Introducción

La valoración de la ocurrencia de un abuso sexual infantil (en adelante, ASI) es una de las tareas más complejas a las que se enfrenta la psicología forense. En la mayoría de los casos, no suele haber testigos oculares, el culpable no confiesa ni aparecen evidencias médicas o físicas que permitan objetivar estos delitos (^{Manzanero y Muñoz, 2011}; ^{Massip y Garrido, 2007};), lo que deja el relato del menor como única prueba del abuso. Aunque la mayoría de las denuncias son ciertas, no podemos negar la existencia de denuncias falsas (^{O’Donohue, et al., 2018}; Ruíz Tejedor, 2017) ya sean intencionadas o no. Esto deja la prueba pericial como uno de los elementos clave dentro del proceso judicial (^{Martínez et al., 2018)} y podría explicar la elevada concordancia entre las conclusiones del psicólogo forense y el pronunciamiento judicial. Por ejemplo, en el trabajo de ^{Ruiz Tejedor (2017)} se detecta que hay una concordancia del 88.2%.

Para abordar la evaluación de la credibilidad del testimonio la psicología forense ha utilizado diferentes enfoques. Por ejemplo, es muy común evaluar la presencia de sintomatología psicológica como indicador de la presencia de un abuso sexual (^{Pereda y Arch, 2012)}. El problema de tomar los síntomas psicológicos como indicador ASI es que, habitualmente, no son cualitativamente diferentes a los que presentaría un niño otras situaciones, como el divorcio de sus padres (^{Scott et al., 2014)}. Esto cobra una mayor importancia cuando la familia que presenta una denuncia de ASI está separada, lo que hace difícil discriminar si la psicopatología detectada se debe al divorcio o a un posible abuso sexual.

Se ha hecho un esfuerzo por buscar sintomatología específica de ASI como la conducta seductora con el adulto, la presencia de juegos sexualizados o el conocimiento sexual inapropiado a la edad del menor (^{Baita y Moreno, 2015)}. Sin embargo, como las propias autoras indican, estos comportamientos también se pueden producir por otras causas, lo que refuerza la crítica en la utilización de estos síntomas como indicadores de credibilidad del ASI (^{Bridges et al., 2009}; ^{Poole y Wolfe, 2009}; ^{Scott et al., 2014)}.

Como contraparte, ^{Pereda y Arch (2012)} detectan que una de las metodologías más utilizadas, especialmente en Europa, son los análisis de las declaraciones de los menores, siendo el SVA (Statement Validity Assessment) el protocolo predilecto para este propósito. Este instrumento desarrollado en 1989 por Steller y Köhnken, consta de 3 partes: la entrevista semiestructurada con el menor; el CBCA (Criterial Based Content Analysis) y una lista de 12 criterios de validez (Köhnken, 2004; ^{Steller & Köhnken, 1989)}.

El SVA y, concretamente el CBCA, surge a partir de la hipótesis de ^{Undeutsch (1967)} cuando afirma que los relatos de los menores poseen características diferenciadoras cuando relatan un episodio directamente experimentado y uno inventado, fabulado o inducido (^{Amado et al., 2015)}. Aunque esta metodología sí tiene un marco teórico subyacente, tiene fuertes detractores. Como indican ^{Manzanero y Muñoz (2011)}, algunos estudios han mostrado tasas de error superiores a las que deberían ser aceptables (en torno al 30%). Como contraparte, otros autores como Vrij (2015) matizan que, aunque las tasas de error sean elevadas, cuando la decisión se deja en las “intuiciones” de jueces y jurados, las tasas de error son más elevadas. Uno de los problemas de este protocolo es su mala utilización ya que, en muchas ocasiones, su aplicación se limita a los criterios del CBCA, sin aplicar el SVA en su totalidad (^{Köhnken et al., 2015}; ^{González y Manzanero, 2018)}.

