Servicios personalizados
texto en 
Inglés (pdf)
Articulo en XML
Referencias del artículo
Traducción automática
Enviar articulo por email
Citado por SciELO 
Citado por Google 
Similares en
SciELO 
Similares en Google 
Permalink
Introducción
La violencia de jóvenes hacia sus progenitores así como el maltrato a ancianos son fenómenos relativamente nuevos y poco estudiados comparados con la violencia de pareja o el abuso sexual. Las agresiones juveniles se han estudiado tradicionalmente en el ámbito de la delincuencia general. Incluso se afirma que el estudio de la violencia de adolescentes hacia sus padres ha estado infrarrepresentado en políticas publicas y estudios criminológicos (Condry y Miles, 2014). Sin embargo, aunque la violencia filio-parental (VFP) en ocasiones comparta factores con la violencia y delincuencia juvenil, responde a patrones y dinámicas diferentes. Una de las definiciones más repetida de VFP es la de Cottrell (2001) que incluye cualquier acto de un hijo que tiene la intención de causar daño físico, psicológico o económico con el fin de obtener el control sobre uno de los padres (p. 3). Pereira (2006, p. 9) amplío esta definición incluyendo “[…] conductas reiteradas de violencia física (agresiones, golpes, empujones, arrojar objetos), verbal (insultos repetidos, amenazas) o no verbal (gestos amenazadores, ruptura de objetos apreciados) dirigida a los padres o a los adultos que ocupan su lugar. Se excluyen los casos aislados, la [violencia] relacionada con el consumo de tóxicos, la psicopatología grave, la deficiencia mental y el parricidio.” A lo largo de este artículo se utilizará el término progenitores para hacer alusión también a aquellas personas que puedan ocupar su lugar y los términos “agresor” o “evaluado” serán igualmente válidos para mujeres.
En los últimos años, la atención prestada a la VFP en España ha crecido exponencialmente superando a la existente a nivel internacional. Las cifras de la Fiscalía General del Estado se mantienen estables tras un repunte en los primeros años de registro, que llegó hasta las 5377 denuncias en 2011. El último dato disponible, de 2015, reflejó 4898 casos y en los dos años anteriores la cifra fue similar (4753 en 2014 y 4659 en 2013), con una media de 4600 casos desde 2007 que hay registros. Sin embargo, un gran número de casos no pasan por la denuncia.
La propia Fiscalía de Menores (2013) señala algunas particularidades de la VFP, como que “[…] raramente se asocia con situaciones de exclusión social […]” (p. 409) o que “[…] frente al resto de delitos, se caracteriza por que los imputados son tanto varones como mujeres, en proporciones que tienden cada vez más a equipararse […] (p. 413). En la circular de la Fiscalía 1/2010 se señaló que, pese a la exención penal de los agresores menores de 14 años, existe la necesidad de dedicar recursos de protección e informar sobre la disponibilidad de programas específicos extrajudiciales. Además, “Si […] se desprendiera que el menor sigue incurso en los factores de riesgo que le llevaron a cometer actos de violencia doméstica, tales circunstancias habrán de ser comunicadas por el Juzgado a la víctima, a los efectos de que la misma pueda adoptar las medidas de autoprotección que estime oportunas.” (Fiscalia, 2010, p. 35).
La investigación sobre evaluación del riesgo de violencia pone de manifiesto la necesidad de atender a la heterogeneidad de las muestras y a la especificidad de los factores de riesgo según el tipo de agresor/violencia, desarrollando herramientas para muestras y objetivos concretos bien sean menores o adultos (Conroy, 2012). Pese a ello, en la actualidad no existe ninguna herramienta para evaluar el riesgo de violencia en casos de VFP.
