La Sanidad en los presidios del Reino: Real Ordenanza General de presidios de 1834

Leiva-Tapia, J.

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Revista Española de Sanidad Penitenciaria

versión On-line ISSN 2013-6463versión impresa ISSN 1575-0620

Rev. esp. sanid. penit. vol.17 no.3 Barcelona 2015

10^o. Queda á juicio de las respectivas Juntas Económicas los demás útiles necesarios para el servicio.

La Ordenanza Real de Presidios regulaba bajo el mismo Título V la "asistencia espiritual y sanitaria", y establecía que habrá en cada establecimiento presidial un Facultativo Médico-cirujano, que nombrará el Director General donde no lo hubiere, de la clase de retirados del Ejército ó Armada, el cual, además del retiro, gozará la gratificación señalada á su destino.

El Médico-cirujano disfrutará, si fuere posible, pabellón en el departamento de la enfermería, y tendrá á su cargo el botiquín provisto de los medicamentos más indispensables.

Las obligaciones del facultativo eran:

1^o. Reconocer el estado de salud de todos los presidiarios de nueva entrada, tomando las disposiciones convenientes respecto de los enfermos.

2^o. Visitar todas las mañanas los depósitos del establecimiento para enterarse del estado de salud de los confinados, y disponer el pase de los enfermos á la enfermería ó al hospital, según fuere ó no de consideración la dolencia.

3^o. Reconocer diariamente las cuadras (dormitorios), cocinas y demás locales del presidio para que se conserven en el estado de aseo y limpieza correspondiente, así como las vasijas en que coman y beban los presidiarios, con especialidad las de cobre.

4^o. Concurrir sin demora a cualquier caso imprevisto de desgracia ó dolencia particular de los individuos del establecimiento y visitar dos veces al día a los enfermos y convalecientes que haya en la enfermería.

5^o. Entregar al Furriel papeletas firmadas de las medicinas y utensilios que se necesiten para la enfermería, a fin de que le sirvan de comprobante en su cuenta mensual, que revisará el Facultativo y a la cual pondrá su conforme.

6^o. En fin, proponer al Comandante, y establecer con su aprobación las medidas de higiene pública que considere convenientes para conservar la salubridad del establecimiento.

El Reglamento de 1844 regula también los alimentos que debían tomar los enfermos convalecientes, estableciendo que á todo confinado que sea alta en la enfermería se le suministrará los alimentos que prescriba el Facultativo en la forma siguiente:

- Ración, ración y media ó tres cuartos de ración.

- Media ración: media y sopa.

- Sopa para la cena: hecha con dos onzas de pan hervidas en un tazón de caldo.

- Dieta animal y dieta vegetal.

La ración se compondrá de veinte onzas castellanas de pan y de doce de carne de carnero, ó en su lugar diez y seis de vaca; y si el Facultativo lo creyese necesario se le aumentará onza y media de garbanzos é igual cantidad de tocino; en cuyo caso se llamará ración completa; así como también las dos tazas de caldo, una por la mañana y otra por la noche, en caso de que el Facultativo no disponga otra cosa expresamente.

La dieta general se dividirá en animal y vegetal. Constará la primera de seis tazas de caldo repartidas al día, una cada cuatro horas, que se extraerán del todo de la carne señalada para ración, y además de dos onzas de jamón ó tocino para cada uno de los enfermos. El caldo que han de tomar los que estén á dieta animal debe hacerse poniendo por separado las doce onzas de carnero ó diez y seis de vaca, y las dos de jamón ó tocino correspondientes a cada uno de los enfermos. Extraída la sustancia de ambas materias se tendrá el mayor cuidado de que no se empleen otra vez en la enfermería, como tampoco los demás géneros que sobren.

La dieta vegetal será de sustancia de pan ó de arroz; consistirá en seis onzas de pan o cuatro de arroz cocidas en cinco libras de agua hervida hasta que quede reducida a la mitad; hecho el cocimiento, y antes de colado, se disolverán en él dos onzas de azúcar por cada enfermo.

Si el Facultativo prescribiese ración con vino se le dará un cuartillo, medida de Madrid, que se dividirá entre la comida y la cena. Si en algún caso dispusiese el Facultativo huevos ú otra cosa no señalada arriba, se suministrará rebajando su valor, cantidad ó sustancia de lo que le corresponda tomar a cada enfermo por su ración, en la inteligencia de que en la libreta ha de constar sólo la porción de alimentos prescrita generalmente en este reglamento.

Los Facultativos de las enfermerías usarán de las cifras siguientes para señalar en las libretas el alimento que crean deber prescribir á los enfermos, procurando siempre hacer las letras todas mayúsculas con bastante separación, y con tal claridad que no pueda haber equivocación:

- La ración con una R.

- La ración y media ó tres cuartos con una R y una M.

- La media ración con una M y R.

- La media y sopa con una M y una S.

- La dieta animal con una D y una A.

- La dieta vegetal con una D y una V

Otro apartado reglamentario viene referido a las medicinas. Los medicamentos ya simples ó ya compuestos, serán todos aquellos que están comprendidos en los formularios de medicina y cirugía hoy vigentes; pero de buena calidad, exactamente preparados y elaborados, y á cuyo fin estarán sujetos a la inspección del Facultativo y de un individuo de la Junta Económica.

La clase de medicamento, su cantidad, modo y forma de administrarlo, lo señalará el Facultativo en el recetario que deberá abrirse en todas las enfermerías, según el modelo adjunto.

En un documento de la Cárcel de Ourense del año 1854, se trata del "Recetario de Medicina y Cirugía para los presos de la Cárcel Nacional", en donde aparecen algunos de los remedios prescritos a los presos: "Agua de Arroz, Agua de Cebada, Tisana de Grama, Tártaro emético, Sangrías ("de seis onzas", "de ocho onzas"), "una docena de sanguijuelas al epigastrio", Agua ardiente de Alcanfor...".

Finalmente, se establece que el Facultativo del presidio estará obligado a vivir en el establecimiento, y á visitar los enfermos tantas veces como la necesidad lo exija, á examinar los medicamentos y alimentos, y á dar parte al Comandante cuando los encuentre sin las circunstancias de perfección que reclama la humanidad doliente.

Ya se ha señalado con anterioridad, que la Ordenanza Real de Presidios regula bajo el mismo Título V la "asistencia sanitaria y la asistencia espiritual", por lo que no ha de extrañar la conclusión final, aún paradójica, de la normativa real de la época:

"Provistas ya las enfermerías de los establecimientos presidiales del Reino de todo lo indispensable para atender á la asistencia y curación material de los enfermos, solo resta procurar los medios para que se verifique á la vez la curación moral: á este fin, los Capellanes, como médicos de las almas, vivirán también dentro del establecimiento y asistirán constantemente a las enfermerías, para que con sus persuasiones y representación divina hagan llevar a los enfermos sus dolencias con resignación.

