Introducción

La estadística de defunciones según la causa de muerte inició su descentralización por comunidades autónomas tras un convenio de colaboración del Instituto Nacional de Estadística (INE) con Cataluña. En años sucesivos, las comunidades autónomas se han venido incorporando a la codificación las causas de muerte, que el INE dirige y publica (www.ine.es). No toda la codificación de las causas de muerte la realizan las comunidades autónomas, ya que el INE codifica las ciudades de Ceuta y Melilla.

La codificación ha tenido sucesivas adaptaciones en pro de la homogeneidad y la comparabilidad. A ello han contribuido la implantación de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades en 1999¹, la modificación del certificado médico de defunción de la Organización Médica Colegial según las normas de la Organización Mundial de la Salud en 2009², y la implantación en la Unión Europea del codificador automático de causas de muerte aplicado en España en 2014³ y adaptado a las muertes judiciales en 2019. Además, se consideró sujeto de derecho a todo nacido vivo en 2011, pasando a consignarse la defunción en el certificado médico de defunción. Ahora solo permanecen en codificación manual las causas perinatales de los nacidos muertos (ver la Fig. 1 de la referencia 2).

Figura 1. Análisis de agrupamientos por similitud en los registros de mortalidad con mapa del tercer agrupamiento. 

La actividad codificadora que realizan los registros de mortalidad (RM) puede complementarse con la mejora de las causas de muerte inexactas, mediante la búsqueda documental de muertes violentas en los registros de los institutos anatómico-forenses o en la historia clínica en otros fallecimientos⁴. Asimismo, los RM han impartido formación médica continuada presencial/telemática o durante la etapa de MIR⁵.

Es infrecuente la realización de auditorías en los registros poblacionales distintas de las del cáncer, enfocadas a publicar resultados⁶. Ante las citadas mejoras^4,7, las solicitudes de coordinación, el probable reemplazo generacional, la falta de información y la carencia de datos de defunciones por COVID-19^8,9, nos propusimos como objetivo realizar un análisis del perfil profesional, las actividades de mejora, los cursos impartidos y las publicaciones realizadas por los RM en España.

Método

Se diseñó una encuesta para conocer el perfil profesional y la actividad de los RM, validada en dos de ellos. La encuesta se distribuyó por correo electrónico a los RM de las comunidades autónomas y el INE (n=18) en febrero de 2021. Participaron 16 registros. El cuestionario exploraba los dominios de adscripción institucional, vinculación legal autonómica entre Sanidad y Estadística y quién convenía con el INE, características profesionales del equipo (titulación y experiencia), mejora de información de las causas de muerte, docencia médica impartida y publicación periódica de estadísticas de mortalidad (ver cuestionario en el Apéndice online).

Se calcularon las tasas ajustadas a la población europea estándar del trienio 2016-2018 para el total de las causas de defunción y las mal certificadas (signos, síntomas y valores anormales clínicos y de laboratorio sin un diagnóstico del capítulo XVIII de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades [https://icd.who.int/browse10/2019/en#/]) como índice de carga de trabajo. Se realizó un análisis descriptivo (medias, medianas y rango intercuartílico [cuartil 3 menos cuartil 1]), junto con un análisis de agrupamientos jerárquico de próxima vecindad por distancia euclídea al cuadrado que fue agrupando a los RM de las comunidades autónomas por características comunes. La estadística se realizó con el paquete SPSS versión 25.

Resultados

Un total de 11 registros están adscritos a Direcciones Generales de Salud Pública. Cinco Consejerías disponen de convenio directo con el INE (Tabla 1). El 81% de los profesionales son mujeres. Tres registros contaron con equipos de 3-5 participantes. El 58% incluyen codificadores de grado sanitario universitario. La mediana de antigüedad de los codificadores fue similar en sanitarios y no sanitarios (14 y 15 años, respectivamente). La mediana de edad para la jubilación se situó en 5 años (rango intercuartílico: 2-5 años). La persona responsable del registro fue en su inmensa mayoría médico, con un 57% de mujeres. El 39% de profesionales declaran impartir docencia en los últimos 5 años. El 56% de los RM realizaban publicaciones de forma regular. Diez comunidades autónomas mejoraban algún criterio de calidad en las causas de muerte, aunque en algunos no mejoraban las causas mal certificadas; el 28% corregían causas inexactas y el 17% verificaban sistemáticamente de algún modo la codificación mensual.

El análisis de agrupaciones se inició con cinco grupos de registros, con dos agrupaciones de dos y tres registros, y otra con cuatro. Después, se conformaron tres bloques con distancias de agrupación no iguales, en el que destaca el bloque intermedio que, con la mayor tasa de mortalidad total, presentó la menor tasa en causas mal certificadas, y un relativo mejor acceso a la historia clínica que el último grupo (57% vs. 50%) (Tabla 1). Tras 25 etapas y seis sucesivos agrupamientos, finalmente convergen todos los registros (Fig. 1). Las variables más influyentes han sido los años trabajados y las actividades de mejora de la calidad.

Conclusiones y recomendaciones

Los RM son heterogéneos en cuanto a profesionales, actividades de mejora de la calidad, docencia y publicaciones estadísticas.

Se constata que los años trabajados es experiencia suficiente en todos los registros, y que las similitudes por agrupamiento puede que no señalen la importancia del acceso a la historia por imposibilidad en uno de los dos territorios.

Homogenizar implicaría un nuevo modelo y garantizar las actividades de búsqueda documental de causas inexactas por convenio entre INE y Sanidad. El Ministerio de Sanidad podría coordinar la formación médica sistemática en certificación de defunciones; funciones que favorecería la institución de la Ponencia de Mortalidad con la participación del INE y la Sanidad central y autonómica, dando más utilidad pública a la estadística de defunciones según la causa de la muerte.