Factores de riesgo en VFP
La bibliografía sobre VFP ha descrito una serie de variables problemáticas tanto en los propios agresores como en sus familias. Al igual que en otras formas de violencia, la transmisión intergeneracional ha sido utilizada como factor explicativo (Aroca, Bellver y Alba, 2012; Boxer, Gullan y Mahoney, 2009), siendo más prevalente la VFP en hijos agredidos por su progenitories (Contreras y Cano, 2016; Izaguirre y Calvete, 2017; Margolin y Baucom, 2014). La bidireccionalidad (que el agresor también sea víctima) es especialmente frecuente en los agresores varones (Ibabe y Jaureguizar, 2011). Por otro lado, la violencia entre los padres se ha relacionado con una mayor frecuencia de violencia del joven hacia los padres (Boxer et al., 2009; Gámez-Guadix y Calvete, 2012). La victimización directa o indirecta podría llegar a explicar entre el 16 % y el 45 % de las agresiones (Rodríguez, González-Álvarez y García-Vera, 2011). También parece existir una relación entre ser víctima de bullying y agredir a compañeros o fuera del colegio. Una explicación provendría de la teoría propuesta por Emler, que vincula la desprotección percibida por la víctima en la situación de intimidación con la búsqueda de una reputación antisocial como forma de autodefensa (Estévez, Inglés, Emler, Martínez-Monteagudo y Torregrosa, 2012). Los agresores podrían utilizar la VFP como medio para compensar los sentimientos de impotencia y expresar su ira en un contexto seguro, lo que Cottrell y Monk (2004) denominan “desplazamiento”.
La presencia de otro tipo de agresiones (a compañeros o familiares distintos a los progenitores) ha sido descrita en muestras judiciales como otra de sus principales características). Cuervo, Fernández y Rechea (2008) encontraron que un 65.8 % de los menores juzgados por delitos de VFP también eran violentos fuera del hogar. Pese a analizarse con frecuencia muestras judiciales, muchos casos no llegan a ser una cifra oficial. La VFP aún tiende a mantenerse en secreto, muchas veces por vergüenza (Ghanizadeh y Jafari, 2010; Kennedy, Edmonds, Dann y Burnett, 2010) y los padres se resisten a denunciar hasta que la situación es insostenible (agresiones graves, pérdida absoluta del control, etc.). La existencia de denuncia, por tanto, puede considerarse un indicador de la gravedad. La violencia, además, se produce generalmente en escalada y la progresión no se detiene ni siquiera cuando se consigue una sumisión absoluta de la víctima (Pereira y Bertino, 2010).
Un conjunto importante de variables de riesgo hace referencia a las características del agresor. La sintomatología psicopatológica es frecuente en jóvenes que agreden a sus padres, más que en otros jóvenes delincuentes (Kennedy et al., 2010), pudiendo alcanzar una prevalencia del 45 % (Cuervo et al., 2008). Se han descrito de forma habitual el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad -TDAH- (Cuervo et al., 2008;), la sintomatología depresiva (Calvete, Orue y Gámez-Guadix, 2013; Castañeda, Garrido-Fernández y Lanzarote, 2012; Ibabe, Arnoso y Elgorriaga, 2014a, 2014b) y los problemas relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas (Calvete, Orue y Gámez-Guadix, 2015; Calvete, Orue y Sampedro, 2011; González-Álvarez, Morán y García-Vera, 2011; Ibabe y Jaureguizar, 2011). Modelos de predicción vinculan la conducta antisocial en general, con el consumo problemático de alcohol y la poca supervisión parental (Guillén, Roth, Alfaro y Fernández, 2015). Comparados con otros menores infractores, los casos de VFP presentarían una menor empatía (Ibabe y Jaureguizar, 2011) y una baja autoestima (Cuervo et al., 2008; González-Álvarez et al., 2011; Ibabe y Jaureguizar, 2011; Pereira y Bertino, 2010). Otro rasgo característico sería la baja tolerancia a la frustración con dificultades para afrontar incluso situaciones cotidianas (Cuervo et al., 2008; Cuervo y Rechea, 2010). La impulsividad también es habitual (Calvete et al., 2011; Cuervo et al., 2008; Rico, Rosado y Cantón-Cortés, 2017), llegando hasta el 80 % la prevalencia de esta característica según el criterio de los profesionales (Ibabe, Jaureguizar y Díaz, 2007) y siendo significativamente superiores las puntuaciones respecto a pares no agresores (Castañeda et al., 2012). Asimismo, se encuentra asociada la dificultad para el control de la ira (Cuervo y Rechea, 2010; González-Álvarez et al., 2011). Por último, dentro de estos rasgos de la personalidad, el narcisismo o las ideas de grandiosidad también se han vinculado a la VFP (Calvete, 2008; Calvete et al., 2011).
