Como sucede el retorno tras incapacidad laboral prolongada

En materia de seguridad social el retorno al trabajo tras incapacidad se sucede en situaciones de incapacidad temporal tras alta médica por curación o mejoría que permite trabajar, es decir se vuelve a estar capacitado, entendiendo que mientras duró la baja se estuvo incapacitado para trabajar por dolencias que impedían desarrollar el trabajo. La “Incapacidad Prolongada” es una larga etapa de tránsito o temporal que trascurre entre el inicio de la “Baja” o Incapacidad Temporal por incapacidad sobrevenida” o “no estar capacitado” para el trabajo y el “Alta” o reconocimiento del restablecimiento de la “Capacidad Laboral” o de “aptitud” para el retorno al trabajo.

El retorno al trabajo que consideramos será el que procede tras situaciones de incapacidad laboral prolongada que se concluye en alta médica o tras declaraciones de incapacidad permanente que revisadas de “oficio” (por iniciativa del INSS) se considera situación de no incapacidad.

Retorno al trabajo tras incapacidad temporal (“baja”)

El alta médica puede ser emitida en los primeros 365 días de la baja o incapacidad temporal:

El alta tras los 365 días de la baja, independientemente de la contingencia laboral o no corresponde:

Básicamente por tanto el retorno al trabajo es obligado tras declaración de alta médica o no declaración de incapacidad permanente.

Retorno al trabajo tras incapacidad permanente

El retorno al trabajo tras incapacidad permanente se sucede

El alta médica cuando es extendida por el médico de atención primaria es un alta “evolutiva”, y es una declaración de alta “imperativa” cuando procede de la Inspección Médica del INSS o de la Inspección Médica las Comunidades Autónomas o es un alta del EVI INSS, pues no podrá extenderse nueva baja por el médico de atención primaria por similar proceso si no han trascurrido 180 días desde este tipo de altas. Las altas de la Inspección Médica del INSS o del EVI INSS conllevan el que sólo el INSS está capacitado para declarar nueva baja bien por recaída del proceso previo o por considerar diferente proceso.

Por políticas debemos entender las “orientaciones o directrices”, tal y como el término se define en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y así mismo las normas que entorno a una materia se dicten. La norma y directrices en materia de incapacidad laboral se concretan en la Ley General de Seguridad Social y el Real Decreto de gestión de la Incapacidad Temporal 625/2014.

En la Ley General de Seguridad Social (LGSS) sólo se menciona la “recuperación profesional” en los casos de contingencia laboral protegidos por las mutuas colaboradoras o en el supuesto de las empresas colaboradoras en la gestión de la incapacidad temporal, aunque no se establece en qué consiste. No hay mención alguna al retorno o recuperación laboral en los supuestos no laborales. Por lo que entendemos se menciona en negativo es decir existirá capacidad laboral o “retorno laboral” cuando no existe incapacidad laboral.

El Real Decreto 625/2014, que regula la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración, hace referencia a la “recuperación” (laboral) en su preámbulo, al referir que este texto legal tiene por objeto entre otras mejoras, la de introducir mecanismos que faciliten la “pronta recuperación”, adicionalmente, se dice, procuraran un mejor control de la IT.

En cuanto a la denominación de baja prolongada, tengamos en cuenta que la baja tiene una duración máxima de 365 días, a la que debiéramos de añadir la situación de prórroga (180 días) o la demora de calificación (180 días). LGSS Art. 169. La Orden ESS/1187/2015, que desarrolla el Real Decreto 625/2014, estima como proceso de duración estimada larga, la que dura 61 o más días naturales. Pero por bajas prolongadas teniendo en cuenta su impacto y su riesgo de perpetuarse serían las de duración superior a 180 días, sobre las que es de necesidad establecer una política de retorno al trabajo desde el sistema de protección de seguridad social¹.El 60% de las bajas duran menos de 15 días, el 72% duran menos de 1 mes, y tan sólo el 5% de las bajas duran más de 6 meses, pero estas bajas prolongadas tienen un alto riesgo de convertirse en permanentes, representan una dificultad para el retorno laboral, y pueden haber supuesto la pérdida del empleo.

Manual de Tiempos Óptimos de Incapacidad Temporal 4ª edición²

Se define como el tiempo óptimo el “tiempo estándar de IT” ajustado por edad y ocupación del trabajador, según la siguiente fórmula: TO = TE x FC ocupación x FC Edad.

Siendo: TO: Tiempo Óptimo. TE: Tiempo Estándar de IT. FC ocupación: Factor de corrección por ocupación. FC edad: Factor de corrección por edad.

