Introducción

La coordinación de parentalidad (CP), denominada de diferentes maneras, tales como special master, wiseperson, family court advisor, mediator-arbitrator, o parenting plan coordinator (^{Sullivan, 2013}), tiene sus orígenes a mediados de los años ochenta del siglo pasado en Estados Unidos (^{Kelly, 2014}). A inicios de los 90, la CP surge como un nuevo procedimiento ADR (^{Carter, 2011}) para resolver los casos altamente conflictivos de ruptura de pareja con hijos menores de edad. A este respecto, se mencionan como pioneros de la CP los estados de California y Colorado (^{Kelly, 2014}; ^{Sullivan, 2013}), siendo Oklahoma, en 2001, el primer estado en desarrollar una norma legal para darle soporte (^{Kelly, 2014}), siguiéndole rápidamente otros en conferirle una regulación estatutaria ad hoc (^{Brown, Behrman, y Zimmerman, 2017}; ^{Montiel, 2015}). Si bien no todos los estados cuentan con dicha regulación (^{Ordway, 2015}), actualmente esta práctica se encuentra asentada en todo el territorio norteamericano, tanto en Canadá como en Estados Unidos, siendo muchos los estados en los que se ha implantado activamente (^{Behrman, 2016}; ^{Neff y Cooper, 2004}; ^{Parks, Tindall y Yingling, 2011}).

La coyuntura en la que surge la CP se caracteriza por un elevado número de divorcios, una creciente demanda de la custodia compartida, y el uso principal de la vía judicial, por parte de algunos progenitores, para solventar las cuestiones relativas al plan de parentalidad, a lo que había que añadir que las sentencias judiciales no resolvían el problema, produciéndose una judicialización de la relación parental, con el subsecuente daño a los hijos (^{Kelly, 2014}). Se estima que entre el 8 % y el 12 % de los progenitores con ruptura de pareja continúan con un nivel alto de conflicto (^{Coates, Deutsch, Starnes, Sullivan, y Sydlik, 2004}). Las situaciones de “alto conflicto” hacen referencia a las disputas intensas que se prolongan en el tiempo, que requieren considerables recursos judiciales y comunitarios, y que se caracterizan por falta de confianza entre los progenitores, elevados niveles de enfado entre ellos, incapacidad para comunicar sus sentimientos y necesidades de manera apropiada y uso frecuente del sistema judicial (^{American Bar Association, 2005}; ^{Coates et al., 2004}; ^{D'Abate, 2016}; ^{Kelly, 2003}; ^{Shaw, 2017}). A pesar de que el porcentaje de casos pueda parecer escaso representan un desafío para el sistema judicial y para los profesionales que trabajan en el campo de la salud mental y legal; consumiendo, además, una enorme cantidad de tiempo de los tribunales y servicios legales gratuitos, y de la mayor parte de los escasos servicios psicosociales (^{D'Abate, 2016}; ^{Saini y Birnbaum, 2007}); se estima que ocupan el 90 % del tiempo de los jueces de familia y de los profesionales implicados (^{Neff y Cooper, 2004}). Esto es, utilizan una parte desproporcionada tanto del tiempo como de los recursos de los juzgados (^{Mitcham-Smith y Henry, 2007}). Esto podría ser suficiente para motivar la búsqueda de procedimientos que ayuden a pacificar estas familias; sin embargo, resta el daño más importante, el que se causa a los hijos (^{Corrás et al., 2017}; ^{Martinón et al., 2017}; ^{Seijo, Fariña, Corrás, Novo y Arce, 2016}).

La CP es definida por la Association of Families and Conciliation Court (^{AFCC, 2006}) como un proceso alternativo de resolución de conflictos centrado en los niños, en el que un profesional de la salud mental o del ámbito legal, con formación y experiencia en mediación, asiste a los padres que presentan alta conflictividad y les enseña a implementar el plan de parentalidad sin dañar a sus hijos. En la misma línea, la ^{American Psychological Association (APA, 2012)} establece que la CP es un proceso de resolución de conflictos de carácter no adversarial, que puede ser ordenado por el juzgado o acordado por los propios padres, quienes están separados o divorciados y sumidos en un continuo conflicto o litigio, que afecta negativamente a la relación con sus hijos. La CP se considera como un modelo de intervención desde el que abordar las cuestiones de coparentalidad que surgen después de la separación o divorcio (^{Boyan y Termini, 2005}; ^{Fidler, 2012}; ^{Henry, Mitcham y Henry, 2013}; ^{Henry, Fieldstone y Bohac, 2009}), cuyo principio rector de actuación es el mejor interés de los hijos y que cumple con los principios que definen el paradigma de la Justicia Terapéutica (TJ) (^{Fariña, Novo, Arce y Vázquez, 2017}).

