MISCELÁNEA

MONOGRÁFICO EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD EN LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS DEL SÁHARA

 

Sahara Occidental: los factores económicos como detonante de la violencia organizada

Western Sahara: the economic factors as a trigger of organized violence

 

 

Miguel García Guindo

Facultad de Ciencia Política y de la Administración. Universidad de Jaén, Jaén, España

Dirección para correspondencia

 

 

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RESUMEN

El presente trabajo aborda en primer lugar y desde una perspectiva teórica, la incidencia de los factores económicos y políticos en el germen de la violencia organizada para después, analizar como los cambios sociodemográficos que se han sucedido en el Sahara Occidental desde 1975 hasta nuestros días, sumados a la política asistencialista de Marruecos y los privilegios de los que se benefician determinados grupos han desestabilizado la región.

Palabras clave: Sahara Occidental, Marruecos, Políticas asistenciales, Violencia organizada, Frente Polisario, Oleadas migratorias.

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ABSTRACT

This paper addresses, first of all, and from a theoretical perspective, the impact of economic and political factors in the germ of the organized violence to later on, analyze how the demographic changes occurred in Western Sahara since 1975 until today, coupled with the Moroccan welfare policy and privileges that certain groups obtain benefits from have destabilized the region.

Keywords: Western Sahara, Morocco, Welfare policies, Organized violence, Polisario Front, Migratory waves.

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Introducción

Las dinámicas de los conflictos internos (no forzosamente armados) son consecuencia, entre otras muchas cuestiones, de la mala praxis de gobiernos, de la existencia de sistemas corruptos, de una desigual distribución de los beneficios o patrimonialización de los recursos públicos, así como de la exclusión de grupos o minorías que generan desigualdades horizontales. Estos factores que suelen tener una raíz económica, afectan de manera particular a aquellas otras variables de carácter político, socio-cultural e identitario, y acaban degenerando, en ocasiones, en brotes de violencia política que alteran y cuestionan el statu quo dominante.^1-4

En el caso que nos ocupa, las prácticas clientelistas del estado marroquí en los territorios del Sahara Occidental y la mala administración de los recursos económicos, están contribuyendo notablemente a la polarización de la sociedad, fomentando un sistema de competencia y rivalidades entre y dentro de los distintos grupos étnicos como consecuencia de la desigual distribución de la renta. Desde la firma de los Acuerdos de Madrid de 1975, la nota predominante en la gestión de estos recursos por parte del gobierno de Marruecos ha sido su deficiencia y un cierto estrabismo y cortoplacismo más destinado a sofocar y cooptar a la población autóctona saharaui y silenciar a la disidencia que en la puesta en marcha de medidas socioeconómicas que garanticen el desarrollo en el largo plazo. Las políticas de subsidios, que tienen como beneficiarios a la población no autóctona del Sahara Occidental, y la alteración sistemática de las estructuras sociodemográficas por parte del reino alauí, no han hecho sino reforzar una ya consolidada enemistad entre distintos grupos en el territorio, algunos de los cuales tienen fuertes lazos culturales y étnicos con la población de los campos de Tinduf.⁵

El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, se pretende analizar, desde un punto de vista puramente teórico, la incidencia de los factores económicos y políticos en el germen de la violencia organizada. Del otro, examinar cómo esa discriminación generalizada, resultado de la acción del gobierno marroquí, puede llevar a determinados segmentos de la población saharaui a inclinarse por opciones que podrían incrementar la inestabilidad en la región.

