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Históricamente, la psicología forense ha evolucionado desde sus primeras aplicaciones periciales en Europa y Estados Unidos a finales del siglo XIX hasta convertirse en una disciplina consolidada, reconocida por su contribución al proceso judicial (Muñoz et al., 2024; Wolffram, 2020).
El informe psicológico forense constituye una herramienta fundamental en el proceso judicial, actuando como nexo entre el conocimiento especializado de la psicología y las demandas jurídicas (Grisso, 2010; Melton et al., 2018). A través del informe, el perito comunica al órgano judicial los resultados de su evaluación, fundamenta sus conclusiones y ofrece criterios científicos que contribuyen a la resolución de cuestiones relevantes para el caso. Además, el informe es el elemento central para la valoración de la prueba pericial por los/as jueces/as y tribunales (Neal et al., 2022). Por tanto, de su claridad, estructura y fundamentación depende, en gran medida, la eficacia del auxilio pericial a la administración de justicia (DeMier y Otto, 2017; Grisso, 2010; Zwartz, 2018).
Pese a la trascendencia del informe pericial, la atención recibida en la investigación científica ha sido escasa tanto en relación con las claves para su elaboración, como en su peso dentro de los programas de capacitación de los profesionales (da Silva, Casoni y Costa, 2014). En general, se apunta que los peritos se han guiado, mayoritariamente, por el cumplimiento de normas legales, procesales y éticas en lugar de por orientaciones sólidas derivadas de la investigación (Goodman-Delahunty y Dhami, 2013). Por otro lado, autores como DeMier y Krauss (2023) han criticado el escaso apoyo empírico de las recomendaciones recogidas en la literatura entorno a la elaboración de informes periciales psicológicos.
Esta situación, ha conllevado una enorme variabilidad en la calidad, formato, contenido y redacción de los informes dependiendo, en gran medida, de la formación, experiencia y criterio individual del profesional (Vredeveldt et al., 2022). Tal como ya advertían Karson y Nadkarni (2013), muchos peritos desarrollan estilos de redacción propios, alejados de las recomendaciones profesionales y los principios de buena práctica. Por otro lado, se ha señalado que existen pocas oportunidades para que los profesionales de la psicología forense reciban retroalimentación sobre la calidad de sus informes (Goodman-Delahunty y Dhami, 2013).
Mediante la escasa investigación empírica disponible sobre la elaboración de informes psicológicos forenses, se ha apreciado la existencia de errores tanto formales (de estructura y redacción) como sustanciales en los mismos. Alertándose que una estructuración ilógica o incongruente, una redacción deficiente o ambigua, la falta de transparencia respecto al proceso de evaluación seguido y unas conclusiones insuficientemente fundamentadas no solo hace disminuir la utilidad del informe, sino que puede comprometer decisiones judiciales informadas y apropiadas y, además, puede conllevar sanciones para el profesional (da Silva, Casoni y Costa, 2014; Grisso, 2010; Goodman-Delahunty y Dhami, 2013).
Un aspecto trasversal a todo el proceso de evaluación pericial, y que, por tanto, también va a afectar a la elaboración del informe pericial, es la gestión de los sesgos cognitivos. La literatura ha documentado que los peritos, están expuestos a sesgos propios de la naturaleza humana, del contexto, cultura y experiencia y los propios del caso concreto, que pueden afectar a la distinta toma de decisiones durante el proceso de evaluación y confección del informe (Lubit, 2021; Zapf y Dror, 2017). En este sentido, autores como Neal et al. (2022) aconsejan plasmar en el informe la detección y estrategias de gestión de sesgos.
En España, aunque las normas procesales (Ley de Enjuiciamiento Criminal, 1882; Ley de Enjuiciamiento Civil, 2000) establecen principios generales como la objetividad y la imparcialidad de la prueba pericial, es escasa la normativa específica que determina la estructura, los contenidos y los estándares técnicos que deben cumplir los informes psicológicos forenses. Asimismo, los escasos estudios realizados en nuestro país, principalmente en el ámbito de las periciales de familia, también han detectado deficiencias en la elaboración de informes. Así, por ejemplo, en el estudio de Catalán (2015) un 30% de los informes analizados estarían por debajo de la media en los criterios de calidad aplicados y un 20% emiten conclusiones desconectadas de los datos derivados de la exploración.