Para orientar la práctica de la CP, las directrices publicadas por la ^{AFCC (2006)} y la APA (2012) precisan aspectos como la designación del CP, sus funciones y objetivos, el proceso de intervención, así como la formación que han de poseer estos profesionales. Así, en relación a la designación se especifica que el CP puede ejercer su función por acuerdo entre los progenitores y/o por resolución judicial, debiendo concretarse y definirse con claridad su ámbito de autoridad y sus responsabilidades. El profesional precisa que bien los propios progenitores, a través del consentimiento informado o bien el tribunal, por orden judicial (^{Coates et al., 2004}; ^{Deutsch y Lally, 2014}) le otorguen autoridad. Esta es necesaria para obtener toda la información que requiera el caso para gestionar el conflicto, tomar decisiones relacionadas con la satisfacción de las necesidades de desarrollo y psicológicas de los hijos, a la vez que desarrollar labores de carácter educativo con ambos progenitores, todo ello con el propósito de reducir en los hijos el daño que les produce la exposición al conflicto y eliminar o cuando menos minimizar el litigio entre los progenitores en cuestiones relacionadas con la parentalidad (^{AFCC, 2006}; APA, 2012). Esta autoridad no puede ser limitada, puesto que de serlo reduce la eficacia de la intervención (^{Mandarino, Kline y Fieldstone, 2016}), alcanzando así la posibilidad de arbitrar cuando los progenitores no se ponen de acuerdo. Sin la autoridad para arbitrar, es mucho más probable que la CP fracase, y los progenitores reinicien el litigio (^{Demby, 2016}). Sin embargo, esta autoridad ha de estar delimitada. En este sentido, cuando se interviene dentro de un proceso judicial, la autoridad del CP se encuentra circunscrita a cuestiones cotidianas que pueden demandar una decisión rápida, dejando al margen aquellas de gran alcance que únicamente podrá tomar el juez (^{Carter, 2011}; ^{Emery, Rowen y Dinescu, 2014}). Además, el tiempo de intervención del CP debería prefijarse en el mandato judicial. Al depender de la complejidad del caso y del modelo de CP que vaya a aplicarse resulta algo difícil de establecer, aunque muchos tribunales la limitan a uno o dos años (^{Carter, 2011}).

En relación a las funciones atribuidas al CP, la ^{AFCC (2006)} señala: (a) función de educación (enseña y puede entrenar a los progenitores respecto al desarrollo del menor, el impacto de su comportamiento en los menores, en habilidades parentales y unificación de pautas educativas, destrezas de comunicación, resolución de conflictos, etc.); (b) función de evaluación (tiene en cuenta cualquier información relevante del caso como las resoluciones judiciales, o de haberse practicado la evaluación pericial de custodia; además, revisa la información obtenida de las entrevistas con los progenitores, los menores o cualquier otra fuente de información colateral, como la familia extensa o el colegio, analiza los impedimentos y problemas expuestos por las partes); (c) función de gestión del caso (trabaja y se coordina con otros profesionales del ámbito de la salud, educación, servicios sociales o jurídicos que estén implicados con la familia así como con la familia extensa, nuevas parejas y otras personas significativas); (d) función de gestión de conflictos (ayuda a los progenitores a minimizar el conflicto y a resolver los desacuerdos relativos a sus hijos de manera que éstos no le causen daño); y (e) función de toma de decisiones (cuando los progenitores no son capaces de ponerse de acuerdo sobre cuestiones del día a día, el CP arbitra la solución). Se trata por tanto de un rol híbrido (^{Deutsch, 2014}) que siempre se lleva a cabo en situaciones complejas caracterizadas por un alto nivel de conflicto (^{Carter, 2011}) y de carácter persistente relacionado con la coparentalidad, o con la existencia de un historial de violencia familiar (^{D'Abate, 2005}, ²⁰¹⁶), con exclusión de aquellos supuestos de violencia familiar activa o enfermedad mental severa (^{Fariña et al., 2017}; ^{Sullivan, 2013}). Este contexto requiere que el CP disponga, de manera acreditada, de las competencias profesionales necesarias para trabajar en el ámbito de la intervención con familias en conflicto y crisis, así como experiencia en esta área (^{Kelly, 2014}; ^{Kirkland y Sullivan, 2008}; ^{Lally y Deutsch, 2014}; ^{Sullivan, 2004}). Tanto la ^{AFCC (2006)} como la APA (2012) también han delimitado en sus directrices, las áreas de formación del CP, las cuales incluyen conocimientos sobre: (a) el impacto de la ruptura de la pareja tanto en los progenitores como en los hijos, así como de los factores de riesgo y protección que pueden influir en el ajuste de todos los miembros de la familia tras la ruptura; (b) las dinámicas familiares en procesos de ruptura (v.gr., negativa de los hijos a acompañar a alguno de los progenitores, alto nivel de conflicto entre los progenitores); (c) las situaciones y problemáticas específicas como violencia de género o maltrato infantil; (d) la terminología legal y las leyes sobre materia de derecho de familia, de violencia doméstica y de género y sobre protección de menores; (e) formación en planes de coordinación de parentalidad y en procedimientos judiciales específicos de coordinación de parentalidad; y (f) técnicas y estrategias de mediación familiar.

