1. Introducción

En Ecuador la criminalización del aborto se ha intensificado en los últimos años y ha agudizado el proceso de judicialización de mujeres que interrumpen sus embarazos: hasta la fecha son 243 las mujeres judicializadas¹.

Este artículo es el resultado del proyecto de investigación Mapeando la criminalización del aborto, que utilizó un enfoque territorial en el análisis del fenómeno. El trabajo contribuye a la literatura sobre judicialización de mujeres por aborto desde un cruce conceptual entre la perspectiva jurídica y las geografías feministas. Tales perspectivas nos permiten comprender el disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres y la encarnación de las desigualdades de género, etnia y clase ante la mirada estatal, evidenciando el cuerpo como un territorio en sí mismo donde se cruzan tácticas de despojo y resistencia. El análisis se inscribe en los estudios de América Latina que han identificado diferentes estrategias para obtener datos oficiales sobre la judicialización de mujeres por aborto².

Sostenemos que los mapas temáticos resultantes de la investigación, brindan un análisis útil para la resistencia colaborativa entre academia y sociedad civil, especialmente en países como Ecuador, donde el 65% de la población está convencida de la necesidad de la despenalización del aborto por violación³.

A continuación, revisaremos el contexto socio-político en torno al fenómeno en Ecuador, para luego introducirnos al mapeo de la criminalización del aborto. Terminamos el artículo resaltando obstáculos y posibilidades que nos brinda la aplicación de este enfoque para analizar la criminalización del aborto en la región.

2. De aborto, género y otros demonios: una mirada contextual

El mapeo de la criminalización del aborto se ha dado en un contexto regional y estatal extremadamente polarizado. Por un lado, hay movilizaciones en contra de la violencia hacia las mujeres, centradas en el debate en contra del femicidio- feminicidio⁴. Por el otro, sectores conservadores se han movilizado en Colombia, Perú, Chile y recientemente en Ecuador en contra de la "ideología de género". Con esta expresión se hace referencia a un conjunto de valores presentados como un intento de destrucción de la sociedad a través de la negación de las diferencias biológicas, de la promoción de una identidad LGBTI en la niñez, de la aniquilación de la familia nuclear a través de la subversión del régimen reproductivo y del rol de madre de las mujeres⁵.

La expresión "ideología de género" surge como reacción cristiana fundamentalista a las declaraciones de la Convención de Beijing (1995) en la cual se reemplaza el término sexo con género y se reconoce este último como expresión de diferencias y roles socialmente constituidos a partir del sexo biológico⁶. En la región latinoamericana el discurso se vincula fuertemente también a un discurso de neocolonialismo: "el género es [presentado como] un modelo importado por las grandes potencias para hacer de América Latina un dominio "sin valores", fácil de controlar por las grandes economías o corporaciones (O'Leary, 2007), donde se vigile el crecimiento de la población a través de la anticoncepción"⁷. En Ecuador la influencia de los grupos antigénero -o antiderechos- ha sido relativamente disimulada y solo se ha visibilizado con fuerza en los últimos 4 años. Su poca influencia en los años anteriores se debió en parte a las condiciones de inestabilidad sociopolítica del país durante los años 90 del siglo XX. Más recientemente los esfuerzos modernizadores y de reconstrucción de la economía con un proyecto político institucional fuerte bajo la bandera del progresismo de izquierda dejaron relativamente al margen los temas relacionados con el género y las mujeres. Sin embargo, el expresidente Rafael Correa (2007-2017) se mantuvo siempre cerca de influyentes grupos religiosos, contrarios a la ideología de género, al aborto y a muchas extensiones de derechos a la comunidad LGBTI.

