En primer lugar, les expreso mi felicitación por el accésit obtenido en el congreso de la SECPRE y la elaboración de este artículo, en el que analizan la prevención de problemas legales en la especialidad de Cirugia Plástica, Estética y Reparadora. Desde el punto de vista jurídico es alentador comprobar que a los profesionales de otras disciplinas les interesa la visión que se tiene de ellos desde otra perspectiva. El análisis de los factores que contemplan en su estudio es sumamente interesante de cara a evitar que se puedan repetir en el futuro.

Si hablamos de la introducción, no podemos estar más de acuerdo con los autores; y si tomamos los datos del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (España), refieren un aumento de un 407% desde el año 2020 de la litigiosidad en la especialidad, debido a una mayor demanda social y por lo tanto con un mayor número de procedimientos jurídicos.

Entendemos que los autores, que por su conocimiento como profesionales de la Medicina no tienen por qué saber con detalle de términos legales, no manejan con precisión en algunos puntos los términos jurídicos; es por ello que en este comentario me tomo la libertad de aclarar algunos conceptos con el ánimo de colaborar en lo posible a la claridad del trabajo realizado. Utilizan el término “legal” tanto para referirse a las sentencias analizadas como a la implementación de las prácticas clínicas. Este término está muy bien traído cuando se trata de hablar de cumplimento de las leyes, cualquiera que sea la que vaya a ser de aplicación a la especialidad médica de que se trate. Para el resto de los usos, la nomenclatura que sería conveniente usar es el término “jurídico”, y con ello nos referimos tanto a las resoluciones analizadas por los autores como a los procedimientos que los pacientes han interpuesto frente a los resultados obtenidos tras las intervenciones quirúrgicas. Por lo que aparece reflejado en el artículo, entiendo que el análisis se basa en aquellos casos en los que los procedimientos judiciales fueron incoados a raíz de un procedimiento de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora y que dieron como resultado una sentencia condenatoria para el facultativo especialista.

En material y método se refieren al número de sentencias que analizan obtenidas de lo que son bases de datos jurisprudenciales, es decir, un compendio de sentencias dictadas en los Tribunales Españoles, y hacen un comentario a que los datos son obtenidos de las sentencias. Se refieren a que no figuran las sentencias de los Tribunales de Primera Instancia, y que cuando lo hacen se debe a que dicha sentencia ha sido recurrida. Lógicamente un recurso se presenta por la parte que no ha obtenido una resolución acorde con su petición, por eso el sistema judicial es garantista y eleva esa nueva petición ante un órgano jurisdiccional superior, y así hasta el Tribunal Supremo. Según la ley Orgánica del Poder Judicial se realizará la recopilación de las sentencias, su tratamiento, difusión y certificación, para velar por su integridad, autenticidad y acceso, así como para asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales.

Por otro lado, el artículo solo habla de “demandas”, que es la forma de comienzo de un procedimiento civil. Para los lectores que se interesen en el tema podría ser conveniente realizar una clasificación de los órdenes jurisdiccionales ante los que los pacientes hayan presentado su pretensión: Orden Civil, Orden Penal u otros. La manera de comenzar suele ser por denuncia o querella y otros dependiendo de la relación entre el paciente y su facultativo así como del tipo de vinculación contractual de este con la institución en la que presta sus servicios. No es lo mismo que sea un centro público, situación en la que el paciente iniciará una reclamación patrimonial para luego si no ve satisfechos sus deseos ir al Orden Contencioso administrativo, que se trate de un centro privado, en cuyo caso el inicio del procedimiento irá directamente frente al facultativo o incluso frente a la propia institución.

Las recomendaciones que hacen los autores y que aparecen en el título del artículo, las tres Ces, son un resultado magnifico y con el que no puedo nada más que estar de acuerdo. Si empezamos por la Comunicación, es muy importante que el facultativo deje constancia en la documentación clínica tanto de lo que ha informado al paciente, como de que este lo ha comprendido. Igualmente, es muy importante que refleje las posibles complicaciones y la forma de resolverlas, no solo en el plano técnico, sino también en el económico. La documentación clínica es la demostración del buen hacer de un profesional y tiene un valor probatorio dentro del procedimiento judicial.

Si hablamos de la segunda recomendación, el Consentimiento, el artículo hace énfasis en la información que se proporciona al paciente para que pueda decidir, y después habla de la manera de cumplimentar el documento y de su custodia. Si bien la ley no define con cuánto tiempo de antelación debe entregarse al paciente dicho documento de consentimiento informado, en la jurisprudencia española hay una construcción que afirma que con menos de 24 horas antes del procedimiento quirúrgico, no sería válido. Así lo reflejan los autores en la tabla de recomendaciones de buenas prácticas en la que resumen las aportaciones fundamentales de su trabajo, y es importante que los lectores se fijen en este detalle concreto. En todo caso, considerar siempre que ese documento no es sino la última fase que ha comenzado en la consulta cuando el facultativo explicó, informó y recogió en la documentación todo el proceso.

Si nos referimos a la tercera C, las Complicaciones, estas son inherentes a la práctica médica, y si se han trabajado las Ces anteriores, este hecho quedaría minimizado porque dichas situaciones estarían contempladas tanto en la documentación y sobre todo en el documento personalizado de Consentimiento.

