Personal de Pediatría y Enfermería de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud.

Se obtuvo el número de profesionales a través de las últimas cifras publicadas en el portal estadístico del Ministerio de Sanidad en el apartado Sanidad en datos, del año 2020, disponible en su sitio web⁽¹¹⁾. Para la obtención de la ratio de pediatría se consultó el número de habitantes entre cero y catorce años de cada comunidad autónoma, obteniéndose el número de pediatras de AP por cada mil habitantes entre cero y catorce años. En el caso de enfermería, la ratio se calculó a partir de los datos de población total pues, en su caso, su labor no se circunscribe a dicha edad por no disponer de la especialidad en pediatría plenamente instaurada. Por tanto, la ratio de enfermería se expresó en número de enfermeras de AP por cada mil habitantes de población general ¹².

Reconocimiento legal del personal de Nutrición.

Para conocer el reconocimiento legal autonómico de estos profesionales, se consideró que existía reconocimiento legal cuando existía un decreto de creación de la categoría profesional estatutaria de nutricionistas y técnicos en nutrición en la comunidad autónoma.

Personal de Nutrición en el Sistema Nacional de Salud.

Para conocer el número de profesionales de cada categoría en ejercicio en los servicios de salud, en primer lugar, se analizaron las ofertas de empleo público de cada comunidad autónoma a través de los decretos de ofertas de empleo público entre los años 2016-2021, incluyendo tanto licenciados, diplomados y graduados en Nutrición Humana y Dietética como Técnicos Superiores en Dietética y Nutrición. En segundo lugar, mediante trámite online, se contactó con las consejerías de Sanidad de cada comunidad autónoma a través de una solicitud genérica de acceso a información pública. Se estableció como fecha final de recogida de datos procedentes del trámite electrónico el 30 de abril de 2022.

Planes Integrales contra la Obesidad infantil.

Para conocer la existencia o no de planes accesibles para la población general se realizó una búsqueda en los sitios web oficiales de los servicios de salud de las diferentes comunidades y ciudades autónomas.

Gasto sanitario y partidas presupuestarias.

Se consultó la información de los presupuestos generales para 2022 de cada comunidad autónoma destinados a las consejerías de Salud y/o servicios sanitarios ^{(13 (14 (15 (16 (17 (18 (19 (20 (21 (22 (23 (24 (25 (26 (27 (28}, excepción de Andalucía ⁽²⁹ y Castilla y León ⁽³⁰, comunidades en las que permanecían vigentes los presupuestos del año 2021. Para la obtención de datos sobre los fondos destinados a combatir la OI y su partida presupuestaria específica, o bien los fondos en concepto de Salud Pública o promoción de la salud, así como el gasto sanitario asociado a la misma, se realizaron solicitudes individualizadas a cada una de las consejerías de Sanidad a través de una petición genérica de acceso a información pública.

De forma adicional, se procedió a calcular los euros invertidos en sanidad por habitante y año usando los datos poblacionales correspondientes a 2021 del INE⁽³¹. Solo se calcularon las ratios de pediatras y enfermeros por 1.000 habitantes y el gasto en salud por habitante pero no se realizó ningún análisis estadístico de los datos.

RESULTADOS

A continuación, se detallan los resultados obtenidos para cada uno de los indicadores analizados.

Personal de Pediatría y Enfermería de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud.

Los datos recopilados en la [Tabla 2] muestran el número de profesionales por categorías y su ratio por cada mil habitantes. La ratio nacional fue de 1,21 para pediatras y 0,65 para enfermería. Entre las comunidades autónomas se apreciaron grandes variaciones para ambas categorías; así, las mayores ratios se encontraron en La Rioja con 1,55 pediatras y 0,89 enfermeros por cada mil habitantes, mientras que en la última posición de la clasificación se situaron las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 0,63 pediatras y 0,48 enfermeros por cada mil habitantes.

Tabla 2. Recuento de Pediatría en AP y ratio por cada 1.000 habitantes de cero-catorce años. Recuento de Enfermería y ratio de enfermeras por 1.000 habitantes en población general. 

Reconocimiento legal del personal de Nutrición.