Otro enfoque que está suscitando un gran interés es la entrevista forense protocolizada, como por ejemplo el Protocolo de Entrevista Forense (^{Lambet al., 2007)} desarrollado por el National Institute of Child Healthand Human Development (NICHD). Dicha entrevista se crea con el propósito de aumentar la cantidad y mejorar la calidad de la información que se extrae directamente de las entrevistas con los menores. De esta forma, los entrevistadores realizan preguntas más abiertas y menos sugestivas a la vez que obtienen un mayor número de información (^{Benia et al.,2015)}.

Así mismo, cada vez más se va haciendo patente la necesidad de incluir en las valoraciones de credibilidad de testimonio múltiples enfoques y aspectos. En esta línea se desarrolla el modelo Holístico de Evaluación de La Prueba Testifical o protocolo HELPT (^{González y Manzanero, 2018}; Manzanero y González, 2015) que busca no solo valorar la declaración del menor, sino otros factores como la capacidad para testificar y los factores que pueden influir en la declaración.

De acuerdo con este enfoque holístico, nos planteamos la posibilidad de incluir en el proceso de evaluación otros aspectos externos a la declaración del menor como las características de los menores víctimas de ASI, de sus familias y del propio abuso.

Al examinar las características del ASI en la literatura, encontramos que los agresores suelen ser varones (^{Aydin et al., 2015}; ^{Cortés Arboleda et al., 2011}; ^{González-García y Carrasco, 2016}; ^{López, et al., 1995}; ^{Vázquez, 2004)} y que la gran mayoría son conocidos por la víctima (Aydin et al., 2015; Cortés Arboleda et al., 2011; González-García y Carrasco, 2016; López et al., 1995; ^{Trocmé y Tourigny, 2000)}.

Aproximadamente la mitad de los casos de ASI, son intrafamiliares aunque hay una amplia variabilidad en función del estudio (un 7% en ^{López et al., 1995}; 68.2% en Juárez López, 2002). Dos estudios más o menos recientes de nuestro país encuentran respectivamente un 47.5% (^{González-García y Carrasco, 2016)} y un 52.8% (^{Cortés Arboleda et al., 2011)} de abusos intrafamiliares.

Dentro del ámbito familiar, algunos estudios nacionales muestran que el padre biológico no suele ser el agresor más habitual (1% en ^{López et al., 1995}; un 5.9% en ^{Cortés Arboleda et al., 2011} y un 9% en ^{González-García y Carrasco, 2016)} en comparación con estudios de otros países (un 23.4% en ^{Carlstedtet al., 2009}; un 30.9% en ^{Shevlin, et al., 2018}; y un 33.76% en ^{Trocmé y Tourigny, 2000)}.

En cuanto a las características de los menores, se encontró que la mayoría de las víctimas son niñas, tal y como afirman los estudios de prevalencia existentes tanto internacionales (^{Barth, et al., 2014}; ^{Stoltenborghet al., 2015}; ^{Stoltenborghet al., 2011)} como nacionales (^{Benavente, et al., 2016}; ^{Pereda et al., 2009)}.

Gran parte de los menores presentan sintomatología reactiva, presentando alteraciones emocionales, comportamentales, escolares y sexuales. Se han descrito comportamientos en los menores como actitudes de sometimiento, conductas agresivas, desconfianza, bajo rendimiento escolar, conductas regresivas o ideación suicida entre otras (^{Baita y Moreno, 2015}; ^{Zayas, 2017)}. En el estudio realizado por ^{González-García y Carrasco (2016)}, encontraron que un alto porcentaje de los menores que había sufrido un abuso sexual presentaban alteraciones comportamentales (75.8%) y emocionales (73.7%) y algo menos de la mitad presentaban alteraciones sexuales (44.4%). Llama la atención este dato ya que, en muchas publicaciones (Baita y Moreno, 2015; ^{Berlinerblau, 2016}; ^{Hidalgo, 2014}; Pérez et al., 2019), precisamente se alerta sobre las alteraciones sexuales en los menores como indicio de ASI y, sin embargo, en el estudio de González-García y Carrasco (2016) son las menos comunes. Otros factores de riesgo que se han detectado en los menores son la victimización previa del menor, sea o no ASI, o la presencia de antecedentes físicos o psicológicos crónicos en el menor (^{Assink et al., 2019)}.