 

Los factores económicosy políticos como motivadores del conflicto

Lo que incita, lo que subyace tras muchos de los levantamientos contra el poder establecido, más allá de una visión ideológica o religiosa compartida, de un sentimiento generalizado de injusticia social, etc., es una cuestión de pura supervivencia.⁶ Hay numerosos casos que prueban que el reparto económico desigual crea una percepción de privación relativa y que son la causa de una gran mayoría de las insurrecciones violentas (El Salvador en la década de 1980, Nicaragua bajo el régimen de Somoza, o los casos actuales de Filipinas y Nepal, donde una pequeña élite gobernante junto a la clase capitalista, tiene subyugado al campesinado y la clase trabajadora). En este sentido, Robert Gurr señala que lo que empuja a un individuo a unirse a una organización que desafía a la autoridad, es la posibilidad de incrementar las opciones de hacer realidad sus deseos y valores.⁶ Para ello, se vale de la teoría de la frustración/agresión, que consiste en que cuando a un sujeto se le presenta un obstáculo que le impide satisfacerse, provoca en él una frustración que genera una agresión como respuesta instintiva. Esta frustración no conduce necesariamente a la violencia, pero cuando esta se prolonga y se siente con intensidad, degenera en ira y violencia con el tiempo. Gurr explica esta hipótesis a través del concepto anteriormente señalado (relative deprivation) y que hace referencia a la distancia existente entre lo que la gente piensa que se merece, y lo que realmente piensa que puede conseguir, y en donde el potencial de la violencia colectiva variará en función del alcance e intensidad de la privación relativa en el seno de una sociedad.⁶ De hecho, esta discriminación económica, que puede dar lugar a un levantamiento que pretende restaurar o derrocar el orden político establecido en la búsqueda de un reparto más equitativo de la riqueza, suele degenerar en escenarios que realimentan el bucle de la violencia.⁷

Hay casos, en los que algunos grupos que se encuentran en una situación económica privilegiada, recurren a la violencia política institucionalizada (pero ilegal) para prevenir la pérdida de un status quo privilegiado (en cierto modo, ese es el motivo que subyace tras las acciones de ciertos grupos preservacionistas protestantes en Irlanda del Norte y en organizaciones de derechas en algunos países de América Latina). En otros, donde previamente los privilegios de determinados grupos son abolidos y sufren una considerable merma de su posición económica (política o social), pueden recurrir a la violencia para restaurar sus privilegios. No pretendemos decir con esto que todo conflicto tenga un origen, o se vea afectado por factores vinculados a la economía. En ocasiones de hecho, su influencia es inapreciable en comparación a otras de naturaleza política. De hecho, y de manera contraria a las creencias habituales, la violencia puede igualmente estallar durante periodos de prosperidad y crecimiento. Es por ello necesario vincular los indicadores económicos a las expectativas de los distintos grupos dentro de una sociedad para hallar lo que motiva a que determinados segmentos de población se consideren a sí mismos víctimas de una discriminación institucionalizada en relación con los beneficios socioeconómicos.⁸

O'Neill recoge el análisis de la cultura política, entendida esta como "la particular distribución entre sus miembros de las pautas de orientación hacia los objetos políticos", para diferenciar y entender las oportunidades con las que cuentan esos segmentos de población contestatarios a la hora de movilizar los apoyos de los distintos grupos sociales.^9,10 Así, en una cultural parroquial, donde las orientaciones hacia los objetos políticos se acercan a cero (es decir, que son prácticamente nulos) y que se identifica con sociedades tradicionales en donde todavía no ha tenido lugar un proceso de integración nacional, el posicionamiento con respecto a la actividad política es de absentismo, por lo que la capacidad de aquellos que se rebelan contra la autoridad política establecida de atraer apoyos, puede verse seriamente afecta (un ejemplo de lo dicho es la población indígena rural guatemalteca durante la década de 1960, que a pesar de soportar una situación económica depauperada hasta el extremo, prefirió adoptar una actitud pasiva e indiferente hacia la insurgencia).¹¹