Sobre el punto de selección de pacientes, entiendo que, de acuerdo con la propia explicación que los autores dan en su artículo, entra más en el terreno de la ética y los principios generales de la profesión médica. Si bien es importante, un mejor análisis podría servir para un futuro artículo.

Para finalizar, permítanme unos apuntes más. Personalmente no recomendaría usar acrónimos para identificar a posibles pacientes litigiosos (SIMON, FATIMA) ya que esto pudiera ser considerado discriminatorio y contrario al artículo 14 de la Constitución Española, que trata de la igualdad.

Sobre los simuladores para visualizar resultados, no soy muy partidaria de su uso salvo que conste el consentimiento expreso del paciente para ello y que, tal y como los autores recomiendan, su custodia se realice de manera conforme a las normas jurídicas tanto españolas como europeas.

Hacen los autores una referencia a la grabación de las consultas y las cirugías; en opinión de esta jurista, esta práctica ha de ser extremadamente cuidadosa. En primer lugar, se ha de contar con mecanismos diferentes a los dispositivos personales del facultativo, y además, no podemos obviar el consentimiento inequívoco y expreso del paciente. Con la legislación anterior era suficiente con que el paciente no hubiera manifestado su desacuerdo, pero con la nueva ley es necesario que manifieste su afirmación y que quede constancia de ello en la documentación clínica. Por último, pero no menos importante, la guarda y custodia de las grabaciones ha de ser igual que he mencionado antes, acorde con los modelos que nos exige la norma. No debemos olvidar que los datos sanitarios alcanzan hoy en día en el mercado un valor muy superior al de los datos bancarios.

Reitero mi felicitación a los autores por la elección del tema y a la Directora de la revista Cirugía Plástica Ibero Latinoamericana por darme la oportunidad de realizar el comentario a este magnífico artículo.

Queremos agradecer sinceramente a Dña. María Asunción González de la Viuda sus amables y constructivas palabras hacia nuestro trabajo, así como su valioso análisis desde una perspectiva jurídica. No obstante, nos gustaría realizar algunas aclaraciones que consideramos relevantes.

En primer lugar, como bien señala, el objetivo de nuestro artículo no ha sido profundizar en los aspectos técnicos del derecho procesal, ni definir con exactitud jurídica los tipos de procedimientos iniciados por los pacientes (demanda civil, querella criminal, reclamación administrativa, etc.), sino ofrecer una visión general y comprensible para el colectivo médico. En cualquier caso, nuestra revisión incluye procesos judiciales tanto civiles como penales, así como procedimientos administrativos, sin intención de entrar en una clasificación exhaustiva de los mismos. Cabe destacar que estos conceptos no nos son ajenos, ya que el Dr. Hontanilla es graduado en Derecho, cuenta con un máster de acceso a la abogacía y está colegiado (no ejerciente). Aun así, entendimos que un análisis detallado de la naturaleza jurídica de cada proceso escapaba al enfoque y objetivo de un artículo dirigido a profesionales de la Medicina.

Respecto a la observación sobre el uso del acrónimos (SIMON, FATIMA), queremos reiterar -como se indica explícitamente en el artículo- que su finalidad no es, en modo alguno, la discriminación de pacientes, sino la identificación de perfiles con mayor riesgo de litigio, con el objetivo de extremar las precauciones en esos casos. Transcribimos literalmente: “el uso de acrónimos no debe emplearse como un medio para descartar o discriminar a pacientes candidatos a cirugía, sino como una herramienta para identificar potenciales situaciones de riesgo y extremar la precaución en esos casos”. Aun así, agradecemos su advertencia respecto al artículo 14 de la Constitución Española y consideramos muy valiosa esta reflexión.

En cuanto al uso de softwares de simulación, compartimos plenamente su cautela. Tal como mencionamos en el artículo, no recomendamos su utilización generalizada ya que pueden inducir al paciente a interpretar la imagen generada como una promesa de resultado. Esto no solo puede crear expectativas irreales, sino transformar la relación médico-paciente, tradicionalmente basada en la obligación de medios, en una relación contractual de resultado. Este cambio implica riesgos legales adicionales y puede reforzar la percepción del paciente como consumidor, lo que sitúa la relación bajo el amparo de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Ley 1/2007 de 30 de noviembre del Estado Español), con los riesgos que ello conlleva.

Respecto a la grabación de consultas y cirugías, coincidimos en que se trata de una medida que debe aplicarse con extrema prudencia. Estamos de acuerdo en que su implementación debe contar siempre con el consentimiento expreso e inequívoco del paciente, en consonancia con la normativa vigente en materia de protección de datos, especialmente del Reglamento Europeo 2016/679 (RGPD). Nuestro planteamiento, como se menciona en el texto, pretende ofrecer esta medida como un recurso adicional para reforzar la transparencia y la seguridad jurídica de ambas partes, siempre que se respeten los requisitos legales en cuanto a la autorizacióny custodia de las grabaciones.

En definitiva, agradecemos sinceramente su revisión y comentarios que aportan una visión jurídica complementaria y rigurosa. Nos alegra saber que ha considerado pertinentes nuestras propuestas y confiamos en que este diálogo entre disciplinas contribuya a una práctica médica más segura.