En relación a los procesos de adaptación del agresor, lo más repetido son las dificultades académicas (Cuervo et al., 2008; González-Álvarez, Gesteira, Fernández-Arias y García-Vera, 2010; González-Álvarez et al., 2011). Los problemas de adaptación, aprendizaje, absentismo y/o cambio de centro, junto a la agresión a compañeros, son más frecuentes en estos jóvenes que en sus pares no violentos (Castañeda et al., 2012). Por otro lado, la conducta antisocial se ha relacionado con un número mayor de variables de mal pronóstico comparado con casos limitados a la VFP (Ibabe et al., 2007). La propensión a la delincuencia también sería significativamente mayor en jóvenes que agreden a sus padres comparados con pares no agresores (Castañeda et al., 2012). Las relaciones antisociales también tienen un fuerte impacto en el desarrollo de la violencia (Hong, Kral, Espelage y Allen-Meares, 2012), fomentando su uso para ganar poder y control (Cottrell y Monk, 2004), en especial si la supervisión familiar está ausente (Cutrín, Gómez-Fraguela y Luengo, 2015).
De especial interés son los factores familiares. La variable repetida en la mayoría de casos es el estilo educativo problemático (Aroca, Miró y Bellver, 2013; Castañeda et al., 2012; Cuervo et al., 2008; Cuervo y Rechea, 2010). En general, son habituales la baja disciplina (Calvete et al., 2011), la permisividad y la negligencia (Aroca, Cánovas y Alba, 2012). Este último estilo incrementa la probabilidad de violencia física y verbal (Contreras y Cano, 2014; Gamez-Guadix, Jaureguizar, Almendros y Carrobles, 2012). Vinculada al estilo educativo se encuentra la inversión de la jerarquía, consistente en que el agresor suplanta el rol de autoridad de los progenitores, dificultando el establecimiento de normas y límites (Pérez y Pereira, 2006), pudiendo llegar a la dominación y trato del progenitor como sirviente (Stewart, Burns y Leonard, 2007). Es frecuente que los padres, en estas situaciones, traten de delegar en un tercero el establecimiento de normas (Pereira y Bertino, 2010). Este “abandono” del rol paterno en ocasiones se describe como un mecanismo de protección (Tew y Nixon, 2010).
En estas familias, además, los problemas de convivencia distintos a la propia VFP son frecuentes, con dinámicas que contribuyen al desarrollo de conductas violentas (Ibabe et al., 2007). Los ciclos coercitivos mutuos y los mensajes inapropiados de tipo acusatorio dan pie al uso de la violencia como estrategia disuasoria (Pagani et al., 2004, 2009). La presencia de conflictos no violentos entre los progenitores (de poder, estilos de comunicación inadecuados, etc.) también supone otro factor de riesgo (Ibabe et al., 2007) que se puede traducir en una incapacidad para establecer normas coherentes (Pereira y Bertino, 2010). Además, hay problemas propios de los progenitores, como las adicciones y otros trastornos psicológicos, que se han relacionado con la VFP (Cuervo et al. 2008). El consumo de drogas de las madres, por ejemplo, incrementaría el riesgo de VFP en mayor medida que el consumo problemático por parte del agresor (Pagani et al., 2004), aunque no ocurre lo mismo con el consumo del padre (Pagani et al., 2009).
Junto a los factores de riesgo, la bibliografía describe factores de protección que tienden a ser comunes en distintos tipos de violencia y formas delictivas. Incluso desarrollos recientes proponen herramientas cuyos factores pueden ser considerados de riesgo y/o de protección según el caso o el contexto (ver Loinaz, 2017). Estos factores no se han descrito de forma específica en la VFP, aunque en muchos casos la ausencia de los problemas mencionados en los párrafos anteriores puede considerarse protector. En los casos de VFP es necesario intervenir en el circuito en el que se establece la violencia (Aroca, Bellver, et al., 2012; Pereira y Bertino, 2010). Por ello, la vinculación familiar en la terapia incrementa la consecución de los objetivos del tratamiento, siendo un factor protector en menores infractores (Contreras, Molina y Cano, 2011). Otros factores de protección genéricos que pueden resultar relevantes en menores infractores son la existencia de planes de futuro prosociales (sirven como meta hacia la que dirigir los objetivos), el soporte social (presencia de amigos y referentes adultos – tutores, monitores, educadores–) y el soporte familiar (no solo para la persona agresora sino también para la víctima).