En el caso de la cultura política de súbdito, los ciudadanos tienen conciencia de la existencia de una autoridad gubernativa especializada, pero se consideran a sí mismos subordinados en su relación con el sistema y respecto al elemento administrativo, y por tanto, solamente se involucran con los productos del sistema (las medidas y políticas del gobierno) y no con la formulación de las decisiones y las políticas públicas. Por regla general, no suelen participar de la actividad política (incluida la insurgencia), aunque esto no significa que estén dispuestos a tolerar la amenaza y discriminación infligida por el gobierno ad infinitum. Una campaña propagandística bien orquestada por aquellos que articulan y canalizan las demandas de los grupos desafectos, puede suponer un cambio de orientación y la toma de conciencia por parte de la población. En el caso de la cultura política de participación, en que los miembros de la sociedad tienden a estar explícitamente orientados hacia el sistema como un todo y hacia sus estructuras y procesos políticos y administrativos (es decir, hacia los input y output, del sistema político), la capacidad de influir o prosperar de estos puede ser mayor. Hablamos en líneas generales de sociedades que tienden a orientarse hacia un rol activo de su persona en la política, aunque sus sentimientos y evaluaciones de semejante rol pueden variar desde la aceptación hasta el rechazo total. Por sus orientaciones hacia el sistema, son susceptibles al reclutamiento por parte de aquellas organizaciones que se oponen al gobierno si sus deseos y anhelos por participar en este se ven obstaculizados.

Por supuesto, más allá de estas orientaciones hacia el sistema, existen una amalgama de valores y normas arraigadas en toda sociedad que pueden ser políticamente relevantes, lo que obligaría a un análisis pormenorizado del caso por caso. Hay contextos en los que las orientaciones y actitudes involucran la aceptación de la autoridad, la confianza interpersonal e intergrupal, así como la tolerancia a la violencia. Mientras que la resistencia a la imposición de la autoridad por grupos sociales y una baja confianza intergrupal y personal puede ser una causa mayor de violencia (especialmente si la imposición es percibida como humillación), el mismo desdén por la autoridad y desconfianza pueden minar la efectividad de la violencia organizada. De hecho, este es uno de los factores más relevantes que afectan a las divisiones que plagan a muchos de los movimientos insurgentes más que cualquier disputa ideológica, estratégica o táctica.

Esta actitud hacia la autoridad puede también socavar los esfuerzos del gobierno (no importa como de benignos sean estos) de movilizar el apoyo de la población. Si la tolerancia a la violencia es baja, puede afectar a la capacidad de reclutamiento de la misma, y a los actos violentos perpetrados por estos (aquellos particularmente dramáticos como puedan ser los terroristas), pueden generar intolerancia e incluso ser contraproducentes (el asesinato del primer ministro italiano Aldo Moro por las Brigadas Rojas, y la matanza indiscriminada de civiles en Luxor en 1997 generaron una repulsa generalizada hacia la insurgencia). Donde hay una alta tolerancia a la violencia (una tradición de violencia), el potencial de la oposición (ya no legal o no) se incrementa exponencialmente.¹²

Migración en el Sahara Occidental: consecuencias socioeconómicas

Podemos identificar cuatro grandes oleadas migratorias desde la anexión del Sahara Occidental a Marruecos que han provocado profundos cambios sociodemográficos y divisiones que a día de hoy aún afectan a la región.⁵

La primera de ellas tiene lugar en 1975, inmediatamente después de que España cediera el control del Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania. Esta primera oleada estuvo motivada por la campaña propagandística llevada a cabo por el Frente Polisario en contra de las tropas marroquíes. La imagen y el relato que proyectaron de estas consiguieron extender y propagar el miedo entre una población autóctona que atendiendo al llamamiento del Polisario huyó de manera masiva del territorio a los campamentos de Tinduf en Argelia. El vacío generado obligó al gobierno marroquí a depender de las pocas élites locales que decidieron no abandonar y a repoblar la zona a través del reasentamiento de saharauis, principalmente de la vecina Oued Noun. Actualmente, las élites dominantes en el Sahara Occidental proceden en su mayoría de las provincias de Guelmin y Tan Tan. Esta política, que obedecía a la necesidad inicial de desarrollar una vasta región, sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en un sentimiento generalizado de rechazo. La población saharaui autóctona se veía así misma desposeída. Durante este periodo se llevaron a cabo nombramientos políticos y la contratación de cientos de funcionarios públicos, trabajadores cualificados y maestros marroquíes que monopolizaban la vida pública y que en muchos de los casos, estaban desconectados de la realidad, cultura y especificidades tribales locales.

