La reciente publicación de Costa y Carvalho-Filho pone en manifiesto la correcta adaptación a la teledocencia en al ámbito sanitario durante la pandemia de COVID-19, al mismo tiempo que cita alguna de las dificultades de esta modalidad, como la adquisición de competencias clínicas [1].
La docencia a distancia presenta diversas ventajas que no están disponibles en los entornos educativos presenciales, como la inmediatez, el acceso remoto a los recursos y el control del alumnado sobre su proceso de aprendizaje [2].
Sin embargo, una de las limitaciones más relevantes es la evaluación del alumnado durante el período de confinamiento, sobre todo para la evaluación de competencias tan complejas como las existentes en el ámbito sanitario. Evidentemente, el examen a distancia planificado de forma adecuada debe diferir de una simple evaluación vigilada, lo que implicaría la diversificación de sistemas de evaluación que trasciendan las pruebas objetivas [2]. Únicamente considerando múltiples métodos de valoración del alumnado se puede garantizar abordar la complejidad de las profesiones sanitarias: conocimientos, actitudes, habilidades y aptitudes. La pandemia actual ha obligado a un confinamiento apresurado e inmediato de la comunidad académica, ya que la prioridad fundamental es el control del contagio.
La Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU) establece que, en la situación de excepción provocada por la COVID-19, la metodología de evaluación ‘debe permitir valorar la adquisición de competencias y los resultados de aprendizaje’ [3]. Sin embargo, no es realista pretender que en una situación de emergencia se implanten de forma inmediata sistemas de evaluación óptimos y ajustados a la complejidad de la docencia en ciencias de la salud. Este argumento puede ratificarse con los comunicados emitidos por diversas entidades relacionadas con el ámbito universitario.
En primer lugar, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) cita diversas dificultades que podrían presentarse en la evaluación online durante el confinamiento: limitación de hardware/software, problemas en las conexiones a Internet, escasa fiabilidad en la verificación de la identidad, uso de material no permitido durante los exámenes y plagio de contenidos, entre otras [4].
Además, en el ámbito universitario, los actos ilícitos durante los exámenes presenciales han tenido un apoyo tecnológico importante mediante la diversificación de dispositivos de elevada complejidad. Esto convierte el examen a distancia en una diana ideal para el uso de herramientas fraudulentas [4].
Incluso el informe emitido por el Gabinete del Ministerio de Universidades del Gobierno de España expone que, en exámenes de pregunta corta o tipo test, la tecnología disponible no permite evitar el fraude o garantizar la autoría de los exámenes [5].
Es necesario añadir que los exámenes presenciales son utilizados incluso por instituciones que imparten títulos de grado íntegramente a distancia. La CRUE, la REACU y el propio Ministerio de Universidades reconocen la incapacidad de los sistemas a distancia para garantizar la evaluación de competencias, lo que no permite a las universidades certificar con garantías a los futuros profesionales de la salud. Por este motivo, no sería tan desacertado aguardar a que la actual pandemia permita realizar exámenes presenciales (con estrictas medidas de precaución). A este sistema de evaluación presencial debería añadirse un refuerzo educativo que facilitase completar los contenidos que no se pudieran abordar a distancia. En conclusión, se propone postergar la evaluación para no devaluarla, ya que la sanidad del futuro estará en tela de juicio.