Tiempo Estándar de IT es “el tiempo medio óptimo que se requiere para la resolución de un proceso clínico que ha originado una incapacidad para el trabajo habitual, utilizando las técnicas de diagnóstico y tratamiento normalizadas y aceptadas por la comunidad médica y asumiendo el mínimo de demora en la asistencia sanitaria del trabajador”.

El tiempo óptimo tiene un carácter personalizado para cada trabajador, aplicando a los tiempos estándar cuatro variables como factores correctores: edad, sexo, ocupación y segundo diagnóstico acompañante al diagnóstico principal que motiva la situación de incapacidad temporal en cada trabajador.

Viene a determinar el tiempo adecuado de una IT y establecer medidas de control y de análisis de la prolongación o desviación de un proceso más allá de este tiempo, considerando como baja alargada aquella que perdura más allá del tiempo óptimo.

Guía de Valoración Profesional 3.ª edición 2014³

También conocida como Guía de Valoración de las Profesiones, renueva la publicada en el año 2012, después de actualizar los contenidos y ampliar el número de fichas profesionales hasta incluir 502 ocupaciones de la Clasificación Nacional de Ocupaciones aprobada por Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre. Es un sistema de valoración de los requerimientos profesionales, entendidos éstos como las aptitudes psicofísicas que debe poseer un trabajador para realizar una ocupación determinada. Esta guía pretende servir de ayuda para conocer las funciones y tareas asignadas a cada ocupación, las aptitudes y facultades psicofísicas que debe poseer un trabajador para desarrollar una actividad determinada, los posibles riesgos derivados de la actividad profesional y las circunstancias específicas del ambiente de trabajo que puedan incidir en la capacidad laboral de los trabajadores. Cada una de las fichas profesionales contiene la identificación de la profesión, la descripción de competencias y tareas, los requerimientos profesionales, los posibles riesgos y circunstancias especiales y grupos profesionales relacionados.

Guía de valoración de Incapacidad Laboral Temporal para Médicos de Atención Primaria (2.ª edición)⁴

Esta guía pretende dar respuesta al médico asistencial que requiere hacer una valoración funcional de un paciente para definir su menoscabo laboral en aquellas situaciones que pueden llegar a suponer una incapacidad laboral para el trabajo en un determinado periodo de tiempo.

Se estudian desde esta perspectiva monográfica de la incapacidad los capítulos correspondientes a enfermedades infecciosas, oncología, endocrinología, hematología, psiquiatría, neurología, oftalmología, otorrinolaringología, cardiología y vascular, neumología, digestivo, nefrología y urología, ginecología y obstetricia, dermatología, lesiones y envenenamientos, enfermedades osteomusculares, además de sintetizar la normativa, la valoración del puesto de trabajo, y el riesgo durante el embarazo. Dentro de cada capítulo se identifican las patologías a tratar, se destacan determinados aspectos de la anamnesis y exploración física deteniéndose en las pruebas complementarias necesarias para la valoración funcional, así como algunas cuestiones del pronóstico y del tratamiento. Por último, se ofrecen esquematizados los criterios para la evaluación del menoscabo del trabajador, así como los aspectos clave en el origen laboral de determinadas enfermedades.

Convenios con las Comunidades Autónomas en el control de IT

El INSS tiene en vigor 16 Convenios con las Comunidades Autónomas, para el control de la IT, (no disponen de convenio País Vasco y Navarra) para la modernización y mejora de la gestión y la racionalización del gasto por incapacidad temporal, acompañados de un protocolo de valoración de los procesos de IT de corta duración cuyo diagnóstico tenga asignado un tiempo estándar/óptimo de duración menor o igual a 30 días. Todos los acuerdos contemplan dos apartados: un programa de actividades para modernizar la prestación de IT, al que se supedita el 60% del crédito, y unos objetivos de racionalización del gasto para cada año, para los que se reserva el 40% restante. Es un convenio económico que paga a las comunidades autónomas en función del cumplimiento de los acuerdos y que para 2017 supuso casi 318 millones de € (317.914.500)

Análisis predictivo control IT⁵

Mediante tecnología informática de última generación el “análisis predictivo” en el control IT se introduce como herramienta para preseleccionar los procesos que deben ser objeto de control médico de paciente “altable” (quien parece no debiera continuar en baja) o “no incapacitado de forma permanente”, así mismo sirve para establecer patrones de comportamiento que ayuden a la toma de decisiones referentes a la incapacidad laboral. Entre sus objetivos diversos está mejorar la correcta gestión de las prestaciones económicas de incapacidad médica laboral, optimizar el control médico del INSS ante las incapacidades temporales, adecuar la selección de los procesos susceptibles de reconocimiento médico, luchar contra el fraude, identificar los factores que condicionan la prolongación de procesos de baja, analizar las desviaciones en el comportamiento de determinados procesos de incapacidad temporal (IT) con respecto a otros procesos similares en función de parámetros como el diagnóstico o la actividad económica o laboral. También puede analizar las situaciones de incapacidad permanente que similares en patología, Código Nacional de Actividad Económica, edad y sexo, hayan sido calificadas con diferente grado de incapacidad.

