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Psychosocial Intervention

On-line version ISSN 2173-4712Print version ISSN 1132-0559

Psychosocial Intervention vol.22 n.2 Madrid Aug. 2013

http://dx.doi.org/10.5093/in2013a11 

Adherencia al tratamiento en hombres maltratadores contra la pareja en un entorno comunitario: Realidad actual y retos de futuro

Adherence to treatment in male batterers against their intimate partners in a community setting: State of the art and future challenges

 

 

Enrique Echeburúa

Facultad de Psicología, Universidad del País Vasco, España

Dirección para correspondencia

 

 


RESUMEN

En este artículo se abordan las dificultades existentes para ofrecer de forma efectiva programas de tratamiento para hombres violentos contra su pareja. Se analiza con detalle la efectividad de las intervenciones psicológicas disponibles para hombres maltratadores, tanto a nivel internacional como a nivel español. En todos los estudios revisados las tasas de abandono del tratamiento en este tipo de personas son muy altas. En diferentes estudios se han señalado múltiples causas psicológicas y sociales para explicar la pobre adherencia al tratamiento en los hombres maltratadores. Se describen los principales predictores del abandono del tratamiento. Por tanto, se han comenzado a desarrollar estrategias motivacionales con el fin de fortalecer el compromiso de los participantes con el cambio, basadas en la identificación de los objetivos terapéuticos y en el diseño de estrategias para alcanzarlos. Por último, se sugieren algunas vías para hacer frente con éxito a estas dificultades. Es necesario implementar estrategias orientadas específicamente a mejorar la motivación para el cambio. Se comentan las implicaciones de este estudio para la práctica clínica y la investigación futura.

Palabras clave: Violencia contra la pareja. Hombres maltratadores. Adherencia al tratamiento. Estrategias motivacionales para el cambio.


ABSTRACT

This paper addresses the difficulties inherent in providing mental health treatment for men who commit acts of violence against their intimate partners. The effectiveness of available treatment programs for men who batter, both in the international literature and in Spain, is analyzed. In all studies the dropout rates in the treatment of men involved in intimate partner violence are very high. Different studies have pointed to multiple psychological and social causes to explain the poor adherence to treatment in men who batter. The main predictors of poor adherence to therapy are described. Therefore, motivational enhancement strategies are being developed to strengthen subjects' commitment to change by helping them to identify their goals for recovery and to determine ways to reach these goals. Finally, some suggestions are discussed about how to successfully deal with these issues. It is necessary to implement strategies to improve motivation for treatment. Implications of this study for clinical practice, policy decisions, and future research in this field are commented upon.

Keywords: Intimate partner violence. Male batterers. Adherence to treatment Motivational enhancement strategies.


 

 

Muchos hombres violentos contra la pareja presentan limitaciones psicológicas importantes en el control de los impulsos, en el abuso de alcohol, en su sistema de creencias, en las habilidades de comunicación y de solución de problemas o en el control de los celos. En estos casos un tratamiento psicológico puede ser de utilidad para hacer frente a los déficits de estas personas que, aun siendo responsables penalmente de sus actos, no cuentan, sin embargo, con las habilidades necesarias para controlar las conductas violentas y resolver los problemas de pareja en la vida cotidiana (Echeburúa, 2004).

Los tratamientos de hombres violentos contra la pareja se justifican socialmente por la oportunidad que hay que dar a los agresores para cambiar su conducta, por la necesidad de protección a las víctimas actuales, muchas de las cuales siguen conviviendo con el agresor, y por la evitación de la extensión de la violencia a los hijos. Se trata así de interrumpir la cadena de transmisión intergeneracional y el aprendizaje observacional por parte de los hijos (Echeburúa y Corral, 1998).

Una razón adicional para el tratamiento de los agresores es el carácter crónico de la violencia contra la pareja. Se trata de una conducta sobreaprendida por parte del maltratador, que está consolidada en su repertorio de conductas por los beneficios logrados: obtención de la sumisión de la mujer, sensación de poder, etc. Si se produce una separación o divorcio y el hombre violento se vuelve a emparejar, se puede predecir que va a haber, más allá del enamoramiento transitorio, una repetición de las conductas de maltrato con la nueva pareja. Por ello, la prevención de futuras víctimas también hace aconsejable el tratamiento psicológico del agresor (tabla 1).