La postura conservadora del Ejecutivo se visibiliza particularmente a partir del 2013, año en que se discute la reforma del Código Penal y algunas asambleístas del grupo político del gobierno -Alianza PAIS- proponen la despenalización del aborto en caso de violación. En apoyo a la propuesta, se crea la campaña YoSoy65 para evidenciar que el 65% de la población ecuatoriana se declara favorable al aborto en caso de violación, según una encuesta del Centro de Estudios y Datos de Ecuador (Cedatos)⁸. No obstante, el expresidente de la República finaliza el debate amenazando con su dimisión y las asambleístas de Alianza PAIS que habían apoyado la despenalización por violación fueron tildadas de traición y sometidas a un mes de suspensión de toda actividad pública⁹. El nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) garantizó el aborto en solo tres causales, reunidas en dos párrafos del artículo 150: como producto de violación de mujeres con discapacidad mental; o "para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios"¹⁰. Desde el punto de vista formal, respecto al Código Penal, vigente anteriormente, no hubo alteraciones en la tipificación del delito de aborto.

El 26 de noviembre de 2014 la política pública de educación sexual sufre un duro golpe desde el conservadurismo. A través del Decreto Ejecutivo 491 la Estrategia Interseccional de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enipla), que funcionaba desde el 2011, fue suspendida y reemplazada por el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia (Plan Familia), que entra en vigencia en febrero de 2015¹¹. La Enipla era un programa centrado en prevención de embarazo adolescente, planificación familiar, educación sexual y concientización sobre el cuerpo, coordinado desde varias instancias del Estado (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, de Educación y de Inclusión Económica y Social). Por su parte, el Plan Familia era coordinado exclusivamente desde la Presidencia de la República.

El Plan se dirige a la familia nuclear heterosexual y apela a un modelo familiar "positivo", a la abstinencia, e impulsa una educación enfocada en el arte de amar¹² como solución a los altos índices de embarazo adolescente y situaciones de violencia. La supervisión del Plan Familia estuvo a cargo de Mónica Hernández, exponente de una ética conservadora y esposa de Williams Phillips, gerente de Grupo Azul, grupo petrolero incisivo en la economía del país. A pesar de las fuertes críticas y del aumento del embarazo adolescente, el Plan Familia siguió funcionando hasta el 2017 cuando el nuevo Presidente de la República, Lenin Moreno, lo suprimió mediante el Decreto Ejecutivo en su discurso de posesión el 24 de mayo de 2017.

En octubre del 2017, a pocos meses de comenzar el gobierno de Moreno (que en apariencia es más abierto al diálogo), un proyecto de ley contra la violencia hacia las mujeres desata la ira de los grupos anti-derechos, que empiezan a movilizarse principalmente bajo el lema "Con mis hijos no te metas" para luchar contra la ideología de género y promover una noción unitaria de familia heteronormada, prohibir el aborto y fomentar una sexualidad exclusivamente ligada a la procreación. Los grupos conservadores se oponen con fuerza a procesos institucionales, como se evidencia en el caso de la formulación de la ley contra la violencia de género, obstaculizada a través de la difusión de noticias falsas y la convocatoria de una marcha que se realizó en varias ciudades del país el 14 de octubre del 2017.

En este escenario, las mujeres son denunciadas y encarceladas por abortar. El aborto está penalizado en Ecuador desde su conformación como país independiente en 1830¹³. Sin embargo, es solo durante el gobierno de la Revolución Ciudadana que se presentó el fenómeno de un enjuiciamiento masivo de mujeres. Esta dinámica comenzó a partir de los debates de las reformas del COIP, que representa un parteaguas para la criminalización del aborto: antes de este debate las denuncias por aborto eran casi inexistentes y no había un registro de estas. El COIP entra en vigencia en agosto del 2014 y, como ya se ha mencionado, reconoce tres causales de legalidad para el aborto: para evitar riesgos en la salud, para evitar un riesgo para la vida de la mujer y cuando el embarazo es producto de violación a una mujer con discapacidad mental.