Ley General de la Seguridad Social

El ámbito de la incapacidad laboral se regula en la Ley General de la Seguridad Social.

La referencia al concepto de incapacidad temporal se recoge en el artículo 169: Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 365 días, prorrogables por otros 180 días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación.

La definición de la incapacidad permanente se referencia en el artículo 193: “La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo”.

No hay una mención expresa a la definición del alta médica frente a la incapacidad laboral o baja, como tampoco la encontraremos para definir la situación de capacidad, así que vienen a considerarse como lo que no es baja o lo que no es incapacidad.

Real Decreto 625/2014

Este Real Decreto 625/2014, que regula la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal (IT) en los primeros 365 días de su duración pretende evitar la utilización indebida de la protección, mediante el establecimiento de controles de comprobación, para mayor rigor en la constatación de la enfermedad y de su repercusión en la capacidad de trabajo; adecuar la norma a las reformas legales operadas en los últimos años; permitir a través de las nuevas tecnologías el intercambio de datos para el control de la IT entre las distintas entidades e instancias implicadas en la gestión de la IT; incorporar un protocolo de temporalidad a la gestión de los partes médicos de baja según los distintos procesos patológicos y su incidencia en las actividades laborales; dotar de tablas de estimación teórica de la duración de una situación de IT teniendo en cuenta no sólo la patología del trabajador, sino también su edad y su ocupación; conocimiento del código nacional de ocupación a través de los partes médicos de baja para mejor conocimiento del comportamiento de esta prestación económica; centrar la gestión de los procesos de IT en la mayor protección del trabajador afectado y en su pronta recuperación; mejorar los mecanismos de control de los procesos; potenciar la colaboración entre entidades implicadas en la gestión de la IT; en definitiva mejorar el control de la IT.

En el modelo de parte de baja debe constar la limitación funcional para el trabajo, además del diagnóstico y el código nacional de ocupación.

El parte de alta se extenderá cuando el médico que emitió la baja entienda existe curación o mejoría que permite realizar el trabajo habitual, por considerar que el trabajador ha recuperado su capacidad laboral o por propuesta de incapacidad permanente.

Problemas para el retorno laboral

Referidas las herramientas del INSS para el control de la incapacidad médica laboral, vemos son políticas de gestión y control de la incapacidad con una visión de tendencia “prestacional”, referidas en último extremo a potenciar:

La norma en materia de seguridad social LGSS referencia la acción protectora de la prestación económica de la incapacidad, los conceptos, en definitiva:

Estas herramientas, e instrucciones que constituyen la política de la seguridad social en el control y gestión de la incapacidad en cuanto al retorno laboral derivado del mismo, suponen una visión “prestacional de la Incapacidad Laboral” (Fig. 1), pues aluden al control de la situación, a la mejora de la gestión de la prestación pero incluye la racionalización del gasto, y tratan de “adecuar” las situaciones de IT, evitando el uso indebido, lo que viene a reconocer situaciones de abuso o fraude, y en cuanto a la racionalización no esconde un control del gasto indebido, y puede propiciar un objetivo perverso como sería incentivar o pretender disminuir el gasto, como objetivo principal.

Esta visión prestacional, del sistema de seguridad social, no sólo se concreta en el obligado marco de las normas e instrucciones, para el derecho a las prestaciones por incapacidad, sino que también se traslada al análisis situacional de la incapacidad, dando más importancia al coste de la prestación, que a su porqué. Así mismo cesa en su amparo protector, en el momento que cesa la prestación.

Siendo importante la trascendencia económica de la incapacidad, no lo es menos prevenirla. Por ello una verdadera política de retorno laboral debe ser implementada en materia de incapacidad laboral por la seguridad social, y debe contener una visión preventiva (Fig. 2) en la consideración y decisiones que comporta la declaración de incapacidad o capacidad laboral,

La prevención primaria consiste en evitar que la incapacidad se produzca, actúan sobre la incidencia y son pre-incapacidad, mediante acciones tempranas de promoción de la salud y la implementación de políticas de prevención de riesgos laborales, mejorando las condiciones de trabajo, efectuando un control de la siniestralidad laboral y del enfermar ocupacional o por el trabajo.

