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Psychosocial Intervention

versión On-line ISSN 2173-4712versión impresa ISSN 1132-0559

Psychosocial Intervention vol.22 no.2 Madrid ago. 2013

http://dx.doi.org/10.5093/in2013a17 

Estado actual y retos futuros de los programas para hombres condenados por violencia de género en España

Current status and future challenges of programs for men convicted of gender violence in Spain

 

 

Pablo Carbajosaa y Santiago Boirab

a Instituciones Penitenciarias, SGPMA de Almería, Spain
b Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, Universidad de Zaragoza, Spain

Dirección para correspondencia

 

 


RESUMEN

En el contexto internacional son numerosos los debates en relación con los programas dirigidos a hombres condenados por violencia dentro de la pareja. Algunos de los temas más controvertidos son: a) el enfoque teórico de partida, b) la posibilidad de realizar tratamientos específicos en función de las características de los hombres o c) la necesidad de atender a aspectos externos e internos al programa como la coordinación institucional o la especificidad del proceso terapéutico (el contexto, la alianza terapéutica, la motivación de los penados y el terapeuta). El objetivo de este artículo es revisar los principales temas que son objeto de debate en el contexto internacional y valorar su impacto en las investigaciones y principales programas de tratamiento que se dirigen a hombres condenados por violencia de género en el Estado español. Las conclusiones indican que la investigación española está incorporando progresivamente los temas identificados a nivel internacional, como la eficacia de los programas en distintos contextos, la existencia de tipologías, aspectos motivacionales, análisis del abandono, factores de riesgo, aspectos culturales o adicciones de los agresores. Sin embargo, parece necesaria una mayor adaptación de los programas a las características de los agresores.

Palabras clave: Violencia contra la pareja. Programas para maltratadores. Motivación. Tipologías


ABSTRACT

Programmes involving men convicted of intimate partner violence are subject to a wide range of discussions these days. There are numerous international debates regarding programmes aimed at men convicted of intimate partner violence. Some of the most controversial issues are: a) intervention approaches, b) the possibility of performing specific treatments according to the offender's characteristics, or c) the need to take account of external factors such as institutional coordination or the specifics of the therapeutical process (context, therapeutical alliance, motivation of the convict, and the therapist). The aim of this article is to review the main themes that are the focus of this international debate and weigh their impact on the research and the principal programmes that exist in Spain for men convicted of gender violence. The conclusions show that research in Spain is gradually incorporating the topics identified internationally such as the efficacy of programmes in different contexts, the existence of typologies, motivational aspects, analysis of dropouts, risk factors, cultural aspects, or offenders' addictions problems. Nevertheless, it appears necessary to more closely align the programmes with the characteristics of the aggressor.

Keywords: Intimate partner violence. Batterer programs. Motivation. Typologies


 

 

Las consecuencias que genera la violencia dentro de la pareja han ido produciendo un avance internacional en la búsqueda de soluciones para erradicar este grave problema. Prácticamente desde los inicios de la investigación en esta área una de las medidas adoptadas ha sido el intento de rehabilitación de los agresores. Los primeros programas comenzaron a finales de los años 70 en Norteamérica con las propuestas EMERGE y AMEND y posteriormente con la creación del Modelo DULUTH, en el que se basan la mayoría de los programas actuales (Curwood, DeGeer, Hymmen y Lehmann, 2011). En los últimos 30 años dichos programas han ido evolucionando y surgiendo la necesidad de realizar evaluaciones sobre su eficacia desde un enfoque basado en la evidencia (Corvo, Dutton y Chen, 2008). Los principales metaanálisis actuales, que recogen la evaluación experimental sobre su eficacia, muestran unos resultados limitados y han alimentado el debate sobre qué programas son los adecuados (Babcock, Green y Robie, 2004; Feder y Wilson, 2005; Murphy y Ting, 2010; Sartin, Hansen y Huss, 2006; Saunders, 2008).

Este proceso de revisión de los programas ha influido en el desarrollo de distintos enfoques teóricos y prácticos y en la necesidad de atender a factores diferenciales de los agresores a la hora diseñar las intervenciones (Eckhardt, Murphy, Black y Suhr, 2006). Algunos de los asuntos que destacan las principales revisiones son: a) el estudio de las tipologías, b) los tratamientos adicionales para problemas de adicciones, c) la atención a colectivos específicos, d) los aspectos motivacionales y e) el análisis de factores externos al contenido del programa, relacionados con el proceso terapéutico o vinculados a los sistemas de coordinación comunitaria en los que se aplican (Aldarondo, 2010; Edleson, 2008; Gondolf, 2012; Murphy y Ting, 2010; Saunders, 2008). Todas estas áreas son, en la actualidad, fuentes de interés y objeto de investigación en el ámbito internacional.