Con excepción de estas tres causales, el aborto se tipifica como un delito contra la vida, sea aborto no consentido (art. 148) o consentido (art. 149). El aborto no consentido es la acción de ocasionar intencionalmente que una mujer aborte sin que ella haya dado su consentimiento a esta acción¹⁴, lo que se castiga con reclusión de 5 a 7 años. El aborto consentido es entendido como el hecho de hacer abortar a una mujer que ha dado su permiso para la realización de esta acción. Este es castigado con una pena de 1a 3 años de prisión para la persona que lo haya causado, y de 6 meses a 2 años para la mujer cuando haya sido ella quien lo causó¹⁵. La tipificación legal mencionada, junto con el contexto socio-político descrito, agudiza el clima y las prácticas de persecución a las mujeres. En varios hospitales públicos del país, el personal médico es impulsado a denunciar mujeres sospechosas de haber interrumpido sus embarazos¹⁶.

Las mujeres denunciadas son privadas de derechos fundamentales como la salud integral y el derecho a la intimidad, reconocidos también por organismos internacionales como la ONU. Ellas se encuentran en una situación de despojo y alienación de sus propios cuerpos que ya no es solo formal, sino de facto. Cuerpos que se vuelven exclusiva competencia estatal, territorios de conquista, relegados a meras maquinas (re)-productoras mientras las mujeres que representan son infantilizadas y victimizadas, además de perseguidas en sus prácticas de resistencia¹⁷.

En el país no existe un registro adecuado que permita dar cuenta de la realidad de la criminalización de mujeres por aborto. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado ha generado información que permite tener un panorama de la situación de criminalización en Ecuador¹⁸. De acuerdo a los datos generados por esta institución, en Ecuador en el año 2013 se presentaron 32 procesos penales por aborto consentido y 19 en 2014. En agosto del 2014, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Integral Orgánico (COIP), no se registraron denuncias por aborto consentido hasta el final del año, lo cual no significa necesariamente que no se dieron¹⁹. En el año 2015, con el COIP en plena vigencia, las denuncias vuelven a subir y se registraron 92 procesos penales por aborto consentido. En el año 2016, se reportaron 43 casos y desde enero a junio del 2017 las denuncias reportadas por aborto consentido son 62. La Fiscalía no es la única fuente de datos, la Defensoría Pública ha facilitado también información sobre patrocinios de casos de criminalización de mujeres por aborto. Este es un órgano de defensa legal gratuita y pública donde acuden personas que no pueden cubrir los gastos de un abogado particular, lo cual limita la recopilación de los datos de juicio por aborto al no incluir en las estadísticas los casos donde existió un defensor privado. Es importante recalcar que no existe una mayor desagregación de los datos por edad, sin embargo, se puede afirmar que las mujeres defendidas viven situaciones de pobreza y vulnerabilidad, puesto que no pueden pagar una defensa penal privada.

3. Proceso de mapeo de la criminalización del aborto en el Ecuador

La criminalización del aborto en Ecuador sucede mientras se recrudece la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, lo que se ha visibilizado en los últimos años con los casos de femicidio denunciados por las organizaciones de mujeres, feministas y por los medios de comunicación²⁰. En la necesidad de representar territorialmente la violencia contra las mujeres en el país, el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador empezó en 2017 un proceso de análisis y recolección de información en prensa escrita e instituciones estatales, para obtener datos sobre los lugares donde están sucediendo los femicidios, los otros tipos de violencia y cómo ocurren, así como evidenciar la responsabilidad del Estado en el manejo de los datos de violencia contra las mujeres, lo que dificulta aún más su erradicación.