En cuanto a la forma de abuso, parece que en la mayoría de los casos se produce sin violencia (en el 81.1% de las ocasiones en el estudio de ^{Cortés Arboleda et al., 2011}; en el 56.5% de las ocasiones en ^{González-García y Carrasco, 2016}; o en el 93.1% en ^{Aydin et al., 2015)} y el abuso tiende a ser recurrente (^{Benavente et al., 2016}; ^{Cortés Arboleda et al., 2011}; ^{González-García y Carrasco, 2016}; ^{Shelvin et al., 2018}).

En cuanto a las características familiares, encontramos como factores de riesgo las familias reconstituidas, la presencia de familiares no directos, el consumo de drogas o la presencia de violencia en el hogar (^{Zayas, 2017)}. Asimismo, en el reciente meta-análisis realizado por ^{Assink et al. (2019)}, encontraron como factores de riesgo la presencia de maltrato infantil o de pareja, antecedentes psiquiátricos o médicos en los padres, uso y abuso de sustancias una dinámica disfuncional o tener padrastro. A nivel nacional, ^{González-García y Carrasco (2016)} encuentran que un 29.3% de las familias presentaban una dinámica disfuncional y tenían problemas de salud mental, un 37.4% presentaban consumo de sustancias y en un 31.3% de las ocasiones había una historia de maltrato.

En cuanto a la forma de detectar los casos de ASI, se encontró que la mayoría de los casos se detectan dentro de la familia del menor (el 42.8% de los casos), siendo la madre la persona que en mayor medida detecta estos casos (27.9%). Le siguen en frecuencia los Servicios Sociales (16.4%), la Policía (9.9%) y los Servicios de Protección (9.3%) (^{Díaz y Ruíz, 2005)}.

Por último, el Centro Reina Sofía para el estudio de la Violencia (^{Vázquez, 2004)} detecta que el 58% de los casos eclosiona a partir de la narración espontánea del menor, un 39% a partir de testigos y solo en un 3% por indicios físicos. Por su parte, ^{Gutiérrez et al. (2016)}, encuentran que en la mayoría de las ocasiones el conflicto eclosiona a partir de preguntas de terceros, seguido por la narración espontánea o premeditada del propio menor. Cabe destacar también que en ambos estudios hay un porcentaje de casos muy elevado que informan o denuncian los abusos años después de que se produjeran, algo que encontramos habitualmente en la bibliografía (^{Alaggia, 2019)}.

En conclusión, encontramos ciertas características comunes en los niños víctimas de ASI. Sin embargo, los datos cuantitativos aún son escasos y, en muchas ocasiones, contradictorios. Por ello, el objetivo general de este estudio, enmarcado en una investigación más amplia, es explorar la existencia de ciertos factores psicosociales (psicológicos, socio-familiares y relacionados con el abuso) que puedan discriminar entre casos creíbles y no creíbles, con el fin de poder complementar las valoraciones periciales sobre credibilidad del testimonio en ASI.

Método

Resultados

Factores psicológicos asociados a la credibilidad

En la Tabla 1 se muestran las características psicológicas de los menores que denunciaron un abuso sexual en función del dictamen psicológico-pericial que se realizó por parte del psicólogo adscrito a la Administración de Justicia.

Tabla 1 Características psicológicas de los menores en función de su credibilidad 

Como se puede observar apenas se encuentran diferencias estadísticamente significativas en función de las variables psicológicas, presentando la mayoría una trayectoria evolutiva ajustada, sin presencia de antecedentes psicopatológicos y sin victimizaciones anteriores al presunto abuso sexual. Aunque más de la mitad de ambos grupos refieren la presencia de desajustes de algún tipo, sí se encuentran diferencias significativas en función de la sintomatología referida. Específicamente, los niños del grupo C presentan significativamente más síntomas emocionales y sociales que los del grupo NC. Por su parte, el grupo NC dice presentar más desajustes sexuales que el grupo C.