En comparación con Norteamérica, la implantación de los programas de tratamiento en España ha sido tardía. Su aparición se produce a lo largo de los años 90, a partir de iniciativas autonómicas aisladas que ofertaban este tipo de intervención a hombres sin condicionamiento judicial que acudían voluntariamente en busca de ayuda para resolver sus problemas (Boira, 2010). Posteriormente, entre los años 2001 y 2002, se realizó la primera experiencia piloto de un programa voluntario en el interior de las prisiones, con agresores condenados por un delito de violencia de género. A partir de este estudio piloto y del esfuerzo de un grupo de trabajo de profesionales de Instituciones Penitenciarias comienzan a extenderse los primeros programas de carácter voluntario para los presos condenados por estos delitos. Un hito en este proceso fue la publicación en 2005 del Programa de tratamiento en prisión para agresores en el ámbito familiar, de carácter estatal (Expósito y Ruiz, 2010). Además, en esta primera etapa comienzan las investigaciones que se centran, principalmente, en el estudio de perfiles y características sociodemográficas de los agresores en comunidad y en el interior de prisiones (Boira, 2008).

Con la entrada en vigor en el año 2004 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género comienza la segunda etapa de implantación y generalización de los programas. La Ley 1/2004 endurece las penas para los delitos de violencia de género y en aquellos casos en los que el juez decide la suspensión o sustitución de la condena de la pena de prisión se obliga a los condenados a realizar un tratamiento. Es a partir de este momento cuando se plantea la necesidad de disponer de programas para agresores que se encuentran en libertad cumpliendo medidas penales alternativas (en adelante MPA) al ingreso en prisión. El número de condenados con imposición de estos programas se dispara y diversas entidades tanto públicas como privadas comienzan a implantar programas en colaboración con Instituciones Penitenciarias para el cumplimiento de lo establecido por la ley (Boira, 2010). Como consecuencia, a lo largo del año 2011 se gestionaron en el medio penitenciario 11.340 sentencias en MPA que debían realizar tratamiento y 626 internos iniciaron el programa de violencia de género en el interior de las prisiones (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2012). Estas cifras reflejan de manera rotunda la extensión actual de estos programas en nuestro país.

Por otra parte, en los últimos años ha ido creciendo en el ámbito académico el interés por este tipo de programas, proliferando nuevos enfoques teóricos y prácticos, habiéndose evaluado programas en los distintos contextos y analizado las distintas necesidades terapéuticas de los agresores en prisión y acogidos a MPA.

Así, en el contexto presente parece obligado analizar el estado actual de la cuestión. El objetivo de este artículo es revisar los principales temas de debate en el panorama internacional y su incorporación a las líneas de investigación y a los programas de tratamiento dirigidos a hombres condenados por violencia de género en España.

 

Diversidad de enfoques teóricos y prácticos: La competencia por la eficacia

Como muestran Murphy y Eckhardt (2005), los principales programas de tratamiento pueden clasificarse en: a) socioculturales, de carácter psicoeducativo, con un enfoque de género, b) cognitivoconductuales, con base en la teoría de aprendizaje social, c) modelos psicodinámicos, que se centran en aspectos psicopatológicos o traumáticos relacionados con el apego y, finalmente, d) sistémicos, con base en las teorías relacionales.

En la práctica son los programas con un enfoque de género -y su máximo exponente, el modelo Duluth (Pence y Paymar, 1993)- y los de orientación cognitivo conductual los más extendidos (Edleson, 2008). De hecho, según algunos autores estos dos modelos, a pesar de sus diferentes planteamientos teóricos, se han ido combinando en la práctica, haciéndose cada vez más complicado diferenciarlos (Babcock et al., 2004). Del conjunto de los programas son los de orientación sistémica los más controvertidos e incluso prohibidos expresamente en muchos estándares estatales norteamericanos. (Maiuro y Eberle, 2008; Saunders, 2008).

En Europa, la predominancia de programas derivados del modelo Duluth y aquellos de orientación cognitivo-conductual es similar a la de Norteamérica y, en la práctica, como en el caso norteamericano, los programas son una combinación de distintas modalidades y enfoques, destacando el enfoque de género del modelo Duluth junto con modelos cognitivo conductuales (Graham-Kevan, 2007; Hamilton, Koehler y Lösel, 2012).

