PEREZ JORGE, P.J.. La práctica de la diligencia judicial de autopsia en los supuestos de fallecidos en los que se han extraído órganos para su trasplante. []. , 21, 1-2, pp.64-71. ISSN 1988-611X.  https://dx.doi.org/10.4321/S1135-76062015000100009.

^les^aEn España, el número de donaciones de fallecidos judiciales es mayor que en otros países de nuestro entorno, posiblemente porque el modelo español facilita en gran medida la interconexión activa entre el médico forense, el Juez de guardia y los coordinadores de trasplantes. Desde esta perspectiva humana, enaltece a la sociedad, basándose en la solidaridad y el altruismo por parte del donante y su familia. También la dota de un alto nivel sociocultural y técnico, tanto por la cantidad como por la calidad de los profesionales que intervienen en todo el operativo de trasplantes. En el presente trabajo se analiza la intervención judicial y del médico forense en las donaciones de órganos de cadáveres judiciales, enfatizando sobre las situaciones que en la práctica se pueden producir con respecto a las autopsias, así como en la necesidad de planes de actuación y protocolos que faciliten la intervención de los distintos operadores implicados para minimizar, en la medida de lo posible, el número de negativas judiciales.^len^aIn Spain the number of donations from deceased under judicial investigation is greater than other surrounding countries, possibly because the Spanish model facilitates the active communication between the judge on duty, the forensic doctor and transplant coordinators. From the human perspective, it ennobles the society, based mainly on solidarity and altruism on the part of the donor and his family. It also provides a high socio-cultural and technical level, as a consequence of the quantity and quality of professionals involved in the whole transplant operation. In this paper the court and forensic doctor intervention on donations from deceased under judicial investigation is analyzed. We emphasize different possibilities in daily practice, as well as the need for action plans and protocols that promote the involvement of various operators involved, in order to reduce as much as possible the number of judicial refusals.

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