La carencia normativa y la falta de estandarización tiene importantes implicaciones prácticas. En primer lugar, dificulta la valoración crítica del informe por parte de los operadores jurídicos, que deben enfrentarse a documentos con estilos y calidades muy diversos. En segundo lugar, incrementa la posibilidad de errores en la interpretación judicial, pudiendo afectar a la garantía de derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la igualdad procesal o el derecho a una tutela judicial efectiva. En tercer lugar, compromete la imagen pública de la psicología forense, afectando a su legitimidad como disciplina auxiliar de la justicia (Goodman-Delahunt y Dhami, 2013; Zwartz, 2018).
Ante esta situación, resulta de interés avanzar hacia una sistematización en la elaboración del informe psicológico forense, basándose en las mejores prácticas internacionales y adaptándolas a la realidad jurídica y profesional española. Una estructura lógica y coherente, una descripción detallada del proceso de evaluación seguido y una redacción clara y sencilla, no solo facilita la comprensión y valoración judicial del informe, sino que también protege los derechos de las partes implicadas, refuerza la imagen de la psicología como ciencia forense y mejora la eficiencia del sistema de justicia (Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense, 2024).
Objetivo
El objetivo de este artículo es analizar, integrar y sintetizar las orientaciones prácticas provenientes de la literatura científica, a fin de ofrecer pautas de utilidad para la mejora de los aspectos formales y sustanciales en la elaboración de informes psicológicos forenses en el contexto jurídico español.
Método
Este trabajo se fundamenta en una revisión narrativa de la literatura nacional e internacional y de la normativa jurídica española relacionada con la elaboración de informes psicológicos forenses.
El diseño narrativo empleado implica limitaciones inherentes, como la ausencia de criterios estrictos de evaluación de calidad metodológica de las fuentes o la posibilidad de sesgos de selección. No obstante, la revisión narrativa constituye un método reconocido para sintetizar y analizar de manera crítica el conocimiento disponible en un área de estudio cuando el objetivo no es la cuantificación estadística de resultados, sino la integración teórica y práctica de los hallazgos (Ferrari, 2015), permitiendo realizar una integración crítica flexible y adecuada para el propósito de ofrecer recomendaciones prácticas en un campo donde la diversidad de enfoques dificulta la aplicación de métodos estrictamente sistemáticos (Greenhalgh et al., 2018).
Las fuentes usadas fueron localizadas mediante búsquedas en las diferentes bases de datos especializadas, tales como PsycINFO, Scopus y Web of Science, complementándose con búsquedas en Google Scholar. Se incluyeron en la revisión tanto artículos científicos como capítulos de libros, guías profesionales, códigos éticos, documentos normativos y propuestas de estandarización publicadas entre los años 2014 y 2024. Se priorizaron las fuentes procedentes de revistas con revisión por pares y de organismos profesionales reconocidos, como la Australian Psychological Society, la British Psychological Society y la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense. En la tabla 1 se describe el detalle de los trabajos que finalmente fueron analizados.
Tabla 1 Trabajos Analizados
| Autores/as | Tipo de documento |
|---|---|
| Allan y Grisso (2014) | Artículo de revisión |
| Arch (2023) | Capítulo de libro |
| Australian Psychological Society (2019) | Guía de consenso |
| Brodsky y Pope (2023) | Artículo de revisión |
| Bush, Conell y Denney (2020) | Manual |
| Carrasco y Ramírez (2020) | Capítulo de libro |
| Da Silva, Casoni y Costa (2014) | Articulo empírico |
| DeMier y Krauss (2023) | Capítulo de libro. |
| DeMier y Otto (2017) | Artículo de revisión |
| Kukor, Otto y Veltri (2024) | Artículo de revisión |
| Lubit (2021) | Artículo de revisión |
| Moulin y Delacrausaz (2022) | Artículo de revisión |
| Neal et al (2022) | Artículo de revisión |
| Nordgreen (2024) | Artículo de revisión |
| Rocchio (2020) | Artículo de revisión |
| Shapiro (2016) | Artículo de revisión |
| Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense (2024) | Guía de consenso |
| The British Psychological Society (2021) | Guía de consenso |
| Vredeveldt et al. (2022) | Artículo de revisión |
| Young (2016) | Artículo de revisión |
| Zwartz (2018) | Artículo de revisión |
Asimismo, se revisaron documentos legislativos pertinentes, principalmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal (1882) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (2000), así como propuestas recientes como el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (2020).