No obstante, el centro de debate sobre los modelos teóricos está en el cuestionamiento del género y el patriarcado como factor explicativo único de este tipo de violencia, lo que ha derivado en la polarización de posturas (Lehmann y Simmons, 2009). Podemos considerar dos posicionamientos, el primero de ellos el de los que apoyan la explicación unicausal basada en el género y el mantenimiento de los programas basados en este paradigma como la opción de tratamiento adecuada para la mayoría de los casos (Gondolf, 2012). Por otro lado están los autores que reivindican la necesidad de considerar otros factores explicativos en la conceptualización y el diseño de los programas, optando por un enfoque más individualizado, de carácter clínico, que se centre en aspectos psicológicos y que se adapte a la heterogeneidad de esta población (Corvo, et al., 2008; Dutton, 2012; Hamel, 2010; Straus, 2011). En este sentido, se ha llegado a plantear si es necesario un cambio de paradigma o si sólo se requiere adaptar las innovaciones en las distintas áreas de investigación a los programas ya existentes (Dutton y Corvo, 2007; Gondolf, 2012; Lehmann y Simmons 2009).

Fruto de este debate han aparecido en la última década nuevas propuestas sobre cuál debe ser la orientación más adecuada de los programas y qué factores deben ser el foco de intervención para aumentar su eficacia. Algunos ejemplos de estos modelos alternativos de intervención son los centrados en el apego (Sonkin y Dutton, 2003), la terapia dialéctico-conductual (Waltz, 2003), la terapia centrada en soluciones (Lee, Uken y Sebold, 2007), la terapia narrativa (Augusta-Scott y Dankwort, 2002), los tratamientos que incorporan aspectos motivacionales y procesos de cambio (Alexander, Morris, Tracy y Frye, 2010), los centrados en las fortalezas (Curwood et al., 2011) y los que se basan en la justicia restaurativa (Mills, Barocas y Ariel, 2013).

 

Una población heterogénea con distintas necesidades de intervención

Algunos autores atribuyen la baja eficacia de los programas a la falta de adecuación de los mismos a los distintos tipos de agresores y a sus necesidades específicas (Cavanaugh y Gelles, 2005; Huss y Ralston, 2008). Como resultado de esta premisa, no es extraño que una de las áreas de investigación que mayor atención ha recibido sea el estudio de las tipologías de agresores, que tratan de identificar qué características pueden influir en el tratamiento (Sartin, Hansen y Huss, 2006).

En consecuencia se han realizado un conjunto de propuestas tipológicas que subrayan diferentes dimensiones como las etapas y procesos de cambio (Eckhardt, Babcock y Homack, 2004), la ira (Eckhardt, Samper, y Murphy, 2008), el riesgo del agresor (Cavanaugh y Gelles, 2005) y las características de la víctima o variables de carácter contextual e interaccional (Bender y Roberts, 2007; Capaldi y Kim 2007; Johnson, 2008).

Del conjunto de propuestas, la clasificación que mayor atención y apoyo empírico ha recibido ha sido la de Holtzworth-Munroe y Stuart (1994). Esta tipología teórica se genera a partir de tres dimensiones: la extensión de la violencia, su gravedad y los aspectos psicopatológicos del agresor. Estos autores identifican tres grupos de hombres (violentos sólo en la familia, límite/disfóricos y violentos en general/antisociales), al que se añade un cuarto grupo (antisocial de baja intensidad) después de la validación empírica de esta categorización en un contexto comunitario (Holtzworth-Munroe, Meehan, Herron, Rehman y Stuart, 2000). Así, es posible identificar estos grupos de agresores tanto en los que son tratados en la comunidad como los que están condicionados judicialmente a realizar un programa (Eckhardt, Holtzworth-Munroe, Norlander, Sibley y Cahill, 2008). En muestras europeas, estudios recientes muestran subgrupos de agresores similares a los de esta tipología, con agresores condicionados judicialmente a realizar el programa (Johnson et al., 2006; Thijssen y de Ruiter, 2011).

A pesar del gran interés que ha recibido el estudio sobre las características y tipos de agresores, aún no se han establecido programas estandarizados que tengan en cuenta estas especificidades e incluso en algunos aspectos se ha criticado su utilidad clínica. Entre los aspectos cuestionados está la estabilidad en el tiempo y en diferentes contextos de este tipo de categorizaciones o la ausencia de procedimientos sencillos de evaluación que las identifique (Capaldi y Kim, 2007; Holtzworth-Munroe y Meehan, 2004; Langhinrichsen-Rohling, Huss y Ramsey, 2000).

Por otra parte, más allá de las tipologías, el interés de las investigaciones en la heterogeneidad de los hombres violentos se ha centrado en conocer las características y los posibles factores de riesgo que presentan los agresores que abandonan el tratamiento o que reinciden. En este sentido, el consumo de alcohol y el abuso de sustancias, el ajuste psicosocial y el historial previo de violencia, o los problemas con la ley, se han considerado factores que afectan a la probabilidad de abandono de los programas y de la reincidencia en el comportamiento violento (Jewell y Wormith, 2010; Richards, Jennings, Tomsich y Gover, 2013; Stalans y Seng 2007).