Factores socio-familiares asociados a la credibilidad

En la Tabla 2 se muestran los análisis realizados de diferentes variables socio-familiares en función de la credibilidad del testimonio.

Tabla 2 Características socio-familiares en función de la credibilidad 

Como se observa en la Tabla 2, en las variables socio-familiares examinadas, sí se encuentran más diferencias significativas. En primer lugar, se observa que el grupo NC presentó con mayor frecuencia dinámicas disfuncionales tanto en el pasado como en el momento de la evaluación. A nivel educativo no se encuentran diferencias, aunque es importante señalar que más del doble de las familias del grupo NC en comparación con el grupo C tuvieran un nivel educativo alto.

En cuanto a la convivencia, lo más llamativo es que no se encuentra ninguna familia que esté en proceso de divorcio. Por su parte, se encuentra que las familias del grupo C suelen tener una convivencia estable, los menores conviven con ambos padres (no separados) y el estilo educativo más habitual es el democrático. Por su parte, en el grupo NC encontramos una mayoría de padres separados, que conviven con su madre (custodia exclusiva materna) y su estilo educativo más habitual es el estilo autoritario.

Por último, cabe destacar que se ha encontrado más frecuentemente la presencia de litigios entre progenitores y la necesidad de intervención de servicios sociales en el grupo NC en comparación con el grupo C.

Factores relacionados con el abuso asociados a la credibilidad

En tercer lugar, se han examinado las características relacionadas con el abuso asociadas a la credibilidad del testimonio (Tabla 3). En esta categoría se han incluido características de los presuntos agresores sexuales, de cómo se produjo en abuso y del proceso judicial posterior.

Tabla 3 Características relacionadas con el abuso en función de la credibilidad 

En cuanto a las características del agresor, se observa que en ambos grupos se denuncia en su mayoría como autor del presunto abuso a un varón, mayor de edad y conocido por la víctima. No obstante, en el grupo NC encontramos una mayor presencia de denuncias con varios agresores (aunque solo en un 16,1% de los casos) y de forma clara se observa un mayor porcentaje de denuncias hacia un familiar. Dentro del grupo familiar, en el 64,5% de los casos del grupo NC se denuncia al padre biológico, en comparación con el 7,4% de los casos del grupo C.

Más específicamente, en la Tabla 4 se han reflejado las frecuencias y porcentajes para agresor denunciado y, como se puede observar, mientras que en el grupo C las frecuencias están muy repartidas, en el grupo NC, se acumulan principalmente en la figura del padre biológico. Por su parte, en el grupo C, encontramos una mayor frecuencia de denuncias contra el padrastro, pero sin encontrar diferencias significativas entre ambos grupos. Cabe destacar que hay una mayor frecuencia de victimarios que de víctimas debido a que en siete de los casos, los menores denunciaron a más de un agresor.

Tabla 4 Tipo de agresor en función de su credibilidad 

Por último, llama la atención que mientras que casi todos los casos del grupo NC denunciaban a una persona que ejercía cierta autoridad (83.9%), en el grupo C esto solo ocurría en la mitad de los casos (50.0%).

En cuanto a la casuística de los presuntos abusos, únicamente encontramos diferencias significativas en Contacto físico y Penetración de modo que el grupo C suele denunciar más a menudo que los abusos se produjeron con contacto físico y el grupo NC denunció más a menudo la existencia de penetración.