El Colectivo de Geografía Crítica comprende y analiza la distribución del continuum de la violencia de género²¹ en el territorio ecuatoriano, que comprende también la criminalización del aborto, reconociendo al Estado ecuatoriano como el mayor responsable por impulsar la denuncia a las mujeres que abortan. La geografía de la criminalización del aborto es encontrar dónde se están dando estos casos, qué actores están vinculados en estos procesos, quiénes son las mujeres criminalizadas y en qué resuena este hecho en sus cuerpos y sus vidas. Estudios desde la geografía feminista sobre la criminalización del aborto en países como Irlanda, han analizado las medidas adoptadas por las mujeres que quieren interrumpir el embarazo mediante el uso del espacio, específicamente en su movilidad transfronteriza para escapar de las leyes que prohíben el aborto²². En este primer acercamiento a la geografía de la criminalización del aborto en América Latina, el objetivo fue visibilizar la judicialización de mujeres por abortar de acuerdo a los datos existentes sobre la temática. Para esto se decide integrar a la discusión sobre territoralización del continuum de la violencia de género los mapas sobre violencia contra las mujeres a escala nacional, realizados anteriormente por el Colectivo de Geografía Crítica. La búsqueda y selección de datos y variables para el proyecto de investigación Mapeando la criminalización del aborto se realizó entre el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador ―cuyo trabajo se enfoca en una cartografía como herramienta contra-hegemónica²³ para evidenciar en territorio, el ejercicio de la violencia contra las mujeres― y el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos "Surkuna" ―cuyo trabajo se centra en el acompañamiento y defensa legal a mujeres criminalizadas por aborto, parto y violencia de género―. Se complementa además con datos solicitados y revisados en las instituciones del Estado como la Fiscalía, el censo del 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Ministerio de Salud Pública. Cabe mencionar que los datos sobre violencia de género son polémicos por varias razones incluyendo el subregistro y la invisiblización del fenómeno por parte de las instituciones estatales.

Para la elaboración del mapeo sobre criminalización del aborto, se revisaron tres fuentes de datos: 1) Datos sobre casos de judicialización de mujeres por aborto consentido o familiares cercanos que consienten el aborto. La revisión de esta información ha servido para hacer una generalización sobre el perfil de las mujeres criminalizadas por abortar, los actores, los hechos y cómo se reproduce la violencia en la vida de las mujeres. De estos casos se puede anotar que se trata de mujeres racializadas, empobrecidas, aparentemente con poco poder para ejercer su derecho a la privacidad médica o prevenir un embarazo no deseado, por lo general, localizadas en zonas rurales o sectores periféricos²⁴. 2) Datos de la Fiscalía General del Estado Ecuatoriano, que comprenden los años desde el 2013 al 2017, que fueron entregados a Surkuna²⁵. 3) Revisión del Registro Estadístico de Egresos Hospitalarios (2015-2016) extraídos del Ministerio de Salud, publicados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), y del Registro de Estadísticas Vitales (2015) del INEC, para la construcción de los mapas sobre casos de aborto en el Ecuador y los casos de madres menores de 15 años (Ver MAPA 3 Y MAPA 1, respectivamente). Con la revisión de la información mencionada, se definieron las variables para la construcción de la cartografía, que fueron puestas a consideración de representantes de organizaciones de mujeres y feministas, quienes hicieron sus respectivas correcciones. Los mapas han sido herramientas gráficas de visibilización y reflexión de las organizaciones que han permitido comunicar masivamente los problemas de violencia estructural-patriarcal, para el mayor entendimiento de la territorialización de la violencia en todo el país y como una ulterior acción de resistencia y denuncia hacia toda la sociedad.

4. Construcción de una contra-cartografía sobre la criminalización del aborto en Ecuador

La mirada geográfica parte de comprender la espacialidad de la criminalización del aborto en relación con otra variable fundamental: la violencia sexual. No se puede entender este ejercicio de violencia e intromisión sobre los cuerpos de las mujeres por parte del Estado, sin tener en cuenta los alarmantes índices sobre violencia sexual en todo el país, con especial énfasis en niñas, adolescentes y mujeres jóvenes (ver MAPA 1). En este sentido, se consideran datos sobre aborto y criminalización proporcionados por el Estado y la información sobre violencia sexual para concluir que, a la luz de esta situación, la criminalización del aborto es una violencia estatal que tiende a sumarse a otras violencias sufridas por las mismas mujeres y en las que el Estado tiene gran parte de responsabilidad²⁶. Para comprender la criminalización del aborto dentro del continuum de la violencia de género, sugerimos que es necesario comprender el mapeo de la criminalización del aborto desde otros mapas que ilustren la distribución espacial de la violencia de género en Ecuador. A continuación cinco mapas que muestran la relación entre la violencia sexual, niñas embarazadas, abortos registrados y finalmente la criminalización del aborto.