Teniendo en cuenta estos factores, los tratamientos adicionales para problemas de adicciones y aquellos que se adaptan a las variables culturales, o que inciden en el reforzamiento de los aspectos motivacionales, son los que mayor atención han recibido en las investigaciones (Eckhardt et al., 2006; Edleson, 2008; Murphy y Ting, 2010).

Derivación a otros tratamientos complementarios: Tratamientos de adicciones

Los resultados de las investigaciones realizados con muestras de los programas de intervención revelan que existe una alta prevalencia de agresores con problemas de abuso de alcohol y otras sustancias que presentan mayor riesgo de reincidencia que los agresores no consumidores (Stuart, O´Farrell y Temple, 2009).

De acuerdo con estas conclusiones, la detección de los agresores con problemas de adicción y la oferta de tratamientos específicos de manera paralela o integrada deben ser una prioridad en los programas (Stuart, 2005). Según Bennet (2008) las principales modalidades de tratamiento que se aplican a agresores acogidos a MPA, en cuanto al abordaje del abuso de sustancias, son a) la derivación previa al inicio del programa de agresores, b) la intervención en paralelo o, menos común, c) la aplicación de un programa específico que integre el tratamiento de la adicción y el trabajo sobre el comportamiento violento.

En cualquier caso, existen algunas dificultades y barreras a la hora de implementar de manera óptima este tipo de intervenciones combinadas, al tener que atender a las dos problemáticas de manera simultánea y en la mayor parte de los casos con distintos recursos (Gondolf, 2009). Algunas de las que se plantean son la necesidad de aumentar la monitorización de estos casos debido al riesgo que conllevan, la complejidad de la coordinación continuada entre distintos recursos por temas relacionados con la confidencialidad o la necesidad de disponer de profesionales altamente cualificados en las dos áreas para poder ofrecer tratamientos integrados (Timko et al., 2012).

Cultura de origen y adaptación de los programas a colectivos específicos

Otro de los temas de atención ha sido la posible adaptación de los programas a la cultura de origen de los agresores. Desde hace una década existen en el contexto norteamericano algunos programas que incorporan adaptaciones culturales específicas para latinoamericanos, afroamericanos, asiáticos o nativos americanos (Adams, 2003). Las evaluaciones de este tipo de programas son escasas y se han llevado a cabo principalmente con muestras de afroamericanos o latinoamericanos. En una amplia evaluación realizada con afroamericanos los resultados no mostraban diferencias significativas en reincidencia entre las distintas modalidades de tratamiento aplicadas: el programa convencional estándar sólo con afroamericanos o tratamientos mixtos o con contenidos adaptados sólo con afroamericanos (Gondolf, 2007). No obstante, en un estudio posterior con esta población se descubrió que una mayor atención a la identificación racial en los grupos puede reducir los niveles de abandono (Gondolf, 2008). Asimismo, dos recientes estudios cualitativos con población latinoamericana han obtenido resultados positivos en implicación y satisfacción de los participantes en programas culturalmente adaptados (Hancock y Siu, 2009; Parra-Cardona et al., 2013).

Por el contrario, otros autores, después de repasar las investigaciones de carácter más exhaustivo, afirman que el establecimiento de programas específicos que contemplen la especificidad cultural puede no suponer una mejora en la eficacia (Murphy y Ting, 2010). De este modo, considerando el coste de implementación en grupos específicos y sus cuestionables resultados, Gondolf (2012) propone que se apliquen programas estándar en organizaciones sensibilizadas, utilizando profesionales formados en multiculturalidad.

El reto de la motivación y la adherencia al tratamiento

Otro de los temas que ha cobrado especial relevancia es la manera de proceder para reducir el elevado índice de abandono y la probabilidad de reincidencia (Bennet, Stoops, Call y Flet, 2007; Daly y Pelowski, 2000). Las dos áreas de intervención y estudio propuestas en este sentido se refieren por una parte a factores individuales, como el nivel de motivación ante el tratamiento, la alianza terapéutica, los procesos de cambio y la predisposición al cambio y, por otra, a aquellos aspectos relacionados con el sistema de intervención (Aldarondo, 2010; Murphy y Ting, 2010; Saunders, 2008).

Así, algunos autores atribuyen el nivel de abandono a la baja motivación que presentan los agresores. En los últimos años, algunas propuestas de intervención han incidido en tratar de aumentar el nivel de motivación y la retención en los programas. Las intervenciones que mayor atención han recibido han sido el uso de la entrevista motivacional, el empleo de técnicas de retención durante el tratamiento y la adaptación de los programas a las etapas de cambio de los agresores (Murphy y Maiuro, 2009).