En cuanto a los indicadores relacionado con el proceso judicial, encontramos que la eclosión se produce más a menudo en la familia nuclear y a raíz de preguntas de terceros en el grupo NC en comparación con el grupo C. Asimismo, las denuncias interpuestas por las madres ocurren más a menudo en el grupo NC y las denuncias de ambos padres prácticamente solo aparecen en el grupo C. También destaca que el grupo NC tenía una mayor prevalencia de denuncias anteriores por abuso sexual infantil, de adopción de medidas cautelares y de interrupción de régimen de visitas.

Discusión y conclusiones

La investigación hasta el momento muestra que, aunque la gran mayoría de las denuncias interpuestas por un presunto abuso sexual infantil son reales, hay un porcentaje nada despreciable de casos en los que el abuso no había sido cometido (^{O'Donohue et al., 2018)}. La falta de pruebas objetivas, evidencias o testigos (^{Manzanero y Muñoz, 2011}; ^{Massip y Garrido, 2007)}, dificulta aún más la determinación de si un caso ha ocurrido o no. Por ello, la evaluación de la credibilidad del testimonio en ASI es uno de los ámbitos de estudio más complejos de la psicología forense. En este contexto, el propósito de este estudio ha sido el de realizar un análisis preliminar de aquellas variables que podrían complementar la valoración de la credibilidad de testimonio en las evaluaciones psicológicas forenses.

Desde un punto de vista global, lo primero que encontramos en los resultados de este estudio es que no parece existir un patrón de características claro en los niños que presuntamente han sido abusados (clasificados por los psicólogos de oficio como creíbles). De esta forma, de todas las variables analizadas, en el grupo C (Testimonio Creíble) únicamente encontramos una presencia significativamente mayor de las variables: Desajustes emocionales, Desajustes sociales, Convivencia estable, Convivencia con ambos padres, Estilo democrático, Contacto físico y Denunciantes ambos padres. Sin embargo, algunas de estas variables también están presentes en el grupo NC (Testimonio No Creíble), aunque con un menor porcentaje, lo que limitaría la capacidad predictiva de la presencia de estos factores. Las variables que parece que sí podrían indicar una elevada credibilidad son la presencia de desajustes sociales en el menor, la convivencia estable y con ambos progenitores y la denuncia presentada por ambos padres, ya que apenas hay casos del grupo NC con estas variables. En contraposición, sí encontramos una serie de factores psicosociales habituales en las denuncias que han sido catalogadas como NC.

En relación con las variables psicológicas, encontramos que la simple referencia de sintomatología psicológica no parece discriminar entre ambos grupos, lo que apoyaría la idea de que la capacidad predictiva de las alteraciones psicológicas por sí mismas, no pueden tomarse como indicadores de credibilidad (^{Bridges et al., 2009}; ^{Poole y Wolfe, 2009}; ^{Scott et al., 2014)}.

No obstante, sí encontramos una mayor referencia a sintomatología de índole sexual en el grupo NC que en el grupo C. Los datos del grupo C irían en consonancia con los resultados de ^{González-García y Carrasco (2016)} o ^{Vázquez (2004)}, los cuales encuentran que las alteraciones sexuales son mucho menos comunes que las alteraciones emocionales o escolares. Por ello, podríamos deducir a través de estos resultados que, cuando se denuncia un abuso que con una elevada probabilidad no ha ocurrido, se tiende a referir sintomatología sexual, olvidando los desajustes sociales, mientras que, lo más común en niños abusados es que aparezca sintomatología social, educativa y emocional pero no tanto sexual. Cabe destacar que en este estudio no se encuentran prevalencias altas de retraso madurativo, antecedentes psicopatológicos o victimizaciones anteriores, todos ellos factores de riesgo descritos en la bibliografía (^{Assink et al., 2019)}.

En relación con las variables socio-familiares, ha sido más habitual en el grupo NC que los padres estuviesen divorciados. Este resultado iría en la línea de las argumentaciones de ^{Echeburúa y Guerricaechevarría (2005)} cuando afirman que se suelen obtener mayores prevalencias de denuncias falsas en procesos contenciosos en los que los menores pueden ser utilizados por uno de los progenitores para conseguir la custodia o para vengarse del otro progenitor. Sin embargo, no se ha encontrado ningún caso en el que la denuncia se produjera durante el proceso de divorcio.