La segunda oleada se produjo a mediados de la década de 1980. Las políticas puestas en marcha por el gobierno marroquí para desarrollar la región tuvieron un efecto llamada que atrajo a miles de trabajos. Las oportunidades económicas que generaban los generosos subsidios, la exenciones de impuestos y salarios más altos que en otras regiones de Marruecos, sumadas a la alta tasa de desempleo del país terminaron por convencer a muchos marroquíes que acabaron por asentarse en los principales centros económicos del Sahara Occidental. Esta nueva ola migratoria dibujó una línea ascendente durante toda la década e hizo más profundas las fracturas ya existentes entre los distintos grupos y etnias y ello a pesar del empeño puesto por Marruecos en propiciar el contacto social y los matrimonios mixtos, propuestas ambas que no consiguieron salvar la distancia entre las nuevas comunidades y la población saharaui autóctona.

El tamaño y la demografía del Sahara Occidental se vieron nuevamente alterados en 1991, año en el que Naciones Unidas negoció un alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario. La hoja de ruta del plan de paz comprendía un referéndum previsto para enero de 1992 en el que los saharauis elegirían entre la integración con Marruecos y la independencia. La decisión adoptada por Marruecos fue la de desplazar al Sahara Occidental a decenas de miles de saharauis (principalmente del Sidi Ifni, Guelmim y la región de Oued Noun) para que se registraran y pudieran votar en un referéndum que jamás vio la luz.¹³ Los realojos se llevaron a cabo en El Aaiún, Smara, Bojador y Dajla. En un principio fueron instalados en tiendas de campaña, unos refugios improvisados diseñados para ser temporales, pero que con el tiempo (y como consecuencia de la falta de acuerdo entre las partes en conflicto) se transformaron primero en permanentes, más tarde en asentamientos ilegales y finalmente en poblados chabolistas con graves problemas de salubridad y securitarios.¹⁴ A mediados de la década de 2000, el gobierno de Marruecos fue gradualmente derribando estos asentamientos, sustituyéndolos por viviendas de nueva construcción. A día de hoy, sigue subsidiándolos, bajo un sistema clientelar y asistencial acaparado por determinados segmentos de población que ahonda las divisiones y acentúa la desazón entre los saharauis.

La última oleada coincide en el tiempo con la anterior. La depauperada situación de los campamentos de Tinduf y el sistema asistencial desarrollado por Marruecos en el Sahara Occidental llevó a que miles de saharauis decidieran retornar. El gobierno alauí interpretó esta vuelta como una victoria y la constatación del fracaso del Frente Polisario. A modo de recompensa, situó en puestos gubernamentales de alto nivel a destacados miembros del Polisario. Este es el caso de Ahmed Ould Souilem, miembro relevante del Polisario desde 1975 que apoyó la propuesta de 2007 de autonomía de Mohamed VI y que fue nombrado embajador del Reino de Marruecos en España en abril de 2010.¹⁵

Los repatriados de los campamentos de Tinduf (actualmente en torno a ocho mil), fueron realojados en barrios (Al Aouda) recién construidos en las distintas ciudades del Sahara Occidental. Esta política de vivienda libre, no fue sin embargo acompasada de otras medidas que favoreciesen la integración de los exiliados. A pesar de que muchos de ellos eran trabajadores cualificados (médicos, enfermos, profesores, etc.), no fueron asimilados por el sistema, quedando relegados a las políticas de subsidios del gobierno de Marruecos.

Esta privación relativa que llevó a que muchos saharauis abandonaran en su momento los campamentos de Tinduf, es la misma que está empujando a que muchos de ellos se planteen su vuelta al desierto. La falta de igualdad de oportunidades y este sistema asistencial desarrollado por Marruecos que no consigue integrarlos en el tejido social y económico está resultando especialmente peligroso.

Radicalismo y crimen organizado

Por añadidura, a este malestar generalizado, habría que sumarle la convergencia (y coincidencia) de dos factores que acentúan la inestabilidad en la región, haciendo que el Sahara Occidental ocupe a día de hoy un papel relevante en la agenda de seguridad internacional. Por un lado, el auge del radicalismo no solo en los países del Sahel, sino en toda la región del Magreb y África occidental. Lo que en 2006 parecía ser expresión de un extremismo islámico en el Magreb y norte del Sahara, con Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) como principal exponente de ese fenómeno, ha concluido en una evidente amenaza para la estabilidad y bienestar de ese vasto territorio, siendo el reciente conflicto en el norte de Mali su evidente constatación.