Asimismo, desde el modelo de fortalezas se destaca la necesidad de resaltar factores de carácter terapéutico, más allá del contenido de los programas, relacionados con los procesos en la intervención (Lehmann y Simmons, 2009). En este sentido, Carbajosa, Boira y Tomás-Aragonés (2013) subrayan la importancia de contemplar la figura del terapeuta, la alianza terapéutica o las características del contexto donde se desarrolla la intervención como factores que pueden desempeñar un papel muy relevante en el resultado del tratamiento.

En cuanto a los aspectos relacionados con el contexto institucional de la intervención que pueden influir en la reducción del abandono, un factor fundamental es la existencia de una respuesta comunitaria y coordinada desde los distintos agentes del sistema implicados en la intervención en violencia de género (sistema judicial, policial, programas de agresores y víctimas y tratamientos adicionales) (Aldarondo, 2010). Algunos autores subrayan que se trata de un elemento clave para mejorar la adherencia al tratamiento, disminuir el riesgo de reincidencia y, en definitiva, aumentar la eficacia de los programas (Aldarondo, 2010; Saunders, 2008). En este sentido, uno de los procedimientos que han mostrado eficacia en la reducción del abandono es la revisión periódica por parte de los juzgados de la incomparecencia de los agresores a los programas (Gondolf, 2000).

 

El caso español

Actualmente existen en España tres contextos diferenciados de intervención: mediante la participación voluntaria del hombre en la comunidad, como consecuencia de una medida judicial que sustituye o suspende una pena privativa de libertad y una vez que el agresor se encuentra en prisión

Los dos modelos de tratamiento institucional que se aplican tanto en centros penitenciarios como en régimen de MPA son el Programa de Intervención para Agresores (PRIA, Ruiz et al., 2010), desarrollado por el Ministerio del Interior e implantado en todo el territorio nacional a excepción de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y el Programa Marco de Tratamiento de Violencia de Género (Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, 2010) aplicado en dicha comunidad.

Desde el punto de vista de la investigación la modalidad de intervención sobre la que se ha publicado recientemente un mayor número de trabajos ha sido la de MPA, probablemente por la facilidad de acceso a los condenados debido a su participación obligatoria en los tratamientos. Además, esta situación se ve favorecida por el hecho de que algunos de los grupos de investigación de distintas universidades han colaborado activamente en la implantación de este tipo de programas.

Estado de la investigación

En los últimos años se han realizado en España una serie de aportaciones en relación a la eficacia de los programas, la heterogeneidad de los agresores y la especificidad de los tratamientos.

Con respecto a la evaluación de los programas, se ha evaluado la intervención con muestras significativas en los tres contextos señalados anteriormente: agresores en comunidad voluntarios (Echeburúa, Sarasua, Zubizarreta y Corral, 2009), en comunidad en la modalidad de MPA (Pérez, Giménez-Salinas y Espinosa, 2011) y en centros penitenciarios (Echeburúa y Fernández Montalvo, 2009). Estas evaluaciones han mostrado cambios positivos en los agresores. Sin embargo, a pesar de lo complicado que resulta en este contexto, parece necesario aumentar las evaluaciones experimentales con grupo control y asignación aleatoria para dar una respuesta más definitiva sobre la eficacia de los programas (Lila et al., 2010). Además, en España, con la excepción del trabajo presentado en este mismo monográfico por Arias y Arce (2013), no se dispone de estudios de metaanálisis sobre la eficacia de los programas, que permitirían observar diferencias entre los diferentes estudios y con otros contextos internacionales.

El estudio de la heterogeneidad de los agresores se inició con las investigaciones sobre los distintos perfiles psicológicos de agresores en programas voluntarios comunitarios (Fernández-Montalvo y Echeburúa, 1997) y en prisión (Fernández-Montalvo, Echeburúa y Amor, 2005). Recientemente se han evaluado los perfiles diferenciales entre agresores cumpliendo condena en comunidad a través de MPA y los agresores en prisión, donde los hombres, en el segundo de los casos, muestran mayor presencia de sintomatología psicopatológica (Echauri, Fernández-Montalvo, Martínez y Azcárate, 2011; Fernández-Montalvo, Echauri, Martínez y Azcárate, 2012). Actualmente el interés de las investigaciones se ha dirigido al estudio de las tipologías. Se ha tratado de replicar la tipología de Holtzworth-Munroe y Stuart (1994) en una serie de investigaciones con distintas muestras de agresores en el interior de las prisiones. Los resultados validaron parcialmente la tipología original, estableciéndose dos grupos de agresores diferenciados: "violentos con la pareja/estables emocionalmente/integrados socialmente" y "violentos generalizados/poco estables emocionalmente/no integrados socialmente" (Loinaz, Echeburúa y Torrubia, 2010; Loinaz, Ortiz-Tallo, Sánchez y Ferragut, 2011). Como resultado de estos estudios se han propuesto dos protocolos distintos de tratamiento adaptados a las tipologías, teniendo en cuenta factores dinámicos de riesgo cuyo objetivo es aumentar la adherencia al tratamiento y la eficacia de las intervenciones (Loinaz y Echeburúa, 2010).