La intervención clínica con los maltratadores se hace aún más necesaria cuando el riesgo de violencia grave contra la pareja es alto (Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010). Para evaluar este riesgo se cuenta actualmente con instrumentos de evaluación específicos, como el Spousal Assault Risk Appraisal Guide (SARA, Kropp, Hart, Webster y Eaves, 2000; adaptación española de Andrés-Pueyo, López y Álvarez, 2008) o la Escala de Predicción de Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja-Revisada (EPV-R, Echeburúa, Amor, Loinaz y Corral, 2010).

Los primeros programas de tratamiento surgen en los años 80 en EE. UU. y Canadá y, posteriormente, en Latinoamérica y España. El principio subyacente a estos enfoques es que hay que tratar a los agresores de pareja porque la violencia puede ser una expresión de problemas psicológicos y de dificultades emocionales.

Los enfoques psicoeducativos y cognitivo-conductuales han sido los más habitualmente utilizados. Algunas de las propuestas de intervención han estado basadas en un enfoque de género, como el programa Duluth, que rechaza el enfoque terapéutico (por considerar que no se trata de un problema clínico) y combina la reeducación basada en modelos feministas con un programa psicoeducativo de 27 sesiones de orientación cognitivo-conductual. Ha habido también enfoques con una perspectiva multicultural, especialmente desarrollados en entornos en que conviven grupos étnicos distintos, como el programa ManAlive, creado en San Francisco por Sinclair para responder a la demanda de la población hispana y que está muy extendido en Latinoamérica. Y, por último, se han elaborado programas más clínicos (basados en el modelo cognitivo-conductual), como el proyecto Amend, desarrollado en Denver en 1977, que ha estado basado en el desarrollo de terapias individuales y grupales para hacer frente a los déficits psicológicos de los agresores.

Los programas de tratamiento se aplican en marcos muy diversos (cárcel, comunidad o medidas alternativas a la prisión) y en formatos variados (grupal, individual o mixto), lo que dificulta su comparación en cuanto a los resultados obtenidos (Saunders, 2008). En unos casos se aplican en prisión, cuando los participantes han cometido un delito grave contra su pareja o expareja, en otros se llevan a cabo con personas derivadas por el sistema judicial, a través de la suspensión o sustitución de una pena privativa de libertad, por un delito relacionado con la violencia de género y, finalmente, en otros casos se desarrollan en un entorno comunitario en un régimen de libertad, como cuando las personas acuden voluntariamente o por presión de sus parejas o de los Servicios Sociales o cuando son derivadas por los Centros de Salud Mental.

El objetivo de este artículo es analizar las estrategias motivacionales para el tratamiento de los maltratadores en un marco comunitario, estudiar la adherencia al tratamiento según la tasa de rechazos y de abandonos habida y proponer nuevas vías de investigación para el futuro.

 

Programas de tratamiento

La intervención clínica puede llevarse a cabo en un entorno comunitario (Echeburúa, Sarasua, Zubizarreta y Corral, 2009), especialmente cuando la pareja sigue unida y cuando la violencia no es excesivamente grave, en un régimen de suspensión condicional de la condena o en un medio penitenciario, cuando el agresor está recluido en prisión y, especialmente, cuando está próximo a la excarcelación.

Los agresores domésticos deben cumplir con unos requisitos previos antes de comenzar propiamente con la intervención psicológica: reconocer la existencia del maltrato y asumir la responsabilidad de la violencia ejercida, así como la del daño producido a la mujer, mostrar una motivación mínima para el cambio y, por último, aceptar los principios básicos del tratamiento a nivel formal (asistencia a las sesiones y realización de las tareas prescritas) y de contenido (compromiso de interrupción total de la violencia). Asimismo deben firmar una hoja de consentimiento informado en la que se autoriza al terapeuta a vulnerar el secreto profesional en el caso de una situación de riesgo grave para la víctima.