El objetivo de esta investigación fue proponer una guía para la evaluación del riesgo de VFP que cubriera todas las particularidades y necesidades mencionadas en esta introducción. Además, se espera crear una herramienta con consenso y aval de los profesionales a los que va dirigida y adaptada al uso diario en los contextos en los que se trabaja con estos casos, algo fundamental para la buena utilización de la misma.
Método
Participantes
Un total de 160 profesionales participaron en la encuesta, de los que se analizaron 112 respuestas completas. Los participantes se dedicaban a la psicología (39.3 %), educación social (24.1 %), policía (9.8 %), trabajo social (6.3 %) y docencia/investigación (5.4 %) entre otras profesiones. La edad media fue de 41 años (DT = 9.9; rango = 23-66) y el 46.4 % fueron mujeres. El 58% tenía formación en evaluación del riesgo, el 67.6 % de ellos académica (estudios como criminología, psicología forense) y el 80 % en talleres específicos. El 79.5 % estaba trabajando directamente en casos de VFP. De los que en la actualidad no trabajaban en el ámbito, un 43.4 % lo había hecho con anterioridad.
Material
A partir de la revisión bibliográfica, se elaboró una encuesta que contenía 28 factores (Tabla 1), agrupados en cuatro dimensiones: 1) características de la violencia; 2) características del agresor; 3) características familiares; y 4) factores protectores. Se consultó la adecuación de estos factores para evaluar casos de VFP (adecuado, ns/nc, inadecuado), así como la opinión (Tabla 2) sobre la creación de una herramienta para valorar el riesgo en estos casos, permitiendo, además, aportar cualquier sugerencia u opinión que considerasen oportuna para la construcción del protocolo de valoración del riesgo.
Tabla 1. Consideración de los factores como adecuados o inadecuados para evaluar el riesgo en casos de VFP (n = 112).
| Factor | Adecuado % | Inadecuado % |
|---|---|---|
| 1. Ser víctima de violencia en el hogar. | 87.6 | 8.8 |
| 2. Ser víctima de bullying. | 75.2 | 10.0 |
| 3. Ejercer violencia fuera del hogar. | 79.6 | 8.8 |
| 4. Existe denuncia por VFP. | 86.7 | 7.1 |
| 5. Existe escalada en la VFP. | 82.3 | 6.2 |
| 6. Trastorno psicológico: TDAH, depresión, trastorno negativista desafiante o rasgos antisociales. | 81.4 | 11.5 |
| 7. Estilo afectivo: baja autoestima, poca capacidad empática. | 90.3 | 5.3 |
| 8. Intolerancia a la frustración. | 87.6 | 3.5 |
| 9. Abuso de sustancias. | 91.2 | 2.7 |
| 10. Narcisismo o ideas de grandiosidad. | 67.3 | 19.5 |
| 11. Impulsividad. | 88.5 | 3.5 |
| 12. Dificultad para el control de la ira. | 96.5 | 0.9 |
| 13. Dificultades académicas. | 71.7 | 14.2 |
| 14. Conducta delictiva al margen de la VFP. | 80.5 | 13.3 |
| 15. Pares y amistades delictivas, antisociales. | 82.3 | 9.7 |
| 16. Violencia entre los padres. | 92.9 | 3.5 |
| 17. Conflictos no violentos entre los padres. | 66.4 | 16.8 |
| 18. Problemas de convivencia: luchas de poder, comunicación deficiente. | 92.9 | 0.9 |
| 19. Estilo educativo: permisivo, negligente, rechazante o autoritario. | 97.3 | 2.7 |
| 20. Inversión de la jerarquía. | 87.6 | 4.4 |
| 21. Monoparentalidad: si se ha reducido el apoyo del entorno familiar, causa problemas económicos. | 62.8 | 18.6 |
| 22. Problemas en los progenitores: psicopatológicos o de adicción. | 77.9 | 8.0 |
| 23. Familia adoptiva. | 64.6 | 15.0 |
| 24. Madre principal objetivo de la violencia. | 86.7 | 7.1 |
| 25. Planes de futuro: académicos, laborales. | 83.2 | 4.5 |
| 26. Soporte social: amistades, red social. | 85.8 | 5.3 |
| 27. Soporte familiar: apoyo de familiares para favorecer su desarrollo positivo. | 97.3 | 1.8 |
| 28. Vinculación familiar en la terapia. | 93.8 | 1.8 |
Tabla 2. Opinión sobre la propuesta de herramienta.