La prevención primaria en materia de incapacidad laboral precisa conocer los factores de riesgo de incapacidad para actuar sobre ellos, es decir conocer las causas en origen de la incapacidad laboral: por qué procesos, con qué limitaciones, tras qué tipo de tratamientos, accesibilidad sanitaria, a qué colectivos afecta por edad, sexo, sector de actividad, ocupación tareas, riesgos laborales, condiciones de trabajo, apoyos en el entorno personal y del trabajo, situación laboral, factores económicos, sociales y poblacionales.

La prevención secundaria, actúa sobre la duración, en la incapacidad ya producida, forma parte de una gestión integral de la incapacidad y supone procurar la pronta recuperación de quién padece una incapacidad laboral y para ello se precisa conocer los factores que alargan la incapacidad: gravedad del proceso; mala respuesta individual a los tratamientos; no acceso a la sanidad en tiempo y forma adecuada por listas de espera para pruebas diagnósticas, evolutivas o terapéuticas; factores psicosociales⁶; las banderas amarillas⁷ en la incapacidad; existencia de riesgos psicosociales en el trabajo; falta de apoyo en el entorno personal; trabajo exigente para las limitaciones funcionales sobrevenidas; factores económicos; inadecuación de la incapacidad por ser una situación de “incapacidad refugio” para cubrir otras necesidades que no las derivadas de una enfermedad; y el componente voluntario o “riesgo moral” en el alargamiento de la incapacidad⁸.

La prevención terciaria pretende la reintegración al trabajo y supone mantener al trabajador recuperado de la incapacidad laboral con un retorno saludable, es decir sin que el trabajo perjudique su salud o sea causa de recaída, que además sea un retorno duradero y sea eficiente es decir puede desempeñar su trabajo adecuadamente. Por ello debemos conocer el retorno efectivo, disponer de datos de recaída en incapacidad o abandono del trabajo por causas de salud, así como el presentismo trabajando enfermo.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) marca la política en materia de prevención de riesgos laborales, y el conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.

Pero más allá de la norma que regula los aspectos de la incapacidad laboral o la prevención, lo cierto es que hay un “continuo” y “una consecuencia” derivada de las actuaciones que unas entidades u otras realicen al concluir la incapacidad y que el trabajador es “uno” tanto en la situación de baja o de incapacidad laboral, como en la vuelta al trabajo tras alta médica o no declaración de incapacidad.

Este retorno del trabajador tras incapacidad prolongada a su trabajo se sucede por tanto de forma inmediata tras unas consideraciones que ponen fin a la incapacidad, reguladas en la LGSS y una competencia en la prevención de la salud laboral que corresponde a otro ámbito reguladas en la LPRL (Fig. 3).

Las entidades competentes para emitir el alta médica o la consideración de la no incapacidad son: el médico atención primaria SPS, el inspector médico del INSS, el inspector médico comunidades autónomas, los equipos de valoración de incapacidad (órgano colegiado) del INSS; y quien es competente en la que consideración del apto tras el retorno laboral es el servicio de prevención (Fig. 4).

Siendo entidades que en un momento u otro están implicadas en la protección del trabajador, no son entidades que compartan ni la decisión, ni la información sobre el trabajador, bien fuera por la distinta competencia, cuando no por falta de colaboración amparada en ella.

Pues es cierto que la información médico laboral compartida entre el ámbito sanitario y el prestacional es limitada, y entre estos y el ámbito laboral prácticamente nula (Fig. 5).

La “política de protección laboral” en materia de seguridad social se circunscribe a compensar económicamente la pérdida de ganancia que el trabajador sufre en las situaciones de incapacidad laboral al no poder trabajar u obtener beneficios de su trabajo. El Estatuto de los Trabajadores establece en el artículo 45 la suspensión del contrato en las situaciones de Incapacidad Temporal, y añade exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo. En las situaciones de Incapacidad permanente el artículo 48. 2 recoge la suspensión con reserva de puesto de trabajo, cuando así se haya preceptuado por el INSS, y en el artículo 49 se señala la extinción de contrato para los supuestos de declaración de incapacidad permanente o absoluta.

