Introducción

Los Derechos Humanos son códigos que parten de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948: “de los derechos del hombre a los derechos humanos”, entendiendo a estos como los “derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre” declarados por la República Francesa en 17891. La promulgación de este hito histórico ha inspirado a nivel mundial la creación de convenciones, pactos y protocolos internacionales dirigidos a proteger los derechos sociales, económicos y culturales, y los derechos cívicos y políticos, con el único fin de promover y resguardar la integralidad del ser humano. Además, permite a los estados ejercer sus responsabilidades con el hombre y la sociedad^1,2.

En 1982, la ONU realiza la Primera Asamblea Mundial sobre el envejecimiento, en consecuencia, al aumento del número de personas mayores y los desafíos que este fenómeno representa en los ámbitos de salud, social y económico. Veinte años más tarde, se llevó a cabo la Segunda Asamblea Mundial, en donde se plantea el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, como respuesta a las oportunidades y los retos que plantea el envejecimiento demográfico en el siglo XXI³.

Por consiguiente, estos vértices mundiales generaron en las diferentes regiones normas e instrumentos públicos, con el objetivo de cimentar un marco normativo hacia un ideal de intervención y cuidado, bajo un eje transversal de promoción y protección de los derechos humanos en la vejez. Sin embargo, todas las regiones no envejecen con la misma velocidad, al mismo tiempo que estas normativas generadas por sí solas no protegen a las personas mayores, escenario que genera un panorama heterogéneo de situaciones de incumplimiento de los derechos humanos durante esta etapa del curso de vida^4,5.

Para América Latina y el Caribe y específicamente Colombia, se han promovido tratados multilaterales con un enfoque de protección de derechos humanos de personas mayores inspirados en las asambleas mundiales de envejecimiento. Un ejemplo es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos humanos Ley 2055 de 2020. En la actualidad, el territorio nacional cuenta con logros representados por la Política Pública Nacional de Envejecimiento Humano y Vejez 2022-2031 y avances legislativos con la Ley 1850 de 2017, en la que se instruyen las medidas de protección al adulto mayor en Colombia^6,7.

Bajo esta perspectiva, diversos estudios han buscado contribuir al ejercicio de los derechos humanos durante la vejez, como el estudio de Olivi et al., en el que se estudia el carácter multidimensional de la relación que se establece entre el hábitat urbano y la calidad de vida de las personas mayores, resultados que permiten identificar oportunidades de mejora en normativas que garanticen la independencia, la autonomía, la seguridad social y un medio ambiente sano⁸.

Dabove en el 2016, plantea la responsabilidad jurídica hacia un camino estratégico del “Derecho de la Vejez”, en pro de sociedades incluyentes para todas las edades^9,10. De igual manera, Varela Pinedo, en el mismo año, destaca el envejecimiento activo como un proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar y mantener el bienestar integral a medida que se envejece¹¹. A nivel de enfermería, la propuesta de Baracaldo Campo en 2019 se centra en el diseño de un programa de promoción y protección, orientado al reconocimiento de los derechos de personas mayores, en el que se destaca la emancipación de este colectivo¹².

Desde el punto de vista legal, Rúa Atehortua destaca que la eficacia y efectividad de los derechos fundamentales en personas mayores ha tenido contratiempos debido a la falta de adecuadas políticas públicas o su mala implementación, destacando que los derechos fundamentales con mayores limitaciones son la salud, la seguridad social y la vida digna, los cuales se expresan por la falta de alineación de acciones por parte de la familia, la sociedad y el estado¹³.

Entonces, los avances hasta la fecha expresan un dualismo en el ejercicio de los derechos humanos de la población envejecida. Esto quiere decir, avances desde el marco normativo existente con un nivel de cumplimiento no ideal. Por lo que este estudio tiene como objetivo describir la percepción y las dificultades en la práctica de los derechos humanos de las personas mayores adscritas a un centro vida del municipio de Bucaramanga, Santander-Colombia.

