Perfil sociodemográfico del feminicidio en España y su relación con las denuncias por violencia de pareja

Sociodemographic profile of femicide in Spain and its association with domestic abuse reporting

Belén Sanz-Barbero^{a, b}, Julio Heras-Mosterio^c, Laura Otero-García^{b, d} y Carmen Vives-Cases^{b, e}

^a Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España
^b CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España
^c Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España ]]> ^d Sección Departamental de Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España
^e Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia, Universidad de Alicante, Alicante, España

Dirección para correspondencia

RESUMEN

Objetivo: Analizar las características asociadas al riesgo de feminicidio en España entre mujeres expuestas a la violencia de pareja o análogo y su posible asociación con las denuncias a los agresores.
Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles para el periodo 2010-2011. Los casos, 135 mujeres mayores de edad, asesinadas por su pareja o análogo durante dicho periodo, se identificaron a través de la página web de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, y de los informes del Consejo General del Poder Judicial. Los controles, 185 mujeres expuestas a la violencia de pareja el último año, proceden de la Macroencuesta de Violencia de Género 2011. La asociación entre la denuncia y el riesgo de feminicidio se estimó mediante modelos de regresión logística multivariada.
Resultados: No se encontró asociación entre denunciar al agresor y el riesgo de ser asesinada (odds ratio [OR]: 1,38; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 0,68-2,79). Las mujeres inmigrantes expuestas a la violencia de pareja registraron una mayor probabilidad de ser asesinadas (ref.: mujeres españolas; OR: 5,38; IC95%: 2,41-11,99). Esta asociación también se observó en las mujeres que vivían en zonas rurales (ref: zonas urbanas; OR: 2,94; IC95%: 1,36-6,38).
Conclusiones: La denuncia judicial al agresor no parece modificar el riesgo de asesinato entre las mujeres expuestas a la violencia de pareja. Las medidas de protección a las mujeres deberían extremarse en las mujeres inmigrantes y las que viven en el medio rural.

ABSTRACT

Objective: To analyse the characteristics associated with the risk of femicide in Spain among women exposed to domestic violence or similar aggression, and the possible association with filing judicial complaints against the aggressors.
Methods: A case-control study was carried out for the period 2010-2011. The cases included 135 adult women killed by their partners (or similar) during the period, identified through the webpage of the Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas (Association of Separated and Divorced Women), and from the reports of the General Council of the Judiciary. The control cases included 185 women exposed to domestic violence in the past year, from the Macrosurvey of Gender Violence 2011. The association between filing a complaint and the risk of femicide was estimated through multivariate logistic regression models.
Results: There was no association found between the filing of a complaint against the aggressor and the risk of murder (OR: 1.38; 95% CI: 0.68-2.79). Immigrant women exposed to domestic violence were at greater risk of being murdered (ref.: Spanish women; OR: 5.38; 95% CI: 2.41-11.99). This association was also observed in women living in rural areas (ref.: urban areas; OR: 2.94; 95% CI: 1.36-6.38).
Conclusions: Filing a judicial complaint against the aggressor does not seem to affect the risk of murder among women exposed to domestic violence. Protection measures for women should be strengthened among immigrant women and women living in rural areas.

Key words: Violence against women. Domestic abuse. Homicide. Case-control studies.

Introducción

Se ha estimado que, en el año 2012, casi medio millón de personas perdieron la vida en el mundo por homicidios intencionados. El 79% de las víctimas y el 95% de los homicidas fueron hombres¹. Sin embargo, el homicidio asociado a la violencia de pareja o análogo y la violencia intrafamiliar afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Concretamente, en el año 2012 fueron asesinadas 43.600 mujeres por esta causa, frente a 20.000 hombres, lo que representa el 47% de los homicidios en las mujeres frente al 6% de los homicidios en los hombres¹. En España, la tasa de homicidios en el año 2012 fue de 0,8 muertes por 100.000 habitantes (264 muertes). El 65,7% fueron hombres y el 34,4% mujeres¹. Con respecto a los casos ocurridos en el contexto de la relación de pareja o análogo, en el año 2011, 69 hombres y mujeres fueron asesinados/as, y el 89,9% fueron feminicidios por violencia de pareja², esto es, mujeres asesinadas por su pareja o análogo por razones de género³.

