1. Introducción

El Coronavirus disease 2019 (COVID-19) es una enfermedad infecciosa que proviene de la familia de los coronavirus y que puede producir cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta otros más graves como las neumonías asociadas al virus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (Severe Acute Respiratory Síndrome Coronavirus 2 o SARS-COV2) (Centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 2020). Los primeros casos se detectaron en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China (^{Wang et al. 2020}). Desde entonces, la diseminación de la infección se ha extendido por diferentes países del mundo, dando lugar a un elevado índice de mortalidad. La rápida propagación de la enfermedad ha impactado negativamente en los sistemas de salud públicos y privados a nivel mundial, ocasionando un desequilibrio entre las demandas de atención médica y las capacidades de respuesta. La envergadura que ha adquirido a nivel mundial la infección por SARS-COV2 ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia y catástrofe, por el hecho de representar serias e inmediatas amenazas para la salud pública (^{World Health Organization 2019}).

A pesar de que algunas personas infectadas por el nuevo coronavirus se pueden mantener asintomáticas o desarrollar la enfermedad de una forma muy leve, otras enferman gravemente y acaban falleciendo(^{Wu et al. 2020}). Datos estadísticos aportados por el Equipo Epidemiológico de Respuesta de Emergencia a la Neumonía del Nuevo Coronavirus en China (Chinese Center for Disease Control and Prevention, 2020), tras analizar un total de 72.314registros, apuntaron que entre los casos confirmados el 81% cursó con una enfermedad leve, el 13,8% fueron casos graves y el 4,7% críticos. En este último grupo se encontró que el 14,8% eran mayores de 80 años, el 10,5% padecían enfermedades cardiovasculares, el 7,3% diabetes, el 6,0% enfermedades respiratorias crónicas y el 5,6% cáncer.

La gran cantidad de infectados en España por la COVID-19, más de 237.900 según cifras del Gobierno español el 29 de mayo de 2020(Red Nacional de Vigilancia Epidemiologica, 2020), y la gravedad de la sintomatología, en algunas de las personas afectadas, ha conllevado a focalizar la atención sanitaria, especialmente la inmediata, en los servicios de urgencias y emergencias. Para estos servicios, las situaciones de emergencias sanitarias y catástrofes constituyen una parte relevante de la atención que desempeñan sus profesionales. En concreto, estos profesionales son los que se encuentran en primera línea de actuación desarrollando sus tareas en contextos altamente complejos en los que la toma de decisiones se origina bajo una gran demanda asistencial y con tiempo limitados (^{Ebrahimian et al. 2014}). Ello, sumado a la situación de pandemia por la COVID-19, ha supuesto un incremento en las consultas y demandas de la atención en los servicios de urgencias y emergencias, especialmente por parte de los grupos de población con un mayor riesgo de complicación, como son los ancianos, personas con problemas crónicos y con comorbilidades (^{Chen et al. 2020}).

Sin duda alguna, las enfermeras y médicos de los servicios de urgencias y emergencias ante la actual situación de pandemia por la COVID-19, se enfrentan ante el conflicto moral de establecer y aplicar criterios para distribuir los recursos sanitarios disponibles, intentando hacer un justo equilibrio entre la maximización de las vidas salvadas, según enfoques utilitaristas que establecen que la mejor acción radica en el mayor beneficio posible para el mayor número de individuos involucrados, y el deber moral de proteger a toda la población de igual modo siguiendo los criterios de equidad y justicia para la implementación de dicha priorización asistencial. Y es que la pandemia impone el ejercicio de buscar el mayor beneficio colectivo tanto en la atención hospitalaria como prehospitalaria, a pesar de que ello pueda ir en detrimento de los valores y principios individuales de las personas, pudiendo llegar incluso a quedar estos subordinados a los profesionales que actúan (^{Choi y Kim 2018}; ^{Curtis, Kross, y Stapleton 2020}). Lo anterior explica la necesidad de garantizar la libertad en la autonomía de elección y decisión de las personas, además de priorizar el bien comunitario, para evitar la discriminación entre grupos, tal y como señalaba ^{Butler (2020}). En este sentido, la Planificación de Decisiones Anticipadas (PDA), o también conocida como Planificación Anticipada de la Atención, puede resultar una herramienta especialmente valiosa para el profesional que debe decidir en aquellas situaciones en las que el establecimiento o el mantenimiento de determinados tratamientos de soporte vital, pueden ocasionar situaciones altamente conflictivas (Limón, ^{Lasmarías, y Blay, 2018}).