También será obligación de los Capellanes suministrar el Viático y la Extremaunción, ayudar á bien morir y acompañar al que cese de vivir al punto donde se le dé sepultura."

Jaime Leiva Tapia

^* El Consejo Editorial por su interés y relevancia ha aceptado publicar con carácter excepcional este artículo

Dirección para correspondencia:
Jaime Leiva Tapia
jaimeleiva62@gmail.com

Fecha de recepción: 10-12-2014
Fecha aceptación: 23-05-2015

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A review of the regulatory and functional aspects of prison health care and nursing staff

Revisión de aspectos normativos y funcionales del personal de los Cuerpos Facultativo y de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias

E. Arribas-López

Doctor en Derecho y Criminólogo. Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

Correspondence

ABSTRACT

The aim of this study of prison health care staff in Prison Health Care and Nursing Units is twofold. The first one is to consider those aspects of the legal system applicable to them as government employees of the General State Administration at the service of Prisons, highlighting the peculiarities of the legal regulations that can be applied as a result of providing said service. The second, based on the general regulations on prison health contained in Organic Law 1/1979, of 26 September, General Penitentiary Law and the implementing regulations thereof, approved by Royal Decree 190/1966, of 9 February, sets out to provide a critical analysis of the obligatory and functional framework for health care and nursing staff established in the old Penitentiary Regulations of 1981, to determine from a legal perspective if it is possible to impede or brake so that the Prison Administration may develop or carry out the functions for which it is responsible in terms of planning, organization and management of activities geared towards maintaining and improving hygiene and health in the prison environment.

Key words: Prisons; Legislation, Medical, Legislation, Nursing; Organization and Administration; Efficiency; Spain; Work; Employee Discipline.

RESUMEN

Con relación a los funcionarios sanitarios penitenciarios encuadrados en los Cuerpos Facultativo de Sanidad Penitenciaria y de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias, este trabajo tiene dos objetivos. El primero, anotar el régimen jurídico aplicable a los mismos como funcionarios de la Administración General del Estado al servicio de las Instituciones Penitenciarias, destacando las peculiaridades de la regulación normativa aplicable por el hecho de prestar ese servicio. El segundo, con el trasfondo de las normas generales que sobre sanidad penitenciaria contiene la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, efectuar un análisis crítico del cuadro obligacional y funcional del personal facultativo y de enfermería establecido en el viejo Reglamento Penitenciario de 1981, para determinar si, desde un punto de vista jurídico, puede erigirse en obstáculo o freno para que la Administración Penitenciaria proceda al desarrollo y ejecución de las funciones que tiene atribuidas en materia de planificación, organización y dirección de las actividades tendentes al mantenimiento y mejora de la higiene y de la salud en el medio penitenciario.

Palabras clave: Prisiones; Legislación Medica; Legislación de Enfermería; Organización y Administración; Eficiencia; España; Trabajo; Disciplina Laboral.

Introduction

It is evident from the title that this paper does not intend to approach prison health care -an objective which, to be honest, would be mostly pretentious and not within a jurist's reach- but to write a few lines, not too through either, on the public employees who provide such prison health care day after day, who make it real through their work in correctional facilities. That being said and warned we would like to start this introduction by reflecting on health care in prisons.

A brief revision of prison history, as described by GARRIDO GUZMAN¹, points up how for a long time, almost until the beginning of the 20^th Century, the provision of health care remained one of the darkest, gloomiest and most deficient aspects of prison systems in all countries. In the first prisons the complete abandonment of health and hygiene standards was the order of the day, with a complete lack of medical services. Repeated epidemics swept across periodically causing hundreds of casualties among inmates. John Howard describes how in his day so called "jail fever" and the plague caused great devastation among not only prisoners but inhabitants from nearby communities. He himself passed away as a consequence of typhoid fever acquired in a visit to the prison of Kherson in Crimea.

Interestingly, GARRIDO GUZMAN explains how in the English town of Taunton in 1730 prisoners who were being judged infected the court, the lawyer, the judge and even a few hundred people who died from jail fever¹. In Spain in 1804, the great Rafael Salillas describes how from a group of around seventy prisoners who were being transferred, before 24 hours half of them were admitted to the infirmary, and eleven passed away a few days later and so how "any transfer of prisoners entails that around 40% are admitted to the infirmary or to hospital before the third week after their arrival"².

The deep change that has been witnessed in prison systems in general and in healthcare services in particular, in just over a century, from the aforementioned scenario to the current provision of health care in Spanish prisons, allows for reflection.

As to focus on the content of this paper, we will say that in the lines that are to follow we will be interested in two main aspects. In the first place, to clarify the legal status of prison healthcare staff because, under certain circumstances, it seems to be diluted and not too clear. And even more if we take into account that it can be susceptible to certain regulations which are only applicable to healthcare staff from other public administrations and civil/non-civil collectives. In the second place, we will consider the operating environment of prison healthcare staff regarding Prison Health Care and Nursing Units and how we consider from a legal-normative point of view that it should be now reinterpreted in the first third of the 21^st Century.

The legal status of prison health care staff

Prison health care employees are grouped in two different bodies: Prison Health Care and Nursing Units.

Both of them depend of the Ministry of Interior and so their corresponding staff depends directly of the National State Administration (NSA) and therefore, although this may seem redundant, they do not belong to the autonomic, local or corporative administration. Therefore, their legal status is that applicable to all staff of the NSA and not to the rules and regulations applicable to other staff such as, for example, statutory staff from health care services.

Common standards for all National State Administration civil staff: The principle of normative hierarchy.

Rules, regulatory provisions, have a certain range, that is, a level, grade or category. In a very plain and simple way this means that a provision of lower rank can never contradict the stipulations of a higher rank provision. Now, what is the actual status of normative provisions? This status will depend on several factors, but it is necessary to mention mainly two: its method of production, that is, the procedures followed and the individual or body in charge of doing so. Obviously, the normative status of a law is higher than that of a Royal Decree³. We can then find, in a lower level, decisions, orders and instructions from other administrative bodies, such as, for example, a decision by the SGIIPP (General Secretariat of Penitentiary Institutions).

A lower normative regulation can never lead to the infringement of a higher regulation, or in other words, a lower regulation must respect the provisions of a higher rank regulation. Therefore, a decision by the SGIIPP has to respect the provisions of a Regulation approved by Royal Decree.