A nivel legislativo, el reconocimiento como personal sanitario de nutricionistas y técnicos en nutrición se encuentra en proceso. Se obtuvieron los decretos o resoluciones correspondientes a cada comunidad autónoma, presentes en la [Tabla 3]. Se observó que los nutricionistas carecían de reconocimiento como personal sanitario en Andalucía, Asturias, Islas Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. Los técnicos superiores en dietética mostraron una situación similar, existiendo comunidades donde aún no se encontraban reconocidos como personal sanitario de los respectivos servicios de salud. Por otro lado, si bien se hallaron ofertas de empleo público para los técnicos superiores en Dietética y Nutrición en varias comunidades autónomas, no se pudo localizar los decretos que los reconocían como tal.

Tabla 3. Reconocimiento legal Dietistas-Nutricionistas y Técnicos superiores en dietética y nutrición como personal sanitario. 

Personal de Nutrición en el Sistema Nacional de Salud.

Como se aprecia en la [Tabla 4], la Región de Murcia fue pionera con nueve plazas públicas para nutricionistas ofertadas en los últimos años, seguida de Valencia con siete y Navarra con una. Por otra parte, la oferta de plazas para técnicos superiores en nutrición fue considerablemente mayor, situándose en primer lugar Andalucía, con veintitrés, seguida de Castilla y León con catorce y Navarra con ocho. Respecto al personal contratado en la actualidad por los respectivos servicios de salud, de forma general se observó que la balanza se inclinaba hacia los técnicos superiores en dietética. Destacó la Comunidad Autónoma de Cataluña, con una cantidad de profesionales de ambas categorías muy superiores al resto de comunidades, quedando aún pendientes 150 contrataciones de nutricionistas para AP, a realizar durante el transcurso de 2022. Algunas comunidades, como Andalucía, ofrecieron la información sin especificar el ámbito laboral de dichos profesionales, y otras, como las Islas Canarias, Castilla La-Mancha, Galicia, Ceuta y Melilla, no emitieron respuesta alguna a la petición de datos.

Tabla 4. Número de plazas públicas ofertadas y número de profesionales de Nutrición contratados por las distintas CC. AA. 

DN=Dietistas-Nutricionistas; TSDN=Técnico Superior en Dietética y Nutrición; AP=Atención Primaria; AE=Atención Especializada.

^(*)Andalucía no especificó el ámbito laboral de los TSDN.

Planes Integrales frente a la Obesidad infantil.

En la [Tabla 5] e observa que únicamente nueve comunidades y las dos ciudades autónomas contaban con planes integrales para la OI, si bien se hallaron desactualizados u obsoletos. Solo la Región de Murcia poseía este plan relativamente actualizado, con fecha de 2021, seguida del País Vasco (actualizado en 2019), situándose en último lugar Ceuta y Melilla, con un plan que databa de 2007. Por otra parte, Cataluña y Valencia poseían este plan en formato web, estando en constante actualización.

Tabla 5. Planes Integrales de abordaje de la Obesidad Infantil por comunidades autónomas. 

Gasto sanitario y partidas presupuestarias de la Obesidad Infantil.

En la [Tabla 6] se resumen los fondos destinados a los servicios de salud, Salud Pública y Promoción de la Salud en cada comunidad, observando variaciones en el importe por habitante en función del lugar de residencia (Ceuta y Melilla, 1.953,17 euros/habitante, frente a La Rioja, 1.103,52 euros/habitante). Asimismo, se evidenció que solo nueve de las diecisiete comunidades detallaban un importe específico a Salud Pública, y únicamente cuatro de ellas lo hicieron para Promoción de la Salud.

Tabla 6. Presupuestos (en euros) destinados a Servicios de Salud, Salud Pública y Promoción de la salud; capital invertido en salud por habitante; partida presupuestaria para OI y gasto sanitario derivado de la OI. 

^(*)Para Andalucía y Castilla y León se mantienen vigentes los presupuestos del año 2021.

En cuanto al gasto sanitario derivado de la Obesidad Infantil, se comprobó que tan solo la Comunidad Autónoma de Cataluña realizaba de forma periódica un análisis económico del gasto sanitario derivado de la obesidad infantil.