El proceso de selección de fuentes siguió los siguientes criterios de inclusión: (a) que los trabajos recogieran aspectos relacionados con la elaboración de informes desde un punto de vista técnico y/o ético; (b) enfoque basado en evidencia o consenso profesional amplio; (c) aplicabilidad al contexto español o extrapolación razonable desde contextos internacionales análogos. Se excluyeron documentos centrados exclusivamente en otros tipos de informes psicológicos (por ejemplo, clínicos, educativos o laborales) salvo que ofrecieran directrices extrapolables a la práctica forense y documentos que, aunque se basaran en aspectos del proceso de evaluación pericial no desarrollasen de forma concreta la elaboración del informe
El análisis de los documentos seleccionados se realizó de forma cualitativa, extrayendo las principales recomendaciones en relación con los principios éticos aplicables a la elaboración de informes periciales psicológicos, estrategias para detección y corrección de los errores recurrentemente señalados en la práctica forense y propuestas de orientaciones para la estructuración, redacción y contenido del informe. Esta estrategia permitió integrar la información teórica o empírica existente a nivel internacional con las necesidades prácticas del ejercicio profesional en el ámbito judicial español.
Resultados
Principios Éticos Aplicables a la Elaboración del Informe Psicológico Forense
La práctica del psicólogo forense se desarrolla en un entorno ético particularmente complejo, que requiere una cuidadosa adaptación de los principios generales de la disciplina a las especificidades del ámbito jurídico (Allan y Grisso, 2014; Arch, 2023; Bush, Connell y Denney, 2020). En este contexto, la calidad del informe pericial no solo constituye un requisito técnico, sino que representa un componente fundamental de la responsabilidad ética del profesional (Australian Psychological Society, 2019; The British Psychological Society, 2021; Neal et al., 2022; Nordgreen, 2024; Rocchio, 2020; Shapiro, 2016; Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense, 2024).
De acuerdo con Allan y Grisso (2014), los aspectos éticos específicos vinculados a la elaboración del informe psicológico forense pueden estructurarse en torno a cuatro principios rectores: responsabilidad, integridad, respeto a las personas evaluadas y justicia:
Responsabilidad
Este principio implica actuar con competencia técnica y rigor metodológico, anticipando y minimizando los riesgos derivados de una posible interpretación errónea del informe. La claridad, coherencia y estructuración del documento son, en este sentido, expresiones directas de dicha responsabilidad ética (Young, 2016). El profesional debe garantizar que el informe sea comprensible para los operadores jurídicos, sin sacrificar precisión ni profundidad conceptual (Allan y Grisso, 2014).
Integridad
La integridad exige que el psicólogo forense disponga de una formación y experiencia adecuadas en evaluación pericial, y que el informe refleje de forma exhaustiva y detallada el proceso de evaluación seguido. La exposición de los hallazgos debe ser objetiva, precisa y libre de distorsiones, omisiones intencionadas o formulaciones ambiguas (Allan y Grisso, 2014; Neal et al., 2022; Nordgreen, 2024; Young, 2016). Este principio también requiere explicitar las propiedades psicométricas de los instrumentos utilizados (índices de fiabilidad y validez), reconocer las limitaciones de la evaluación, diferenciar claramente entre datos e inferencias, y abstenerse de emitir juicios categóricos no fundamentados o que excedan el ámbito de su competencia profesional (Nordgreen, 2024; Vredeveldt et al., 2022; Young, 2016).