Together with the principle of normative hierarchy it is worth noting that judicial rules can be further amended⁴. Now, such principle must be endorsed, obviously by the principle of normative hierarchy since a lower rank regulation, although subsequent, can not repeal a higher rank provision. A clear example is that a regulation can never repeal the provisions established by a previously existing law.

Main regulatory standards and current transitory situation

The key regulatory standards applicable to public staff belonging to the NSA, in order of importance are the following: 1978's Spanish Constitution and the Basic Statute of Public Employees (BSPE).

The Statute as an incomplete regulation: the keys to its validity

The BSPE is a framework law in need of further development in each of the public administrations where it should be applied. For that matter we can say that it is unfinished or incomplete. This is a fundamental idea that we should carefully consider since the reform of civil service that the Statute entails will not be completed until such development is carried out, something which has not yet occurred within the NSA. At a regional level, there are still few Communities which have enforced it.

But is the BSPE valid within the Public Administrations which have not yet enforced it? Of course, but in a certainly sui generis way since its provisions coexist with the previously existing regulations, an all according to what is established in its Sole Repeal Provision and in its Fourth Final Provision.

Yet, what do we have now? Well then, we find the construction of a transient, temporary normative regimen, which will be only entirely, established when the provisions established by the Statute itself are fully enforced.

In essence, from our point of view, the transient regimen implied by the Statute is provisionally in force as long as it does not oppose the provisions of legal regulations governing public service in each of the Public Administrations where it is susceptible to be applied, and as long as it is not replaced by new rules approved within the development of the Statute itself.

Other legal rules and regulations

Once our considerations on the Statute as an incomplete regulation, the keys to its enforcement and the transient validity of the previously existing regulations regarding public service have been stated, obviously if we intend to set a regulatory framework regarding NSA official staff and hence, that belonging to Prison Health Care and Nursing Units, we must make a reference to transitory laws and regulations, which as long as they do not oppose the provisions of the BSPE, are still applicable.

Rules with the status of formal laws

a) Act 30/1984 as of August 2^nd, on the measures to reform Public Service: a regulation with the status of basic legislation which was born with a provisional vocation, just vocation because part of its articles is still in force thirty years later. This Act considered a very different model of public service, structured around the work itself.

b) Act 53/1984 as of December 26^th, on incompatible activities regarding staff employed in the Public Administration, particularly important for health care staff.

c) Act 9/1987 as of June 12^th, on the regulation of the representation system of public employees and their participation and collective agreement for the establishment of conditions of employment.

Other regulations

Under the rules with a status of formal law we find other regulations among which we can also establish a relationship of hierarchy. First, we find statutory rules approved by Royal Decree by the Council of Ministers, then ministerial decrees and last, resolutions, instructions and service orders from lower- rank authorities. As far as the later are concerned, as we will see later, it is important to remember that Article 21.1 (Instructions and service orders) of Act 30/1992 as of November 26^th on the Legal system applicable to Public Administration and the Common Administrative Procedure establishes in the first paragraph "administrative bodies will be able to guide the activities of hierarchically dependant bodies by means of instructions and service orders", and in the second paragraph "whenever particular provisions so provide or whenever it is considered convenient on the matter of the addressees or the consequences thereby entailed, instructions and service orders will be published in the corresponding public journal".

Accordingly, we face a real statutory jungle since there is a wide quantity and variety of already existing regulations.

Prison Administration specific internal regulations

With regard to prison health care staff, internally within the Prison Administration there are fundamental standards which, somewhat, complete the regulatory framework, regarding working hours and productivity bonus regarding on-call time.

Regulations of working hours

It is well known that Article 286 from Prison Regulations, approved by Royal Decree 190/1996 as of February 9^th (PR/96) determines that prison officers, in view of the nature of their tasks, will be employed under specific time conditions. On the other hand, the list of job posts from Prison Administration outreach services, show in the remarks section the key S.H (special hours).

Therefore, the Resolution as of December 28^th 2012 of the Secretariat of State's Public Administration on working times of NSA staff and other aforementioned public bodies, does not directly affect prison health care staff. In fact, such resolution, in section 1.2, establishes that the regulations thereby included will not be applicable to, among others, employees from correctional facilities, who will be susceptible to the corresponding specific regulation.

That particular regulation is in fact Instruction 3/2013 as of October 25^th on working times of staff from SGIIPP outreach services and the Autonomous Agency of Penitentiary employment and training activities (I3/2013) which recently became the current State Entity for public law prison employment and training for employment⁵.

Regulatory standards on productivity bonuses

Before talking about regulatory standards on productivity bonuses regarding on-call times complementary to ordinary working times, it is worth incorporating such bonus within the remuneration structure of NSA employees.

Considering what we have previously stated on the lack of current validity of the BSPE provisions regarding the economic rights of public employees, the basic pillars, which are indeed currently in force, of the remuneration structure are included an Articles 23 and 24 of the Legal system applicable to Public Administration and the Common Administrative Procedure and some other regulations.

Remuneration of civil employees is classified as basic and complementary remuneration. The later includes productivity bonuses.

The productivity program which includes health care on-call working time is regulated by Instruction 9/97 as of June 13^th of the then General Directorate of Penitentiary Institutions (I9/97), partially amended by others, basically as far as the amount to be paid for each on-call shift. That instruction expressly stipulates that "productivity bonuses will only be paid to medical and nursing staff actually on call" and hence, no bonuses will be paid in case of not fulfilling oncall shifts regardless of the reasons⁶.

Functional status of prison health care employees

First, it is of paramount importance to mention healthcare considerations included in the General Prison Organization Act (LOGP in Spanish) and the Penitentiary Regulations (RP in Spanish). Yet before, as far as the later is considered, it is also worth partially comparing its provisions with that of its predecessor, the Penitentiary Regulations approved by Royal Decree 1201/1981 as of May 8^th (RP/81).

General Prison Organization Act

LOGP includes specific regulations regarding the provision of health care, specially the staff that each facility must count upon: a general physician with knowledge on Psychiatry and a nurse. It also clearly stipulates that facilities will count upon the services of a dentist and the appropriate auxiliary staff.

As far as what we could consider outreach health care services, LOGP establishes that inmates will be admitted to prison hospitals and care institutions and, in case of need or emergency to regular hospitals (Article 36.2). It also establishes that inmates may request, at their sole cost, medical services from outreach Prison Administration professionals, except when due to security reasons this right needs to be limited (Article 36.3).