Según el Model Català de Decisions Anticipades, la PDA se define como "un proceso deliberativo, relacional y estructurado, mediante el cual una persona competente manifiesta sus valores, preferencias y expectativas de atención y, de acuerdo con estos y en colaboración con su entorno afectivo y equipo asistencial de referencia, planifica los cuidados que desearía recibir ante una situación de complejidad clínica o enfermedad grave, en la que se prevé un pronóstico de vida sustancialmente limitado, o en situación de final de vida, particularmente en aquellas circunstancias en las que no se encuentre en condiciones para decidir" (^{Lasmarías et al., 2018}).

Si bien, la PDA se propuso en sus inicios cómo un modelo de atención a la cronicidad en un contexto de "normalidad" en el sistema sanitario, no se ponderó el posible papel que podría desempeñar en la resolución de los conflictos derivados de una crisis pandémica como la actual, o cuanto menos, no existen evidencias que así lo constaten.

Por todo ello y con el objetivo de poder crear estrategias de priorización que aseguren el respeto a los valores y preferencias de los agentes implicados en futuros escenarios que devengan similares al actual, es necesario el análisis de la integración y la gestión de la PDA en los servicios de urgencias y emergencias como herramienta de consulta en la resolución de los problemas éticos surgidos durante la pandemia por la COVID-19, y concretamente, en el marco de la atención urgente al paciente crónico complejo o con enfermedad crónica avanzada.

2. Conflictividad ética en los Servicios de Urgencias y Emergencias durante la COVID-19

Según ^{Whitehorn (2020}), el conflicto es una realidad inexorable a cualquier organización de salud. Concretamente, en España, las políticas de austeridad y recortes en los presupuestos sanitarios realizados en los últimos años, sumados a la actual pandemia por la COVID-19, han incrementado las situaciones éticamente conflictivas en la mayoría de los servicios y unidades asistenciales.

En este sentido, los servicios de urgencias y emergencias, junto a los de medicina interna y unidades de cuidados intensivos (UCI), han constituido uno de los ejes más importantes de atención, especialmente en el abordaje de los casos más graves de la enfermedad(^{González & Vázquez, 2020}). En el marco específico de la atención en las urgencias y las emergencias, las funcionalidades de los servicios, incluso el ámbito competencial de los propios profesionales, han tenido que ser multiplicadas, dando respuesta a la creciente demanda de atención por parte de la población, y es que dichos servicios, han sido el principal foco de entrada al sistema sanitario de los pacientes con sintomatología compatible por infección por el virus SARS-COV2 (^{Miró, 2020}; ^{Pastor, 2020}).

La priorización de los recursos y la toma de decisiones en situaciones éticamente difíciles son comunes e inevitables en estos contextos asistenciales, acostumbrados además a actuar en base a un sistema de triaje que evalúa las prioridades de atención y las posibilidades de supervivencia (^{Centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 2020}). A pesar de ello, los profesionales de urgencias y emergencias ahora han tenido que enfrentarse a una situación totalmente inverosímil para ellos. La falta de tratamientos específicos para tratar el coronavirus, la creciente demanda de atención urgente, la presión asistencial a la que han estado sometidos, así como los problemas éticos añadidos de tener que repartir equitativamente los escasos recursos que tenían disponibles, han puesto a prueba las capacidades resilientes que tienen los profesionales para hacer frente a las adversidades (^{Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, 2020}). Otra difícil situación que han tenido que afrontar los profesionales de urgencias y emergencias es el hecho de tener que tomar decisiones sobre instauración o retirada de tratamientos de soporte vital en tiempos muy limitados y en algunos casos asistir a un proceso de final de vida. No puede olvidarse que la máxima principal de los profesionales de urgencias y emergencias es la salvaguarda de la vida de las personas a quienes atienden.