Un ámbito especialmente sensible a este principio es la elaboración de contrainformes, que debe centrarse exclusivamente en aspectos técnicos, sustentarse en fundamentos científicos sólidos, y mantener absoluta independencia respecto de la parte solicitante (Arch, 2023).
Respeto a las Personas Evaluadas
El respeto a la dignidad, intimidad y autonomía de las personas evaluadas debe regir toda la actuación pericial, aunque, en este contexto no exista una alianza terapéutica. El profesional debe asegurar una intervención informada, respetuosa y proporcional al objetivo judicial de la evaluación (DeMier y Otto, 2017; Nordgreen, 2024). Esto incluye informar adecuadamente sobre los límites de la confidencialidad y el rol del psicólogo forense, así como garantizar que el informe contenga solo la información relevante para responder al objeto de la pericia, preservando los ámbitos de privacidad de la persona evaluada (Allan y Grisso, 2014; Young, 2016). Asimismo, se debe evitar el uso de términos psicológicos que puedan influir negativamente en la percepción del tribunal sobre la persona evaluada (Allan y Grisso, 2014; Arch, 2023).
Justicia
El principio de justicia exige que el informe sea transparente, accesible y comprensible para todos los actores del proceso judicial. Debe evitarse el uso de tecnicismos innecesarios que puedan constituir una barrera para su adecuada interpretación y valoración crítica (Allan y Grisso, 2014; Young, 2016). Un informe excesivamente técnico, ambiguo u opaco puede vulnerar el derecho a la defensa, comprometiendo la equidad del procedimiento judicial.
Requisitos Legales en el Contexto Español
Como se ha indicado, la regulación jurídica española proporciona directrices generales respecto a la elaboración de informes periciales. Sin embargo, aunque tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal (1882) como la Ley de Enjuiciamiento Civil (2000) establecen principios como la objetividad y la imparcialidad, ofrecen escasos detalles respecto a los contenidos y la estructura formal exigible a los informes periciales (Abel et al., 2019).
Esta carencia de directrices concretas provoca que la calidad de los informes periciales dependa, en gran medida, de la formación y el criterio profesional de quien los elabora. Esta situación incrementa el riesgo de que se presenten informes que no se ajusten a los estándares mínimos de calidad requeridos para que su contenido tenga valor probatorio en sede judicial (Muñoz et al., 2024).
En este contexto, el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (2020) supone un avance significativo, al proponer la incorporación de requisitos mínimos para los informes periciales, tales como la exposición clara del objeto de la pericia, la descripción de la metodología utilizada -incluyendo su respaldo científico-, y la fundamentación lógica de las conclusiones alcanzadas. No obstante, este marco normativo aún se encuentra pendiente de aprobación y, por tanto, su aplicación práctica no se ha materializado.
Errores Frecuentes en la Elaboración de Informes Psicológicos Forenses
La revisión de la literatura especializada revela que ciertos errores son recurrentes en la práctica pericial, seguidamente, se ofrece un listado detallado de los más citados por los diferentes autores:
Falta de estructuración del informe (da Silva, Casoni y Costa, 2014; Moulin y Delacrausaz, 2022).
Opiniones técnicas poco fundamentadas u opacidad en el procedimiento de razonamiento seguido por el perito (Da Silva, Casoni y Costa, 2014; Lubit, 2021; Moulin y Delacrausaz, 2022).
Mal uso de los datos procedentes de la literatura científica o aplicación inadecuada de éstos al caso concreto (Lubit, 2021).
Falta de claridad respecto a la demanda pericial (Moulin y Delacrausaz, 2022).
Ausencia de información sobre las características técnicas de los instrumentos utilizados (Carrasco y Ramírez, 2020).
Ausencia de condiciones importantes de la evaluación que pueden afectar a los resultados, por ejemplo, si se utilizó interprete, si hubo terceros escuchando u observando o si había distractores inusuales (Brodsky y Pope, 2023).