| Trabajan en VFP | Formados en evaluación del riesgo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÍ (n = 89) | NO (n = 23) | SÍ (n = 65) | NO (n = 47) | ||||
| %(n) | %(n) | p | %(n) | %(n) | p | ||
| Cubre necesidades contexto de trabajo | Perfectamente | 9% (8) | 13% (3) | .659 | 4.6% (3) | 17% (8) | .085 |
| Bastante | 70.8 % (63) | 73.9%(17) | 76.9% (50) | 63.8% (30) | |||
| Algo | 20.2% (18) | 13% (3) | 18.5% (12) | 19.1% (9) | |||
| Útil | Muy | 12.4% (11) | 26.1% (6) | .197 | 12.3% (8) | 19.1% (9) | .445 |
| Bastante | 52.8% (47) | 56.5%(13) | 50.8% (33) | 57.4% (27) | |||
| Algo | 28.1% (25) | 17.4% (4) | 30.8% (20) | 19.1%(9) | |||
| Poco | 6.7%(6) | 0% (0) | 6.2% (4) | 4.3% (2) | |||
| Necesaria | Muy | 31.5% (28) | 69.6%(16) | .009 | 38.5% (25) | 40.4% (19) | .783 |
| Bastante | 51.7% (46) | 26.1% (6) | 46.2% (30) | 46.8% (22) | |||
| Algo | 11.2% (10) | 4.3% (1) | 9.2% (6) | 10.6% (5) | |||
| Poco | 5.6% (5) | 0%(0) | 6.2% (4) | 2.1% (1) | |||
| Ítems cubren áreas de interés | Sí | 89.9% (80) | 91.3%(21) | .839 | 86.2% (56) | 95.7% (45) | .092 |
| No | 10.1% (9) | 8.7% (2) | 13.8% (9) | 4.3% (2) | |||
| Aplicación sencilla | Sí | 88.8% (79) | 100% (23) | .092 | 89.2% (58) | 93.6% (44) | .422 |
| No | 11.2% (10) | 0% (0) | 10.8% (7) | 6.4% (3) | |||
| Útil para pronosticar… | |||||||
| Evolución del caso | Nada | 2.2% (2) | 0% (0) | .268 | 1.5% (1) | 2.1%(1) | .100 |
| Poco | 12.4% (11) | 13% (3) | 16.9% (11) | 6.4% (3) | |||
| Algo | 37.1% (33) | 21.7% (5) | 40% (26) | 25.5% (12) | |||
| Bastante | 44.9% (40) | 52.2%(12) | 38.5% (25) | 57.4% (27) | |||
| Mucho | 3.4% (3) | 13% (3) | 3.1% (2) | 8.5%(4) | |||
| Necesidades de intervención | Poco | 5.6% (5) | 0% (0) | .428 | 6.2% (4) | 2.1% (1) | .168 |
| Algo | 9% (8) | 17.4% (4) | 15.4% (10) | 4.3% (2) | |||
| Bastante | 67.4% (60) | 69.6%(16) | 61.5% (40) | 76.6% (36) | |||
| Mucho | 18% (16) | 13% (3) | 16.9% (11) | 17% (8) | |||
| Recomendar tratamiento | Poco | 10.1% (9) | 8.7% (2) | .609 | 12.3% (8) | 6.4% (3) | .370 |
| Algo | 19.1% (17) | 26.1% (6) | 20% (13) | 21.3% (10) | |||
| Bastante | 60.7% (54) | 47,8%(11) | 60% (39) | 55.3% (26) | |||
| Mucho | 10.1% (9) | 17.4% (4) | 7.7% (5) | 17% (8) | |||
| Reincidencia | Nada | 5.6% (5) | 0% (0) | .032 | 6.2% (4) | 2.1% (1) | .574 |
| Poco | 14.6% (13) | 13% (3) | 15.4% (10) | 12.8% (6) | |||
| Algo | 34.8% (31) | 39.1% (9) | 38.5% (25) | 31.9% (15) | |||
| Bastante | 39.35 (35) | 4.3% (1) | 30.8% (20) | 44.7% (21) | |||
| Mucho | 5.6% (5) | 21.7% (5) | 9.2% (6) | 8.5% (4) | |||
| Riesgo familiares | Nada | 3,4% (3) | 0% (0) | .267 | 4.6% (3) | 0% (0) | .044 |
| Poco | 10.1% (9) | 4.3% (1) | 12.3% (8) | 4.3%(2) | |||
| Algo | 23.6% (21) | 30.4% (7) | 30.8% (20) | 17% (8) | |||
| Bastante | 51.7% (46) | 39.1% (9) | 38.5% (25) | 63.8% (30) | |||
| Mucho | 11.2% (10) | 26.1% (6) | 13.8% (9) | 14.9% (7) | |||
Procedimiento