En este sentido, los planes de contingencia elaborados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) (^{Sanz et al., 2020}) y el Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias(Centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 2020), así como los documentos propuestos por el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona (Observatori de Bioética i Dret, 2020) y los respectivos Comités de Bioética de Cataluña(^{Generalitat de Catalunya, 2020}) y España (^{de Montalvo et al., 2020}), han sido creados con el objetivo de guiar a los profesionales en la toma de decisiones, especialmente en el contexto del cuidado al paciente crítico.

El utilitarismo ha sido de alguna forma, la alternativa ética más ampliamente elegida entre los diferentes organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, y ha servido para crear estrategias de priorización y contención de la pandemia basadas en el presupuesto de la maximización del bien comunitario.

En relación a este principio, ^{Iserson y Moskop (2007}) afirmaron que el mandato ético utilitarista es la base que sostiene los sistemas de triaje propios de los servicios de urgencias y emergencias, a pesar de que, en ocasiones, pueden ser poco precisos en cuanto a la determinación del máximo beneficio que desean alcanzar para el paciente. De hecho, el correcto cumplimiento de este criterio no resulta una tarea fácil para los profesionales de urgencias y emergencias, pues en un intento por equilibrar los beneficios individuales (principio de beneficencia) y colectivos (principio de justicia), asumiendo también un cierto riesgo individual de contagio (criterio de utilidad dentro del principio de justicia), surge el principal conflicto (^{Casado, 2016}; ^{Gracia, 2016}). Y es que, priorizar el interés comunitario al del paciente que se atiende o incluso al del propio profesional, puede ocasionar angustia moral en el sujeto que decide (eliminado para revisión, 2012). En este sentido, el dilema moral se genera cuando el profesional se encuentra ante la disyuntiva de tener que decidir entre varias opciones posibles, ninguna de las cuales considera moralmente aceptables. Cómo ya es conocido, en situación de emergencia cualquier decisión sobre la distribución de los recursos siempre se resuelve mediante el principio del "mal menor", lo que acaba beneficiando a unos pero también perjudicando a otros (^{Gostin, Friedman, & Wetter, 2020}).

Dicha cuestión nos lleva a plantear que ante la actual crisis sanitaria, el principio de autonomía de decisión de las personas ha podido quedar supeditado a una ética de mínimos (principios de justicia y no maleficencia), hecho lo cual situaría a los colectivos más vulnerables en una situación de desigualdad en lo referente a la prestación sanitaria(^{Puyol, 2014}). Ello se refleja en el elevado número de fallecimientos en residencias, más de 18.000 según datos proporcionados por las comunidades autónomas, lo que representa el 66% del total de fallecimientos en España a causa del virus (^{Rodríguez, 2020}).

Es evidente que ante la gravedad de la situación por la pandemia de la COVID-19, las autoridades sanitarias serán las que decidirán sobre la disponibilidad y distribución de los recursos atendiendo a enfoques utilitaristas, pero a pesar de ello, los profesionales tienen el deber moral de proteger y respetar la autonomía de elección y decisión de las personas, en tanto que pueden negarse a recibir un tratamiento de soporte vital o a la realización de técnicas que vayan en contra de sus propios intereses. Ello puede ser manifestado verbalmente por el paciente que es capaz de tomar tal decisión o en el caso contrario, puede estar explicitado en forma de Documento de Voluntades Anticipadas (DVA) o Planificación de Decisiones Anticipadas (PDA) (^{Velasco, 2020}).

3. La Planificación de Decisiones Anticipadas como elemento clave en la prevención de conflictos éticos

En 2015 surgió en Cataluña la PDA complementario del DVA en el contexto del paciente crónico complejo (PCC) o con enfermedad crónica avanzada (^{Limón et al., 2018}). A pesar de no disponer de la misma consideración o rango legal, ambas opciones favorecen el ejercicio de la autonomía práctica de las personas y sus singularidades radican en los autores que pueden realizarlas, las circunstancias de los procesos y sus mecanismos de registro (^Loncán,2014).

Uno de los principales objetivos de la PDA es ayudar a los profesionales en la toma de decisiones para que puedan garantizar unos cuidados y una atención sanitaria individualizada y guiada por los valores, objetivos y preferencias de las personas atendidas (^{Lasmarías et al., 2018}). Dada su función, la PDA cobra especial importancia a día de hoy en la que se están manejando situaciones de infección por SARS-CoV-2 que conllevan un empeoramiento brusco y grave de la sintomatología en personas de edades avanzadas, pluripatológicos o con una patología terminal ya conocida y en los que el pronóstico de vida es limitado en el tiempo (^{Rietjens et al., 2017}).