If we consider the regulations on prison health care included in the Act -and if we remember at all times the historical moment when it was approved which therefore entails that no criticism can be made since at least it granted minimum provision of health care in our prisons- we can conclude that it did not contemplate a so called model of health care. LOGP basically provided clear regulations as far as minimum personal and material resources that correctional facilities had to count upon as to grant the provision of health care. As far as this is considered, there are three key aspects that we must therefore remember:

A) Prison Administration must ensure the integrity, life and health of prisoners

B) Prison health care staff is responsible of prisoners' physical and mental health as well as of granting hygiene conditions within the facility.

C) Medical assistance and health care will be granted by means of initial examination of prisoners and further examinations as conveniently determined.

1981's Penitentiary Regulations

RP/81 along with the developing LOGP, stipulated that medical assistance in correctional facilities was aimed at the prevention of diseases or accidents, the provision of care, healing and physical or mental rehabilitation of prisoners by means of the corresponding health care and hygiene services.

Moreover, RP/81 provided thorough (sometimes too thorough) regulations on the responsibilities of each unit within correctional facilities and of the employees performing certain tasks, such as medical and nursing staff. However we will later consider this since this functional regulation is still in force, with a lower regulatory status, yet still in force.

1996's Penitentiary Regulations

Unlike what we have previously seen regarding LOGP and 1981's PR, current PR does establish a model of health care. However the social and penitentiary reality had undergone a deep change ever since 1981 and the need for some modifications was now more evident.

The text now defended the provision of comprehensive health care, aimed at the prevention (especially of communicable diseases) as well as at healing and rehabilitation.

Within the development of LOGP provisions regarding the provision of health care, 1996's regulations went much further than its 1981 predecessor and therefore the so long undersigned basis for a health care model were them established. It is worth noting a laudable awareness on prison health care services not becoming an isolated environment but promoting their relationship and coordination with the rest of healthcare Administrations. This later lead to a regulatory provision included in the Legal system applicable to Public Administration and the Common Administrative Procedure which establishes in its Sixth Additional Provision, the integration of prison health care services within the National Health Service and its transfer to Autonomous Communities. This was how the provisions of relationship and coordination were materialized in nothing less than an integration mandate.

For the purpose of what we will later consider it is worth understanding that prison health care has undergone evident development regarding the amendments included in the LOGP between 1981 and 1996.

Other regulations concerning prison health care: The Sub-Directorate General on the Coordination of Prison Health

Regarding what we have previously stated on the provisions included in the Legal system applicable to Public Administration and the Common Administrative Procedure concerning the hierarchic governing of higher rank administrative bodies over lower rank entities by means of instructions and service orders (Art. 21.1) we must remember that, apart from legal and statutory rules, instructions and service orders are used by Prison Administration governing bodies to guide the activities of dependant entities and employees. We must therefore remember that such ability legally exists and is frequently used.

Therefore, the Sub-Directorate General on the Coordination of Prison Health is in charge of developing and enforcing the tasks of SGIIPP regarding "the planning, organization and management of activities intended at the maintenance and improvement of hygiene and health conditions within correctional facilities" as established by Article 5.11 and 5.10 of Royal Decree 400/2012 as of February 17^th on the development of the basic organic structure of the Ministry of the Interior (RD 400/2012).

Functional regulation of health care staff included in 1981's Regulations

We have explained before how RP/81 thoroughly established the functions of each service unit within correctional facilities and of employees performing certain tasks, among them medical and nursing staff. RP/96 however did not attempt any similar functional regulation yet its Third Transitory Provision by RD 190/1996 as of February 9^th establishes the following regarding services, units and job posts:

"The content of Articles 277 to 324; 328 to 332 and 334 to 343 of the Penitentiary Regulations approved by Royal Decree 1201/1981 as of May 8th, will remain in force as resolutions by the governing bodies of the corresponding penitentiary Administration, as long as it does not oppose the provisions of the Penitentiary Regulations approved by this Royal Decree, until the corresponding governing body issues a resolution establishing the new organization of services and units within correctional facilities as well as the tasks of each job post included in such".

Within the RP/81 articles still in force (instructions and circulars as it has been previously stated) we find those regarding the obligations, understood as tasks, of medical (Health Care Unit) and nursing (Nursing units) staff. This concerns Articles 288 to 291 and Article 324 from the RP/81⁷.

Now, if we consider that it has been over nineteen years since RD 190/96 was approved (which further approved today's RP) and such new regulation has not yet been enforced, from a statutory point of view we should consider that the functional regulations included in RP/ 81 remain in force with a lower-ranking status. We should now recall what we have previously stated on the principle of normative hierarchy.

Then we can now ask ourselves the following questions. The validity with a lower status of RP/81 articles regarding the tasks and other aspects of medical and nursing staff in correctional facilities, can now be conceived as an obstacle for the development of other functions or tasks? Can this functional and compulsory framework jeopardize the development of the health care model included in today's RP?

The changes of the prison system: The interpretation of rules according to contemporary social reality, non-opposition to higher rank regulations and the governing ability of higher instance administrative bodies over lower instance entities

Prison systems have quickly evolved over a short period of time (let's remember what we considered in the Introduction). Obviously we are not going to make a reference to prisons in the early 20^th Century yet we have to recall the beginning of 1980s when RP/81 created the compulsory and functional framework for prison health care employees. Obviously, the reality within prisons has deeply changed, in many aspects. Moreover, the Spanish National Health System and that from different Autonomous Communities have undergone substantial modifications.

Within this general social and healthcare context and the particularities of the penitentiary environment, we can not pretend that 1981's regulations may entail an obstacle for the development of further tasks, which must be now carried out without a shift of emphasis. In short, that operational framework is not intended to jeopardize the development of the prison health care model included in the existing RP. Moreover, we must also consider that now in 2015 the reality is much alike that of 1996 when today's RP was approved, regardless of the years gone by and the changes undergone.

Therefore, functional and compulsory provisions of RP/81 have to be reinterpreted, yet how must this be done? First it should consider the provisions of Article 3.1 CC. This establishes that regulations will be interpreted according to the proper sense of its words, the context, historical and legal background and the contemporary social reality. There we have an interpretation parameter for the operating framework of RP/81.

When the Third Transitory Provision of RD 190/1996 was approved it enforced the provisions included in RP/81 as long as they did not oppose the provisions of the RP to which it belonged. Consequently, there we have another interpretation parameter: non-opposition to the provisions of RP.

Furthermore, since the operating framework of RP/81 is in force as a governing body resolution, it entails no obstacle for further resolutions to assign previously unexpected tasks, since they would have the same rank and they would be subsequent. This is evident, for example in I3/2011 and I5/2014 where within a particular context specific tasks and obligations are established for health care staff, which had not been previously contemplated in RP/81.

