EDITORIAL

En comparación con otros problemas sociales actuales, como la emergencia climática o la desigualdad de género, y a pesar de su prevalencia e impacto vital en la ciudadanía global, la inseguridad alimentaria (IA) parece desatendida y abandonada. No poder garantizar que todas las personas, en todo momento, tengan acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos que cubran sus necesidades dietéticas y las preferencias alimentarias para mantener una vida sana y activa¹, supone un grave problema de justicia social.

La globalización de los mercados genera incertidumbre y precarización de empleos, salarios y condiciones de vida², lo cual, juntamente con los eventos planetarios como la crisis climática, las diferentes pandemias o los conflictos geopolíticos y armados, tienen consecuencias directas e indirectas que agravan la situación.

La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la alimentación (art. 25)³, no solo como el acceso a una ración mínima de alimentos, sino que debe cumplir con todas las condiciones necesarias para poder llevar una vida digna⁴. El peso otorgado a esta lacra global de la falta y seguridad de los alimentos se refleja en múltiples pactos y acuerdos internacionales^4,5, y aunque España ha ratificado muchos de ellos, la Constitución Española sigue sin reconocer explícitamente el derecho a la alimentación, diluyendo por tanto la responsabilidad institucional⁶. Esta desatención se refleja en la invisibilidad del problema para la Administración, sin datos de prevalencia de IA pese a contar con un sistema de monitorización de indicadores ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)⁷.

Reconociendo las múltiples sinergias necesarias para mitigar el hambre, el Objetivo de Desarrollo Sostenible Hambre Cero (ODS 2), junto a otras metas de los ODS, contribuyen a la lucha y erradicación desde el ámbito socioeconómico y ecológico⁸. Sin embargo, no se debe confundir IA con hambre, ya que ésta es solo un aspecto más de la IA en sus vertientes más severas⁹. Actualmente, la política alimentaria ha convertido el derecho a la alimentación en un bien mercantilizado, alejándose de una política que debería ir encaminada hacia la promoción de la salud y el bienestar. Un marco de acción que se presenta como alternativa para abordar esta situación es la soberanía alimentaria, cuyas premisas son la participación, la autosuficiencia de las comunidades y el fortalecimiento de la gobernanza a nivel local y regional¹⁰. Este modelo aún no ha sido adoptado de forma extensa en regiones del Norte Global, a pesar de que términos como equidad y participación ocupan la agenda pública.

En 2020, alrededor de un tercio de la ciudadanía mundial padecía IA moderada o grave, con Asia y África desproporcionadamente afectadas, y se produjeron incrementos en Europa por primera vez desde 2014, cuando se empezaron a registrar datos¹¹. En España, la IA grave se habría duplicado por la pandemia, con prevalencias entre el 8,8% (IA moderada o grave) y el 13,3% (IA leve, moderada o grave)^11,12. Sin duda, el principal determinante de la IA es la pobreza, aunque no siempre se dan de forma simultánea, constatando así su compleja relación⁹. El género¹³ y la etnia también influyen en el entramado de la IA; por ejemplo, en España, la etnia gitana presenta una abrumadora prevalencia de IA de hasta el 80%⁶.

Un grupo particularmente vulnerable a la IA son los adolescentes¹⁴, ya que se encuentran en una etapa de transición a la edad adulta, con menor supervisión parental¹⁵ y mayor autonomía personal, pero menor protección normativa o institucional (sistema sanitario y educativo). En España, la prevalencia de IA en adolescentes se situaría entre el 12%-18%^16,17, aunque estas proporciones podrían ser incluso más elevadas en los casos de hogares monoparentales, los que reciben asistencia social, familias con pocos ingresos o bajo nivel educativo¹⁸.

Las consecuencias de la IA en períodos tan críticos y vulnerables como la infancia y la adolescencia son muchas y a múltiples niveles. Los efectos en la salud mental de los jóvenes son especialmente preocupantes ya que, junto a otros estresores, pueden dar lugar a trastornos depresivos, uso de sustancias, ideación suicida¹⁴ o trastornos de la conducta alimentaria¹⁶. Además, los adolescentes expuestos a la IA refieren sentir el estigma y la vergüenza asociados a esta situación de precariedad alimentaria¹⁹, siendo también más proclives a rendir peor académicamente o abandonar los estudios¹⁴. En regiones del Sur Global, dónde los derechos infantiles no están tan consolidados, sufrir IA en el hogar puede abocar a las familias a que los niños abandonen el colegio, comiencen a trabajar o contraigan matrimonio²⁰.

Las intervenciones actuales destinadas a erradicar la IA reflejarían perspectivas neoliberales de Salud Pública, enfatizando la responsabilidad individual a la vez que minimizando el efecto de los modelos económicos o productivos imperantes. Dichas intervenciones son, típicamente, ayudas económicas, subsidios de alimentación y bancos de alimentos que, impregnadas de paternalismo, resultan solo un parche a la enredada y compleja trama de la IA. Por otro lado, otras intervenciones de base comunitaria focalizadas de nuevo en el desarrollo de habilidades individuales niegan las causas reales de la IA, como son la pobreza y las desigualdades sociales²¹.

Es necesario un esfuerzo por reformular la IA como un evento centinela de la salud y del bienestar de las personas, incorporando un sistema de detección precoz y desarrollando intervenciones eficaces para luchar contra la injusticia social. Por ello, los profesionales sanitarios deben esforzarse por desplegar habilidades de diplomacia para influir, apoyar y cabildear a los múltiples decisores (políticos y técnicos) y actores sociales implicados, cuya intervención es fundamental.

Es urgente desarrollar y evaluar intervenciones dirigidas a disminuir la IA en adolescentes, codiseñadas y coproducidas con ellos, sus familias y entornos vitales, así como con la comunidad, a fin de interrumpir un círculo vicioso de desventajas sociales que de otro modo se trasmitirán generacionalmente.