Metodología

Estudio descriptivo de corte transversal realizado en el período de enero a noviembre de 2019, con una muestra intencional de 50 personas mayores adscritas a un centro vida del municipio de Bucaramanga, Santander-Colombia. Los criterios de inclusión fueron: ser persona mayor de 59 años y estar adscritos al centro vida de la comuna 13 del municipio de Bucaramanga. Respecto a los criterios de exclusión, estos no se identifican.

Instrumento

El instrumento utilizado fue la Encuesta Estatal de Percepciones de Dominio, Ejercicio y Dificultades en la Práctica de los Derechos de Personas Mayores, creada en 2014 en Guadalajara, México¹⁴. Instrumento compuesto de 101 preguntas, categóricas y de tipo Likert, que buscan evaluar la percepción y la dificultad en la práctica de los derechos humanos. Además de explorar las responsabilidades en su ejercicio ciudadano. Para su aplicación, se desarrolló previamente una prueba de comprensibilidad donde se evaluó la sintaxis y la semántica del instrumento.

Análisis de datos

Se realizó una descripción de los datos sociodemográficos: edad, sexo, nivel de escolaridad, composición familiar, ocupación actual y durante la vida. Las variables categóricas se presentan como frecuencias absolutas y porcentajes. Por otro lado, las variables cuantitativas muestran las medidas de tendencia central como el promedio, el rango mínimo y el máximo. Además, se presentan medidas de dispersión como la desviación estándar.

Los datos fueron registrados y analizados en el software estadístico SPSS versión 24, manteniendo la confidencialidad e integridad de la información. Este estudio cuenta con la aprobación interadministrativa del centro vida y se clasifica como investigación sin riesgo en conformidad con su diseño, metodología y temática, de acuerdo con la resolución 8.430 de 1993 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.

Resultados

En cuanto a las características sociodemográficas se encontró predominio del sexo femenino con un 60% (n = 30), con un promedio de edad de 70,3 años con un rango de entre 60 y 86 años. El nivel de escolaridad predominante es la primaria incompleta, con un 38,0% (n = 19), que es superior entre hombres y mujeres. Cabe resaltar que se evidencia un hombre analfabeto (2,0%) y ningún participante reportó estudios universitarios.

En relación con la composición familiar se evidencia que el 22,0% (n = 11) vive solo y el 78,0% (n = 39) vive con algún familiar: pareja, hijos, hermanos, nietos y sobrinos. En cuanto a la ocupación actual se destaca que el 42% (n = 21) se dedica a labores en el hogar, más predominante en mujeres, y un 8% son pensionistas (n = 4).

Se evidencia que los hijos son la principal red de apoyo primaria, con un 62,0% (n = 31), variable predominante para ambos sexos. En los oficios laborales durante la vida, se denota alta variabilidad de ocupaciones, el 52,0% (n = 26) reporta labores informales y oficios varios, entre otros (Tabla 1).

En relación con los derechos de vivir sin violencia, asistencia social, salud e igualdad, el derecho que más preponderó es el de vivir sin violencia, y el 66% (n = 33) afirmó que se atrevería a denunciar a quien lo lastime, inclusive si se tratara de un familiar. Por otro lado, destaca que un 12% (n = 6) nunca se atrevería a denunciar.

Para el derecho de asistencia social, un 58% (n = 29) afirmó que acudiría a una casa hogar si se encontrara en desamparo. No obstante, llama la atención que un 20% (n = 10) nunca acudirá a estos servicios para su cuidado. En cuanto al derecho de la salud e igualdad, un 56% (n = 28) manifestó acudir a chequeo general y un 50% (n = 25) manifestó ser tratado con respeto y sin discriminación por la población que los rodea, sin embargo, un 34% (n = 17) percibe el incumplimiento de este derecho (Fig. 1).

Elaboración propia.

Figura 1. Derecho a vivir sin violencia, asistencia social, salud e igualdad. 