Interpretación mecánica de la puntuación de un test o prueba sin tener en cuenta el conjunto de información manejada y la individualidad del caso (Carrasco y Ramírez, 2020; da Silva, Casoni y Costa, 2014).
Falta de diferenciación entre datos e inferencias (Moulin y Delacrausaz, 2022;).
Falta de vinculación entre los datos recogidos durante la evaluación y la cuestión legal al resolver (da Silva, Casoni y Costa, 2014).
Uso de lenguaje excesivamente técnico o ambiguo (da Silva, Casoni y Costa, 2014; Moulin y Delacrausaz, 2022; Carrasco y Ramírez, 2020).
Omisión de información relevante o contradictoria (Moulin y Delacrausaz, 2022).
Ausencia de fuentes potenciales de sesgo y de las estrategias para mitigarlas, si se utilizó alguna (Neal et al., 2022).
Adhesión a la estructura o formato del informe clínico (Kukor, Otto y Veltri, 2024).
Elaboración de informes excesivamente largos (Brodsky y Pope, 2023; Kukor, Otto y Veltri, 2024).
Elaboración de “informes tipo” para los mismos objetos de evaluación pericial, incluyendo autoplagios de informes anteriores, desatendiendo la información concreta de cada caso y que sugieren unas conclusiones preconcebidas (Brodsky y Pope, 2023).
Formulación de consideraciones periciales en términos categóricos, definitivos y sin reservas, mediante el uso de términos como “siempre”, “absolutamente”, “inequívocamente”, “sin duda”, etc. (Brodsky y Pope, 2023).
Formulación inadecuada de conclusiones donde el/la profesional resuelve respecto a la cuestión legal inherente, cuando ésta es una competencia exclusiva del/la juez/a o tribunal (Young, 2016).
Estos errores no solo comprometen la calidad del informe, sino que también incrementan su vulnerabilidad frente a posibles impugnaciones judiciales pudiendo dar lugar a consecuencias jurídicas graves, incluyendo la desestimación de la prueba pericial e incluso derivar en procesos disciplinarios o de reclamación civil para el perito.
Recomendaciones Sobre la Estructura del Informe Psicológico Forense
Diversos autores (Brodsky y Pope, 2023; Moulin y Delacrausaz, 2022; Neal et al., 2022; Vredeveldt et al., 2022; Young, 2016; Zwartz, 2018) han destacado la importancia de que los informes psicológicos forenses sigan una estructura lógica, coherente y cohesionada. La mayoría de las propuestas coinciden en la conveniencia de organizar el contenido del informe en, al menos, tres secciones claramente delimitadas:
Sección Identificativa
Datos del Perito
Debe incluirse la información identificativa del profesional responsable del informe, así como su formación y experiencia específica en el ámbito de la Psicología Forense. En los casos en que el informe sea elaborado de manera conjunta, deberá especificarse la contribución y la cualificación de cada profesional interviniente.
Datos del Caso y Objeto Pericial
Descripción del caso, con especial atención a la delimitación clara y precisa de las cuestiones objeto de evaluación.
Metodología utilizada
Se detallarán las técnicas, instrumentos y fuentes de información empleadas. Es fundamental informar si los instrumentos utilizados presentan limitaciones en cuanto a fiabilidad o validez, si su uso no se ajusta a las mejores prácticas o si han sido aplicados de forma no convencional o para fines distintos a los originalmente previstos. Asimismo, se deberán consignar las condiciones en que se realizó la evaluación, especialmente si estas pudieron influir en los resultados (por ejemplo, uso de intérprete, grabación de sesiones, presencia de terceros, o existencia de distractores).
>Sección Descriptiva
Presentación de Datos
Exposición organizada y sintética de los datos relevantes recabados durante la evaluación. Esta sección debe estructurarse en distintos apartados temáticos y distinguir con claridad entre los datos obtenidos, las fuentes de procedencia y la interpretación de éstos. Es esencial que los operadores jurídicos puedan diferenciar entre lo que se conoce y puede aceptarse como evidencia, y lo que constituye una hipótesis o interpretación profesional sujeta a evaluación. En caso de no haber podido acceder a información relevante, esta limitación debe quedar explícitamente recogida en el informe.