En casi todos los programas se exigen unos requisitos mínimos de participación: no tener un trastorno mental grave, estar libre de alcohol y drogas durante la participación y contar con un mínimo de motivación para el cambio (Echeburúa y Fernández-Montalvo, 2009).

Según la revisión meta-analítica de 22 estudios sobre la eficacia de tratamientos de Babcock, Green y Robie (2004) los programas analizados tienen poco impacto en términos de efectividad, sin que haya diferencias claras entre los programas de tipo Duluth y los cognitivo-conductuales. En concreto, los agresores sometidos a tratamiento tenían un 5% más de probabilidades de no reincidir que los no tratados. Los resultados de otro estudio meta-analítico (Feder y Wilson, 2005), en este caso referido exclusivamente a los programas llevados a cabo por mandato judicial, resultan también poco concluyentes en cuanto a la efectividad de los programas. Una revisión de los principales estudios puede encontrase en Echeburúa y Corral (2012).

En resumen, los estudios de revisión llevados a cabo hasta la fecha concluyen que los resultados obtenidos son poco satisfactorios, que los estudios son poco rigurosos metodológicamente y que, por tanto, no se cuenta aún con programas basados en la evidencia (Day, Cheng y O'Leary, 2009; Eckhardt, Murphy, Black y Shur, 2006; Saunders, 2008).

Por lo que a España se refiere, a partir del trabajo inicial de Echeburúa y Fernández-Montalvo (1997) se han desarrollado diversos programas de intervención en prisión o en el marco de medidas judiciales de suspensión o sustitución de la condena, a excepción del grupo de Echeburúa que lo ha llevado a cabo en un marco comunitario no judicial. Hay un interés creciente por protocolizar estas intervenciones y ofrecer resultados de su eficacia. Entre estos programas figuran los siguientes:

1) Programa de Tratamiento Psicológico para Hombres que ejercen la Violencia con sus Parejas (País Vasco) (Echeburúa, Fernández-Montalvo y Amor, 2006; Echeburúa y Fernández-Montalvo, 2009; Echeburúa et al., 2009). 2) Programa Galicia de Reeducación de Maltratadores de Género (Galicia) (Arce y Fariña, 2010; Novo, Fariña, Seijo y Arce, 2012). 3) Programa Contexto (Valencia) (Lila, 2009; Lila, Catalá et al., 2010; Lila, García y Lorenzo, 2010). 4) Programa Terapéutico para Maltratadores Familiares en Navarra (Echauri, Martínez y Azkarate, 2010; Fernández-Montalvo, Echauri, Martínez y Azkarate, 2012; Echauri, Fernández-Montalvo, Martínez y Azkarate, 2013). 5) Programa de Intervención Psicosocial para la Prevención y el Tratamiento de la Violencia de Género (Granada) (Expósito y Ruiz, 2010; Ruiz y Expósito, 2008). 6) Programa de Tratamiento Psicológico Voluntario - Servicio Espacio (Gobierno de Aragón) (Boira y Jodrá, 2010; Boira y Tomás, 2011; Boira, López del Hoyo, Tomás y Gaspar, 2013). 7) Programa Marco de Intervención en Violencia Doméstica (Subdirección General de Programas de Rehabilitación y Sanidad de la Generalitat de Catalunya, SGPRS) (Loinaz, 2011; Martínez y Pérez, 2009). 8) Programa de Intervención para Agresores (PRIA) de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ruiz et al., 2010).

El programa de tratamiento propuesto por el grupo de Echeburúa figura expuesto en las tablas 2 y 3. Una descripción detallada de este programa en el entorno comunitario se puede encontrar en Echeburúa y Corral (1998, 2012) y en el entorno penitenciario en Echeburúa, Amor y Fernández-Montalvo (2002).

 

 

Motivación para el tratamiento

El reproche penal y el estigma social del maltrato dificultan el reconocimiento del problema existente por parte del agresor, que tiende a adoptar mecanismos de negación, minimización o justificación. De este modo, la falta de identificación del problema o la adopción de una actitud de autosuficiencia, con un aparente dominio de la situación, dificultan la búsqueda de ayuda terapéutica.