La CP como ya se ha señalado, es una figura reconocida en Estados Unidos y Canadá (^{D'Abate, 2016}). Fuera de estos países, la CP está menos instaurada, si bien existen iniciativas en Europa y Australia (^{Kelly, 2014}). En España, aunque no contamos con regulación legal de la CP (^{Rodríguez-Domínguez y Carbonell, 2014}), existe alguna experiencia, puesto que los tribunales que llevan asuntos de familia han de realizar el seguimiento de las medidas establecidas en las sentencias y resoluciones judiciales, en especial cuando existe una alta conflictividad en las relaciones parentales, y de no cumplirse, se han de adoptar medidas ad hoc (^{Ortuño, 2013}). La primera comunidad autónoma que implantó judicialmente esta práctica fue Cataluña, siendo su principal promotor el magistrado Pascual Ortuño (^{Avedillo, Carrasco, Guitart y Sacasas, 2015}), iniciativa que ha sido seguida por otras comunidades autónomas (p.ej., Aragón, Galicia, Madrid, Navarra, Valencia), dando lugar a un aumento del número de sentencias que dictan la designación de un CP (^{Capdevila, 2016}). La situación actual en España es similar a la existente en Estado Unidos en los años 90, a lo que hay que añadir las directrices marcadas desde Europa instando a la igualdad y la promoción del ejercicio equitativo de la parentalidad y que ambos progenitores han de asumir, de modo compartido, la responsabilidad sobre sus hijos (^{Consejo de Europa, 2015}).

Desde este contexto, y teniendo en cuenta la trayectoria de la CP en España, se plantea este trabajo con dos objetivos. Por una parte, considerando criterios empíricos, analizar las bases legales en las que se sustenta el mandato judicial de CP. Por otra, revisar el impacto de las directrices internacionales de la ^{AFCC (2006)} y la APA (2012) en las resoluciones judiciales, en cuanto al objeto de la intervención, la formación que se requiere, las funciones que ha de realizar, y a la designación e implementación de la CP, con el fin de analizar el ajuste de los mandatos judiciales en España a estas directrices.