Distintos profesionales fueron contactados vía email para solicitar su colaboración. Dicho contacto incluyó ámbitos académicos, centros de atención y tratamiento a menores, servicios relacionados con la justicia juvenil y cuerpos policiales. Además, se difundió en las webs de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental (SEVIFIP), de Euskarri (Centro de Formación e Intervención en Violencia Filio-Parental; Bilbao) y del grupo de investigación Deusto Stress Research. La participación tuvo lugar entre abril y junio de 2014.
Tras analizar los resultados de la encuesta y elaborar la primera versión de la herramienta, se realizaron siete aplicaciones piloto en el centro Euskarri en junio de 2014. El objetivo de esta fase fue poner a prueba el protocolo, la descripción de los ítems y su facilidad de uso. Además, los expertos informaron sobre cuestiones relacionadas con la aplicabilidad de la herramienta. En diciembre de 2014 también se realizó una sesión clínica con un panel de expertos en el centro Amalgama 7 (Barcelona).
Resultados
Adecuación de los factores
La opinión de los profesionales respecto a la adecuación o no de los factores de riesgo para evaluar casos de VFP se presenta en la Tabla 1. El grupo de variables consideradas más adecuadas (porcentaje superior al 90 %) fue el correspondiente a cuestiones familiares (violencia entre los padres, problemas de convivencia, estilo educativo, soporte familiar y vinculación familiar en la terapia). Respecto al propio agresor, las variables consideradas más adecuadas fueron el estilo afectivo, el abuso de sustancias y la dificultad para el control de la ira. Los factores que obtuvieron un menor apoyo profesional fueron el narcisismo o ideas de grandiosidad (67.3 %), los conflictos no violentos entre los padres (66.4 %), la monoparentalidad (62.8 %) y la familia adoptiva (64.6 %).
Opinión sobre la propuesta de herramienta
Entre el total de los encuestados, se consideró la propuesta bastante (45.65 %) o muy (38.04 %) necesaria; que cubría bastante (70.65 %) o perfectamente (10.87 %) sus necesidades profesionales; bastante (54.35 %) o muy útil (14.13 %) para su labor en casos de VFP; cubría las áreas de interés en VFP (88 %); y que podía ser sencilla de aplicar (89.13 %). Respecto a la utilidad, la consideraron: bastante (48.91 %) o muy útil (6.52 %) para valorar la posible evolución del caso; bastante (65.2 %) o muy (20.65 %) útil para valorar las necesidades de intervención; bastante (56.04 %) o muy (14.29 %) útil para recomendar un tratamiento; bastante (37.36 %) o muy (10.99 %) útil para predecir la reincidencia; y bastante (47.83 %) o muy (17.39 %) útil para valorar el riesgo que corren los familiares.
En la Tabla 2 se comparan estas opiniones entre aquellos que trabajaban o no en VFP y entre los que tenían o no formación en evaluación del riesgo. Las diferencias fueron significativas solo en que los que no trabajaban en VFP consideraron la propuesta más necesaria y más útil para predecir la reincidencia, y en que los no formados en evaluación del riesgo la consideraron más útil para valorar el riesgo en familiares.