La utilización de la PDA no es algo novedoso y está recogido como un indicador de la calidad en numerosas guías, especialmente, en el ámbito de los cuidados paliativos (^{Lovell & Yates, 2014}; ^{Rietjens et al., 2017}). Además, la Comisión Asesora para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2 de la Generalitat de Catalunya, en su reciente publicación, recoge la PDA cómo un ítem importante a reconsiderar en la evaluación del paciente y que se realiza a través del Índice del Nivel de adecuación diagnóstico-terapéutico (NIDT) (^{Gerència del Medicament, 2020}).

Pese a la importancia de la PDA en cualquier atención asistencial, según Casado, raramente en los servicios de urgencias y emergencias se tiene un conocimiento de las voluntades de los pacientes, por lo que en ocasiones, se utilizan procedimientos y terapias que pueden no ser deseadas por aquellos que se encuentran inconscientes y que sí tienen completadas sus voluntades anticipadas (Casado,2016). En este sentido, estudios previos a la pandemia por la COVID-19 mostraron que los profesionales de los servicios de urgencias y emergencias percibieron dificultades o barreras que complicaban la consulta de la PDA y, como consecuencia, su implementación en el manejo integral del paciente crítico. Las principales barreras que describen los profesionales de urgencias y emergencias están relacionadas con la dificultad de acceso y la falta de unificación de los sistemas informáticos, hecho que dificulta su rápida consulta; la falta de tiempo y la complejidad de los entornos asistenciales; así como las elevadas cargas de trabajo a las cuales se exponen diariamente los profesionales (^{Abelsson& Lindwall, 2017}; ^{Bashkin, Caspi, Haligoa, Mizrahi, & Stalnikowicz, 2015}; ^{Boddy, Chenoweth, McLennan, & Daly, 2013}; ^{Jezewski, Research, & 2007}, s. f.; ^{Lakin et al., 2016}; ^{Limón et al., 2018}). Probablemente en el contexto de la actual crisis sanitaria, estas barreras hayan estado presentes en los servicios de urgencias y emergencias, si bien, de una forma todavía más destacada, a las cuales también se les han podido sumar aquellas limitaciones producidas por la COVID-19.

Sin duda, el aumento y la aparición de nuevas barreras ha podido suponer una clara amenaza para la autonomía de decisión de las personas atendidas, pues al desconocer la voluntad de la persona, el profesional puede llegar a actuar de una forma rutinaria, motivado por la intuición o por su propio sistema de valores (^{Choi & Kim, 2018}). Por lo contrario, conocer anticipadamente las voluntades de los pacientes registradas en la PDA, puede proporcionar una mayor seguridad al profesional que decide y debe de ser una prioridad en la atención en los servicios de urgencias y emergencias por diferentes razones, también en la crisis sanitaria actual por COVID-19.

En primer lugar, tener un conocimiento sobre los objetivos y preferencias de cuidados y tratamientos de los pacientes, puede ayudar a tomar decisiones de una forma más rápida y ajustada a la voluntad de las personas atendidas y, por consiguiente, puede reducirla conflictividad ética de los profesionales derivada de la responsabilidad de decidir en unos contextos complejos de actuación y de rápida respuesta donde los recursos son limitados (^{Sandman & Nordmark, 2006}).

En segundo lugar, la práctica ante la actual situación de pandemia, en la cual los pacientes que acuden a los servicios de urgencias y emergencias lo hacen sin representatividad familiar (siguiendo el reglamento aprobado por orden ministerial) (^BOE,2020), está apoyando más la toma de decisiones en el profesional o "experto". Todo ello, puede ocasionar situaciones conflictivas entre profesionales por intentar garantizar la libertad de elección y decisión de las personas atendidas, hecho que se podría reducir si se tuviese anticipadamente un conocimiento sobre las preferencias de atención y tratamiento contempladas en la PDA y registradas en la historia clínica de la persona (^{Choi & Kim, 2018}).