Refiriéndonos al retorno al trabajo tras incapacidad laboral, conviene señalar, que, en estos casos, la situación de incapacidad laboral es una situación puente entre una consideración previa de estar apto y capacitado para el trabajo, la situación incapacitante de la enfermedad y sus limitaciones impeditivas para el trabajo durante el tiempo que se suceda, y el alta o no incapacidad laboral, que vuelve a la consideración previa de estar apto y capacitado para el trabajo (Fig. 6).

La consideración de “incapacidades prolongadas” debe de hacerse extensiva a las bajas “prolongadas” más allá del tiempo óptimo, así como las bajas alargadas más allá de lo conveniente, incluyendo las bajas alargadas más allá de la curación o mejoría, así como a las incapacidades permanentes con señalamiento de oficio o señalamiento obligado de revisión con o sin reserva del puesto, por lo que la consideración del retorno tras ellas es compleja.

Por otra parte, el alta médica laboral puede no coincidir con el alta sanitaria, es decir seguir precisando de seguimiento. Por lo que puede existir confrontación en los procesos largos entre los plazos legales de la incapacidad laboral y los plazos individuales de recuperación.

Las incapacidades prolongadas suponen en casos de procesos graves el añadido de la “aptitud sobrevenida”, Hablamos de aptitud sobrevenida desde la perspectiva de inclusión, o de favorecer el retorno al trabajo, cuando se consiguió una curación de un proceso que ha mantenido una prolongada incapacidad médica laboral o cuando se consiguió una mejoría que faculta este retorno por retornar a un trabajo para el que se han recuperado las capacidades funcionales requeridas, sin que ello suponga un riesgo para su salud, y permita además seguir con las pautas terapéuticas si están indicadas.

La aptitud sobrevenida es la nueva situación en que la queda el trabajador, referente a su aptitud, cuando en relación con procesos largos de baja o tras graves dolencias con incapacidad médica larga nos planteamos el retorno al trabajo, su reintegración al mercado laboral, por suponer ha recuperado su capacidad laboral, pero ha adquirido nuevos riesgos por la enfermedad para el trabajo y el trabajo puede comportar nuevos riesgos para su salud; el término aptitud sobrevenida, adquiere relevancia en contraposición al término de “ineptitud sobrevenida”, término excluyente, por el que las pérdidas de las capacidades del trabajador y sus ausencias por incapacidad temporal o por declaración de incapacidad permanente revisable pueden conllevarle el despido.

La aptitud sobrevenida supone ya no existen las limitaciones funcionales que dieron lugar al mantenimiento de la baja o la incapacidad laboral durante largo tiempo, o también que la funcionalidad restante considerada en su favorable evolución permita el desarrollo del trabajo, y en consonancia vaya a producirse una presumible valoración de apto; no obstante lo cual el trabajador retorna al trabajo en una nueva situación aptitudinal, que merece ser atendida tanto para la estimación del alta como en la adaptación necesaria. En resumidas cuentas, se está capacitado (no se está ya incapacitado) pero con un nuevo riesgo contraído.

Esquema ilustrativo de la aptitud sobrevenida:

El concepto de aptitud sobrevenida guarda relación con la valoración presumible e implícita de una consideración de aptitud que va a producirse tras el alta médica o la no declaración de incapacidad; concreta una nueva situación de riesgo por la enfermedad para el trabajo y por el trabajo para la enfermedad padecida.

La APTITUD SOBREVENIDA tras larga incapacidad supone la adquisición de mayor riesgo en ese periodo previo de incapacidad es decir asimilamos aptitud sobrevenida a adquirir un sobreriesgo laboral y, por tanto, asimilamos el retorno al trabajo tras larga incapacidad a mayor riesgo de un retorno no saludable ni duradero.

La consideración preventiva de estar CAPACITADO (NO INCAPACITADO) o en situación de ALTA tras incapacidad laboral prolongada por cáncer u otras graves o prolongadas dolencias, se hará, suponiendo el trabajador tiene una capacidad laboral restante compatible y capaz para el desempeño laboral que venía desarrollando. Estimando que el trabajo no perjudique su salud resentida y que permita seguir los tratamientos de continuación sin mermar su esperada respuesta terapéutica y el necesario alejamiento de factores de riesgo del proceso incapacitante. Conlleva la implícita valoración, no siempre coincidente ni exenta de litigio, de la consideración de APTITUD. Pues puede darse la controversia de NO INCAPACIDAD, o CONSIDERACIÓN DE ALTA y la declaración de NO APTO, más frecuentemente que en procesos de larga incapacidad laboral.