Sección Técnica
Análisis e Integración de Resultados y Formulación de Conclusiones
Esta sección debe incluir una discusión crítica de los hallazgos, contemplando hipótesis alternativas y posibles datos contradictorios. Se integrará la literatura científica utilizada como base para la interpretación, así como el razonamiento lógico que sustenta las conclusiones. La vinculación explícita entre resultados, evidencia empírica y fundamentos epistemológicos permite a los operadores jurídicos acceder a las fuentes que respaldan el juicio profesional emitido y facilita una valoración informada del contenido pericial.
Respecto a la formulación de las conclusiones, se considera conveniente que éstas sean enunciadas de forma numerada y que ofrezcan una respuesta explícita a las cuestiones planteadas como objeto de evaluación. Además, deben ser sustentadas, argumentadas y demostrables, es decir, técnicamente defendibles ante un tribunal. En este sentido, se señala la necesidad de incluir el alcance y limitaciones de éstas.
Finalmente, algunos autores (e.g. Zwartz, 2018) sugieren introducir un apartado de Anexos donde se recojan documentos como el consentimiento informado, la aclaración del rol profesional y los límites de la confidencialidad, los perfiles de las pruebas aplicadas o los posibles informes manejados.
Redacción del Informe
Respecto a la redacción del informe, distintos autores (Neal et al., 2022; Moulin y Delacrausaz, 2022; Kukor, Otto y Veltri, 2024; Young, 2016) realizan propuestas que sugieren atender a los siguientes principios:
Principio de claridad: evitar tecnicismos, términos ambiguos o vagos.
Principio de síntesis: incluir únicamente la información relevante, dado que la inclusión de información irrelevante puede aumentar el riesgo de sesgo, vulnerar la privacidad de las personas evaluadas y dificultar la comprensión del informe.
Principio de precisión: precisión y claridad al trasladar los resultados procedentes de instrumentos cuantitativos (test psicométricos, herramientas actuariales, etc.) dado que puede afectar a la valoración que realicen los operadores jurídicos
Principio de neutralidad: tener especial cuidado en el tono utilizado en la redacción, evitando, por ejemplo, un tono emotivo y/o crítico.
Principio de humanidad: se recomienda incluir, sin exceso, citas textuales de las personas evaluadas. Ello, a su vez, será de utilidad para ilustrar y sustentar algunas consideraciones técnicas
Principio de prudencia: deben evitarse términos categóricos o absolutos que difícilmente se pueden sustentar en el conocimiento científico vigente.
Además de las orientaciones señaladas, se recomienda utilizar listas de verificación o checklists como herramienta de apoyo para garantizar la exhaustividad y coherencia del informe (Zwartz, 2018). Estas listas permiten al perito autoevaluar la presencia de todos los elementos críticos antes de la entrega del informe, minimizando la probabilidad de errores inadvertidos (ver tabla 2).