En el MAPA 1, se muestran los casos de niñas menores de 15 años con hijos nacidos vivos (es decir, forzadas a ser madres), según el Registro de Estadísticas Vitales - Nacidos vivos y Defunciones (2015) del INEC. Los datos sintetizados en el cuadro que acompaña a dicho mapa son alarmantes: 8 de cada 100 embarazos en niñas menores de 15 años termina en aborto. Además, 8 de cada 10 embarazos en este grupo de niñas son reconocidos como producto de violaciones sexuales, aunque según el COIP, toda relación sexual con una menor de 14 años se considera violación (art. 171). Mientras que 8 de cada 100 niñas se embarazan de hombres de 30 años o más²⁷.

MAPA 1 Casos de niñas menores a 15 años con hijos nacidos vivos registrados en el Ministerio de Salud Pública en 2015. 

Según este mapa, las zonas del país con tasas más altas relativas de embarazo en niñas menores a 15 años con hijos nacidos vivos son: en primer lugar la Amazonía, seguida por las provincias de Esmeraldas y El Oro. Otras publicaciones de Cartografía de la violencia contra las mujeres, realizadas por el Colectivo de Geografía Crítica de Ecuador²⁸, ya señalan a las provincias amazónicas como las más altas en violencia contra las mujeres (incluyendo femicidios, violencia psicológica y otros tipos de violencia). Estos datos confirman el agudo problema de violencia contra las mujeres, y evidencian la prioritaria necesidad de poner en práctica medidas aterrizadas al contexto amazónico²⁹.

El MAPA 2 muestra el registro de llamadas de emergencia realizadas al ECU 911 que son categorizadas como violencia sexual. Se debe comentar que la base de datos utilizada para la construcción de este mapa no desglosa a las llamadas en función del género de la víctima. Sin embargo, debido a la realidad de la violencia contra las mujeres que arrojan los diferentes datos tratados en este documento, se sugiere que los datos del ECU 911, mayoritariamente son de mujeres que han sufrido de violencia sexual en coherencia con la estadística nacional ya revisada en este texto. El mapa retrata a la región amazónica una vez más como una de las más violentas en términos relativos.

MAPA 2 Datos sobre violencia sexual registrados en el ECU911 los años 2015 y 2016. 

Para profundizar el análisis, se debe considerar adicionalmente que, según el INEC (2011), el 54% de las mujeres víctimas de violencia sexual fueron agredidas por sus parejas o exparejas. Este dato (que no contempla las agresiones provocadas por padres, tíos, cuñados etc.) pone de relieve que las mujeres son violentadas por personas procedentes del ámbito familiar y cercano. En este sentido, las políticas relacionadas con derechos sexuales y reproductivos que traten de prevenir estos abusos deben destacar a la familia como lugar privilegiado de intervención. Programas terminados, como el Plan Familia, ignoraban deliberadamente esta constatación empírica, impulsando medidas ineficaces y sin fundamento científico³⁰.

El MAPA 3 muestra que las mujeres abortan en todo el país. En Ecuador, según los datos publicados por el INEC, se han registrado 49.515 abortos entre los años 2015 y 2016. Ortiz-Prado señala que los otros tipos de aborto (los abortos no espontáneos y los no justificados médicamente, es decir, potencialmente sujetos a procesos de judicialización) sumaron 366.748 casos entre el 2004 y el 2014 (33,340 al año de promedio). En relación a las mujeres que abortan, el mismo autor señala que "las mujeres que abortan están buscando atención médica principalmente en el sistema público de salud en vez de en el privado, un 84% frente a un 16%".

