EDITORIAL

¿Sigue siendo la salud un derecho fundamental en España?

A finales del pasado mes de enero, el Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano del Consejo de Europa encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Social Europea, consideró que el Estado español no está respetando la Carta en lo que toca al derecho a la salud. No lo está haciendo desde que el Real Decreto-ley 16/2012 restringió la asistencia sanitaria para los extranjeros en situación irregular mayores de edad, limitándola a las urgencias por enfermedad grave o accidente y a la asistencia durante el embarazo, parto y postparto. El caso de España no es único sino por desgracia muy extendido en Europa, muchos de cuyos estados han sido también denunciados por el Comité por idéntico motivo. No queda más remedio que recordar, una vez más, que los derechos fundamentales, como el de la salud, se atribuyen a las personas precisamente por su condición de tales, esto es, en atención a su calidad de seres humanos, dotados de un valor o dignidad que resulta menoscabado si no se disfruta de esos derechos. Y tampoco ha de olvidarse que, cuando se sigue una lógica que permite la exclusión de algunos, es la posición de todos la que se pone en peligro. En efecto, tal como explica Carlos Lema en un estupendo artículo que se publica en este número de la Revista, el Decreto-ley 16/2012 opera un cambio radical en la configuración de la asistencia sanitaria pública. Si hasta ahora la asistencia sanitaria era un derecho de todos, como establecía la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003, ahora se renuncia al lenguaje de los derechos y se habla de garantizar las prestaciones sanitarias a los que ostenten la condición de "asegurados", una condición que está vinculada con la situación laboral de cada uno, que abre el camino de la segmentación y, a través de ella, de posibles nuevas exclusiones. Por eso, bien podemos contestar negativamente a la pregunta con la que se abren estas líneas. No se trata solo de que hayamos privado de asistencia sanitaria plena a los extranjeros en situación irregular sino de que, a partir de ahora, otros grupos pueden verse privados de ella en diversas medidas. Y esto solo es posible porque hoy, en España, la salud ha dejado de ser considerada como un derecho fundamental.