En relación con los factores de riesgo individuales, se ha observado que el riesgo de feminicidio se asocia con ser inmigrante⁷, pertenecer a una minoría étnica^7,8, tener una pareja o ex pareja desempleada⁹, y el consumo de alcohol o drogas por uno o ambos miembros de la pareja⁸. Entre los factores de riesgo relacionales destacan la convivencia sin una unión legal¹⁰, la presencia de hijos/as de uniones anteriores^8,9, la decisión de ruptura de la relación por parte de la mujer⁸, la existencia de violencia previa en la pareja⁸, la VPM durante el embarazo¹¹, los celos⁹ y la diferencia de edad en la pareja¹¹. En cuanto a los factores comunitarios, se encuentran, entre otros, la oferta, el acceso, el uso y la respuesta de los recursos legales dirigidos a las mujeres expuestas a la VPM^12,13. Entre estos, la denuncia al agresor es un instrumento ampliamente priorizado por las instituciones públicas¹⁴, ya que permite al Estado adoptar medidas penales o civiles, así como prestar asistencia y protección social a las mujeres^15,16. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, no existen estudios que analicen la efectividad de las denuncias en la reducción del riesgo de feminicidio por VPM.

Se plantea este estudio con el objetivo de analizar las características asociadas al riesgo de feminicidio en España en mujeres expuestas a la VPM y su posible asociación con las denuncias a los agresores.

Métodos

Se realizó un estudio de casos y controles retrospectivo para el periodo comprendido entre 2010 y 2011.

Los casos fueron las mujeres de 18 años y más de edad, asesinadas por su pareja o análogo, durante el periodo 2010-2011. La información de los feminicidios en los cuales, con anterioridad a la muerte, se había tramitado un procedimiento judicial, se obtuvo de los informes 2010-2011 publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)^2,17. Estos informes incluyen un extracto de cada mujer mayor de 15 años asesinada por su pareja o análogo que había tramitado una denuncia con anterioridad a la muerte. Además, describen de forma agregada el total de los feminicidios por VPM en el año correspondiente. La información individualizada de los feminicidios en que no había denuncia previa se obtuvo de las noticias de prensa, localizadas a través de los enlaces que facilita la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas¹⁸. El proceso de selección de los casos queda descrito en la figura 1. El número total de casos incluidos fue de 135.

Figura 1. Descripción del proceso de selección de los casos.

Los controles analizados proceden de la Macroencuesta de Violencia de Género 2011, realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas en el marco de un convenio establecido con el actual Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La encuesta incluye mujeres de 18 y más años de edad que residen en España. El ámbito de la encuesta es nacional, si bien se excluyen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se incluyeron como controles aquellas mujeres que declararon haber sido maltratadas en el último año por su pareja o análogo. La exposición a la VPM durante el último año se recogió mediante las siguientes preguntas: 1) "Durante el último año, ¿en alguna ocasión ha sufrido alguna situación por la que usted se haya considerado maltratada por su pareja/marido?, y 2) "Durante el último año, ¿en alguna ocasión ha sufrido alguna situación por la que usted se haya considerado maltratada por su ex pareja/ex marido? La información metodológica detallada, los microdatos y el cuestionario de la Macroencuesta están disponibles en la página web del Centro de Investigaciones Sociológicas¹⁹. El proceso de selección de las mujeres controles se muestra en la figura 2. El número total de controles fue de 185.

Figura 2. Descripción del proceso de selección de los controles.

Análisis de los datos

Se realizó un estudio descriptivo de los casos de feminicidio por VPM durante el periodo 2010-2011. La base de datos creada permite describir los asesinatos según las características sociodemográficas de las mujeres asesinadas (edad, lugar de origen, hijos/as menores) y de los agresores (edad, lugar de origen), las características de la relación (pareja/ex pareja, convivencia) y variables geográficas (tamaño del municipio, comunidad autónoma de residencia). En el grupo de mujeres asesinadas que habían interpuesto una denuncia contra su agresor se describió, además, el número de denuncias con anterioridad a la muerte, el tiempo desde la última denuncia hasta la muerte (en días), las órdenes de protección emitidas y la valoración policial del riesgo (VPR: nulo, bajo, medio, alto o extremo).