En relación con una partida presupuestaria específica para luchar contra la OI, no se obtuvieron más respuestas que las dadas por las comunidades autónomas de Castilla y León y La Rioja, que destinaron un importe concreto para programas de alimentación saludable. Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Ceuta y Melilla no emitieron respuesta alguna.

DISCUSIÓN

Respecto al personal de Pediatría, la ratio media de pediatras se sitúa en 1,21 pediatras por cada mil habitantes de cero-catorce años, lo que equivale aproximadamente a 826,44 habitantes infanto-juveniles por pediatra. Esto coloca a España en una posición positivamente alejada de los valores medios de la Unión Europea, según el artículo de Carrasco Sanz (2011), en el que abordó la situación de los pediatras en Europa y estimó que, de media en Europa, cada pediatra tenía asignado un cupo de 1.250 habitantes ⁽³²⁾. Según el último Informe de Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos, de enero de 2022, esta situación positiva se mantendría, e incluso mejoraría, en la Atención Primaria en España entre los años 2021-2035 ⁽³³⁾.

En relación con la enfermería de Atención Primaria, la ratio media de enfermeras por cada mil habitantes es de 0,65, lo que equivale a aproximadamente 1.544 habitantes por cada enfermera de Atención Primaria. Una situación similar fue descrita por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en 2015, en un análisis de la situación de la enfermería en Atención Primaria en cuanto a profesionales sanitarios en comparación con la Unión Europea. En él, observaron que tanto el número de enfermeras totales respecto al total de sanitarios como el número de enfermeras por cada mil habitantes se encuentra muy por debajo de la media europea, a saber, 57,1% de enfermeras del total de profesionales sanitarios en España frente al 69,2% de enfermeras en Europa y 4,9 enfermeras por cada mil habitantes en España frente a 8,7 en Europa ⁽³⁴⁾.

Esta situación genera una gran desigualdad en la composición y presencia de la enfermería en los Equipos de Atención Primaria, impidiendo a los profesionales poder abarcar todas las actividades y cuidados que precisa la población y obligándolos a realizar un gran sobresfuerzo para mantener las prestaciones, en concreto, el abordaje de la Obesidad Infantil. Todo ello, podría repercutir negativamente sobre la equidad en el acceso a los cuidados de la población, la calidad de la atención y los derechos laborales del colectivo.

Las diferencias intercomunitarias respecto al personal resultan evidentes en ambas categorías profesionales, encontrando autonomías como Andalucía que, albergando la mayor proporción de población infantil española, en comparación con otras como La Rioja, presenta una ratio de pediatras y enfermeras considerablemente menor: 0,89 frente a 1,55 para pediatría, y 0,58 frente a 0,89 para enfermería, respectivamente. También llama la atención que aquellas comunidades con mayor índice de sobrepeso y obesidad, como Andalucía, Islas Baleares, Ceuta y Melilla o Murcia, tienen las menores ratios, tanto de pediatras como de enfermeros, por debajo de la media nacional.

Por otro lado, la situación de nutricionistas y técnicos superiores en dietética es todavía más desmoralizadora, si se tiene en cuenta que poseen las competencias específicas para el tratamiento nutricional de los pacientes obesos. En España, la contratación y oferta de empleo público realizadas en los últimos años resulta ser anecdótica y no alcanza las exigencias de profesionales marcadas por diferentes organismos. La Unión Europea fijó las necesidades de dietistas-nutricionistas por cama hospitalaria en una por cada cuarenta camas de especialidades, una por cada setenta y cinco camas de pacientes agudos y una por cada cien-ciento cincuenta pacientes de media y larga estancia. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja un promedio de un nutricionista por cada cincuenta pacientes ⁽³⁵⁾, y la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas reclamó, en 2009, la inclusión de nutricionistas en el SNS, solicitando un nutricionista por cada 50.000 tarjetas sanitarias en el ámbito de Atención Primaria, un nutricionista por cada cien camas en Atención Especializada y un nutricionista por cada 500.000 habitantes en el ámbito de la Salud Pública ⁽³⁶⁾. Además, cabe destacar la variabilidad que existe en la categoría profesional de este colectivo en función del servicio de salud donde ejerza, que se podría traducir en diferentes condiciones laborales, salarios, etc., hecho que pudiera conducir a la no ocupación de dichos puestos en beneficio de otros más atractivos, poniendo en peligro la asistencia sanitaria que precisa la obesidad infantil. Es evidente que España parece no cumplir con estos criterios y, por tanto, dista mucho de las recomendaciones de los organismos oficiales.