With regard to specific tasks provided in RP/81, we are going to set some examples:

1) Regarding nursing staff, today the obligation to "assist the physician during consultation and examination activities" (Art 324-a RP/81) can be considered if not contrary to, at least asynchronous with the development of the health care model established by RP/96 and the new configuration regarding the professional competence of nurses.

2) The tasks included in the already mentioned provisions I3/2011 and I5/2014 can not be found in the operating schedule provided by RP/81(regardless of a great interpretation effort) and nonetheless they should still be performed. This is also applicable to the tasks included in further Instructions from different Health Programs. Let alone the situation regarding the tasks implied in Instruction 10/2014 as of September 15^th on the Action Program for Drug Overdose.

Let alone the situation regarding the tasks implied in Instruction 10/2014 as of September 15^th on the Action Program for Drug Overdose

Conclusions

We do face a particular reality: the operational and compulsory framework of RP/81 is still in force as a governing body resolution, also known as SGIIPP. Yet this framework entails no obstacle for the development and implementation of the health care model included in today's RP, neither to the development and implementation of tasks regarding the planning, organization and governing of measures aimed at the maintenance and improvement of hygiene and health conditions within correctional facilities. The harmonization between what is established by statutory provisions and what must be done according to scientific and technical advance can be perfectly done from a legal point of view:

1) From an interpretation of RP/81 regulations in force according to today's social and penitentiary reality, as established by Article 3.1 CC.

2) By considering the opposition between such regulations and the health care model established by RP/96, which must prevail according to the Third Transitory Provision of RD 190/1996.

3) By assigning responsibilities and tasks to health care staff by means of internal administrative regulations, from either the higher rank governing body of Penitentiary Administration (SGIIPP) or from the governing body in charge of the development and implementation of its tasks concerning health and hygiene within correctional facilities (SGCSP).

To conclude, let me make a superficial legal consideration -not such a big deal. It highly regulated contexts, such as prisons, before different problems or situations there are always two different points of view regarding legal interpretation. On the one hand, a short, literal enslaved interpretation, and on the other hand, another which tries to reach further, to reflect on the effects and consequences of extreme interpretations, which tries to look for alternatives which will respect previously established regulations. Now, this is what we are actually talking about: we believe that the provisions of RP/81 should not be held sacred, since it implies that prison health care providers are limited by the regulations applicable to Health Care and Nursing Units almost thirty years ago, as if things had not sufficiently changed since then. Obviously, this is still in force, and as it can not be otherwise, it has to be taken into consideration yet we are stating that it should not entail an obstacle or jeopardize the provision of improved care, which is the main aim of prison health care and nursing staff.

Bibliographical reference

1. Garrido Guzmán L. Manual de Ciencia Penitenciaria. Madrid: Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense; 1983. p. 395. [ Links ]

2. Garrido Guzmán L. Manual de Ciencia Penitenciaria. Madrid: Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense; 1983. p. 396. [ Links ]

3. Youtube.com (Internet). (cited 2015 May 28). Fuentes del Derecho Administrativo. Available from: http://www.youtube.com/watch?v=IWOKeGQw9uU. [ Links ]

4. Royal Decree as of July 24th 1889 on the publication of the Civil Code. Official State Bulletin number 206, as of July 25^th 1889: art. 2.2. [ Links ]

5. Instruction 3/2013, as of October 25th (Internet). Madrid: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias; 2013 (cited 2015 May 29). Available from: http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/instrucciones/index.html?numero=I+03%2F2013. [ Links ]

6. Instruction 9/97 as of June 13th (Internet). Madrid Secretaría General de Instituciones Penitenciarias; 2013 (cited 2015 May 29). Available from: http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/instrucciones/index.html?numero=I+09%2F1997. [ Links ]

7. Royal Decree 1201/1981, as of May 8th, on the implementation of the Penitentiary Regulations. State Official Bulletin number 149, as of june 23rd 1981: 14357-60 Art. 288-291. [ Links ]

Correspondence:
Eugenio Arribas López.
MD in Law and Criminology

Text received: 05/18/2015
Text accepted: 08/19/2015

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PRISON HEALTH IN IMAGES

Subcultural manifestations of self-injury in correctional settings

Manifestaciones subculturales de la autolesión en el medio penitenciario

J.M. Arroyo-Cobo

General Sub-Directorate for the Coordination of Prison Health
General Secretariat of Penitentiary Institutions

Correspondence

Self-injury, defined as the act of deliberately harming your own body, is a common behavior among certain groups of inmates¹. This is determined because among the imprisoned population there are a series of related factors which are more common than in the general population. On one hand, psychopathology is more prevalent in this population, especially as far as depression and anxiety are concerned but regarding psychopathology and impulse control disorders too, all of them related to self-harming behaviors^2-3. On the other hand, correctional facilities are socially isolated settings which involve the development of a culture of their own. When anthropologists consider human culture, they usually refer to a certain lifestyle, socially acquired between a group of people which manifests as standard recurrent ways of thinking, feeling and acting. The term subculture is used to make reference to certain models of culture particular to certain groups within society⁴. Life in prison facilitates the expression and maintenance of a specific subculture among inmates. Most of the inmates show in their behavior a series of values permeated by the marginalization of the social groups to which they belonged before their imprisonment. Other learnt and shared behavior and thinking patterns are developed as a consequence of their own experience of imprisonment and become part of what we could define as a real penitentiary subculture.

Within such subculture, self-injury can be used as a language and as a form of social relations⁵.

In some cases, common forms of self-injury such as puncture wounds on the arms, include clearly subcultural elements, shared actions within a social system of their own: informal, implicit, but with particular rules and firmly acquired values, among which we can find both group solidarity and the exercise of power within a bottom-up organization. It is common that some inmates simultaneously harm themselves to support a third inmate or that in a particular module some are forced to self-injury behaviors upon the order of a "Kie" of boss, in an attempt to manipulate the environment. Usually, the most common form of self-injury: puncture on the left arm, is used as a means of protest charged with drama and aggressiveness against regimental decisions6 (see Image 1).

Other subcultural self-injuries have more elaborate reasons. Sometimes self-injurers try to recreate the ritual of needle puncture in the more common areas of intravenous puncture to mitigate craving symptoms, although without syringes and abuse substances. In these cases, the needle needs to be removed if it is accidentally hosted in the venous return (Image 2).

Another aspect of prison subculture with regard to self-harm is the way of quickly and easily obtaining objects able of causing puncture injuries. I such cases, cigarette filters, previously pressed and later burnt can be used to obtain a sharp surface to cause injuries that although superficial bleed sufficiently (Image 3).