Se analizó la posible asociación entre la denuncia y el riesgo de feminicidio por VPM mediante el cálculo de la odds ratio (OR) con sus intervalos de confianza del 95% (IC95%), obtenidos por medio de modelos de regresión logística. Se realizó un análisis univariado y, posteriormente, un análisis multivariado que incluyó las covariables disponibles tanto en los casos como en los controles, y que previamente habían sido identificadas por otros autores como factores que incrementan el riesgo de feminicidio^8-11. Concretamente, las variables incluidas fueron la denuncia al agresor (sí/no), la edad de la mujer (18-34 años, 35-44 años, 45-64 años o más de 65 años), la nacionalidad (España o resto de países), el tamaño del municipio (≤10.000 o >10.000 habitantes), la relación con el agresor (pareja o ex pareja), la existencia de hijos/as menores (sí/no) y la comunidad autónoma de residencia. Se exploraron las posibles interacciones de la variable denuncia y el resto de las covariables incluidas en la regresión.

Con la finalidad de valorar la calidad de la información obtenida a través de las noticias de prensa¹⁸ se comparó, con una prueba de ji al cuadrado, la distribución de los asesinatos en nuestra muestra según las variables edad de la mujer, nacionalidad de la mujer, tamaño municipal, denuncia previa y relación con el agresor, con la información agregada de los asesinatos publicada en los informes del CGPJ^2,17.

Resultados

En el periodo 2010-2011 fueron asesinadas 135 mujeres por su pareja o análogo, 74 en el año 2010 y 61 en el año 2011. En 37 casos hubo una denuncia previa a la muerte. Las variables disponibles, tanto en casos como en controles, se describen en la tabla 1.

Tabla 1. Tabla descriptiva de los casos y los controles

ns/nc: no sabe o no contesta.

La edad media de las mujeres asesinadas fue de 41 años (IC95%: 39,1-43,0). El lugar de origen más frecuente fue España (60,3%), seguido de América (17,6%). El 19,2% de las mujeres inmigrantes asesinadas procedía de Ecuador, el 17,3% de Marruecos y el 9,6% de Bolivia. Las mujeres inmigrantes asesinadas eran mayoritariamente (57,7%) menores de 35 años, mientras que entre las mujeres españolas asesinadas las menores de 35 años constituían un 25,4%.

De las 75 mujeres en las que se conoce la existencia o no de hijos/as menores de edad, 49 (65,3%) tenían hijos/as menores en el momento de su asesinato. Este porcentaje fue mayor en las mujeres inmigrantes (82,3%) que en las españolas (54,3%).

De las 98 mujeres asesinadas de las que conocemos su situación de convivencia, el 63,3% convivía con su agresor en el momento del asesinato. De 17 mujeres pudo conocerse el tiempo de convivencia con su agresor, siendo la mediana de 8 años y el rango intercuartílico (RIC) de 6-21 años.

De todas las mujeres asesinadas en 2010 y 2011, 37 (27,4%) habían interpuesto previamente al menos una denuncia por VPM. En concreto, 13 mujeres presentaron más de una denuncia (35,1%). El tiempo transcurrido desde la primera denuncia hasta su asesinato presenta una gran heterogeneidad (mediana: 154 días; RIC: 43-444). La relación de ex pareja con el asesino es mayor entre las mujeres denunciantes que entre las no denunciantes (69,9% frente a 33,0%). En relación a las medidas penales de protección, el 54% de las mujeres denunciantes tenían vigente dicha medida en el momento de la muerte. De los 26 casos (70,3% de las denunciantes) de los que se conoce información sobre la VPR tras la denuncia, en uno (3,8%) el protocolo calificó de riesgo extremo la situación de la mujer y en dos (7,7%) de riesgo alto. La mayoría de los casos fueron catalogados de riesgo medio (23,1%) o bajo (34,6%). En tres casos (11,5%) no se apreció riesgo alguno y en cinco casos (19,2%) no se realizó dicha valoración.

No se encontró asociación entre denunciar al agresor y el riesgo de ser asesinada (OR: 1,38; IC95%: 0,68-2,79) (tabla 2). Las mujeres inmigrantes expuestas a VPM registraron una mayor probabilidad de ser asesinadas por su pareja o análogo que las mujeres españolas (OR: 5,38; IC95%: 2,41-11,99). También se observó una mayor probabilidad de feminicidio en las mujeres expuestas a VPM que vivían en zonas rurales en comparación con las que vivían en municipios mayores de 10.000 habitantes (OR: 2,94; IC95%: 1,36-6,38).

Tabla 2. Variables asociadas al feminicidio por violencia de pareja en España durante el periodo 2010-2011

IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio;
ORa: OR ajustada por las variables incluidas en la tabla y por la comunidad autónoma de residencia.