Merece por tanto una especial consideración el problema al retorno al trabajo que sucede tras la declaración de no apto no existiendo incapacidad laboral, pues puede suponer el despido del trabajador, es decir anular el retorno efectivo. La controversia⁹ sobreviene cuando la situación del trabajador es la de “alta médica”, bien por alta del médico atención primaria, de la inspección médica INSS, o de la inspección médica de las comunidades autónomas (CCAA) o bien con la declaración de no incapacidad del equipo de valoración de incapacidades del INSS (EVI) y coincide o coexiste con una declaración de no apto, por parte del servicio de prevención (Fig. 7). Esta controversia no ha sido resuelta y genera una indefensión del trabajador y una toma de decisiones contrapuestas entre lo prestacional y lo preventivo^9,10,11.

Sea como fuere es al volver al trabajo cuando se hace visible el nivel de cambio experimentado, y por ello la necesidad de políticas que faciliten el retorno.

Como ya hemos venido relatando las políticas desde la Seguridad Social de retorno al trabajo tras incapacidad prolongada no pueden descansar en el terreno economicista y valorarse en su gestión por el número de altas o la menor duración o la menor incidencia de la incapacidad, pues evidentemente la gestión de la incapacidad laboral es algo más que una cuestión económica¹². El análisis economicista de la incapacidad laboral, nos puede hacer perder la perspectiva de la eficiencia laboral y social.

Un desequilibrio entre las políticas de gestión y control de la incapacidad y las políticas de prevención puede ser fuente de mal retorno al trabajo (Fig. 8).

Las políticas de gestión de la incapacidad deben proveer que esté en incapacidad laboral quién debe estar y durante el tiempo que proceda, sin olvidar que la consideración de la incapacidad laboral encierra una evaluación médico laboral de la relación entre las limitaciones derivadas de una enfermedad que padece un trabajador y los requerimientos del trabajo.

Dicho todo lo cual sí que parece que puede existir un componente voluntario del trabajador en el alargamiento o permanencia en incapacidad laboral^8,13, que algunos estudios lo estiman en torno al 20% como el que efectuó la Agencia para la Evaluación de la Calidad AEVAL 2009¹³. Lo que podría justificar una mejora de los controles. También este estudio analiza el resultado de los reconocimientos realizados por el INSS, que fundamenta la necesidad de control idóneo para evitar el abuso en la prestación; y aunque los datos han variado desde 2009, el porcentaje de altas médicas a los reconocimientos médicos de trabajadores en baja por el INSS es a día de hoy cercano al 20%. Sigue siendo cierto que es preciso mejorar la intercomunicación entre entidades implicadas¹³en la incapacidad laboral Médico de Atención Primaria SPS e Inspecciones Médicas del INSS, así como Mutuas e Inspecciones Médicas de las CCAA. Y optimización de los procedimientos de selección de pacientes “presumiblemente altables”, en lo que se ha avanzado a través de los convenios del INSS con las CCAA y la implantación reciente de nuevas tecnologías como las citadas como “análisis predictivo”.

En el mismo estudio de la AEVAL¹⁴, se indica que el 20% de los procesos de enfermedad pudieran tener causa laboral, que supondría reconocer que el trabajo es fuente de enfermedad en el 20% de las mismas, lo que apoyaría la necesidad de implantar políticas de retorno laboral^8,13por parte de la seguridad social y una visión preventivo laboral^8,13de la incapacidad y no sólo prestacional y un mayor rigor en el análisis de la causalidad laboral³⁸.

El trabajo no debe ser nunca causa ni agravación de la enfermedad. La reincorporación laboral tras incapacidad médica larga supone más allá de los costes económicos derivados de esa situación, el retorno al trabajo tras un periodo de deterioro de la salud laboral, de la calidad de vida del trabajador y concitan un riesgo añadido al laboral el riesgo de perder el trabajo¹².

5.1. Registro de datos. El Mapa de Incapacidad laboral en España^13,14,15

Las prestaciones por incapacidad forman parte de un seguro social público que cubre el riesgo de pérdida de la salud o de las capacidades funcionales del trabajador (por enfermedad o accidente), por las consecuencias negativas que tienen en el desempeño normal de la actividad laboral y la obtención de ingresos por el trabajo desarrollado. Conllevan la evaluación médica de las limitaciones funcionales u orgánicas, es decir las capacidades funcionales restantes (valorando capacidades perdidas y capacidades que mantiene) y el resultado de su relación con el trabajo (capacidades requeridas o que precisa el mismo). Siendo por tanto pérdidas de salud laboral necesitan de una valoración médico laboral, y en su análisis requieren un seguimiento de los diversos factores presentes en el enfermar y en los accidentes y el resultado de sus consecuencias limitantes, necesitan del análisis de su impacto sanitario epidemiológico, asistencial, vigilante de la salud, preventivo y reparador. Siendo un seguro de protección social frente a la pérdida de haberes por la incapacidad para desarrollar el trabajo necesitan del análisis de su impacto económico laboral y social.

