EDITORIAL

Contra el Anteproyecto de Ley de “Protección de Vida del Concebido”

Está reiteradamente comprobado que no se suprime la realidad del aborto por prohibirlo ni endurecer las condiciones para su práctica legal. Sólo la educación sexual y reproductiva y el acceso real a los anticonceptivos disminuyen el número de embarazos no deseados y, consecuentemente, el número de abortos. No obstante, quienes están en contra de una ley del aborto, segura y amplia, también están en contra del fácil acceso a los anticonceptivos y de la educación sexual y reproductiva; esto ocasiona una cadena nefasta ya que, efectivamente, una buena educación disminuye el número de abortos.

Una ley restrictiva como la que el actual gobierno ultraconservador propone convertirá la mayor parte de las interrupciones voluntarias del embarazo en clandestinas, lo cual no evita el aborto sino que lo hace inseguro. Y, además de los efectos sobre la salud, se abre un amplio abanico discriminador de clase y género. Suprimir “el plazo” evidencia una profunda desconfianza ante el ejercicio de la autonomía de las mujeres y únicamente sirve para hacer que sus decisiones tengan que venir avaladas por otros: médico, asistente social, psicólogo. Volver a "la tutela" genera inseguridad en la interpretación de los criterios requeridos y fomenta que se alcen obstáculos y dilaciones indebidas que, de hecho, impiden en la práctica lo que la ley misma permite.

Suprimir el supuesto de “malformaciones del feto” es artero y mojigato; hacerlo en nombre de la defensa de las personas discapacitadas demuestra especial hipocresía respecto a dichas personas, a las que están -al mismo tiempo- restringiendo pensiones y ayudas.

Una ley del aborto es una cuestión de salud y no de ideología, mucho menos de religión; no somos un estado confesional y no pueden imponerse creencias a golpe de ley.

El Observatorio de Bioética y Derecho, mediantes sus "Documentos de opinión", ha venido explicitando sus posiciones respecto a la salud sexual y reproductiva (2002), la interrupción voluntaria del embarazo (2008 y 2011) y la objeción de conciencia en sanidad (2007). Todos ellos están disponibles en la sección correspondiente de la página WEB de nuestro centro de investigación: http://www.bioeticayderecho.ub.edu/documentos.

Mediante este editorial queremos reafirmarlas.

Este nuevo anteproyecto de ley que dice centrarse en la protección de vida del concebido no encubre otra cosa que el cambalache ideológico de los compromisos electorales y la restricción de derechos y libertades.