El interés por la especificidad de los tratamientos para los agresores que abusan de sustancias ha ido apareciendo en el contexto español. Recientemente se han realizado investigaciones que destacan las características diferenciales de los pacientes en tratamiento de adicción que presentan o no problemas de violencia (Fernández-Montalvo, López-Goñi y Arteaga, 2012). Por otro lado, las investigaciones sobre MPA reflejan que los agresores con un consumo abusivo, de riesgo, presentan mayores niveles de desajuste psicosocial, sintomatología psicopatológica y peores resultados en la intervención, destacando la necesidad de desarrollar programas específicos o estrategias que incrementen la adherencia a la intervención, que se adapten y tengan en cuenta estas características diferenciales que pueden resultar clave de cara al éxito de las intervenciones (Catalá-Miñana, Lila y Oliver, 2013; Catalá-Miñana, Lila, Conchell, Romero-Martínez y Moya, 2013; Lila, Oliver, Galiana y Gracia, 2013). A pesar de ello, no se dispone de estudios sobre la eficacia de tratamientos integrados o duales en población española (Fernández-Montalvo, López-Goñi y Arteaga, 2011).

El estudio de la población inmigrante de agresores también ha sido analizado. Existe un porcentaje elevado de inmigrantes en los programas de agresores. Los datos reflejan que un 25% de los condenados en prisión y un 35.1% de los que tienen MPA son inmigrantes (Carbajosa, Lila, Negredo y Pérez, 2011). A la vista de unos índices tan elevados se han realizado dos estudios específicos con una muestra constituida por agresores que se encuentran en programas voluntarios, condenados en prisión y en situación de suspensión de condena. El primero subraya la existencia de diferencias significativas en variables sociodemográficas, pero no en relación a las variables psicopatológicas (Fernández-Montalvo, Echauri, Martínez y Azcárate, 2011). En una investigación posterior sobre la eficacia de un programa de enfoque cognitivo conductual, con población en su mayoría en situación de suspensión de condena, no se encontraron diferencias significativas sobre la eficacia del programa entre la población inmigrante ni en la española (Echauri, Fernández-Montalvo, Martínez y Azkárate, 2013).

Los resultados de todos estos estudios se encuentran en la línea de los estudios internacionales, que indican que aunque es importante tener en cuenta las características diferenciales de esta población, no parece que haya necesidad específica de realizar programas exclusivos para inmigrantes. No obstante, en España es todavía un campo incipiente de estudio en el que las investigaciones son escasas, siendo necesarios estudios en distintos contextos de intervención (voluntario, prisión y MPA) discriminando por nacionalidad y el uso de instrumentos adaptados y baremados para la población extranjera (Pérez et al., 2011).

Por otra parte, al igual que en el contexto internacional, la tasa de abandono en los programas de agresores es elevada. En un programa desarrollado en el interior de 18 centros penitenciarios, un 31.8% de los participantes lo abandonaron prematuramente, atribuyéndose las causas del abandono a la falta de motivación en un 66% de los casos (Echeburúa y Fernández-Montalvo, 2009). Del mismo modo, Lila et al. (2010) recogen los resultados en un programa de MPA en el que la tasa de abandono de los agresores que comenzaron fue del 12%. Sin embargo, estas cifras aumentaron a un 32% al incluir los que fueron derivados desde el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas que no se incorporaron al programa o fueron rechazados. Estas cifras tan preocupantes animan a diseñar nuevos escenarios de intervención que reduzcan el abandono, destacando la necesidad de atender a los aspectos motivacionales, los estadios de cambio y el empleo de técnicas específicas como la entrevista motivacional (Echeburúa et al., 2009; Lila et al., 2010). En un estudio reciente específico sobre esta temática con agresores en la modalidad de MPA, Boira y Tomás-Aragonés (2011) muestran que los agresores al iniciar el programa se sitúan mayoritariamente en el estadio de contemplación, en relación con su disposición al cambio, lo que implica cierta conciencia del problema, pero sin una orientación hacia la modificación de su comportamiento. El conjunto de estos estudios refleja la necesidad de encontrar estrategias para influir en la motivación de los agresores y en especial en los programas de MPA, en los que la obligación de realizar el programa hace que la voluntariedad inicial sea inexistente (Expósito y Ruiz, 2010).

