional de los derechos humanos de la infancia y humanitaria. El gobierno sirio debe poner fin a los ataques contra la población civil, permitir el acceso a la ayuda humanitaria y liberar todas las personas detenidas o secuestradas. Y los gobiernos europeos deben cumplir sus obligaciones de acuerdo a tratados internacionales, dando una acogida digna a estas personas.

Figura 2 Familias refugiadas en tránsito, en Macedonia y Grecia, agosto de 2015 (Amnistía Internacional^(c), Richard Burton).