Tabla 2 Lista de Verificación Para la Revisión de Informe Pericial Psicológico
| Preguntas de control | |
|---|---|
| Respecto al rol profesional |
¿Dejó claro su rol en relación con las personas evaluadas u otras fuentes de información colateral? ¿Existe la posibilidad de una relación dual u otra violación ética? ¿Ha aclarado el propósito del informe con la persona evaluada? ¿Ha aclarado los límites de la confidencialidad con la persona evaluada? ¿Ha obtenido el consentimiento informado? ¿Ha recogido los aspectos anteriores en el informe? ¿Conoce la legislación y jurisprudencia pertinente? |
| Respecto a la solicitud de pericial |
¿Es clara la pregunta psicolegal? Si no es así, ¿ha intentado obtener más información? Si lo anterior no es posible, ¿ha indicado su interpretación de la pregunta psicolegal y los extremos del informe? |
| Respecto a la recopilación de datos |
¿Se han considerado hipótesis alternativas? ¿Se ha obtenido toda la información necesaria para responder a la pegunta de referencia? ¿Ha intentado recopilar información colateral? ¿Son correctos los datos personales de la persona evaluada y las fechas de la evaluación? ¿Ha utilizado múltiples fuentes de datos? ¿Se enumeran todas las fuentes datos utilizados en el informe? ¿Están claras las fuentes de información en el informe? ¿Son adecuadas las medidas psicométricas utilizadas? |
| Respecto a la redacción de informes |
¿Ha evitado el uso de jerga, lenguaje coloquial o prejuicioso? ¿Hay algún término sin explicación? ¿Se han excluido datos que no son relevantes para contestar a la pregunta psicolegal? ¿Se expresan separados los datos de las inferencias? ¿El razonamiento es claro y las conclusiones transparentes? ¿Ha evitado contestar a la cuestión legal? ¿Las respuestas a las preguntas psicolegales están claramente recogidas en las conclusiones? |
| Respecto a aspectos personales |
¿Hay algo en esa derivación, evaluación o informe que le resulte incómodo? ¿Estaría usted satisfecho si el informe se hiciera público? ¿Existe potencial de sesgo personal? ¿Ha formulado usted consideraciones únicamente sobre asuntos para los que está cualificado y es competente? |
Nota. Adaptación basada en Zwartz (2018)
La implementación de protocolos de revisión por pares dentro de los servicios de evaluación forense se revela como otra estrategia eficaz para mejorar la calidad de los informes (Brodsky y Pope, 2004; Lubit, 2021; Vredeveldt et al., 2022), ya que la revisión externa permite detectar inconsistencias, sesgos o errores que podrían pasar desapercibidos para el autor del informe. En este sentido, Moulin y Delacrausaz (2022) sugieren que el intercambio y retroalimentación de los operadores jurídicos, como destinatarios de los informes periciales, podría también ser de interés para mejorar la elaboración de estos.
Finalmente, es importante señalar que resulta imprescindible una formación continua en la redacción de informes psicológicos forenses, que aborde tanto los aspectos técnicos como los éticos y comunicativos, y que esté adaptada a las necesidades reales del sistema judicial español (Muñoz et al., 2024).
Conclusiones
La elaboración del informe psicológico forense constituye una tarea compleja que requiere no solo un dominio técnico sólido de las metodologías de evaluación, sino también una elevada competencia en comunicación científica y una formación ética rigurosa. Su relevancia en el ámbito judicial es indiscutible: contribuye a la valoración probatoria de cuestiones psicolegalmente relevantes, influye en las decisiones de jueces/as y tribunales y afecta directamente a los derechos fundamentales de las personas evaluadas (DeMier y Otto, 2017; Zwartz, 2018). En este sentido, el informe no puede reducirse a un ejercicio mecánico ni fundamentarse en el uso acrítico de plantillas estandarizadas (Young, 2016).
La revisión narrativa realizada ha puesto de manifiesto importantes carencias que afectan tanto a los aspectos formales como sustanciales de los informes. La ausencia de una regulación legal específica en el contexto español, unida a la falta de estandarización en la formación y supervisión profesional, ha dado lugar a una heterogeneidad considerable en la calidad de los informes emitidos (Muñoz et al., 2024). Esta variabilidad, como advierten Karson y Nadkarni (2013), no refleja únicamente estilos personales de redacción, sino deficiencias estructurales que comprometen la utilidad y validez de la prueba pericial psicológica.
Los principios éticos y deontológicos de la psicología deben aplicarse con especial atención en el contexto forense (Australian Psychological Society, 2019; The British Psychological Society, 2021; Neal et al., 2022; Rocchio, 2020; Shapiro, 2016; Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense, 2024). Competencia técnica, honestidad, precisión y humildad en el tratamiento de los datos, así como respeto hacia las personas evaluadas, deben ser ejes rectores de toda actuación pericial (Allan y Grisso, 2014; Nordgreen, 2024; Young, 2016). Un ámbito especialmente sensible a estos principios es el de los contrainformes, cuyo uso indebido puede perjudicar la imagen de la psicología como ciencia forense rigurosa y confiable (Arch, 2023).