Discusión

Durante el periodo 2010-2011, aproximadamente una de cada cuatro mujeres asesinadas había presentado una denuncia contra su agresor. Entre las mujeres denunciantes y asesinadas, el 54% tenía vigente una medida penal de protección en el momento del asesinato. En cinco de cada siete mujeres asesinadas y denunciantes hay información de la VPR a la que estaba expuesta la mujer. En el 11,5% de los casos, dicho protocolo consideró que el riesgo era extremo o alto, y en el 46,1% se consideró bajo o inexistente. No se ha observado una asociación estadísticamente significativa entre denunciar al agresor y el riesgo de ser asesinada. Se ha encontrado un mayor riesgo de feminicidio en las mujeres inmigrantes (ref.: mujeres españolas) y en las mujeres que viven en zonas rurales (ref.: municipios >10.000 habitantes).

En línea con nuestros resultados, Vives-Cases et al.²⁰ no encontraron asociación en el ámbito de una comunidad autónoma entre la tasa de mortalidad por VPM y la tasa de denuncias, a pesar de identificar una correlación positiva entre la tasa de denuncias por VPM y la prevalencia de VPM²¹. No observar asociación entre la denuncia y el riesgo de muerte es un hecho paradójico que requiere un abordaje en profundidad, ya que la denuncia es la puerta de entrada para la adopción de medidas legales de protección a las mujeres. Para la interpretación de este resultado, cabe tener en cuenta que, en este estudio, el 54% de las mujeres asesinadas que había denunciado previamente tenía una medida de protección penal vigente en el momento de su asesinato, y sólo el 11,5% de las mujeres denunciantes se encontraba, según el protocolo de VPR, en una situación de riesgo alto o extremo. Este aspecto podría tener importantes implicaciones en la prevención del feminicidio, puesto que cada nivel de riesgo obtenido en dicho protocolo lleva implícitas unas medidas policiales de protección de obligado cumplimiento²². Dada la baja sensibilidad de este instrumento para identificar a las mujeres en riesgo de feminicidio, los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y Justicia e Interior de España anunciaron, en 2014, la reforma y la mejora del mismo, implementación que está actualmente pendiente²³. En España, hasta donde llega nuestro conocimiento, no existe ningún estudio sobre la efectividad de las órdenes de protección en la prevención del feminicidio. Por otra parte, los estudios internacionales sobre la efectividad de medidas judiciales concretas, como son las órdenes de protección sobre la reexposición de las mujeres a la VPM²⁴, son difícilmente extrapolables a la realidad española, dada la heterogeneidad existente tanto en el tipo órdenes de protección como en su aplicación²⁵.

Las mujeres inmigrantes expuestas a la VPM tienen un riesgo cinco veces mayor de ser asesinadas que las mujeres españolas. Este resultado es coherente con lo ya observado hace casi una década en un estudio publicado en esta revista por Vives-Cases et al.²⁶, que muestra cómo la tasa de feminicidio por VPM durante el periodo 1999-2006 en España fue 5,3 veces mayor en las mujeres inmigrantes que en las españolas. Las mujeres inmigrantes en España tienen un mayor riesgo de sufrir VPM^27,28 y también tienen un mayor riesgo de ser asesinadas cuando se encuentran expuestas a dicha violencia. En este sentido, un artículo publicado por Sanz et al.²⁸ describe que, entre las mujeres que tienen hijos/as menores, ser inmigrante aumenta 1,9 veces el riesgo de sufrir VPM en comparación con las mujeres españolas. En nuestro trabajo, así como se ha referido en estudios previos^27,28, la prevalencia de hijos/as menores en las mujeres expuestas a la VPM es mayor en la población inmigrante que en la población española. A pesar de ser esta una variable incluida en los modelos de regresión, el alto porcentaje de falta de respuesta podría estar dificultando el correcto ajuste por la misma.

Trabajos previamente publicados muestran cómo las mujeres inmigrantes expuestas a la VPM tienen más barreras para acceder y utilizar los recursos legales, y por tanto podrían tener una menor protección²⁹. El desconocimiento de los recursos, la percepción de discriminación, las diferencias culturales, el miedo a la deportación y el racismo han sido identificados como barreras que disminuyen el uso de los recursos formales de ayuda dirigidos a mujeres expuestas a la VPM, lo que dificulta la puesta en marcha de medidas que protejan a estas mujeres^29,30.