Propuestas de los encuestados
Los participantes hicieron distintas propuestas de mejora entre las que se encontraba la propuesta de nuevos factores de riesgo que ellos consideraban relevantes y no estaban presentes. En total se incluyeron 9 factores nuevos: edad de inicio de la VFP; comisión de VFP por parte de hermanos/as; actitudes frente al uso de la violencia; falta de valores; tipo de violencia ejercida; fallo en intervenciones anteriores; migración, reagrupación familiar, separación temporal entre padres e hijos, cultura de origen; alianza terapéutica; víctimas de violencia de género (madre o hija agresora). También se propuso la utilización de un lenguaje inclusivo que dejara clara la posibilidad de que ambos sexos pudieran ser víctimas y agresores.
Tras las aplicaciones piloto y los grupos de discusión, se incluyeron distintas modificaciones que dieron lugar a la versión 2 de la guía. Los ítems que contaban con más apoyo empírico se mantuvieron como factores principales. Los demás (e.g., monoparentalidad, familia adoptiva y madre víctima), pasaron a formar parte de las variables identificativas del caso junto a variables sociodemográficas. El factor de riesgo 7 (ver Tabla 1) se dividió en dos (7. problemas de empatía y 8. problemas de autoestima). Se incorporaron como nuevos factores las actitudes violentas, el fallo en intervenciones previas, la motivación para el cambio y la alianza terapéutica. La versión final de la herramienta (v2.0; disponible bajo petición a los autores) contiene un total de 24 factores de riesgo, 6 de protección y 15 variables identificativas del caso.
Discusión
La revisión bibliográfica pone de manifiesto una serie de variables que se repiten en la investigación sobre VFP y que pueden considerarse factores de riesgo. Estas variables fueron sometidas en 2014 a la consideración de profesionales de la materia para ser incorporadas a una herramienta para la valoración del riesgo de violencia. Muchos de los factores habían sido revisados con anterioridad (Ibabe, Jaureguizar y Bentler, 2013; Lozano, Estévez y Carballo, 2013) y lo han sido con posterioridad al estudio (Martínez, Estévez, Jiménez y Velilla, 2015). Otros, sin embargo, son menos habituales. La investigación también ha puesto de manifiesto la necesidad de consensuar definiciones y desarrollar herramientas para la valoración del riesgo de violencia en casos de VFP (Holt, 2013), así como entender cómo determinadas variables se convierten en factores de riesgo en poblaciones concretas (Holt, 2012).
El presente trabajo sirvió para elaborar una herramienta consensuada con los profesionales que en su práctica diaria trabajan con casos de VFP y avalada, además, por la bibliografía. El hecho de tener en cuenta la opinión de los destinatarios de la herramienta ha sido puesto de manifiesto desde los orígenes de la predicción delictiva (Tibbitts, 1932) y forma parte del procedimiento de creación y revisión de las principales herramientas de juicio estructurado (ver Douglas et al., 2014). Respecto a la herramienta, la principal conclusión es que los profesionales la consideraron necesaria y útil. Los factores de riesgo recibieron soporte y además se obtuvo la propuesta de nueve factores poco estudiados hasta la fecha (e.g., monoparentalidad, familia adoptiva, fallecimiento de algún progenitor, hermanos agresores, edad de comienzo de la VFP). La aplicación piloto de la versión inicial permitió solventar los principales problemas que surgían en su uso en la práctica, tras lo cual se dispuso de una herramienta que en la actualidad está siendo aplicada de forma experimental en distintos contextos.
El trabajo aún supone una primera fase en el desarrollo de una herramienta para la evaluación del riesgo de VFP. Las siguientes etapas deberán establecer su contenido definitivo y sus propiedades (e.g., capacidad predictiva, validez convergente, fiabilidad interjueces, etc.), incluyendo la demostración del aporte diferencial que supone respecto a otras herramientas disponibles, como el SAVRY (Borum, Bartel y Froth, 2006), por ejemplo, para muestras juveniles (aunque debemos recordar que los implicados en VFP no necesariamente deben ser menores de edad). Asimismo, se deberá poner a prueba su utilidad en distintos contextos, como puede ser la valoración del progreso en intervenciones clínicas, el ajuste de medidas judiciales o la respuesta policial frente a denuncias por VFP que recientemente está cobrando especial interés (Miles y Condry, 2016).