MAPA 3 Casos de aborto registrados en el Ministerio de Salud Pública para los años 2015 y 2016. 

Como vemos en el mapa, las cifras del aborto en Ecuador en un año son representativas. En esta territorialización del aborto no importan los motivos por los que las mujeres interrumpen sus embarazos, lo que interesa aquí es identificar que el aborto es una realidad y que sucede en todas las provincias del país. Como se remarca en el mapa, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador registró en un año (del 2014 al 2015) 49.515, de este número es importante indicar que la territorialización del aborto en el mapa indica por un lado, las provincias donde hay más registros de aborto que son Guayas, Pichincha y Manabí, y por otro lado, la relación del número de mujeres por provincia con los casos de aborto. Esto nos lleva a identificar a las provincias amazónicas de Pastaza y Morona Santiago como las provincias con más casos de aborto, seguidas por Esmeraldas, Sucumbíos, Napo, El Oro y Zamora Chinchipe. Es decir independientemente de cómo se analice el mapa, e incluso en el contexto de criminalización del aborto en el país, las mujeres abortan y el aborto seguirá ocurriendo en Ecuador. Esto nos genera preguntas recurrentes como: ¿bajo qué condiciones se están dando estos abortos?, ¿qué lleva a las mujeres a interrumpir sus embarazos?, ¿qué apoyo para su salud física y emocional reciben?, ¿cuántos de estos abortos son decisión de las mujeres o son embarazos forzados por problemas sociales o ambientales?, etc.

Finalmente, el mapa 4 y mapa 5, nos muestran los datos sobre mujeres judicializadas por haber abortado en las diferentes provincias.

Lo primero que nos llama la atención es que el número de mujeres criminalizadas ha ascendido considerablemente desde la aplicación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el 2014. De las 243 mujeres enjuiciadas en los últimos cinco años, 62 fueron criminalizadas en 2017. Lo que vemos, por lo tanto, es que el Estado ha generado procesos de vigilancia, persecución y judicialización a las mujeres que abortan por la razón que sea, con lo cual a su vez intenta establecer una pedagogía de temor de las mujeres sobre sí mismas y de persecución y sospecha hacia ellas por parte de la sociedad en general.

4.1. Mapeando la criminalización del aborto en el contexto ecuatoriano y regional

En el contexto arriba mencionado, el mapa es una herramienta gráfica de visibilización que ha sido primordial para entender la localización de las violencias, la complejidad de las mismas y los actores que se vinculan con estas. El mapa 4 y mapa 5 (ver abajo), fueron elaborados para el 28 de septiembre 2017, día de la despenalización del aborto, y presentados dentro del marco de las "Jornadas para la despenalización del aborto", evento organizado por el Frente de Derechos Sexuales y Reproductivos, en FLACSO-Ecuador. Estos mapas fueron adaptados en una infografía y texto de Surkuna publicados en el diario "La hora", periódico leído en las ciudades más pobladas del Ecuador. Estas acciones fueron acompañadas con la distribución de los mapas por redes sociales desde las cuentas de los colectivos feministas ecuatorianos.

MAPA 4 Mujeres criminalizadas por abortar en Ecuador(A). 

Mapa 5 Mujeres criminalizadas por abortar en Ecuador (B). 