Las mujeres que viven en entornos rurales tienen mayor riesgo de ser asesinadas que las que viven en entornos urbanos. Recientemente, un gran número de trabajos han tratado de identificar el efecto del contexto geográfico y social sobre el riesgo de feminicidio por VPM³¹. Estudios realizados en los Estados Unidos muestran cómo en el medio rural la VPM es más prevalente y se caracteriza por presentar una mayor severidad³². En España, la información es escasa y heterogénea. Un estudio publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad muestra cómo la desigualdad de género, la presión y el control social, así como la dificultad para acceder a los recursos legales en una situación de VPM, son mayores en el medio rural³³. Una mayor tolerancia y normalización de la VPM en el medio rural podría explicar por qué, en dicho contexto, actualmente no se aprecia un incremento de la prevalencia de la VPM³⁴, pero sí un mayor riesgo de feminicidio, tal como indican nuestros resultados.

Sobre las limitaciones de este trabajo cabe comentar, en primer lugar, en relación a la calidad de la información obtenida a través de las noticias publicadas en prensa, que ninguna de las variables incluidas en nuestro análisis presenta diferencias significativas con la información publicada por el CGPJ. La única variable que en los medios de comunicación registró un número de valores perdidos elevado fue la existencia de hijos/as menores en la pareja, variable no recogida por el CGPJ. Por otra parte, cabe señalar, dado que la exposición a la VPM en los controles es una variable referida por las mujeres, que los controles pueden estar expuestos a sesgos de selección y de información. En relación a los sesgos de selección, es posible que mujeres maltratadas no se perciban como tales; ahora bien, ser consciente del maltrato es una condición necesaria para decidir denunciar o no al agresor, y de ahí la necesidad de trabajar con la VPM percibida. Por otra parte, podría existir un sesgo de información, concretamente un sesgo de deseabilidad social, y que el porcentaje de mujeres que se declaren maltratadas sea inferior al porcentaje de mujeres que se perciben maltratadas. Si las mujeres que se perciben maltratadas, pero no lo declaran en la encuesta, hubiesen realizado un menor uso de la denuncia que el resto de los controles, nuestros resultados podrían estar sesgados hacia la nulidad. La Macroencuesta no da información sobre el agresor, el tipo de convivencia ni el nivel de conflictividad en la pareja, variables que podrían asociarse con el riesgo de feminicidio. En relación con el ámbito geográfico donde ocurren los feminicidios, la Macroencuesta no incluye las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En este sentido es importante señalar que, durante el periodo de tiempo estudiado, en estas ciudades autónomas no se produjo ningún feminicidio por VPM. Finalmente, hay que indicar que en la Macroencuesta podría haber una infrarrepresentación de las mujeres inmigrantes³⁵, que tienen un mayor riesgo de VPM^27,28, y posiblemente mayores barreras de acceso a los servicios policiales²⁹.

A modo de conclusión, según los resultados de este estudio, cabe destacar que la denuncia judicial al agresor no parece modificar el riesgo de feminicidio entre las mujeres expuestas a VPM. Las medidas de protección deberían extremarse en las mujeres inmigrantes y las mujeres que viven en el medio rural, dada la vulnerabilidad detectada en estos grupos.

Editor responsable del artículo

Napoleón Pérez-Farinós.

Declaración de transparencia

La autora principal (garante responsable del manuscrito) afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio que se remite a GACETA SANITARIA, que no se han omitido aspectos importantes del estudio, y que las discrepancias del estudio según lo previsto (y, si son relevantes, registradas) se han explicado.

Financiación

Ninguna.

B. Sanz Barbero diseñó el estudio, lo dirigió y realizó, junto con J. Heras-Mosterio, la recogida de datos y su análisis, y redactó el manuscrito. J. Heras-Mosterio participó en el diseño del estudio, realizó junto con B. Sanz Barbero la recogida de datos y su análisis, y escribió un primer borrador del artículo. L. Otero García participó en la concepción del trabajo e hizo importantes aportaciones intelectuales en el proceso de discusión de los borradores del artículo. C. Vives-Cases participó en la concepción y el diseño del estudio e hizo importantes aportaciones intelectuales en el proceso de elaboración y discusión de los borradores del artículo. Las autoras y el autor de este manuscrito han dado su aprobación a la versión final para su publicación.

Conflicto de intereses

Ninguno.

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Dirección para correspondencia:
Belén Sanz-Barbero
bsanz@isciii.es

Recibido el 30 de noviembre de 2015
Aceptado el 2 de marzo de 2016