Del otro, la inestabilidad en la región, incrementada si cabe aún más por el resultado de las Primavera Árabes, se ha visto favorecida por el significativo incremento del tráfico de estupefacientes en muchos de estos países. El tráfico ilícito ha sido una constante en el Sahel, amparado en buena medida por lo inhóspito del terreno y la incapacidad manifiesta de los gobiernos de la zona de controlar toda la extensión de sus Estados, así como sus fronteras. Sin embargo, lo que históricamente había sido un tráfico menor, está evolucionando en un negocio muy lucrativo, sofisticado y participado por las principales redes internacionales del crimen organizado.^15-17

A modo de conclusión

La falta de oportunidades y la precariedad económica, junto a los incentivos propios de la actividad criminal organizada y el creciente alcance de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, pueden ser el acicate que aliente a muchos saharauis a ensanchar las bases de aquellos grupos que abrazan el extremismo islámico y en última instancia, un desafío securitatio de dimensiones internacionales. Estos grupos (nos referimos a aquellos que apuestan por posicionamientos radicales) se presentarán como candidatos a hacerse con el poder (o al menos a tratar de socavarlo), siempre y cuando exista un descontento generalizado entre la población que pueda ser utilizado y explotado (es decir, movilizado para la causa) como base para el reclutamiento. Como regla general, el clima proclive se caracteriza por bajos niveles de seguridad y elevadas cotas de desempleo, condiciones que comportan malestar y frustración entre segmentos sociales que pasan a ser objetivos ideales para el reclutamiento.¹⁸

El escenario descrito se asemeja mucho a las condiciones y realidad de los saharauis, ya sea en los campos de Tinduf o en el Sahara Occidental. Últimamente, han sido numerosos los informes que han denunciado la implicación de saharauis en el tráfico de drogas, pero también, los hay que han colaborado con Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Así, los efectos corruptores del dinero del narcotráfico en la región del Sahel-Sahara, también se evidencian en la detención en Malí, por tráfico de drogas, de seis presuntos miembros del Frente Polisario. Uno de los detenidos, Sultán Ould Bady, parece también estar involucrado en el secuestro y posterior canje de rehenes europeos en el Sahara antes de unirse a las filas de AQMI. En agosto de 2010, las autoridades mauritanas deportaron a Malí a un conocido saharaui, Omar Ahmed Ould Sidi Ould Hama (también conocido como Omar Saharaui), condenado a cadena perpetua en Mauritania por planear el secuestro en nombre de AQMI de tres cooperantes españoles en 2009. Según los informes, la deportación de Omar Saharaui fue parte de un acuerdo que permitió a su vez la liberación de otros dos ciudadanos españoles secuestrados por la misma organización terrorista. El Frente Polisario ha denunciado abiertamente el riesgo de infiltración de AQMI en sus filas y en los campamentos saharauis de Tinduf, Argelia, que cuentan con una población muy empobrecida y desesperada después de años de destierro forzado en la Hamada. AQMI y en especial sus Katibas en el Sahel, se han empeñado en ampliar su colaboración con los contrabandistas de los campamentos de refugiados de Tinduf, y alistar militantes entre sus jóvenes desencantados.

Esta sucinta radiografía pone de manifiesto la imperiosidad necesidad de acabar con cuarenta años de lucha. A la ya de por sí delicada situación, los problemas señalados pueden actuar como palanca que termine por agudizar la complejala realidad de la región.

 

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Dirección para correspondencia:
Universidad de Jaén.
Campus Las Lagunillas s/n, Edf. D-3. Desp. 251,
23071 Jaén, España.
E-mail: mgguindo@ujaen.es

Manuscrito recibido el 16-12-2015
Manuscrito aceptado el 12-03-2016