Presente y futuro de los programas de intervención

En relación al enfoque teórico de partida de los programas no se ha producido la fuerte controversia que se ha desatado en el panorama internacional sobre el cuestionamiento del género como único factor explicativo de la violencia en la pareja. No obstante, se han ido desarrollando diversas propuestas de programas con un mayor o menor énfasis en el género y que tienen en cuenta distintos factores relacionados con la violencia en la pareja. Algunas de las propuestas más significativas parten del modelo ecológico (Lila et al., 2010), del modelo transteórico del cambio (Quinteros y Carbajosa, 2008), de un modelo multimodal y multinivel (Arce y Fariña, 2010), de los modelos cognitivo-conductuales (Graña, Muñoz, Redondo y González, 2008) o tienen una orientación específica de género (Expósito y Ruiz, 2010).

En el ámbito penitenciario, los programas aplicados tanto en el medio cerrado como en las MPA, aunque incorporan distintos enfoques teóricos, tienen como base práctica un modelo de intervención cognitivo conductual. Todos ellos comparten elementos comunes como la aceptación de la responsabilidad sobre la violencia, la empatía y la gestión emocional, la reestructuración cognitiva de ideas distorsionadas sobre la violencia y la mujer, las habilidades sociales y de afrontamiento y la prevención de recaídas y los aspectos relacionados con el género (Martínez y Pérez, 2009).

Por otra parte, algunos de los programas que se han evaluado en la modalidad de MPA han necesitado adaptarse a la falta de voluntariedad, negación del problema, mayor incidencia de violencia psicológica y la necesidad de reevaluar el riesgo de manera continua al encontrarse en libertad. Para ello se han ido incorporando algunos de los elementos específicos que se debaten en el contexto internacional.

En el Programa de Intervención para Agresores (PRIA) se hace hincapié en la intervención sobre el nivel de motivación y las etapas de cambio a lo largo del programa, la violencia psicológica, la paternidad responsable y la intrumentalización e impacto de la violencia sobre los hijos, prestando especial atención a la reevaluación continua del riesgo (Ruiz et al., 2010). Recientemente se ha incluido un anexo específico en multiculturalidad, cuyo objetivo es facilitar a los profesionales estrategias para que puedan atender a las necesidades específicas de los agresores extranjeros (Carbajosa et al., 2011).

En relación a algunos de los programas externos que colaboran o han colaborado con la Administración Penitenciaria, el Programa Contexto (Lila, García y Lorenzo, 2010) incluye como herramienta de trabajo en la evaluación inicial la entrevista motivacional y la intervención a través de actividades sobre el contexto laboral y redes sociales de apoyo del participante o el empleo de contenidos relacionados con la historia de la familia de origen del agresor y la paternidad responsable. En el Programa Galicia de Reeducación de Maltratadores (Arce y Fariña, 2010) se ha destacado la atención a la heterogeneidad a través del diseño de los contenidos y duración del tratamiento en función de las necesidades específicas de cada participante, incluyendo sesiones individuales complementarias a las grupales.

Por último, un claro ejemplo de la transferencia internacional es el contenido del Programa Psicosocial para Delitos de Violencia de Género (Expósito y Ruiz, 2010), que ha adaptado los contenidos de la rueda de poder y control del modelo Duluth (Pence y Peymar, 1993) al contexto español.

En relación con la presencia de adicciones o de otras psicopatologías graves de los agresores, la práctica habitual de los programas de MPA es la derivación a recursos externos de atención a drogodependientes y salud mental. Dicha derivación suele realizarse de manera previa a la incorporación al programa de violencia de género o en paralelo al desarrollo del programa de violencia si el consumo está contenido o la sintomatología está estabilizada. No obstante, pese a la posibilidad de derivación, todos los programas incluyen contenidos transversales que tratan el consumo de sustancias y su relación con la violencia y, en algunos casos, de forma específica el consumo de alcohol (Graña et al., 2008).

En la aplicación de los programas en los centros penitenciarios se han ido introduciendo también algunas innovaciones. En Cataluña, en el Programa Marco de Tratamiento de Violencia de Género (Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, 2010), entre los factores para determinar la inclusión en el programa se utiliza un inventario de estadios de cambio para medir el nivel de motivación de los penados. Por otra parte, este programa resalta la atención a la heterogeneidad, al determinar en función del riesgo y las necesidades detectadas dos tipos de recorridos terapéuticos, uno de corta duración para los perfiles de bajo riesgo y otro de larga duración para los perfiles de medio o alto riesgo.

 

Contexto legislativo y respuesta institucional

Como se subrayó al analizar el contexto internacional, parece que la existencia de una respuesta comunitaria coordinada para afrontar la violencia de género resulta de vital importancia para mejorar la eficacia de las actuaciones y entre ellas los programas de agresores.