Bibliographic reference

1. García G. Las autolesiones en menores internados en un Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial. Análisis de las variables sociodemográficas e influencia del cumplimiento de la medida judicial Rev Esp Sanid Penit 2015; 17: 54-60. [ Links ]

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5. Arroyo-Cobo JM. Características de la Autolesión en el medio penitenciario (Tesis). Zaragoza: Facultad de Medicina Universidad de Zaragoza; 1991. [ Links ]

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Correspondence:
JM Arroyo-Cobo
Talleres Editoriales Cometa, S.A.
Ctra. Castellón, Km. 3,400
50013 Zaragoza

Text received: 24/08/2015
Text accepted: 24/08/2015

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La Sanidad en los presidios del Reino. Real Ordenanza General de presidios de 1834^*

Health care in the prisons of the Kingdom. General Royal Ordinance of prisons of 1834

J. Leiva-Tapia

Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de IIPP

Dirección para correspondencia

RESUMEN

En el S. XIX, aparece en España el concepto "Sanidad penitenciaria" en el ordenamiento legal como elemento propio de las prisiones. En este siglo, gracias a una serie de principios ideológicos de carácter humanitario y progresista, se regulan y decretan normas que organizan la necesidad de una adecuada atención médica en los presidios de África, en los peninsulares, insulares y de ultramar. La más importante de ellas en aquella época, la constituyó la Ordenanza General de los Presidios del Reino de 1834, y el posterior Reglamento de 1844.

Palabras clave: Prisiones; España; Salud; Legislación; Historia del Siglo XIX; Enfermería; Alimentación; Terapias Espirituales.

ABSTRACT

In the 19th century, the concept of "prison health" began to make an appearance in Spanish legislation as an integral part of prison management. Thanks to a series of ideological and progressive principles in the same century, laws were decreed and regulated to address the need for adequate medical care for prisoners in Africa, Spain and the overseas territories. The most important of these was the Royal Ordinance of Prisoners of the Kingdom of 1834, and subsequent Regulation of 1844.

Key words: Prisons; Spain; Health; Legislation; History, 19th Century; Nursing; Feeding; Spiritual Therapies.

Ordenanza General de los presidios del Reino de 1834

"Deseando el Rey mi augusto y difunto Esposo (Q. E. E. G.) poner término al estado de desorden en que por lo general se hallan los presidios del Reino, se dignó nombrar en 30 de Setiembre de 1831 una Comision compuesta de personas celosas y conocedoras de las necesidades de dichos establecimientos, para formar un reglamento general que conciliase la vindicta pública y la corrección de los penados con las atenciones de humanidad y de economía.

Oidos los dictámenes .del Consejo de Gobierno y del de Ministros, he tenido á bien decretar en nombre de mi augusta Hija la Reina Doña Isabel II, la siguiente Real Ordenanza General de los Presidios del Reino."

María Cristina de Borbón-Dos Sicilias
Regente y Gobernadora del Reino
Villa y Corte de Madrid, a 14 de Abril de 1834.

Contextualización

Para la realización de este trabajo se ha consultado Legislación Histórica de España del Fondo Contemporáneo del Archivo Histórico Nacional y la Colección Legislativa de Presidios y Casas de Corrección de Mujeres de la Biblioteca de Don Antonio Cánovas del Castillo. 1861.

Estamos en los inicios de la época reformista penitenciaria. De hecho esta Ordenanza se considera el punto de salida desde donde el Coronel Montesinos ideó y aplicó el "sistema progresivo renovador".

Fue dictada por Isabel II de Borbón. Bueno, a mejor entender, por su madre la Regente, porque Isabel tenía apenas tres años de edad cuando accedió al trono tras la muerte de su padre Fernando VII. Tras el exilio de su madre, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, y una segunda Regencia fallida del General Espartero, militar liberal progresista, y con el propósito de evitar una tercera regencia, quedó decidido adelantar la mayoría de edad Isabel, siendo proclamada en 1843, con tan solo 13, años Reina in pectore.

La Ordenanza General de Presidios del Reino se debe en gran parte a la autoría del General Abadía, olvidado y poco reconocido por la historia, aunque precursor penitenciario y casi coetáneo de Montesinos, quien presidió la Comisión de notables penitenciarios, más militar que civil, creada en virtud de Real Orden de 30 de septiembre de 1831 por Fernando VII. Comisión ésta que organizó la administración y gobierno de los presidios "bajo un plan mejor entendido que conciliase la vindicta pública y la corrección de los penados con las atenciones de humanidad y de economía" y que desembocó en la Ordenanza de 1834.

Si bien la Ordenanza no fue cumplida escrupulosamente por los Comandantes-Directores de los Presidios (a excepción de Montesinos en Valencia), y por ello, algunos autores como Rafael Salillas (Médico e Inspector de Servicios Sanitarios de Prisiones en 1880) hablaron de un "código penitenciario inmaculado y profanado a la par". En parecidos términos se expresaba su enemigo doctrinal Fernando Cadalso y también la penalista Concepción Arenal se mostró muy crítica con la infausta vida de los encarcelados en los presidios de aquella época.

No obstante, ésta cuestión no iba a ser ajena a los propios autores de la Ordenanza, por lo que en su articulado ya preveían eventuales incumplimientos, y así se establecía que:

"Como la experiencia tiene acreditado que los reglamentos mejor meditados son de poco utilidad cuando no concurren á mantenerlos la eficaz accion de los Jefes y la decidida voluntad de los empleados, procurará el Director general formar é introducir en los establecimientos de su dependencia un espíritu de cuerpo tal, que se obtenga por su medio lo que jamás se podría lograr con simples prevenciones. El Director Me propondrá las medidas que estime conducentes para la consecución de este importante objeto, y Me dará noticia de los empleados que mas se distingan por su celo y exactitud en el cumplimiento de sus deberes para la oportuna remuneracion de sus servicios."

"Al Director general corresponde: Proponerme personas idóneas para los destinos [...]. Por último, nombrar por sí á los que considere á propósito para desempeñar los demas encargos ó comisiones de presidios, y exonerar de ellos á los que no merezcan su confianza, formando antes un expediente reservado é instructivo de los motivos que aconsejen esta medida."

Constituyó un "Código Penitenciario fundamental" y, en palabras de García Valdés, "el primer Reglamento Penitenciario de España". Por otra parte, la primera Ley penitenciaria con ese rango legal, la Ley de prisiones de 1849, vendría a ser "más administrativa" y con escasez de contenido penitenciario.