De hecho, algunos maltratadores no acuden a la consulta o llegan, a veces tardíamente, en condiciones de presión (amenazas de divorcio por parte de la pareja, denuncias judiciales, etc.). Los mecanismos de autoengaño (como, por ejemplo, la creencia de que la situación de violencia nunca más se va a volver a repetir) están muy presentes en muchos de los maltratadores. Esta actitud es reflejo de la resistencia al cambio. Si bien el temor a la pérdida de la pareja y de los hijos y la perspectiva de un futuro en soledad, así como el miedo a las repercusiones legales y a una pérdida de poder adquisitivo, pueden actuar como un revulsivo, en estos casos no hay una motivación apropiada y el compromiso con el cambio de conducta es escaso y fluctuante (Echeburúa y Corral, 1998).

Por ello, los tratamientos obligatorios, sin una implicación adecuada del agresor, resultan muy limitados. En concreto, las tasas de éxito en personas derivadas del juzgado y sometidas obligatoriamente a terapia son más bien bajas. En estos casos el maltratador no tiene una motivación genuina para que se produzca un cambio sustancial en su comportamiento (Echeburúa et al., 2009).

Motivación inicial

La decisión genuina de acudir a un programa terapéutico se adopta solo cuando se dan, al menos, tres requisitos previos: reconocer que existe un problema, darse cuenta de que el sujeto no lo puede resolver por sí solo y, por último, valorar que el posible cambio va a mejorar el nivel de bienestar actual. El hombre violento va a estar realmente motivado cuando llega a percatarse de que los inconvenientes de seguir maltratando superan a las ventajas (estrategia de costes y beneficios). El terapeuta debe ayudar al agresor a lograr esa atribución correcta de la situación actual y a descubrirle las soluciones a su alcance.

Es preciso evaluar en el primer contacto con el agresor el nivel de motivación para el cambio, así como su grado de peligrosidad actual, porque la protección de la víctima resulta prioritaria en este contexto.

En cualquier caso, la motivación inicial para el tratamiento en el maltratador suele ser débil e inestable. Conviene, por ello, aprovechar cualquier insinuación favorable para no posponer la consulta. Retener al sujeto en el tratamiento posteriormente puede no ser tan complicado.

En una primera fase del tratamiento es imprescindible motivar al sujeto y ayudarle a desarrollar la empatía con la víctima por medio de diversos ejercicios (vídeos, relatos autobiográficos, testimonios) y técnicas de expresión de emociones. Se trata de fomentar una empatía emocional (sentir lo que realmente le ocurre a la víctima) y una empatía de acción o vínculo de compromiso (actuar positivamente a favor de la víctima), no meramente una empatía cognitiva (comprender lo que le ocurre). En realidad, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona para comprender mejor lo que piensa y siente y lo que puede originarle sufrimiento, así como para darse cuenta de sus diversas necesidades sociales (Marshall, 2001).

Según el modelo de las etapas del cambio de Prochaska y DiClemente (1984) los agresores pasan por cinco etapas que afectan a su motivación para el tratamiento, como se puede apreciar en la tabla 4: precontemplación (las personas no se ven a sí mismas como agresores, por lo que no asumen la responsabilidad de su conducta), contemplación (la persona sabe que es un agresor, pero aún no ha decidido comenzar el cambio), preparación (las personas comienzan a dedicar pequeños esfuerzos conductuales para modificar su comportamiento violento), acción (estos primeros pasos hacia el cambio se hacen consistentes) y, por último, mantenimiento (la persona conserva las competencias cognitivo-conductuales adquiridas a fin de persistir en el cese de la violencia) (Chovanec, 2009; Murphy y Maurio, 2009).

Motivación de mantenimiento

Una vez que el sujeto ha acudido a la consulta por vez primera (habitualmente por presión de su pareja o por mandato judicial), el objetivo fundamental es mantenerlo en el tratamiento, porque las consultas iniciales no garantizan la continuidad en la terapia. Una cosa es empezar un tratamiento y otra muy distinta concluirlo. De hecho, los abandonos son muy frecuentes en la terapia de hombres violentos, especialmente en las 3-5 primeras sesiones (Echeburúa y Corral, 2012).

