Si tuviera que resumir en una palabra la calificación de la situación actual de la atención primaria y comunitaria (APyC) española no dudaría en utilizar la de “preocupante”. No son pocos los colegas médicos y enfermeras que siguen echando la culpa de los males de la APyC a la reciente pandemia del COVI-D19. Ojalá fuera cierto, pero no, se equivocan. Llevamos ya muchos años (prácticamente desde mediados de la década de los 90) avisando de la necesidad de abordar los problemas de esta parte esencial de nuestro sistema sanitario. Siempre ante la indiferencia, a veces casi insultante, de unos políticos y gestores que priorizaban (lo siguen haciendo hoy) la obsesión por la eficiencia, recortando gastos sociales, con insistencia especial en la APyC, y llenándose la boca electoral con esa frase tan falsa como repetida de “tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo”. La pandemia del coronavirus lo único que ha hecho ha sido acabar de romper las deshilachadas costuras de un sistema que ya estaba gravemente deteriorado por la falta de voluntad política para innovarlo tras casi 40 años desde la promulgación de la Ley General de Sanidad (1986). Los responsables políticos de nuestro país, incluyendo aquí todo el espectro ideológico, han venido asistiendo con pasividad culposa al crecimiento exponencial de los problemas, especialmente en el campo de la APyC.

Entre los médicos y de forma creciente entre las enfermeras de APyC es motivo habitual de conversación hablar de sobrecarga asistencial, de problemas para acceder a las consultas, de falta de profesionales para cubrir sustituciones y lugares de trabajo de especial dificultad, de exceso de burocracia, de ausencia de perspectivas positivas de crecimiento personal y profesional, de problemas de conciliación o de sueldos bajos y precariedad laboral. Estos son solamente algunos ejemplos de las causas últimas del “burnout”, del llamado síndrome del profesional quemado, que se extiende como la pólvora en el seno de la APyC. Aún diría más, se está perdiendo la esperanza de que en un futuro más o menos próximo se pueda revertir la negativa situación actual y algunos están empezando a asumir que los deterioros a los que asistimos hoy no se podrán corregir.

Lo expuesto previamente justifica el crecimiento del pesimismo entre los profesionales de APyC pero es preciso vencer esta sensación y asumir que tenemos la obligación ética, política y profesional de seguir luchando con todas nuestras fuerzas para cambiar la negativa situación actual. No podemos permitirnos el lujo de caer en un nihilismo paralizante que para lo único que serviría es para intensificar los problemas, para hacerlos aún más graves e irreversibles. No lo podemos hacer, principalmente, porque nos debemos a la ciudadanía, porque somos servidores públicos, porque sabemos bien que la atención sanitaria de la población se deterioraría de forma clara en un sistema sanitario en el que no juegue el importante papel que le corresponde la APyC.

Quiero finalizar estas líneas agradeciendo a los responsables de la revista de enfermería (ENE) que me hayan dado la oportunidad de comunicarme con sus numerosos lectores para hacerles llegar unos breves apuntes sobre la situación de la APyC en España, apuntes que tienen como objetivo primordial transmitir a este colectivo una llamada de atención, a la vez urgente y firme, para no cesar en ningún momento en la lucha por la defensa de una mejor atención de salud de la ciudadanía, objetivo cuya consecución necesita obligadamente del protagonismo de las enfermeras en el seno de una APyC potente y efectiva.