El ejercicio de mapear los datos existentes sobre mujeres judicializadas por aborto nos brinda las siguientes tres reflexiones:

1. Los datos que proceden del Estado no siempre son fiables, son incompletos o contienen subregistros, esto fue evidente en el levantamiento de información para la presente investigación, pues obtuvimos diferentes datos por parte de una misma institución. Esto ocasiona que la información sobre la judicialización del aborto no sea precisa y por tanto, invisibiliza la magnitud del fenómeno a nivel nacional. Por otro lado, han sido las organizaciones feministas las encargadas de recaudar y sistematizar los datos. Por ejemplo, la labor realizada por Surkuna para brindar servicios jurídicos a mujeres judicializadas por abortar es crucial para que estos datos se puedan comparar, complementar o contrarrestar con los que otorga el Estado y así generar mayores y mejores conocimientos para la acción al momento de plantear la despenalización total del aborto. Adicionalmente, la información generada por las organizaciones feministas es planteada desde una mirada política de interseccionalidad ―que considera el grupo étnico, la edad y las condiciones socio-económicas de las mujeres― necesaria para poder realizar un análisis completo del fenómeno de la criminalización, sus implicaciones y poder dar un rostro a las cifras.

2. La segunda reflexión gira en entorno a las limitaciones que implica que los datos oficiales sobre mujeres judicializadas sean únicamente a nivel provincial. Las tendencias que podemos analizar anualmente son solamente a esta escala geográfica. El seguimiento de casos particulares por parte de Surkuna y otras organizaciones son cruciales en evidenciar otras escalas que podríamos mapear. Por ejemplo, nos parece urgente mapear los hospitales o centros médicos donde las mujeres están siendo denunciadas, así como la ciudad, la comunidad donde suceden los abortos, para entender cómo el Estado está respondiendo a nivel local en estos casos.

3. Mapear datos otorgados por el Estado resulta en un nuevo dato. Es decir que el mapa temático sobre la criminalización del aborto es en sí mismo otro dato. La contra-geografía propuesta aporta a la visibilización de las acciones y la violencia ejercida hacia las mujeres en relación al aborto y de esta manera se busca poner en evidencia al Estado y su responsabilidad. Esto significa que el nuevo dato creado a través de mapas temáticos sobre la criminalización del aborto utilizando los mismos datos otorgados por el Estado, sirve para cuestionarlo y por ende para la acción social desde la construcción colectiva de conocimiento entre academia y sociedad civil.

Conclusiones

Este artículo revisa el marco judicial existente en el Ecuador que resulta en que 243 mujeres sean judicializadas por abortar entre los años 2013-2017. A su vez, narra el proceso de elaboración del mapeo de criminalización del aborto como resultado de la construcción de conocimiento en colectivo entre academia y colectivos jurídico feministas y desde la geografía feminista. El proceso de mapear datos oficiales sobre criminalización del aborto nos aporta varias reflexiones desde la territorialización de la judicialización de mujeres por abortar, revisados en este artículo.

Las cifras y mapas presentados en este artículo permiten concluir que en Ecuador las mujeres abortan y seguirán abortando en cantidades significativas, especialmente alarmantes en el caso de las niñas menores de 15 años. Adicionalmente el mapeo realizado permite evidenciar que el aborto está fuertemente atravesado por las variables clase y etnia, plasmadas en el territorio de las provincias con mayores casos de aborto. Es por ello indispensable que el Estado se responsabilice de la salud de las mujeres, y que adopte políticas públicas a nivel local y nacional que contemplen el respeto de sus decisiones, sean estas la interrupción del embarazo o la continuidad del mismo en condiciones de vida digna. Esto solo se conseguirá cuando se legalicen todas las formas de aborto y cuando se eviten todas las actividades que puedan causar abortos no deseados.

Procesos aquí evidenciados de vigilancia, persecución y judicialización a las mujeres que abortan exigen acciones claras y decididas para visibilizar y denunciar la violencia estatal y de algunos sectores sociales fundamentalistas sobre el cuerpo y las decisiones de las mujeres.

Finalmente, concluimos que el ejercicio de elaborar contra-geografías basadas en la geografía feminista en relación con perspectivas del derecho feminista, resulta crucial como parte de la contra-ofensiva a la ola protagonizada por grupos anti derechos que ponen en cuestión a los derechos sexuales y reproductivos alcanzados en la región.