Por ello, el objetivo inicial de la terapia es crear en el sujeto una motivación genuina para el cambio de conducta. De este modo, el terapeuta pretende implicar activamente al agresor en el proceso terapéutico y, por tanto, aumentar la probabilidad de éxito del tratamiento. En la tabla 5 se señalan algunas de las estrategias motivacionales comúnmente empleadas, así como algunas otras que están en estudio debido a su utilidad potencial.

 

 

Se trata, en primer lugar, de establecer una relación terapéutica basada en la confianza, en la confidencialidad y en el deseo sincero de ayuda por parte del terapeuta, lo que implica advertir al sujeto, en un clima exento de juicios moralizantes, sobre su situación real y sobre los riesgos de su conducta. Asimismo hay que persuadir al sujeto de las ventajas de un cambio de comportamiento: sentirse mejor, aprender a controlar sus emociones, establecer relaciones de pareja adecuadas y mejorar su autoestima y valoración social. También es preferible eludir el término maltratador o agresor cuando el terapeuta se dirige al sujeto, debido a las connotaciones semánticas tan negativas que contiene este término. Se puede hablar en su lugar, de una forma eufemística, del tratamiento de las conductas violentas o de hombres con dificultades. Además hay que crear un contexto terapéutico que fomente la responsabilidad del maltrato más que la culpabilidad (debido a las implicaciones jurídicas negativas de este término).

Asimismo conviene proponer un tratamiento breve -en torno a seis meses- y, siempre que se pueda, en un horario y lugar compatibles con la vida cotidiana del sujeto. Por último, hay que generar unas expectativas de cambio realistas en el sujeto. Eliminar la ira o los celos por completo no es un objetivo alcanzable, pero sí lo es, en cambio, mantenerlos bajo control y canalizarlos de una forma adecuada con el aprendizaje de nuevos recursos psicológicos.

Un programa terapéutico breve y bien estructurado, con objetivos terapéuticos concretos y con un formato modular flexible, adaptado a las necesidades específicas de cada persona, facilita la implicación motivacional del sujeto.

Otras estrategias motivacionales están siendo en estos momentos objeto de estudio, como pueden ser la facilitación de la empatía con las víctimas de maltrato (a través, por ejemplo, de la observación de vídeos con testimonios de mujeres agredidas o de la redacción de una carta a la víctima) y el tratamiento grupal de maltratadores dirigido conjuntamente por terapeutas y por exagresores ya tratados con éxito. En este caso, el papel desempeñado por estos últimos puede ser muy importante porque facilitan la identificación de los participantes con ellos. Es decir, pueden servir como modelos, ya que han conseguido abandonar la violencia y les pueden enseñar a los agresores actuales otras estrategias de solución de sus problemas -conflictos interpersonales, estados emocionales estresantes o de ira, etc.- más adecuadas (modelado de coping) (Echeburúa et al., 2002).

 

Resultados de la adherencia al tratamiento

El programa del grupo de Echeburúa ha sido puesto a prueba recientemente con una muestra de 196 maltratadores (Echeburúa et al., 2009). De todos los participantes en el programa terapéutico hubo 108 (el 55%) que lo completaron y 88 (el 45%) que lo abandonaron prematuramente, especialmente en la primera mitad de la intervención psicológica. Lo que diferenciaba a unos de otros es que los que no finalizaron el tratamiento estaban más frecuentemente en paro y presentaban más síntomas psicopatológicos (depresión, ansiedad, ira, etc.) y pensamientos machistas que los que concluyeron la terapia (Echeburúa, Sarasua, Zubizarreta, Amor y Corral, 2010).