Unido a la aparente falta de algunos profesionales considerados cualificados, el presente estudio pone de manifiesto la falta de protocolos estandarizados y actualizados para el abordaje de la OI. En la actualidad, ocho de las comunidades autónomas españolas carecen de planes o programas específicos, o al menos estos no son accesibles, y de las diez que sí los poseen, solo dos cuentan con sus programas en formato web, estando el resto obsoletos o no actualizados. Por su parte, los presupuestos generales para 2022 de las Islas Canarias contemplan, en su disposición adicional trigésimo octava, el compromiso de elaborar el Plan contra la Obesidad Infantil 2022-2026 y dotarlo de los recursos necesarios.

En cuanto a los aspectos económicos de la Obesidad Infantil, reflejan que queda mucho por hacer. Ninguna comunidad autónoma, menos una, cuantifica el gasto derivado de OI. Cataluña es la única comunidad autónoma que, de forma aislada, realiza un análisis periódico del gasto sanitario derivado de la OI, siendo alarmantes los resultados del último informe al que se tuvo acceso. Una persona menor de dieciocho años con OI supone un coste adicional de 153,44 euros/persona y año, es decir, teniendo en cuenta la población que se encuentra en ese rango de edad supone un total de 13.739.080 euros/año. Por ello, resultaría conveniente para el resto de las comunidades realizar un esfuerzo en conocer, de una forma tangible, las consecuencias económicas de esta patología en su territorio concreto.

Por otra parte, casi todas las comunidades autónomas refieren no disponer de una partida presupuestaria específica para la OI. Se encuentra poca información sobre los diversos programas de salud incluidos en las partidas presupuestarias destinadas a Salud Pública y Promoción de la Salud. En los presupuestos generales de cada comunidad autónoma no se desglosan las partidas presupuestarias, quedando la responsabilidad de repartir dichos fondos a los distintos organismos. Además, ese reparto no puede consultarse de forma libre ni está reflejado en los correspondientes sitios web, siendo una limitación del presente trabajo.

Para finalizar, es relevante mencionar otras limitaciones del estudio. Así, parte de la información de carácter público que se publica en este trabajo no está del todo disponible ni es fácilmente accesible para la ciudadanía o profesionales. Fue necesario solicitar un certificado/firma electrónica para poder contactar con las distintas consejerías de Salud y obtener dicha información. Así mismo, algunas comunidades autónomas no dieron respuesta a las solicitudes efectuadas, por lo que faltarían datos para conocer la situación real de nuestro país respecto a los indicadores analizados. A pesar de que España cuenta con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, todavía queda mucho por avanzar en este ámbito. Por otra parte, los datos de enfermería son de carácter general, no específicos de población pediátrica. Con respecto a las partidas presupuestarias, aquellas destinadas a Promoción de la Salud solo servirían para estimar de forma sucinta la inversión en prevención de la OI, ya que en esos Servicios, además de la OI, se abordan diversos temas como programas de cribados de cáncer, prevención del VIH, ITS, tabaquismo, etc.

Como conclusión general, podemos manifestar que, a nivel intercomunitario, el abordaje de la obesidad infantil parece variar de forma considerable para la mayoría de los indicadores analizados. Por ello, sería recomendable que los responsables de gestión sanitaria a todos los niveles (nacional, autonómico y local) encauzaran sus esfuerzos en homogenizar este abordaje, con el fin de mejorar la calidad asistencial e igualar las oportunidades de prevención y tratamiento en todo el ámbito nacional.

Sirviendo este trabajo como punto de partida, en próximas investigaciones se debería profundizar sobre estos mismos indicadores y analizar otros de igual importancia, como la situación de otros profesionales con competencias sobre la OI (endocrinólogos, psicólogos, técnicos superiores en Nutrición y Control de Alimentos, etc.), analizar el entorno de la población infantil (enfermeros escolares, escuelas promotoras de salud, análisis de instalaciones deportivas disponibles, ciudades adscritas a la Red de Ciudades Saludables), etc.