En España los avances de la medicina y la farmacología, la tecnología, etc., unidos a los bajos índices de natalidad (producto de diversos fenómenos sociales acaecidos durante el siglo XX), originan un envejecimiento poblacional sin precedentes, situación extendida al resto de países europeos. Tal circunstancia lleva aparejada un incremento de personas mayores en situación de dependencia, conllevando desafíos como pueden ser el aumento de las enfermedades crónicas y los estadios paliativos, la gestión del cuidado informal, el coste económico del cuidado formal y la soledad no deseada (SND), entre otras. Respecto de este último desafío, y sus consecuencias, se puede decir que: se trata de un problema silente de nuevo orden que afecta cada vez a más personas en España, Europa y el mundo; supone una fuente de sufrimiento para quien la padece y una limitación del derecho de participación en la sociedad; provoca consecuencias negativas para la salud y el bienestar emocional; lleva asociada ciertos costes sociales y económicos ⁽¹⁾. Hoy día se estima que en nuestro país un 13,4% de las personas sufren SND, que quienes la padecen llevan aproximadamente seis años en dicha situación y que el 22,9% experimenta este sentimiento de soledad durante todo el día. Asimismo, en el conjunto de Europa alrededor de treinta millones de personas se sienten solas con frecuencia. Atendiendo a la variable sexo, son las mujeres quienes con mayor prevalencia sufren esta problemática (14,8% para el caso de las mujeres y 12,1% para el caso de los hombres). Entre los factores asociados a esta tendencia se encuentra la esperanza de vida al nacer. Cabe decir al respecto que, en los últimos lustros, nuestro país ha experimentado un aumento de la esperanza de vida en casi cinco años, siendo mayor en el caso de la mujer. Para 2022 este aumento asciende a 83,08 años (mujeres=85,7/hombres=80,3), hecho que sitúa a España en el décimo puesto de la clasificación de los 194 países que publican su esperanza de vida ⁽²⁾.

Entre los factores asociados a la SND se encuentran el hecho de vivir solo, los eventos vitales, la edad, la discapacidad, la renta y la salud [Tabla 1], es decir, elementos relacionados con los determinantes sociales en salud que exigen de una actuación multifactorial.

Tabla 1. Elementos vinculados a la soledad de deseada en España. 

Son consecuencias directas de la SND: el deficiente estado anímico; la insatisfacción sobre las necesidades vitales; la limitada relación con el entorno; la falta de acceso a los bienes y servicios; la inseguridad individual; y la peor calidad de vida (real y percibida). Tal coyuntura queda traducida en un deterioro de la salud física y mental (aumento en la prevalencia de la depresión y otras patologías, favorecimiento de la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares) y la pérdida anual de Años de Vida Ajustados a la Calidad (2,8% sobre el total del conjunto de la población española). A nivel social, el coste de la SND deriva en un incremento de la asistencia en el sistema sanitario y del consumo de fármacos (equivalente a 6.101 millones de euros anuales, es decir, el 0,51% del PIB en España), así como en una pérdida de la productividad anual de más de 8.000 millones de euros ⁽³⁾, ⁽⁴⁾.

Esta realidad genera un incremento de los cuidados de larga duración y del número de solicitudes a través de la Ley de Dependencia, provocando un coste económico difícil de soportar (a largo plazo) por el Estado de bienestar. También causa la necesidad de ofrecer nuevas respuestas socio-sanitarias conciliadoras sobre tal disposición, donde el peso del cuidado deje de recaer sobre la familia y donde el tercer sector (entidades privadas, sin ánimo de lucro y voluntariado) estará obligado a ganar protagonismo. Aquí se hace necesaria la intervención biopsicosocial desde el Modelo Share o el Modelo de Atención Centrado en la Persona, en el que se tengan en cuenta, desde un paradigma sistémico, los principios de la bioética y, por ende, los propios intereses de esta ⁽⁵⁾.

Finalmente, cabe decir que la SND supone un reto para nuestro sistema de protección social (sanidad y servicios sociales) y las políticas públicas, donde la medicina clínica y social se ven obligadas a minimizar las consecuencias del problema y a promover acciones que contribuyan al sostenimiento del mismo. Su magnitud podría ser interpretada como un problema de Salud Pública.