Los resultados obtenidos con los participantes que han completado el programa (108) están descritos en la tabla 6. Se trata de maltratadores que han acudido voluntariamente a un tratamiento individual en un marco comunitario. El éxito se define como la desaparición total de la violencia física y la reducción significativa de la violencia psíquica, según el autoinfome del agresor y el informe de la víctima. Hay una elevada tasa de éxitos en el postratamiento (95 participantes, es decir, el 88% del total). Las pérdidas de participantes habidas en los controles de seguimiento de 1, 3, 6 y 12 meses (en total 44 casos perdidos, es decir, el 46.3%) impidieron saber con exactitud las tasas exactas de éxito al cabo de un año del tratamiento. En cualquier caso, al menos 50 (el 52.6%) de los 89 participantes considerados como éxitos terapéuticos en el postratamiento fueron evaluados sistemáticamente en todos los controles y mantuvieron sus resultados al final del período de seguimiento, según el autoinforme del agresor y la información suministrada por la víctima. El fracaso de la terapia estaba relacionado con un menor nivel de empatía con el sufrimiento de las víctimas y con un menor grado de adaptación a la vida cotidiana (Echeburúa, Sarasua et al., 2010).

 

 

Respecto al balance de la terapia, un primer dato ha sido la alta tasa de abandonos del programa terapéutico, como también aparece en otros estudios (Daly y Pelowski, 2000; Hamberger, Lohr y Gottlieb, 2000). Así, hubo un 45% del total de participantes que lo abandonaron prematuramente, sobre todo al comienzo del programa, cuando la alianza terapéutica entre terapeuta y paciente aún no era sólida y cuando no eran todavía perceptibles los resultados de la terapia. Estos rechazos y abandonos son reveladores de la escasa y fluctuante motivación de los maltratadores, así como de la utilización de la negación o de la minimización del problema (en otros casos, de la atribución de la responsabilidad de lo ocurrido a la mujer) como una estrategia de afrontamiento para encarar el rechazo social y penal que suscitan este tipo de conductas. En algunos otros estudios la tasa de abandono de los maltratadores es la más alta de todos los tipos de agresores, incluidos los sexuales (Olver, Stockdale y Wormith, 2011).

El éxito terapéutico se relaciona también con un aumento de la empatía y de la autoestima y una corrección de las distorsiones cognitivas, así como una disminución de los síntomas psicopatológicos (ansiedad, depresión, ira e inadaptación a la vida cotidiana). En resumen, el tratamiento resultó ser un instrumento de utilidad en aquellos casos en que el agresor fue consciente de su problema y se mostró mínimamente motivado para modificar su comportamiento violento, como también se ha puesto de relieve en otros estudios (Babcock et al., 2004).

En otros estudios, con tasas relativamente similares de adherencia al tratamiento, como los de Hanson (2007) o Boira y Jodrá (2010), es el abuso de alcohol y drogas o el historial psiquiátrico lo que lleva al abandono de los programas. Las variables relacionadas con el abandono son muy variadas en los diferentes estudios, pero entre ellas figuran algunas características de los agresores, como haber sido victimizados en la infancia o haber estado implicados en conductas delictivas anteriores (Barber y Wright, 2010).

Por el contrario, la adherencia al tratamiento es mayor en los contextos institucionales, como la prisión, porque los internos cuentan con mayores incentivos y expectativas y los programas pueden llegar a formar parte de la rutina diaria (Olver et al., 2011). Otra cosa es la generalización de los resultados del programa a la vida futura en libertad.

En general, la supervisión próxima de los casos es el mejor método para garantizar la asistencia al tratamiento (Barber y Wright, 2010). A un nivel pronóstico, vivir en pareja al inicio del programa, no haber mostrado conductas violentas bajo el efecto del alcohol/drogas, tener una estabilidad de vida y no haber cometido otros tipos de delitos anteriormente son factores predictivos de la terminación del tratamiento (Gover, Jennings, Davis, Tomsich y Tewksbury, 2011).