Cabe destacar que en la mayoría de los casos del grupo NC es la madre la que ostenta la custodia en exclusiva, la familia tiene antecedentes disfuncionales, hay un litigio entre los progenitores y ha tenido que intervenir servicios sociales en algún momento. En contraposición, llama la atención que prácticamente no hay denuncias de ninguno de los grupos en los que se siga un régimen de custodia compartida. Hipotetizamos que este dato podría indicar que este régimen de custodia podría ser un factor protector no solo de sufrir un abuso, sino de denunciar un abuso. Sin embargo, cabe la posibilidad de que con este régimen de custodia no se realicen denuncias porque no se detectan por los progenitores.

De este segundo bloque de variables, obtendríamos por tanto que la convivencia estable entre los progenitores predice la credibilidad, en tanto en cuanto, prácticamente no se encuentra en el grupo NC (9.7%) y, por su parte, la disfuncionalidad familiar observable, el litigio entre los progenitores y la intervención de los servicios sociales predeciría la no credibilidad, ya que, apenas hay presencia de estas variables en el grupo C (7.4%, 7.4% y 8.8% respectivamente). Llama la atención que estas características, como la dinámica disfuncional o los antecedentes psicopatológicos se han detectado como factores de riesgo del ASI (^{Assink et al., 2019}; ^{Zayas, 2017)} y, sin embargo, en este estudio encontramos tales características de forma más habitual en el grupo NC.

Por último, dentro de las variables relacionadas con el abuso, las más llamativas tienen que ver con el presunto agresor. De acuerdo con la mayoría de la investigación consultada, la mitad de los abusos sexuales infantiles se producen dentro de la propia familia (^{Celik et al., 2018}; ^{Cortés Arboleda et al., 2011}; ^{González-García y Carrasco, 2016}; Juárez López, 2002; ^{Trocmé y Tourigny, 2000)} y, sin embargo, la gran mayoría del grupo NC ha denunciado a alguien de su familia (83.9%), especialmente al padre biológico en un 64.5% de las ocasiones. En contraposición, en el grupo C solo ha habido 5 casos (7.4%) en los que se acusara al padre biológico del menor, lo que iría en la línea de las investigaciones realizadas en nuestro país, en las que se encuentra que el padre no suele ser el victimario más frecuente (^{Cortés Arboleda et al., 2011}; ^{González-García y Carrasco, 2016}; ^{López et al., 1995}). Es llamativo que las prevalencias de los padres victimarios son más altas en estudios internacionales (^{Carlstedt, et al., 2009}; ^{Shevlin, et al., 2018}; ^{Trocmé y Tourigny, 2000}), lo que podría deberse a que en España es menos habitual esta forma de abuso o que aún existe una barrera cultural para a interponer una denuncia de abuso sexual cuando ha sido cometido por el propio padre.

En lo que respecta al presunto autor del abuso, como se ha visto en la Tabla 4, de nuevo no encontramos un patrón de factores en el grupo C, siendo el denunciado más frecuente el padrastro, aunque sin diferencias significativas entre ambos grupos. Este resultado iría en la línea de la investigación realizada por ^{Assink et al. (2019)}, la cual encuentra que la presencia de un padrastro es un factor de riesgo para sufrir un ASI.

También se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el estatus de autoridad del agresor ya que se detecta en casi el 85% de las ocasiones del grupo NC frente al 50% del grupo C, porcentaje similar al que encuentran otras investigaciones (^{González-García y Carrasco, 2016)}.