En las políticas de gestión de la incapacidad acostumbra a preocupar más el “cuánto” que el “qué” en la incapacidad laboral. Entendiendo por el “cuanto” por el cuánto cuesta la incapacidad, cuánto sube el absentismo, cuántas bajas hay, cuántos días se pierden, cuánto duran, y confiar que más controles y más dureza aminore estas cifras. Cuando debiéramos también preocuparnos por el “qué” qué tenemos que controlar del absentismo, qué bajas, qué causa la incapacidad laboral, qué causa su alargamiento, o su permanencia, qué procesos resultan más incapacitantes, qué trabajadores resultan más afectados, qué tareas realizan, en qué sectores de la actividad económica, qué tipo y tamaño de empresas, qué situaciones laborales padecen.

Más allá de los números de las bajas, su duración, su incidencia y del número de las incapacidades laborales, está el conocimiento de los datos de los trabajadores afectos de situaciones de incapacidad, que permita averiguar las causas para combatirlas y prevenirlas, mediante un análisis epidemiológico. El conocimiento de los datos sobre incapacidad laboral no es para tratar de gastar menos en su protección, sino en saber cómo debiéramos de gastar en prevención y en atención sanitaria, además de por supuesto servir para una adecuación de las situaciones y para mejor control de una prestación económica del sistema público de protección. El Mapa de Incapacidad15, propuesto en su momento, puede servir como herramienta de gestión de la salud pública, de la que forma parte la salud laboral y como herramienta de gestión en la incapacidad laboral, prestaciones que se satisfacen con recursos públicos. Para la confección del mapa se precisa la explotación de los datos o variables que influyen en la aparición de la incapacidad, su prolongación, su desarrollo y las dificultades para un retorno laboral efectivo, a través de soportes o herramientas informáticas que permitan la extracción analítica, la “expresión de lo incapacitante laboral” y la “exposición de la actualización incapacitante”.

Para la elaboración del mapa de incapacidad laboral en España se precisa un análisis de datos que contengan todas las variables que inciden en la aparición de la incapacidad, su prolongación, ser elementos barrera o facilitadores de retorno al trabajo, y que pueden definir la situación actualizada de la incapacidad, sus causas y sus consecuencias.

5.2. Mejoras de la calidad decisoria en la gestión y control de la incapacidad laboral²⁰

La incapacidad laboral conlleva en su consideración una adhesión médico laboral, pues es obligada la concurrencia de soporte médico que acredite la enfermedad incapacitante, que objetive las limitaciones funcionales que provoca y todo ello puesto en relación con las capacidades que el trabajo exige.

Para la correcta toma de decisiones en el ámbito de la incapacidad laboral debe de actuarse con conocimiento completo de información médica sobre el proceso que incapacita y con conocimiento completo de la actividad laboral desempeñada, por ello la “Ficha Ocupacional”^16,17,18,19 facilitaría el conocer el trabajo que el trabajador en baja realiza y por ello no sólo tener pleno conocimiento para la extensión de la baja o su confirmación o prórroga sino para obrar con pleno conocimiento en la extensión del alta médica o en la no declaración de la incapacidad o en los procesos remisorios de la misma. Así mismo propiciaría una mayor consideración de los procesos de causa laboral.

Lo cierto es que en muchas ocasiones la información médica sobre el proceso incapacitante se mantiene en compartimentos estancos, como ya hemos referido. Lo que viene a concluir que se carece de información lo que facilita el que puedan adoptarse actuaciones inadecuadas con perjuicio para el trabajador. Más cierto todavía es que la información laboral, que se precisa para concluir si un proceso es incapacitante o no para ese trabajo es marcadamente insuficiente y en la mayoría de las actuaciones se realiza en base a las referencias que el propio interesado comunique.

Por otra parte, la toma de decisiones de cara al retorno laboral, recordemos la extensión del parte de alta médica o la declaración de no incapacidad se realiza en el ámbito sanitario o prestacional, pero el retorno al trabajo pertenece al ámbito laboral, ya demás de esta compartimentación las decisiones también mantienen una independencia competencial y un aislamiento en la comunicación.