La Ordenanza Real de Presidios está escrita en primera persona (la Regente, en nombre de su hija la Reina), usando un lenguaje textual de ritual regio, muy directo y poco ceremonioso, si lo comparamos con las Reales Pragmáticas de monarcas anteriores. Es exhaustiva en su normativa y pormenoriza al detalle la vida presidial de la época, llena de curiosidades que hoy, transcurridos 180 años, nos parecen lejanas y casi anecdotario.

Clases de presidios y destino de los presidiarios

Ordenanza General de los presidios del Reino de 1834 y otras Ordenes Reales posteriores

Con la Ordenanza Real había tres tipos o clases de presidios:

• Depósitos correccionales: hasta 2 años de condena, 1^a clase.

• Presidios Peninsulares: de 2 a 8 años, 2^a clase.

• Presidios de África: más de 8 años, con o sin retención posterior, 3^a clase.

Se establecieron los "puntos en que deben establecerse los presidios" y, así, se fijaron depósitos correccionales en las capitales de provincia donde ya existían, se ampliaron a alguna más y se dejó abierta la posibilidad de establecerlos en las demás capitales donde se creyera conveniente. Se establecieron 7 presidios peninsulares (Barcelona, Valencia, Granada, Sevilla, Valladolid, Coruña y Zaragoza) y 4 en África (Ceuta, Melilla, Alhucemas y Peñón de Vélez de la Gomera). También había destacamentos insulares en Baleares y Canarias, y se mantenía el cumplimiento de pena con destino a las milicias en los Dominios de Ultramar al servicio de las armas en las guarniciones de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Los depósitos correccionales de rematados (condenados) y presidios, servían también como lugares de concentración para destino a obras públicas y formación de brigadas para nutrir los destacamentos penales de Pajares, Cabrillas, Canal de Isabel II, Canal de Urgel, Canal de Castilla, carreteras, tendidos de ferrocarril y obras de fortificación civil en Jaca, Santoña, Cádiz, etc, o militares en las plazas de África.

En esta época, los presidios pasaron a ser competencia del Ministerio del Fomento General del Reino y, aunque la disciplina en su régimen interior seguía siendo militar, comenzaban a "descargarse" de la dependencia jerárquica directa del Ministerio de la Guerra, reconociéndose su condición civil y dependencia de la "Dirección General de Presidios", no obstante ser los encargados de su gobierno interno miembros en comisión procedentes de los Ejércitos o la Armada.

Resalta la importancia de la Ley de Prisiones de 1849, de "Régimen General de Prisiones, Cárceles y Casas de Corrección", que marcó un punto de inflexión al separar los establecimientos penitenciarios en dos áreas: la de prisiones civiles (dependientes ahora del Ministerio de Gobernación en cuanto a su régimen interior y administración económica), y las militares (dependientes del Ministerio de la Guerra), mientras que Marina siguió al mando de los Presidios Navales o de Arsenales (pena sustitutiva de la del remo en galeras), en Cádiz, Cartagena y Ferrol. Esta ley resolvió el problema de competencias al redistribuir las prisiones y ajustarlas al mandato legal, reglamentando su mando civil o castrense.

La ley dividió los establecimientos penitenciarios civiles en: Depósitos municipales, Cárceles de partido, Cárceles de capitales de audiencias y Establecimientos penales.

La sanidad penitenciaria en el siglo XIX

Ordenanza General de los Presidios del Peino de 1834 y otras Ordenes Reales posteriores

En el S. XIX, aparece en España el concepto "Sanidad penitenciaria" en el ordenamiento legal como elemento propio de las prisiones. En este siglo, gracias a una serie de principios ideológicos de carácter humanitario y progresista, se regulan y decretan normas que organizan la necesidad de una adecuada atención médica en los presidios de África, en los peninsulares, insulares y de ultramar.

La más importante de ellas en aquella época, la constituyó la Ordenanza General de los Presidios del Reino de 1834, y el posterior Reglamento de 1844 (atribuido a Montesinos) del Ministerio de la Gobernación, y que se dicta por Real Orden, aprobando los "reglamentos y formularios relativos al órden y mecanismo interior de los presidios del Reino, al suministro de rancho y utensilios, al régimen de escuelas y enfermerías, al abono de pluses de confinados y al sistema de contabilidad".

De este modo, se destaca entre las obligaciones de los Comandantes de presidios, establecer una enfermería en algún departamento del presidio para alojar y asistir á los enfermos de poca consideración y á los convalecientes, y evitar en cuanto sea posible la traslación de ellos al hospital, con cuyo objeto cuidará de que haya en el establecimiento un botiquín provisto de lo más esencial, que estará á cargo del Médico-cirujano del presidio.

También en el Reglamento de 1844 se añade que los Comandantes de los presidios visitarán la enfermería, se enterarán de su asistencia, alimentos, limpieza y salud de los enfermos, procurando que este local se sitúe en aposentos altos, claros y bien ventilados; probarán los caldos y darán cuantas disposiciones crean conducentes al alivio y consuelo del desgraciado paciente, haciendo que el Facultativo llene sus deberes, y que después de sus visitas pase a enterarle individualmente del estado de salud de los enfermos de más gravedad y de sus disposiciones.

Por Real Decreto también de 1844, se reduce el número de presidios, modificando la plana mayor de los que han de subsistir, quedando el organigrama de cada presidio como sigue. Cada presidio tendrá una plana mayor compuesta por:

1^o. Un Comandante (sueldo de diez y seis mil reales al año)

2^o. Un Mayor (diez mil reales)

3^o. Uno o dos Ayudantes (seis mil reales)

4^o. Un Furriel (cuatro mil reales)

5^o. Un Capellán (tres mil trescientos reales)

6^o. Un Médico-Cirujano (cuatro mil cuatrocientos reales)

7^o. Un Capataz por cada cien confinados (tres mil reales)

Finalmente, los Cabos de varas, presidiarios sin grilletes, con gratificación de 180 reales. Eran los cabos presos de confianza nombrados por el Comandante encargados de la vigilancia del resto de reclusos y de impartir "a golpe de vara" gran parte de la disciplina en los penales.

En cuanto a las Enfermerías, la Ordenanza General de Presidios establece que en todos los depósitos y presidios habrá un departamento destinado á enfermería, que se establecerá en habitación alta de techo, ventilada, y siendo posible, elevada de la superficie de la tierra dos varas á lo menos para evitar toda humedad.

Cuando el local de algún establecimiento penal no permita colocar la enfermería dentro del mismo recinto, pedirá el Comandante la guardia militar que estime conveniente para la debida custodia de los penados en el hospital.