En la forma del abuso, apenas encontramos diferencias significativas y solo parece haber una cierta tendencia del grupo NC a denunciar abusos con penetración, mientras que en el grupo C es más habitual que solo se denuncie contacto físico sin penetración ni violencia física. En la literatura, también es habitual que los abusos no se produzcan con violencia física ni penetración (^{Aydin et al., 2015}; ^{Cortés Arboleda et al., 2011}, ^{González-García y Carrasco, 2016}, ^{Vázquez, 2004)}. Sin embargo, en este estudio las diferencias estadísticas entre ambos grupos no son muy elevadas, ya que hay denuncias de ambos grupos para ambas modalidades, lo que limitaría su poder discriminativo.

En cuanto a la eclosión, encontramos que en la mayoría de los casos de ambos grupos ésta se produce de manera espontánea, aunque en el grupo NC es más habitual la eclosión dentro de la familia nuclear y a raíz de preguntas de terceros. En relación con el denunciante sí que encontramos de forma clara que apenas hay denuncias de ambos padres en el grupo NC (3.2%), siendo además la forma más habitual de denuncia del grupo C. Este último grupo de variables, podría ser una consecuencia lógica del denunciado, ya que, como se ha visto, el padre suele ser el denunciado más habitual del grupo NC y, por tanto, son más habituales las denuncias de las madres, la adopción de medidas cautelares y la interrupción provisional del régimen de visitas, con el fin de proteger al menor en caso de probarse el abuso sexual. Por último, es bastante significativo que casi el 40% del grupo NC tenía denuncias anteriores por abuso sexual infantil, mientras que en el grupo C solo encontramos 2 casos (2.9%), resultado que va en la línea de lo encontrado por ^{González-García y Carrasco (2016)}, en el que solo uno de sus casos (7.8%) presentó abusos sexuales anteriores, pero contradictorio a lo que encuentran otros estudios (^{Assink et al., 2019)}.

Finalmente, hay ciertas limitaciones en esta investigación que se han de tener en cuenta. Este estudio es preliminar y se enmarca en una investigación más amplia, dedicada a detectar posibles factores psicosociales que discriminen entre casos creíbles y no creíbles y que puedan ayudar a complementar las valoraciones psicológicas forenses. La principal limitación es la imposibilidad de saber con una certeza absoluta si los menores incluidos en cada uno de los grupos han sido bien clasificados, lo que supone una gran limitación del alcance de los resultados obtenidos. Sin embargo, actualmente carecemos de medios que permitan saber con un alto porcentaje de éxito si un niño realmente ha sido abusado o no por la carencia de evidencias externas, pruebas objetivas o testigos en la mayoría de los casos (^{Manzanero y Muñoz, 2011}; ^{Massip y Garrido, 2007)}.

Por otra parte, la muestra presenta algunos inconvenientes ya que hay una clara desigualdad en cuento al género ya que más del 80% de la muestra está compuesta por niñas y el grupo C duplica en número al grupo NC. Sin embargo, si atendemos a los datos epidemiológicos, encontramos que los abusos son más habituales en niñas (^{Benavente, et al., 2016}; ^{Pereda et al., 2009)} y que la gran mayoría son creíbles (^{O’Donohue, 2018)}.

A pesar de todas estas dificultades consideramos que es necesaria una mayor investigación de esta temática ya que los abusos sexuales siguen produciéndose y, cada día, sigue recayendo en los psicólogos forenses el peso de tomar una decisión sobre la credibilidad de un menor (^{Martínez et al., 2018}; ^{Ruiz Tejedor, 2017)}. Atendiendo a las implicaciones de la decisión pericial, entre ellas que un inocente podría entrar en prisión o un niño abusado podría seguir conviviendo con su agresor, consideramos necesario, especialmente en nuestro país, un mayor número de investigaciones empíricas sobre abuso sexual infantil, a pesar de las complicaciones y las limitaciones que conlleva el estudio de esta temática, con el fin último de proteger, lo mejor posible, a estos menores de una posible revictimización derivada tanto de la ocurrencia de otros abusos como de las múltiples exploraciones a las que se ven sometidos dentro del proceso judicial.