La causalidad del trabajo en la incapacidad y el retorno saludable sin que el trabajo perjudique la salud exigen una comunicación fluida y compartida en los tres ámbitos: el sanitario, el prestacional y el laboral, y una mejora técnica en el órgano decisorio de la incapacidad (EVI), sin ello la causalidad del trabajo bien como enfermedad profesional o accidente de trabajo estará infra declarada e inadecuadamente asistida y la controversia entre no apto y no incapacidad permanecerá.

Por ello se hace ineludible

5.3. Programas de retorno al trabajo por procesos

Los programas de retorno al trabajo por procesos y su eficiencia pueden ser cuestionados, pero más allá de su evidencia científica en la mejora de resultados²¹, su practicidad debe de circunscribirse a cada entorno normativo, máxime si pretendemos cuestionarnos su validez a nivel internacional. En España tres procesos acaparan los más frecuentes en alcanzar los 12 meses de incapacidad laboral, las “lumbalgias”, los “trastornos psiquiátricos menores” y el cáncer de mama. Así mismo lo son en las bajas que superan los 6 meses, y por lo tanto merecen una especial y específica atención.

En cuanto a los dos primeros “lumbalgias” y trastornos psiquiátricos menores” los programas de atención temprana han logrado acortar la duración de la incapacidad y mejorando la atención sanitaria, mejoran la recuperación y propician un retorno saludable y continuado al trabajo tras larga incapacidad.

Los procesos osteomioarticulares y los procesos psíquicos menores son los que causan más IT, con bajas prolongadas mucho más allá de lo esperado y los que mayor dificultad comportan para el alta, por ello debe de potenciarse la atención sanitaria temprana mediante protocolos y acuerdos, para suministrar tratamiento adecuado en tiempo y forma evitando su alargamiento y propiciando el retorno laboral

Llegar de forma temprana al diagnóstico y comenzar el tratamiento es obvio garantiza la pronta recuperación y un retorno al trabajo saludable. Un tratamiento adecuado es aquel que se posibilita en tiempo y forma idóneo. La accesibilidad temprana a las pruebas diagnósticas y al tratamiento es garantía de buena respuesta, mejora la recuperación y es beneficiosa para la reincorporación funcional al trabajo.

Por tanto, un apoyo sanitario utilizando los recursos sanitaros de las Mutuas en procesos de IT para evitar listas de espera del Servicio Público de Salud en pruebas diagnósticas o pruebas funcionales o tratamientos, cuando el SPS no dé prestación asistencial en tiempo adecuado, constituiría una política beneficiosa del retorno laboral, pues consecuentemente las listas de espera alargan la incapacidad y empeoran el pronóstico de estos procesos.

La identificación temprana de la enfermedad y el tratamiento precoz, se ha demostrado son factores que tienen un resultado sanitario y económico favorable, así como para el paciente y para el retorno laboral. Y de hecho en los convenios del INSS en incapacidad temporal con las CCAA, se programan políticas específicas.

Convendría un seguimiento adecuado y con criterios específicos de los programas específicos y un retorno de la información a través de la permanencia en el trabajo y en qué condiciones para una mayor evidencia de su mejora. Debe valorarse la incapacidad (el no retorno) como indicador de gestión sanitaria y de salud laboral²².

5.4. Mejoras en la relación empresa, trabajador, y el sistema de protección

5.6. Cambios normativos²⁰. Cambio de paradigma sobre el absentismo y la incapacidad^10,12

Finalmente, todas las propuestas previas precisan de un refrendo normativo para hacerlas eficaces. Procurando cuantos cambios normativos desarrollen estas medidas para facilitar y promocionar el retorno laboral, y hagan visible la necesidad de concienciación social, respecto del buen retorno mediante los acuerdos políticos que se precisen. Así mismo contemplar la gestión de la incapacidad no solo desde la perspectiva económica sino teniendo en cuenta todas sus variables que permitan prevenir la aparición de las situaciones incapacitantes, restaurar las pérdidas de salud incapacitantes lo más pronto posible y procurar la reintegración laboral duradera, es decir practicar la prevención primaria, secundaria y terciaria de la incapacidad, más allá de la legítima adecuación de las situaciones de incapacidad, las políticas de retorno no pueden estar fundamentadas en el recorte económico o acortar los procesos de baja bajo la sospecha de abuso que pueden ser malentendidas por victimizar al trabajador. Bien es cierto que es necesario concienciar a la población del daño que un uso fraudulento o abusivo comporta para nuestro sistema de protección de la incapacidad laboral mediante el sistema de seguridad social.