En tercer lugar, el compartir los deseos y preferencias de la persona con sus familiares, haciéndoles partícipes del proceso de toma de decisiones, puede ayudar a disminuir el dolor y el sufrimiento que provoca la situación de incertidumbre pronóstica. Este hecho puede contribuir a una mejor preparación familiar, especialmente en aquellos casos en los que el profesional advierte el posible fallecimiento del paciente (^{Erbay, 2014}).

En cuarto lugar, la inclusión de la PDA en la atención de los pacientes afectados por la COVID-19 puede tener un impacto disminuyendo procedimientos invasivos o tratamientos potencialmente inapropiados, especialmente en aquellos pacientes con una baja probabilidad en la recuperación de su calidad de vida previa, y así contribuir a una mayor adecuación de los recursos disponibles y a una distribución más equitativa de los mismos (^{Torabi, Borhani, Abbaszadeh, & Atashzadeh-Shoorideh, 2019}), en la misma línea de las recomendaciones sanitarias en tiempos de pandemia.

En quinto lugar, es de vital importancia tener un conocimiento previo de los deseos de los afectados para disminuir la probabilidad de transmisión del virus SARS-COV2, ya que, por poner un ejemplo, ante una situación de Parada Cardiorespiratoria (PCR) la provisión de maniobras y atención de alta intensidad (intubación orotraqueal) no deseadas por la persona, pueden suponer un riesgo de contagio para los profesionales que la asisten (^{Curtis et al., 2020}).

Por último, en sexto lugar, el conocer anticipadamente los valores y preferencias de las personas puede ayudar a reducir tanto el número de pacientes trasladados por los Sistemas de Emergencias Médicas, como los ingresos y las muertes que se producen en los Servicios de Urgencias, puesto que, quizá, algunos pacientes, al conocer su pronóstico, desean fallecer en su propio domicilio asistidos por profesionales experimentados en este tipo de atención (^{Moe et al., 2016}).

4. Conclusiones

La pandemia por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la difícil y comprometida tarea de priorizar en la asistencia sanitaria dando lugar a situaciones altamente conflictivas desde una perspectiva ética. Esta cuestión ha sido relevante en aquellos servicios dónde la atención inmediata y la presión asistencial derivada del aumento de los casos afectados, ha supuesto tomar decisiones de una forma necesariamente apresurada por la rápida evolución de la infección y sin tiempo para la deliberación previa, como ha sido en los casos atendidos por los servicios de urgencias y emergencias. El hecho de tener que establecer prioridades entre una compleja gama de opciones, con poco tiempo y recursos y sin una planificación previa, ha resultado particularmente difícil para los profesionales.

En este sentido, la implementación de la PDA en el contexto de la urgencia y de la emergencia ante la actual crisis sanitaria y en posibles brotes futuros debe considerarse de suma importancia, pues ayudaría a los profesionales a tomar decisiones de una forma rápida y razonada, reduciendo así, la conflictividad ética generada. Se protegería la libertad de elección y decisión de las personas y, por ende, se reducirían los tratamientos potencialmente inapropiados; contribuiría a una mayor adecuación de los recursos y a una distribución más equitativa y justa. También se reducirían las probabilidades de contagio en los profesionales y se disminuiría el número de traslados realizados por los servicios de emergencias, así como los ingresos y las muertes en los servicios de urgencias.

Desconocemos si se producirán nuevos brotes de la enfermedad o si por el contrario devendrán nuevas epidemias o pandemias similares a la actual (COVID-19) en contextos futuros. Ello exige además de la preparación de los sistemas de salud a nivel mundial en cuanto a la provisión de recursos materiales y humanos, la revisión y adecuación de los protocolos y guías de actuación, dónde sería particularmente útil la inclusión de la PDA en el contexto de la urgencia y la emergencia, por las razones ya expuestas. Se nos presenta ahora una oportunidad de reflexión sobre la manera en la que hemos procedido a tomar decisiones durante la actual emergencia sanitaria, para que y acorde a lo aprendido, poder en un futuro construir nuevos marcos de actuación y puntos de partida con enfoques totalmente nuevos que garanticen el respeto del principio de autonomía de los pacientes en relación con su salud y atención al final de vida.