Método

Resultados

Discusión

Con carácter previo, hemos de señalar las limitaciones de este trabajo, en primer lugar, este al centrarse exclusivamente en las resoluciones judiciales, adolece de falta de generalización a toda la tarea judicial (^{Arce, Fariña y Seijo, 2005}). En segundo lugar, a pesar de que el estudio contó con el total de las sentencias dictadas en España sobre CP, el tamaño de la muestra es reducido, debido a que la CP es una figura profesional todavía con escasa trayectoria y poco conocida en España, estando principalmente instaurada en Cataluña. Teniendo presentes estas consideraciones, se puede concluir, en base a los resultados alcanzados, que las sentencias en las que se incluye la figura del CP cuentan con motivación legal, dando cumplimiento al art. 24 de la Constitución Española que establece que toda resolución judicial ha de estar motivada. Para ello, los decisores judiciales se amparan en normativa legal y jurisprudencia de carácter nacional, autonómico y europeo. Además, este estudio permite describir la práctica del coordinador parental en las resoluciones judiciales. Así, los jueces y magistrados españoles aplican mayoritariamente algún criterio que se corresponde con las directrices establecidas internacionalmente por la AFCC (2005) y la APA (2012), con referencia a la formación, a las funciones, a la designación, al objeto de la intervención, a la duración y a los informes de seguimiento al juzgado, siendo los más utilizados el objeto de la intervención, sus funciones y la designación del CP. Para establecer un mandato de intervención de CP estos resultan esenciales, pero parecen insuficientes para enmarcar su aplicación en cada caso concreto, máxime tratándose de una nueva figura profesional en nuestro país (^{Capdevila, 2016}). En este sentido, es de resaltar que el 69 % de las resoluciones judiciales no hacen referencia a cómo se ha de establecer el seguimiento judicial de la intervención, ni tampoco se limita el período que durará la misma en el 85% de ellas, a pesar de que la duración no debería ser inferior a un año (^{Fariña et al., 2017}), así muchos tribunales la limitan a uno o dos años (^{Carter, 2011}). También es importante indicar que los decisores judiciales dirigen la labor del CP a la gestión del conflicto, a la evaluación, a la gestión del caso y en menor medida a la función educativa, mientras que la toma de decisiones no es un criterio productivo, apareciendo únicamente en el 8 % de las sentencias analizadas, cuando esta es una de las funciones primordiales del CP para cuestiones del día a día en relación a la coparentalidad (^{Carter, 2011}; ^{Emery et al., 2014}). El CP tiene que tener autoridad para arbitrar y tomar decisiones cuando los progenitores no son capaces de llegar a acuerdos (^{Demby, 2016}) y la situación requiere una respuesta. Es más, parece demostrado que la autoridad limitada del CP reduce la eficacia y la satisfacción de la mayoría de los usuarios (^{Demby, 2016}; ^{Mandarino et al., 2016}). De esta manera, cuando no existen normas legales que regulen la figura del CP, tal es el caso de España, y se quiera designar judicialmente a un CP con autoridad para tomar decisiones, se ha de especificar en el nombramiento que se otorga suficiente autoridad (^{Montiel, 2015}), y como, el mismo autor concreta, sin que ello signifique delegar la función judicial.

De lo expuesto anteriormente, podemos señalar que, aunque los criterios que manejan los decisores judiciales se corresponden, en lo esencial, con las directrices editadas por las dos asociaciones internacionales, sería preciso que los operadores jurídicos, principalmente jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y abogados pudieran conocer mejor las posibilidades que tiene la CP, para ayudar a las familias con separaciones conflictivas de los progenitores para que puedan ejercer una co-parentalidad positiva, velando por el interés de sus hijos; así como comprender bien el rol del CP. Es sabido que los beneficios de poner en práctica un servicio de CP para aquellos progenitores que no son capaces de comunicarse de manera efectiva si no es a través de una relación de litigio continuado, han sido comprobados (^{Brewster, Beck, Anderson y Benjamin, 2011}; ^{Fidler, 2012}; ^{Fieldstone et al., 2011}; ^{Henry et al., 2009}; ^{Kelly, 2002}; ^{Neff y Cooper, 2004}; ^{Parks, Tindall y Yingling, 2011}). Por eso en Estados Unidos y Canadá, los jueces recurren cada vez más a la CP para proporcionar a estos progenitores la orientación, la educación y las habilidades de resolución de problemas necesarias para asumir sus responsabilidades parentales (^{D'Abate, 2016}). Y los CP intentan ofrecer las respuestas más ajustadas a las necesidades de las familias, para ello se han desarrollado modalidades diferentes del planteamiento original de la práctica de la CP, como por ejemplo el Modelo de dos Coordinadores Parentales (^{Behrman, 2016}). De este modo, la CP se convierte en un recurso altamente especializado, enmarcado dentro de los que ofrece el paradigma de la Justicia Terapéutica (^{Fariña et al., 2017}), para proteger el bienestar de la infancia y la adolescencia, a la vez que la de sus progenitores y familiares próximos, y a la sociedad en general. No se puede obviar que cuanto más tiempo permanece un caso en el sistema judicial, mayor es el coste no sólo para este, sino también para la familia y la comunidad (^{D'Abate, 2016}; ^{Henry et al., 2009}).