 

Conclusiones

Los tratamientos psicológicos de hombres violentos contra la pareja ofrecen unos resultados aceptables, especialmente cuando la intervención es precoz e intensiva y tiene un enfoque cognitivo-conductual. Si bien el nivel de rechazos y abandonos prematuros es todavía alto, los resultados obtenidos hasta la fecha son satisfactorios: se ha conseguido reducir las conductas de maltrato y evitar la reincidencia, así como lograr un mayor bienestar para el agresor y para la víctima (Dutton, 2008; Gondolf, 2002; MacLeod, Pi, Smith y Rose-Goodwin, 2008).

En cualquier caso, la tasa de abandonos actualmente existente en los diversos estudios exige el desarrollo de estrategias motivacionales adecuadas para atraer y retener a los participantes en el tratamiento. Se han propuesto diversas soluciones para afrontar este problema, como la entrevista motivacional, la creación de una alianza terapéutica positiva o el desarrollo de técnicas activas de retención, pero requieren aún un mayor desarrollo (Gondolf, 2011; Musser y Murphy, 2009; Scott, King, McGinn y Hosseini, 2011; Taft y Murphy, 2007).

Un reto de futuro es establecer un marco claro de referencia conceptual sobre la naturaleza de los programas de intervención. Los términos y conceptos utilizados pueden ser equívocos (tratamiento psicológico, tratamiento psicosocial, programas de reeducación o intervención psicoeducativa, programas rehabilitadores, etc.). A su vez, los programas propuestos son de contenidos y enfoques diversos, lo que dificulta la comparación de los resultados obtenidos. Asimismo el enfoque de género es muy variable de unos programas a otros (Expósito y Ruiz, 2010; Grupo 5, 2006).

Una clave para mejorar la calidad de los programas (y facilitar la retención de los participantes en los mismos) es adaptarlos a las necesidades específicas de cada persona (Loinaz y Echeburúa, 2010) o tomar en consideración el subtipo al que pertenece el agresor (Loinaz, Echeburúa y Torrubia, 2010). Individualizar el programa es, por tanto, una necesidad perentoria (Stover, Meadows y Kaufman, 2009).

Algunas limitaciones de los programas de tratamiento propuestos con maltratadores se deben al hecho de que al constar de muchos componentes resulta difícil establecer el peso específico de cada uno de ellos. Además de depurar el contenido del tratamiento resultaría de interés en el futuro conocer el perfil de los participantes que completan el tratamiento en relación con el de los que no lo hacen o lo rechazan, analizar los resultados en función de la procedencia de los participantes (vía judicial/vía comunitaria) y del tipo de maltratadores (físicos/psicológicos), así como poner a prueba distintos formatos de tratamiento (individual/grupal) (Babcock et al., 2004; Johnson, 2007; White y Gondolf, 2000).

Otro reto es el mantenimiento de los resultados terapéuticos a largo plazo, lo que requiere conocer con más detalle las variables relacionadas con la recaída. Entre los factores que contribuyen a una recaída se encuentran estresores vitales (estar parado, dificultades económicas, enfermedad o muerte de personas cercanas, conductas problemáticas en los hijos, etc.), uso o abuso de sustancias adictivas, infidelidades y otras traiciones en la pareja (actuales o pasadas), así como conflictos con la pareja no resueltos (Murphy y Eckhardt, 2005).

La terapia de pareja no es adecuada con los maltratadores, pero puede ser de interés explorar esta línea en el futuro en personas de bajo riesgo, sin complicaciones psicopatológicas y con una motivación alta para el cambio (Stith, McCollum, Amanor-Boadu y Smith, 2012).

Los estándares internacionales de buenas prácticas incluyen una duración mínima del tratamiento de entre 15 y 30 sesiones, un nivel mínimo de seguimiento de 12 meses, una combinación del tratamiento grupal e individual y una limitación de la confidencialidad en el caso de peligro para la víctima (Geldschläger et al., 2010; Grupo 5, 2006). Sin embargo, las mejores predicciones de violencia se obtienen de los programas más largos, de 9 meses o más (Gondolf y Wernick, 2009).

 

Conflicto de intereses

El autor de este artículo declara que no tiene ningún conflicto de intereses.

 

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Dirección para correspondencia:
e-mail: enrique.echeburua@ehu.es

Recibido: 21/02/2013
Aceptado: 22/05/2013

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