En España este tipo de respuesta mejoró sustancialmente con la entrada en vigor de la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia. Tanto la norma como su posterior desarrollo han generado una respuesta coordinada comunitaria a partir de la creación de dispositivos especializados en la atención a las víctimas y en la respuesta ante los agresores (juzgados de violencia de género, unidades policiales, de valoración forense, etc.). Asimismo, se han generado protocolos de actuación y mecanismos de coordinación estatal y autonómica entre distintos organismos y agentes implicados, como las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer. Un ejemplo claro del aumento del nivel de coordinación fue la creación del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Sistema VdG) desarrollado por el Ministerio del Interior en 2007. El objetivo de este sistema es realizar un proceso de reevaluación continua del riesgo y el establecimiento de respuestas y actuaciones coordinadas de protección en relación a las víctimas y sobre los agresores. Se trata de integrar bajo un único sistema informático todas las instituciones que intervienen en la protección y seguridad de las víctimas de violencia de género (cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, sistema judicial, instituciones penitenciarias, servicios asistenciales, servicios sanitarios, etc.). A fecha 31 de octubre de 2012, el Sistema VdG tenía dados de alta 36.591 usuarios de los distintos organismos citados y gestionaba el seguimiento de 77.281 víctimas de violencia de género (Zurita, 2012).

 

Conclusiones

En este trabajo se han tratado de comparar los principales temas y debates sobre atención a los hombres violentos en el contexto de pareja que están presentes a nivel internacional con la situación en España en cuanto al estado de la investigación, el desarrollo de los programas de tratamiento y la respuesta institucional.

Desde la perspectiva internacional algunos de los temas propuestos para mejorar la eficacia afectan al tipo de enfoque empleado en el tratamiento, a los factores del propio sistema de intervención o a la adaptación de los tratamientos a distintos contextos y a aspectos diferenciales de los agresores como la motivación, cultura de origen, presencia de patologías o adicciones y factores de riesgo. Globalmente, se acentúa la importancia de realizar evaluaciones basadas en la evidencia para todas las innovaciones que aseguren las mejores opciones para aumentar la efectividad y eficiencia de los programas (Gondolf 2012; Murphy y Ting, 2010; Saunders, 2008).

En España la implantación de los programas, especialmente los integrados en el sistema penal, ha sido tardía en comparación con el contexto norteamericano. Sin embargo, la implicación estatal y autonómica, a través de la implantación y desarrollo de la Ley Integral y la proliferación de estudios por parte de distintos grupos de investigación, han permitido un gran avance y sofisticación en los programas dirigidos a delitos relacionados con la violencia de género. También en relación con la respuesta institucional se ha implantado un marco de actuación y coordinación entre los distintos organismos implicados y de gestión del riesgo. En todo el territorio nacional se han creado, evaluado y adaptado a las nuevas necesidades programas de atención voluntaria, en el interior de las prisiones y en MPA, y en estos momentos se dispone de profesionales que forman equipos psicosociales muy especializados en la intervención con hombres condenados por este tipo de violencia.

En el área de investigación se han trasferido algunas de las innovaciones que se están proponiendo desde el contexto internacional con respecto al estudio de la eficacia de los programas en distintos contextos, las tipologías de agresores, los aspectos motivacionales, las variables relacionadas con el abandono, los factores de riesgo, la diversidad cultural y el abuso de sustancias. De manera global, y en la misma línea que apuntan algunas de las investigaciones norteamericanas, se ve necesaria una mayor adaptación de los programas a las características de los agresores, disponiendo de distintas opciones terapéuticas que maximicen la eficacia de este tipo de intervenciones (Loinaz y Echeburúa, 2010).

Por otra parte, aunque muchas de las propuestas revisadas ya estén incorporadas en los programas actuales de intervención y las evaluaciones realizadas muestren resultados positivos, parece necesario seguir avanzando en la investigación para determinar qué tratamientos son los más adecuados y para qué perfiles. En este sentido, se pueden plantear futuras áreas de mejora e innovación ampliando en distintos contextos las muestras de estudio de las tipologías de hombres, evaluando los tratamientos que se adapten a estas tipologías, integrando el problema del abuso de sustancias o la especificidad cultural. Asimismo, parece fundamental incorporar tanto en los diseños de investigación como de intervención la valoración de aquellos elementos que incidan en la motivación, la adherencia al tratamiento y la retención de los programas.

Por último, no hay que olvidar que el avance e implementación de estas medidas deben aplicarse en un escenario social complejo que demanda que los programas de agresores sirvan para evitar nuevas víctimas. La integración de estas demandas y la incorporación de propuestas cada vez más solventes y eficaces de los programas, dentro de una estrategia integral e integrada de eliminación de la violencia dentro de la pareja, es sin duda el principal reto para el futuro.

 

Conflicto de intereses

Los autores de este artículo declaran que no tienen ningún conflicto de intereses.

 

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Dirección para correspondencia:
e- mail: p_carbajosa@hotmail.com

Recibido: 17/10/2012
Aceptado: 02/02/2013

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