Al focalizar el derecho a la salud, las preguntas mejor percibidas son las que exploran la relación con el personal médico, y estas están basadas en el respeto y la puntualidad (66,0%). Por el contrario, la pregunta sobre la omisión de alguna comida del día por falta de recursos reporta que el 50% (n = 25) respondió siempre, casi siempre o algunas veces, lo que implica que la mitad de las personas mayores encuestadas han dejado de comer en algún momento por falta de recursos.

Los derechos de ambiente sano, trabajo, cumplimiento de responsabilidades y participación económica, están representados por el derecho a un ambiente sano y el derecho al trabajo. En cuanto al primero, el 46% (n = 23) de las personas mayores afirmó que vive en un lugar seguro y digno. Por el contrario, el 30% (n = 15) responde que nunca y casi nunca. Mientras que el segundo derecho identifica que el 18% (n = 9) ha buscado trabajo después de los 60 años, mientras el 46% (n = 23) de la muestra nunca lo ha hecho.

En el cumplimiento de responsabilidades, el 44% (n = 22) afirmó que procura mantenerse activo de acuerdo a sus capacidades personales y un 20% (n = 10) manifiesta que casi siempre lo hace. En lo que concierne al derecho a la participación económica, el 34% (n = 17) afirmó que el trabajo realizado durante su vida es reconocido socialmente, no obstante, un 58% (n = 29) lo percibe como insatisfecho (Fig. 2).

Elaboración propia.

Figura 2. Derecho al ambiente sano, trabajo, cumplimiento de responsabilidades y participación económica. 

Los derechos cultural, de participación social y política, de educación y de medios de comunicación permiten identificar que al 32% (n = 16) de las personas mayores, no le gusta participar en actividades sociales, culturales y deportivas, inversamente, el 30% (n = 15) manifestó que sí. Con respecto al derecho de participación social y política, el 58% (n = 29) coincide en que nunca y casi nunca es fácil participar a nivel social y político.

La percepción del derecho a la educación reporta que el 44% (n = 22), nunca y casi nunca cuentan con información para cursar programas educativos y el derecho a medios masivos de comunicación, el 24% (n = 12) afirmó que en dichos medios nunca se publican experiencias y conocimientos de las personas mayores, frente a un 20% (n = 10) que refirió que siempre se publican (Fig. 3).

Elaborada propia.

Figura 3. Derecho cultural, participación social y política, educación y medios de comunicación. 

Discusión

En este estudio piloto predominó el sexo femenino (60%) y la básica primaria (64%) como nivel de escolaridad, resultados similares con el estudio de redes de apoyo en personas mayores realizado en Medellín, Colombia en 2010¹⁵. No obstante, en el estudio se aprecia a personas mayores con estudios técnicos, tecnológicos y profesionales (17,6%), datos divergentes al presente estudio piloto donde no se encontró ningún participante con dichos niveles de escolaridad. En un estudio de funcionalidad de las personas mayores en un centro vida de Villavicencio¹⁶, se destaca que la mayoría de las personas mayores viven con un familiar, que es el principal cuidador, datos similares a los del actual estudio piloto (72%).

Al abordar los derechos humanos de personas mayores, un hallazgo relevante corresponde al derecho de la salud, donde se destaca una percepción positiva de la asistencia a medicina general (56%), la continuidad de los tratamientos (60%) y la recepción de medicamentos por parte del servicio de salud (50%).

Percepciones relevantes dentro de la atención gerontológica, como lo registra Morris en el trabajo “Human rights and healthcare: changing the culture”: es importante mantener una rutina diaria y permitir que la persona mayor obtenga y mantenga el control de sus actividades, en particular de las actividades de la vida diaria, tanto básicas, instrumentales y avanzadas, que le permita autonomía, dignidad y humanidad¹⁷. Sin embargo, el objetivo pleno del derecho a la salud aún no logra consolidarse debido a la existencia de brechas en la accesibilidad al servicio, que en la actualidad todavía requiere el inicio de acciones judiciales, como por ejemplo acciones de tutela^18,19.

