Directora,

El artículo de opinión “La aptitud laboral y la aptitud psicofísica en las profesiones de riesgo”¹ plantea un tema que nos preocupa y ocupa desde hace tiempo, y en el cual seguimos trabajando tanto desde nuestra actividad profesional como de investigación^2,5. Felicitamos por ello a los autores y proponemos animarlos, a ellos y a otros, a participar activamente en un debate sobre la vigilancia de la salud en nuestro país cuya utilidad preventiva está actualmente cuestionada⁵.

Respecto al contenido del artículo quisiéramos hacer algunos comentarios:

Otra cosa es que en algunos puestos concretos, por su especial naturaleza, se requiera una especialización, un conocimiento experto, que en algunos países solucionan exigiendo al médico evaluador estar acreditado para riesgos específicos (silicosis, amianto, conducción de trenes, manejo de armas, entre otros):

Y respecto al debate que proponemos, debería estar centrado en la praxis y utilidad preventiva de la vigilancia de la salud en un sentido amplio y previo a la aptitud; clarificando conceptos y simplificando en lo posible; haciendo planteamientos realistas desde la colaboración y ordenación adecuada de los recursos disponibles, en las empresas y en el mercado, y no desde la mera delimitación funcional o competencial; determinando y consensuando un sistema versátil que permita a los actores principales de la prevención de riesgos laborales (empresa, trabajadores, agentes sociales, administración, entre otros) identificar las necesidades, los objetivos reales y los requerimientos para que en cada empresa se resuelvan en su contexto.

Un debate que nos permita decidir qué hay que hacer, cuándo, a quién, cómo, y sobretodo porqué; para, con posterioridad, decidir con más claridad y posibilidades de acierto donde y quien lo debe hacer. Creemos que ha llegado el momento de deconstruir, reconceptualizar y consensuar para mejorar la vigilancia de la salud.

Directora,

La carta “La vigilancia de la salud y la valoración de la aptitud para trabajar: deconstruir, reconceptualizar y consensuar para mejorar”¹ supone una nueva oportunidad de aclarar algunos conceptos recogidos en nuestro artículo de opinión² al que hace referencia.

Coincidimos con los autores en la necesidad de delimitar los criterios para definir “profesión de riesgo”. Se podría empezar por incluir las profesiones con más trascendencia social (por ejemplo las que conllevan el uso de armas y los conductores de transportes públicos), pero para ello sería necesario un foro de consenso.

Estamos también de acuerdo en que uno de los problemas centrales es la insuficiente delimitación de la obligatoriedad/voluntariedad. Precisamente, pensamos que esta cuestión se clarifica cuando es un servicio médico de evaluación dependiente de recursos humanos quien lleva a cabo la revisión de la aptitud psicofísica, al no estar sometida a la normativa de prevención de riesgos laborales (PRL). Es, en este momento, y en respuesta a la obligación que tiene el empresario de garantizar la seguridad hacia terceras personas, cuando se puede establecer la obligatoriedad de las revisiones médicas. Es una facultad de la empresa que nada tiene que ver con la PRL.

Creemos que no hay una sola aptitud para trabajar. Como mínimo hay dos: la primera en relación con la capacidad para el trabajo (ser hábil, con garantías de eficacia y sin riesgo para terceros, relacionada con los procesos selectivos de ingreso y de mantenimiento. Sería el caso de lo sucedido con el piloto de Germanwings³). La segunda está en relación con los riesgos que conlleva el puesto de trabajo para el propio trabajador (caso de silicosis en trabajadores expuestos). El empresario tiene responsabilidad en ambas, pero son muy diferentes. Cuando es el mismo equipo médico del servicio de prevención de riesgos laborales (SPRL) quien debe dictaminar ambas aptitudes, se corre el riesgo de dejar a la empresa desprotegida respecto de la seguridad hacia terceros porque ¿Cómo cumplirá este SPRL con el deber de no perjudicar el trabajador? ¿Cómo podrá hacerlo si la normativa deja muy claro que sólo podrá conocer las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores a los únicos efectos de poder identificar la relación entre la enfermedad y los riesgos presentes en el puesto de trabajo? ¿Cómo es posible que se permita que los SPRL vulneren este principio tan básico? ¿Cómo puede un trabajador confiar en el SPRL si éste le puede limitar su esfera de libertad en aras de un bien común y no para particular beneficio? Esta es la razón de que los exámenes de salud del SPRL sean voluntarios y de que en algunas empresas los trabajadores no acudan a la vigilancia de la salud por temor a ser perjudicados y apartados de su puesto de trabajo por un tema de aptitud psicofísica. En cambio, las revisiones de evaluación de la aptitud psicofísica deben ser obligatorias.

Las cuestiones pragmáticas no pueden distraernos del problema central: ¿Se ponen los medios para conseguir la adecuada aptitud psicofísica de muchos de nuestros profesionales? ¿Es obligatoria la revisión médica para determinarla? Y si la respuesta a ambas es no, se debe, entre otras razones, a que el concepto de aptitud es ambiguo. El conflicto de intereses es evidente. La Tabla 1 clarifica las diferencias entre los distintos tipos de aptitud.

Finalmente, varios informes jurídicos parecen apoyar esta visión: “Parece claro que la finalidad de la revisión médica anual es comprobar la salud necesaria para el desempeño de las tareas policiales, lo que no pertenece al ámbito de la prevención de riesgos para la salud”⁴. “El reconocimiento médico no es, en definitiva, un instrumento del empresario para un control dispositivo de la salud de los trabajadores, como tampoco una facultad que se le reconozca para verificar la capacidad profesional o la aptitud psicofísica de sus empleados con un propósito de selección de personal o similar. Su eje, por el contrario, descansa en un derecho del trabajador a la vigilancia de su salud”⁵.