La Real Orden de 14 de septiembre de 1838, manda que se admita á los presidiarios enfermos en los hospitales civiles y eclesiásticos, y sólo en los militares en el caso en que por las circunstancias de un momento así lo dicte la humanidad y aconseje una justificada necesidad, entendiéndose entonces que por el presupuesto del Ministerio de la Gobernación se abonará al de Guerra, no solo los cuatro y medio reales asignados por cada estancia de hospitalidad en la Ordenanza de presidios, sino también el exceso hasta cubrir el precio á que resulte la estancia. Esta Real Orden fue consecuencia de expediente instruido á consecuencia de haberse reclamado contra la resistencia opuesta por el Intendente militar del distrito de Galicia á la admisión y asistencia en el hospital militar de la plaza de la Coruña de los presidiarios enfermos del correccional de la misma.

Continúa la Ordenanza de Presidios describiendo el local de la enfermería: será una sala proporcionada al número de camas que se calcule puedan necesitarse, y en cuya puerta habrá un centinela dependiente de la guardia. En la sala habrá una división ó separación, donde serán observados los que aparezcan con síntomas de enfermedades cutáneas ó contagiosas, hasta que declaradas tales se trasladen al hospital los que las padezcan. Lo mismo se hará con todos aquellos cuyas dolencias se hagan graves, pues la enfermería interior no es sino para las leves, ó para la convalecencia de las que se han curado en el hospital.

A la inmediación de la enfermería habrá cocina y aposento, si es posible, con azotea inmediata y agua dulce á mano para preparar los alimentos y las medicinas. En la misma habitación tendrá su habitación el Furriel, y si es posible el Médico del establecimiento.

Habrá en la enfermería una camilla cubierta y decente para conducir los enfermos al hospital, y conforme la necesidad lo vaya exigiendo, el Ayudante, de acuerdo con el Facultativo y el Furriel, propondrá la compra ó adquisición de los efectos ó utensilios que se necesiten por medio de una nota que se presentará al Mayor, y con su orden se comprarán los artículos propuestos, sirviendo la misma nota de comprobante en la cuenta.

Si para asistencia de los enfermos se necesitasen algunos sirvientes, los pedirá el facultativo al Comandante, quien mandará al Ayudante que elija de entre los penados los que merezcan su confianza y sean á propósito para el servicio á que se les destina. Estos presidiarios disfrutarán en los días en que estén ocupados en la asistencia de los enfermos de un real de vellón diario.

Cuando haya enfermos, heridos o convalecientes en la enfermería, se nombrará todos los días un cabo de enfermería, alternando en este servicio los cabos de vara, propietarios é interinos, por pie de lista.

El cabo de enfermería permanecerá en ella sin separarse las veinticuatro horas de su guardia, cuidará de la vigilancia de los penados enfermos y de los asistentes, y será relevado todas las mañanas á la hora fija de la visita del Facultativo, á que deberá asistir con el cabo entrante por si ocurriese algo que mandarles.

Una Real Orden de Diciembre de 1885, se planteaba ya la desaparición de los cabos de vara, aunque finalmente los mantuvo por economía, cambiándoles la denominación por la de celadores. Así se disponía que "la actual organización de los establecimientos penitenciarios está llamada a sufrir radicales y profundas modificaciones a medida que los desahogos del Tesoro Público permitan llevar a la práctica los adelantos ya ensayados con éxito en las naciones más cultas. Pero mientras ese momento no llegue, se hace forzoso utilizar la reforma sin gravar el presupuesto ni ocasionar perturbación en los servicios. Entre los funcionarios que deben desaparecer, al menos con el carácter que hoy tienen, hállanse, en primer término, los llamados cabos de vara de los Presidios, pues repugna considerar como agente de la autoridad un individuo que por pertenecer a la clase de presidiarios, carece del prestigio indispensable para merecer el respeto y la obediencia de los penados. No es, sin embargo, hora todavía de sustituir o reemplazar a esos empleados, que en lo sucesivo se denominarán celadores, en la forma en que han de proveerse los demás cargos de los establecimientos de corrección como quiera que las circunstancias aconsejan atenerse a un plan de severas economías."

El Furriel, bajo la dirección del Ayudante, llevará el cuaderno de alta y baja de la enfermería; correrá con los gastos, y presentará mensualmente las cuentas acompañadas de los documentos necesarios á la Mayoría con el cónstame del Facultativo y V^o B^o del Ayudante, con arreglo al formulario que en la misma Mayoría se le dará.

En el Reglamento sobre enfermerías de 1844 se establecía además que:

1^o. Se procederá á establecer en todos los presidios del Reino la correspondiente enfermería en la forma siguiente.

2^o. El local en que ésta se sitúe será elegido por el Facultativo del establecimiento, para que reúna todas las circunstancias de salubridad y anchura que ha de menester.

3^o. Este local se dividirá en dos secciones para que puedan estar con entera separación los de enfermedades contagiosas de aquellos que padezcan afecciones ordinarias.

4^o. Las enfermerías se dotarán con un número de camas igual al que resulte de un 7 por 100 de la fuerza que tenga cada presidio.

5^o. Las camas se compondrán de dos banquillos de media vara de alto (84 cm por vara); de tres ó cuatro tablas que describan vara y cuarta de ancho y dos y media de largo; de un jergón con cuarenta libras de paja preparada al efecto; de un colchón con una arroba de lana; de un cabezal con cuatro libras de ídem; de dos sábanas de tres varas menos cuarta de largo, una y media de ancho, y una manta de lana de iguales dimensiones.

6^o. Las camas del departamento de enfermedades contagiosas no tendrán colchón.

7^o. Habrá por cada cama una camisa de lienzo de cinco cuartas de largo y tres y media de ancho; un gorro de la misma tela de una tercia de largo; una mesa de pino blanca, de la altura de la cama y de media vara en cuadro, con su cajón; una servilleta cuadrada de tres cuartas; un tazón; una cuchara; un número de capotes para abrigo de los convalecientes, y un féretro para conducir los cadáveres al cementerio.

8^o. La ropa blanca de las camas ha de mudarse cada quince días con otra igual colada y lavada; las camisas y gorros cada ocho; las servilletas cada cuatro; y los colchones, lana, jergones, mantas y tela de los cabezales cada seis meses.

9^o. La ropa, así como los demás utensilios y efectos que sirvan á los sarnosos, tiñosos, etc., se conservará y lavará con separación, sin mezclarla por ningún concepto con la destinada á los demás enfermos.

10^o. Queda á juicio de las respectivas Juntas Económicas los demás útiles necesarios para el servicio.