En relación con el derecho a la educación, las personas mayores no cuentan con información para cursar programas educativos (44%), y con respecto al trabajo, las personas participantes han tenido que buscar trabajo después de los 60 años en algún momento (22%), quizás porque el acceso a la educación y la participación laboral de la población mayor en Colombia presenta desigualdades. Según el Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE)-2015, el 57% de las personas mayores recibieron menos de un salario mínimo legal vigente, siendo provenientes de diversas fuentes sociales y trabajo informal²⁰. La situación laboral y la salud durante la vejez se han estudiado ampliamente, y se establece que el empleo es beneficioso para la salud de la población mayor^21,22.

La igualdad como derecho se consideró como un ejercicio difícil para el 34% de las personas mayores participantes en el estudio piloto, esto se debe a que en general la población mayor ha sido vulnerada, discriminada e incluso maltratada, muchas veces por el desconocimiento de sus propios derechos humanos; actos que han sido normalizados y consistentes en la sociedad^23,24.

Los derechos percibidos como los más vulnerados por las personas mayores participantes en el estudio piloto son el derecho de medios de comunicación, educación, participación social y política, esto se debe a que existen brechas en la implementación de políticas y normas a nivel social que permiten a esta población promocionar sus derechos y mejorar su percepción y el ejercicio de estos. Todo persona mayor, independientemente de su edad, puede estar en condiciones de involucrarse socialmente. Por tanto, las condicionantes que limitan el ejercicio de participación y el desarrollo social, dependen de la percepción de la vejez y mayoritariamente de las oportunidades del entorno²⁵.

La fortaleza de este estudio piloto está orientada hacia acciones de participación del colectivo mayor en ejercicios de empoderamiento en torno al tema de los derechos humanos en la vejez. Mientras que las limitaciones son el sesgo de selección, ya que solo respondieron el instrumento personas mayores adscritas a un centro vida y la muestra que se utilizó es una muestra intencional no representativa; de todos modos, con el estudio piloto se espera tener bases para la realización de otros estudios relacionados con el objeto de investigación. Otra limitación es la relacionada con el sesgo de información, debido a que la información referente a la percepción de los derechos se ha obtenido con un instrumento que no tiene pruebas de fiabilidad.

Conclusiones

Este estudio describe la percepción de los derechos humanos durante la vejez, en donde la población mayor participante percibe como positivo el ejercicio de los derechos de vivir sin violencia, asistencia social y salud. Aun así, pese a que existen políticas y leyes establecidas en Colombia respecto al tema, se evidencian limitaciones en el acceso a los servicios de salud que hacen que no sean accesibles de manera efectiva. También las barreras económicas hacen que las personas mayores no tengan el 100% de la percepción respecto a estos derechos.

Según la característica de trabajo como derecho, el 22% de las personas mayores participantes se han visto obligadas a buscar trabajo después de los 60 años, esto es el reflejo de las necesidades de supervivencia de la población mayor, teniendo en cuenta que la población encuestada es de bajos niveles educativos y no posee una pensión de trabajo para su sostenimiento.

El nivel de percepción de los derechos humanos evidenciado en las personas mayores participantes se fundamenta en el desconocimiento general sobre todos los derechos con que esta población cuenta, facilitando su vulnerabilidad social. Además, se evidencia que a pesar de que la mayoría de las preguntas respecto a los derechos presentaron respuestas positivas, muchas de estas apenas superaron el 50%, lo que hace necesarias acciones que involucren no solo a las personas mayores, sino también a la familia y entidades gubernamentales que faciliten la percepción y el cumplimiento de estos derechos.

Esta problemática hace necesarios estudios de investigación interdisciplinares, dirigidos a reconocer la percepción de los derechos humanos por parte de las personas mayores a gran escala, que permita la generación de estrategias alineadas a la realidad social y, con ello, garantizar su ejercicio y cumplimiento, así como contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible en la reducción de desigualdades, la salud y el bienestar.