Los errores más frecuentes detectados no se limitan a aspectos formales -como una redacción confusa o una organización incoherente-, sino que también afectan cuestiones esenciales: la delimitación clara del objeto pericial, la fundamentación métrica de la metodología utilizada, la falta de vinculación entre los datos recogidos y la cuestión legal o la omisión de información contradictoria (Carrasco y Ramírez, 2020; da Silva, Casoni y Costa, 2014; Moulin y Delacrausaz, 2022). Estas deficiencias incrementan el riesgo de interpretaciones erróneas y pueden socavar derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva.
Entre los déficits más críticos destaca la falta de diferenciación entre los datos recogidos y las inferencias interpretativas del evaluador. Esta confusión, según Neal et al. (2022), compromete la transparencia del informe y dificulta su evaluación por parte del tribunal. En paralelo, el escaso reconocimiento de las limitaciones metodológicas, lejos de fortalecer el informe, lo debilita. Una reflexión explícita sobre los límites de los instrumentos, las posibles fuentes de error y las restricciones interpretativas es un indicador de rigor científico y compromiso ético (Melton et al., 2018).
Desde el punto de vista comunicativo, el uso de un lenguaje excesivamente técnico o ambiguo puede dificultar la comprensión del informe y ser interpretado como falta de objetividad o como un intento de enmascarar afirmaciones no fundamentadas (Young, 2016; Brodsky y Pope, 2023). La redacción debe ser clara, precisa, neutra y adecuada al destinatario judicial, evitando expresiones categóricas o absolutas. La estructura del informe debe ser coherente y permitir una lectura ordenada de los datos, el análisis y las conclusiones (Abel et al., 2019).
Son especialmente problemáticos los informes extensos sin foco claro, los "informes tipo" con autoplagios que desatienden las particularidades del caso, y aquellos sustentados en la autoridad incuestionable del experto, sin razonamiento inferencial explícito (Brodsky y Pope, 2023).
Frente a estos déficits, diversos autores han propuesto estrategias útiles para mejorar la calidad del informe. La adopción de listas de verificación (checklists) permite garantizar que todos los aspectos relevantes han sido considerados, reduciendo la probabilidad de omisiones y mejorando la consistencia interna del informe (Moulin y Delacrausaz, 2022; Zwartz, 2018). Asimismo, fomentar una cultura de revisión crítica mediante la implementación de protocolos de revisión por pares -tanto institucionales como independientes- contribuiría a detectar errores antes de la entrega del informe (Lubit, 2021; Vredeveldt et al., 2022).
La gestión de sesgos cognitivos también requiere atención prioritaria. La reflexión deliberada sobre hipótesis alternativas, el uso de procedimientos ciegos y la separación entre recogida de datos e interpretación se han identificado como estrategias eficaces para mitigarlos (Lubit, 2021; Neal et al., 2022; Kukor, Otto y Veltri, 2024).
La formación inicial y continua del psicólogo forense es un pilar esencial para alcanzar estos objetivos. Los programas de posgrado deberían incluir formación específica en redacción de informes, con práctica supervisada que aborde no solo los aspectos técnicos, sino también los comunicativos y éticos (DeMier y Otto, 2017; Neal et al., 2022). La formación permanente debe actualizar a los profesionales respecto a las mejores prácticas internacionales, desarrollos normativos y estrategias de calidad.
Un informe psicológico forense de calidad no es solo un imperativo técnico, sino un compromiso ético y social. Un documento claro, fundamentado y comprensible no solo favorece decisiones judiciales más justas y basadas en la evidencia, sino que también protege los derechos de las personas evaluadas y fortalece la confianza pública en la psicología forense como disciplina profesional.
Finalmente, se recomienda que futuras investigaciones evalúen empíricamente la eficacia de las propuestas de mejora recogidas en la literatura, tanto en términos de comprensión judicial como de valor probatorio. Asimismo, sería pertinente desarrollar herramientas prácticas que faciliten la estandarización del informe forense e impulsar intervenciones formativas centradas en la mejora de las competencias de redacción y la gestión de sesgos, con especial atención a la adecuación comunicativa al destinatario judicial.
